- Regulación de acceso donde se asegure la igualdad de oportunidades. La vía que se ha venido proponiendo es un examen a nivel nacional que deberían pasar cualquier licenciado en derecho, a modo de oposición.
- Esta vía se propone como alternativa al sistema general, que sería un curso específico para los licenciados que quisieran ejercer. Este curso se impartirá por los profesionales del colegio de abogados de la provincia donde radique la Universidad. Dicho curso será evaluado por un tribunal compuesto por los profesionales del colegio de abogados distintos a los que instruyeron al alumno y el Decano del Colegio.
- Este curso tendrá la duración aproximada de un curso académico, y su gestión económica corresponderá a la Universidad. Es decir el precio sería público, no superando el coste del curso lo estipulado para un curso académico dentro de la Universidad. Igualmente este curso será susceptibles de Becas para personas que justifiquen insuficiencias económicas.
En líneas generales se propone un curso público, gestionado funcionalmente por los Colegios de abogados, pero económicamente por las Universidades. De forma que el sistema de presupuesto de Educación para las Universidades deberán incorporar los gastos de dicho curso y hacerlos efectivos frente al Colegio.
