El objetivo es trasladar las ayudas fiscales que reciben las familias en las herencias a las parejas de hecho no constituidas como matrimonios. El documento detalla que se igualará el tratamiento fiscal de las sucesiones de parejas de hecho, y de las que no sean entre padres e hijos, al de las sucesiones entre cónyuges y de padres a hijos.
Así, la finalidad última es eliminar la discriminación actual, favoreciendo la igualdad de oportunidades y la redistribución de la riqueza. El propio texto asume que el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones está cedido a las Comunidades Autónomas, por lo que la reforma se promoverá de forma consensuada.
El impuesto que grava las herencias es el de Sucesiones, un impuesto cuyo tipo máximo en España alcanza el 41% y que tan sólo se ha suavizado hasta el momento con desgravaciones que afectan a las familias.
La nueva idea del Partido Socialista rompería con esta estructura, es decir, los incentivos fiscales dejarían de estar ligados al hecho de que los herederos fuesen parte del círculo familiar.
La reforma, además, puede convertirse en un punto de fuerte debate en la futura reforma del modelo de financiación de las Comunidades Autónomas. El Impuesto sobre Sucesiones se encuentra totalmente cedido a las haciendas territoriales, pese a lo que el Estado ha mantenido competencias sobre la ley base. Con ese esquema cualquier reforma que afecte a la capacidad de recaudación de las autonomías deberá negociarse con las comunidades, especialmente ahora que el Gobierno quiere dar un vuelco al actual esquema de ingresos de las regiones españolas.
Pese a ello, la postura de las autonomías será clara: si las reformas impulsadas pueden traducirse en merma de recursos, el Estado deberá garantizar otros mecanismos para compensar la pérdida.
