MADRID, 20 (EUROPA PRESS)
El Ministerio ha comunicado a la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, reformas que incluyen la reducción en un 80 por ciento de las tasas variables a personas físicas, la eliminación de las tarifas en casos de desahucios de viviendas habituales y en la ejecución de laudos arbitrales de consumo, así como la reducción de las tarifas en procesos por multas de tráfico.
Para la Abogacía Española, estas reformas no resuelven "el ataque contra el acceso a la justicia" que supone la aprobada ley de tasas, por lo que ha reclamado la "inmediata" derogación de la ley, con la consiguiente suspensión de su aplicación, y la apertura de un periodo de diálogo y negociación con todos los operadores jurídicos que, "si se hubiera producido en su momento", habría evitado el "atropello" a los derechos constitucionales de los ciudadanos.
En un comunicado, la Abogacía Española ha enfatizado que "los defectos técnicos" de la ley no se han subsanado con las reformas anunciadas por el ministro, que no modifican ni la cuantía fija de las tasas ni su ámbito de aplicación, "que mantiene la inclusión de las personas físicas", ni "el hecho imponible ni las exenciones, ni introducen supuestos de no sujeción".
Asimismo, ha argumentado que a pesar de la reducción de las tasas variables a personas físicas se seguirá sin atender "a la real capacidad económica de los ciudadanos, que seguirán obligados, en su caso, a abonar hasta 2.800 euros por presentar un recurso de apelación civil o hasta 3.200 euros por una casación civil".
Igualmente, ha considerado una "mala decisión legislativa" la "pretendida corrección" del ámbito subjetivo de la Ley de Tasas a través de la modificación de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita. En este sentido, ha señalado que "al exigirse el pago de la tasa a todo aquel que no tenga reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita (artículo 4.2.a) se está impidiendo el acceso a los tribunales, lo que es inadmisible en un Estado de Derecho e incompatible con la defensa de los derechos de los ciudadanos".
Finalmente, ha calificado de "insuficiente" la decisión de devolver la tasa a los nuevos beneficiarios de la justicia gratuita ya que, en su opinión, "debería extenderse a todos aquellos que han abonado unas tasas que ahora el Ministerio reconoce como excesivas y desproporcionadas".
