Guillem Vidal aseguró que hace falta una nueva legislación sobre este colectivo porque considera que, sobre todo en los temas penales, es el Estado el que debe hacer frente a su retribución, siempre y cuando el acusado sea insolvente.
Entiende que éste es un tema que no está bien legislado pero que es difícil y puso como ejemplo el caso en el que un perito penal ha llevado a cabo su trabajo pero cuando hay sentencia resulta que el condenado es insolvente.
En gran parte de los asuntos penales, acaba siendo el Estado y la Generalitat quien tiene que retribuir a los peritos, lo que provoca que cobren con mucho retraso.
Por su parte, el secretario de la Asociación Catalana de Peritos Judiciales y Forenses, Rafael Orellana, se mostró satisfecho con las palabras del presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y añadió que Guillem Vidal viene a reconocer la problemática principal que tiene el colectivo de peritos y que su propuesta de regulación vendría totalmente secundada por la Asociación catalana.