El Decreto 73/2003 configura una nueva organización de los órganos económico-administrativos debido al incremento del número de reclamaciones económico-administrativas en el nuevo contexto de funcionamiento de la Administración Tributaria.
La finalidad del Decreto es dar una mayor y más rápida accesibilidad del ciudadano a las tramitaciones administrativas que le afectan.
El Decreto 73/2003 establece un sistema de distribución de las competencias entre el consejero o consejera de Economía y Finanzas y un solo órgano colegiado, con competencia ahora sobre todo el territorio.
El Decreto de regulación de la Junta de Finanzas especifica los actos concretos que son susceptibles de reclamación y los actos con relación a los cuales no es posible promover reclamación económico-administrativa.
El Decreto 73/2003 deroga y sustituye toda la normativa anterior relativa a los órganos económico-administrativos de la Generalidad de Cataluña.
