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  • EDICIÓN DE 31/01/2005
 
 

EL NUEVO ORGANISMO DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA SERÁ INDEPENDIENTE DEL GOBIERNO

31/01/2005
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El vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía y Hacienda, Pedro Solbes; el secretario de Estado de Economía, David Vegara, y la directora general de Defensa de la Competencia, Nadia Calviño, han presentado el Libro Blanco para la reforma del sistema de defensa de la competencia, cuyo objetivo es mejorar y reforzar todos los ámbitos de la Ley 16/1989, de 17 de julio, de Defensa de la Competencia.

Esta reforma es una de las principales iniciativas del plan de medidas de política económica que el Gobierno quiere abordar a lo largo de la legislatura, con el fin de luchar contra determinadas limitaciones que persisten en la economía española y mejorar la eficiencia, la productividad y el bienestar de la sociedad.

Los principios que rigen esta reforma del sistema de defensa de la competencia son la seguridad jurídica de los operadores económicos a lo largo de todo el procedimiento; la independencia, ya que las decisiones deben estar basadas en criterios objetivos, ajenos a intereses políticos o privados; la transparencia y responsabilidad ante la sociedad; la eficacia de la intervención administrativa, y la coherencia del sistema, buscando los mecanismos para la toma de decisiones consistentes por parte de los distintos órganos.

El libro blanco para la reforma del sistema español de defensa de la competencia aborda una revisión amplia y detallada del modelo vigente en España desde 1989, estructurada en cinco grandes capítulos: sistema institucional, lucha contra las prácticas restrictivas, control de concentraciones, ayudas públicas y proyección social de la defensa de la competencia.

Principales novedades

<u>Sistema institucional</u>. La propuesta de reforma persigue aumentar la eficacia y coherencia de aplicación de la normativa de competencia, garantizando la seguridad jurídica. Para ello, se propone la creación de una Comisión Nacional de Defensa de la Competencia única e independiente, en la que se integrarían los actuales Tribunal de Defensa de la Competencia y Servicio de Defensa de la Competencia, con el fin de obtener una mayor eficacia y celeridad del procedimiento, preservando la independencia entre la fase de instrucción y resolución. El órgano de decisión de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia estará formada por el presidente y por tres o cuatro consejeros, cuyos nombramientos se realizarán previa audiencia por el Congreso de los Diputados.

Además, en el Libro Blanco se exploran vías para agilizar la revisión de las decisiones administrativas por los jueces para lograr una decisión firme en el menor tiempo posible, incluyendo la posibilidad de que sólo exista un recurso en instancia única para determinadas decisiones; se propone un refuerzo de la coordinación con los reguladores sectoriales, y se analizan los posibles instrumentos para lograr una adecuada integración de los planos administrativo y judicial, proponiéndose en particular la aplicación directa de la normativa nacional de competencia por los jueces de lo mercantil.

<u>Lucha contra las prácticas restrictivas de la competencia</u>. El principal objetivo es reforzar los mecanismo para luchar eficazmente contra las prácticas más lesivas del bienestar general. Para ello, el libro blanco plantea la introducción de mecanismos de “clemencia”, es decir, de reducción de las sanciones para aquellas empresas que proporcionen información sobre la existencia de un cártel o documentación que facilite su investigación y sanción. También se plantea, entre otras posibilidades, la eliminación de la autorización singular obligatoria, a fin de alinear la normativa española al nuevo modelo comunitario. Finalmente, se proponen cambios para reforzar la eficacia y agilidad del procedimiento en lograr el cese de la práctica restrictiva y, por tanto, de la infracción. Además de la eliminación de duplicidades con la integración de servicio y tribunal y, en particular, se propone el recurso directo de las decisiones de la Comisión ante la jurisdicción contencioso administrativa; así como, cambios en el sistema para la suspensión de plazos; en los poderes para la investigación e inspección; en los requisitos de la terminación convencional del procedimiento, para facilitar el archivo de los expedientes tras la presentación de compromisos adecuados por parte de las empresas investigadas; y finalmente en los mecanismos de sanción, proponiéndose en concreto una adecuada tipificación y graduación de las infracciones en muy graves, graves, y leves, aclarándose los criterios para fijación de las multas.

<u>Control de las concentraciones</u>. La reforma persigue mantener el actual sistema de control, pero reforzando y adecuando los instrumentos para garantizar la idoneidad de las decisiones. Para ello, se propone que la Comisión sea el único órgano de análisis de concentraciones atendiendo a criterios de competencia y de eficiencia económica y tenga la última palabra con sus decisiones, y que el Consejo de Ministros sólo pueda vetar la decisión por criterios de interés general distintos de la competencia, suficientemente motivados. Además, se plantean cambios para reforzar los mecanismos de análisis y decisión, dando un mayor papel a las partes de la concentración con la presentación de compromisos y a los terceros en su valoración.

<u>Ayudas públicas</u>. Se propone un refuerzo de los instrumentos para que la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia analice y evalúe los efectos de las concesión de ayudas públicas.

<u>Proyección social de la defensa de la competencia</u>. Finalmente, el Libro Blanco plantea medidas para que la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia tenga un papel importante en la promoción de la defensa de la competencia en la sociedad y, en particular, en las actuaciones del propio sector público, mediante la elaboración de informes y la propia impugnación de actos o normas que afecten a la competencia. Al mismo tiempo, se proponen instrumentos para garantizar la transparencia y la coherencia en sus actuaciones y dictámenes, dada la especial responsabilidad que exige la aplicación de los instrumentos de defensa de la competencia, que inciden directamente sobre los intereses privados de los operadores económicos y sobre el bienestar general de la sociedad.

A partir de este momento, el libro blanco para la reforma del sistema español de defensa de la competencia está en audiencia pública hasta el 20 de marzo, para que todos los sectores aporten sugerencias e ideas para preparar el proyecto de Ley, cuya elevación al Parlamento está prevista para antes de finales de este año.

Para acceder al Libro Blanco de Defensa de la Competencia haga click aquí:

<a href="http://www.mineco.es/dgdc/sdc/Libro_Blanco%20_Reforma_Def_Competencia.pdf">Libro Blanco de Defensa de la Competencia</a>

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