MADRID, 22 (EUROPA PRESS)
El Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia (STAJ) ha remitido este miércoles escritos al Ministerio de Justicia y a los grupos parlamentarios mayoritarios para pedir una solución "urgente y efectiva" con el fin de evitar que se colapsen los tribunales en la reclamación judicial por parte de los ciudadanos que presenten sus reclamaciones en materia de cláusulas suelo.
Según informa el sindicato en una nota, las medidas adoptadas por el Ministerio de Justicia en esta materia son una "nueva chapuza y un ejemplo más de improvisación en el sistema judicial" equiparable, según han dicho, a lo ocurrido con los Juzgados de Violencia, y por ello han propuesto que se lleve a cabo una iniciativa legislativa que fuerce a los bancos a devolver de manera automática cuantas cantidades hayan sido pagadas por esas cláusulas, declaradas ilegales por la Justicia Europea.
"STAJ solicita, simplemente, el cumplimiento de las sentencias judiciales y no la rejudicialización innecesaria, que conllevará más perjuicio al ciudadano, más gasto al erario público y una nueva losa para la Justicia", han expuesto en la nota en la que añaden que, de manera subsidiaria, apuestan por la creación "real e inmediata" de un Juzgado en cada provincia, o cuantos sean necesarios, para atender estas reclamaciones.
JUZGADOS SOBRECARGADOS
Los trabajadores de la Administración de Justicia responden así al acuerdo alcanzado entre el ministro de Justicia, Rafael Catalá, y el presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, para poner en marcha un sistema que permitirá agilizar las demandas. Consiste en dotar a uno o varios juzgados de 1ª instancia, a nivel provincial, el conocimiento de los asuntos en materia de cláusulas suelo, dotándolos con jueces de adscripción territorial o jueces en comisiones de servicio.
A su juicio los juzgados están ya sobrecargados con el trabajo actual y no podrán asumir la "ingente cantidad" de demandas que se van a generar, lo que provocará un aumento del retraso en la resolución de una situación que perjudicará directamente a los ciudadanos.
