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  • EDICIÓN DE 07/03/2005
 
 

PLAN PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO EN LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO

07/03/2005
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El Consejo de Ministros ha aprobado el Plan para la igualdad de género en la Administración General del Estado, un conjunto de medidas para eliminar los obstáculos que todavía existen para garantizar la igualdad real entre hombres y mujeres en el acceso y desempeño del servicio público.

El presente Plan se configura en seis apartados, que procuran el desarrollo de actuaciones positivas para favorecer la promoción de las mujeres a puestos de mayor categoría, asegurar la conciliación de sus responsabilidades profesionales con su vida personal y familiar, y promover la cultura de corresponsabilidad entre ambos sexos.

Medidas para promover la igualdad de género en el acceso al empleo público.

Inciden en la información y asesoramiento general en materia de empleo público, los niveles de representación de género en los cuerpos o escalas y el respeto a la paridad en la composición de los diferentes órganos de selección.

Todas las convocatorias de procesos selectivos, tanto en cuerpos generales como especiales, incluirán un párrafo señalando si existe en el correspondiente cuerpo infrarrepresentación de personas de alguno de los dos sexos.

Medidas para favorecer la promoción profesional de las empleadas públicas. En especial a la hora de acceder a los puestos predirectivos y directivos de la Administración General del Estado, en lo que las mujeres se encuentran actualmente infrarrepresentadas.

La Dirección General de la Función Pública actualizará la base de datos de personas pertenecientes a cuerpos superiores. Cuando los titulares de órganos directivos soliciten candidatos a puestos de trabajo directivos, las propuestas de la citada Dirección General incluirán cuatro posibles aspirantes, de los cuales al menos dos deberán ser mujeres.

En las convocatorias de cursos de formación de directivos impartidos en el Instituto Nacional de Administración Pública u otros centros de formación de la Administración General del Estado, se reservará al menos un 40 por 100 de las plazas para su adjudicación a aquellas empleadas/os públicas/os que reúnan los requisitos establecidos en dichas convocatorias, salvo que no existan en el cuerpo correspondiente suficientes mujeres para cubrir dicho porcentaje.

Los Departamentos ministeriales establecerán dentro de su plan anual de formación actividades formativas orientadas a la promoción interna de sus empleadas, especialmente desde los grupos C y D a los grupos superiores. Estos cursos deberán impartirse dentro de la jornada ordinaria de trabajo.

Medidas para la conciliación de la vida personal, familiar y laboral de las personas que trabajen en la Administración General del Estado.

Establecimiento de una modalidad específica de jornada a tiempo parcial, para la conciliación de la vida familiar y laboral a la que podrá acogerse quien tenga a su cargo personas mayores, hijos menores de doce años o personas con discapacidad.

Autorización, con carácter personal y temporal, de la modificación del horario fijo de los empleados públicos, con mantenimiento íntegro y flexible de la jornada laboral que corresponda.

Medidas contra la violencia de género en la Administración General del Estado. Entre ellas figuran la modificación del Reglamento de Situaciones Administrativas con el fin de hacer efectiva la excedencia con reserva de plaza por violencia de género, y las medidas oportunas para hacer efectivo su derecho preferente con la provisión de puestos de trabajo.

Iniciativas para promover el valor de la igualdad de género en la Administración General del Estado, tales como premios a las mejores prácticas en materia de igualdad de género, planes y programas de formación, seminarios y cursos para sensibilizar y formar en este ámbito; inclusión en los temarios oficiales de temas relativos a la normativa vigente en igualdad de género.

Medidas de estudio y evaluación de la trayectoria profesional por sexo de los empleados públicos y desarrollo del principio de igualdad de género, tales como sistemas de indicadores homogéneos, estudio sobre la trayectoria profesional, niveles retributivos, tasas de temporalidad y precariedad en el trabajo de las empleadas públicas.

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