El Proyecto de Ley se enmarca en una política económica dirigida a avanzar en la liberalización del transporte europeo y, en particular, en la liberalización de los mercados del transporte de mercancías.
El nuevo texto trata de adaptar el régimen económico, de prestación de servicios y de gestión de los suelos portuarios a un modelo de gestión de los puertos más eficaz, reservando fundamentalmente al sector público la provisión y gestión de las infraestructuras y de los terrenos portuarios y al sector privado la prestación de servicios en un marco de libre competencia.
La finalidad del Proyecto es mejorar la competitividad de los puertos españoles en un sistema de transportes multimodal, crecientemente liberalizado, así como potenciar la posición geoestratégica de España como plataforma logística internacional.
El Proyecto de Ley desarrolla la competencia interportuaria sobre la base de la autonomía de gestión y la autosuficiencia económica-financiera de las Autoridades Portuarias.
En cuanto al régimen económico del sistema portuario estatal, el Proyecto de Ley consigue una mejor adaptación del sistema tarifario en su conjunto a la doctrina constitucional, teniendo en cuenta la experiencia acumulada en la financiación del sistema portuario.
Por otra parte, el Proyecto de Ley afronta la liberalización de los servicios portuarios de acuerdo con las orientaciones políticas de la Unión Europea, lo que implica abandonar el actual sistema de gestión de dichos servicios.