La Asociación de Mujeres Juristas Themis, Jueces para la Democracia y la Federación de Mujeres Separadas y Divorciadas reclaman al Gobierno la creación de un fondo público que adelante las pensiones impagadas.
La separación y el divorcio, que ya provocan más de cien mil sentencias anuales, suelen tener como consecuencia que uno de los cónyuges quede obligado a pasar una pensión a los hijos y, en ciertos casos, también a la pareja.
Sin embargo, los impagos son frecuentes. Esto provoca serias dificultades económicas que en otros países de la Unión Europea se subsanan con la existencia de un fondo público que adelanta la pensión y la reclama después al cónyuge moroso.
El impago de las pensiones familiares es un delito castigado con una pena de arresto de ocho a veinte fines de semana. Sólo en Madrid, donde se tramitan anualmente unos diez mil procesos de separación o divorcio, se dictan unas mil condenas anuales por impago de pensiones.
Se pide también al Gobierno central que dé instrucciones a la Fiscalía General del Estado para que el Ministerio Público persiga el impago de las pensiones de separación y divorcio e investigar la insolvencia.
El coste de la creación del fondo de garantía de las pensiones familiares impagadas no sería tan alto, según la presidenta de la Asociación de Mujeres Juristas Themis, doña Ángela Alemany, ya que los poderes públicos que adelantaran el dinero se podrían convertir en los acreedores de la persona morosa.
Entre las asociaciones de jueces se reconoce la importancia del problema, pero se proponen estrategias distintas. Para don Vicente Magro, portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura, la creación del fondo abriría una vía para que cualquier persona con una reclamación económica se dirigiera al Estado.
La Asociación Jueces para la Democracia considera que el impago de pensiones familiares es un problema socialmente grave e incide en que está más castigado el hurto que el impago de dichas pensiones.
