Así, el Ejecutivo comunitario ha explicado que considera que la legislación española “no garantiza la información correcta del público sobre las decisiones relativas a los proyectos que son objeto de un estudio de impacto”.
En concreto, mostró su preocupación por el hecho de que en la legislación española las exigencias de la directiva de 1997 se apliquen solamente a los proyectos que han sido aprobados después del 8 de octubre de 2000, es decir, más de un año después de la fecha límite de entrada en vigor de la directiva, el 14 de marzo de 1999.
