El Proyecto de Ley del Patrimonio de las Administraciones Públicas tiene por finalidad acometer una modernización general de la legislación patrimonial estatal.
El nuevo texto reemplaza a la actual norma, que data de 1964, y pretende solucionar desde una perspectiva global e integrada algunos problemas detectados como la indefinición del actual marco normativo como referencia a las distintas Administraciones Públicas y la necesidad de una legislación básica en materia de bienes públicos.
El Proyecto de Ley del Patrimonio pretende cerrar el bloque regulador de los bienes de las Administraciones Públicas. En todo caso, la delimitación de este régimen general se ha hecho teniendo en cuenta los mínimos de regulación comunes a las distintas legislaciones autonómicas.
Asimismo, el Proyecto de la nueva Ley de Patrimonio establece las bases normativas que posibilitan la articulación de una política patrimonial global para el sector estatal. La intención es superar la actual segmentación de los bienes y permitir su coordinación con las políticas de estabilidad presupuestaria y de vivienda.
Además, hay una consideración especial de las relaciones interadministrativas, que se ordenan alrededor de los principios de cooperación y colaboración. Por esta razón, el Proyecto crea una Conferencia Sectorial de Política Patrimonial para estrechar la información y colaboración con las Comunidades Autónomas.
