MADRID, 25 (EUROPA PRESS)
El magistrado de la Audiencia Nacional José de la Mata ha acordado declarar como investigadas a la empresa pública Mercasa y a otras siete entidades implicadas en la causa en la que investiga operaciones supuestamente irregulares que habrían cometido exdirectivos de esta entidad entre los que se encuentra Pablo González, hermano del expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González.
De este modo se amplía formalmente la investigación a estas personas jurídicas, a las que se imputa indiciariamente corrupción en transacciones económicas internacionales, cohecho y blanqueo de capitales según el auto al que ha tenido acceso Europa Press.
Esta instrucción penal es una pieza separada del denominado "caso Defex", en el que el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 investiga la venta presuntamente irregular de armas a Angola a través de esta entidad semipública. La pieza de Mercasa amplía la investigación a otros negocios en los que supuestamente los directivos de esta mercantil pudieron cobrar comisiones ilegales por un total de casi 20 millones de euros.
Se trata de investigar "si incurrieron en una desviación de su lícito objeto social mediante prácticas corruptas en transacciones económicas internacionales, con la finalidad de obtener un requerimiento ilícito" por parte de sus directivos y de los directivos de las demás empresas participantes en el consorcio.
La imputación, adelanta el juez, "conllevará examinar los sistemas de organización y control de las mercantiles, así como examinar la idoneidad y eficacia de las medidas de vigilancia y control" para prevenir delitos de la misma naturaleza en el futuro, así como para determinar su posible responsabilidad penal.
El auto señala que era Mercasa la que ejercía un control en la administración del consorcio como socio mayoritario mediante el nombramiento de sus responsables. Las investigación destaca la actividad del imputado Guilherme De Oliveira Taveira Pinto como 'conseguidor' de contratos a través del pago de comisiones ilícitas -como las que se investigan en otra pieza del caso Defex para un suministro a la policía angoleña por importe de 152 millones de euros-.
En el caso del consorcio en el que participa Mercasa, el juez de la Mata señala en su auto que los informes policiales apuntan a que la suma total de las comisiones pactadas en los distintos contratos celebrados por el consorcio investigado sumarían 19.645.435,45 euros, resultantes de dos negocios de obra pública emprendidos por esta entidad en Luanda.
Las dádivas para los directivos se detraían de los montos de los adjudicaciones, simulando la existencia de contratos de representación y servicios inexistentes con comisionistas intermediarios o con alguna de las mismas sociedades involucradas.
TAMBIÉN EN REPÚBLICA DOMINICANA Y PANAMÁ
La investigación alcanza los contratos obtenidos en Angola, pero también a otros realizados por el mismo consorcio y entidades en República Dominicana - en relación con la construcción de Mercado Santo Domingo-, así como en Panamá, donde en este caso Mercasa en solitario habría obtenido según el instructor una adjudicación directa que habría conllevado sobrecostes de hasta el 400 por ciento.
En otro de los autos a los que ha tenido acceso Europa Press se admite la personación de la Abogacía del Estado en calidad de acusación particular, "invocando interés como perjudicado" en representación de Mercasa y del Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente.
PERJUICIOS PARA LOS ACCIONISTAS
De este modo el magistrado da opción de acusar a los nuevos gestores de la empresa pública, que están colaborando con la instrucción, pues considera que los perjuicios patrimoniales ocasionados a Mercasa son extensibles a sus accionistas, que son la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) en un 51 por ciento y el Fondo Español de Garantía Agraria en un 49 por ciento.
En esta causa están imputadas una decena de personas por presuntos delitos de corrupción en los negocios, cohecho, blanqueo de capitales y organización criminal, han informado fuentes jurídicas.
Se trata de esclarecer si existió cobro de comisiones ilegales con la firma de un contrato de Mercasa para montar un mercado mayorista --de la manera de Mercamadrid o Mercasevilla-- en Luanda, capital de Angola, por 500 millones euros.
Pablo González reconoció en diciembre de 2016 a otro directivo de esta sociedad estatal la existencia de reparto de comisiones por valor de 9 millones de euros entre 2007 y 2016, que se camuflaban mediante la firma de contratos irregulares con países como Angola.
"Eso es un coladero, pues sí", señaló en una conversación que mantuvo con otro de los directivos de la entidad, al que anunció iba a presentar su dimisión como directivo en Mercasa porque la prensa había comenzado a publicar el escándalo con nombres propios y no quería que le salpicara "la mierda, porque la mierda va a ir en crescendo".
Pablo González salió de prisión en julio del pasado año tras permanecer como preso preventivo durante 97 por el su implicación en la trama Lezo sobre el desvío de fondos del Canal de Isabel II.
Cuando declaró por Mercasa, unos días antes, el que fuera exdirector de Estrategia y Operaciones del consorcio público se desvinculó del contrato presuntamente irregular entre el consorcio y Angola que y precisó que él entró a formar parte de la empresa pública después de la firma del mismo.
