CHOQUE INSTITUCIONAL
La última vicisitud (por ahora) de la accidentada tramitación de la Ley de Amnistía puede llevar a un choque institucional entre Congreso y Senado sin precedentes, como tantas cosas que estamos viviendo estos días, y también a nuevas simas de deterioro institucional.
Es indudable que la tramitación por la vía de urgencia y como proposición de ley de una norma tan profundamente divisiva (como dice la Comisión de Venecia en su ya famoso dictamen) tenía, entre otros, el objetivo de eludir los informes de órganos consultivos tan relevantes como el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) o el Consejo de Estado, que habrían sido preceptivos de haberse tramitado como un anteproyecto de ley. Dictámenes que habrían podido poner de manifiesto los problemas técnicos de la norma, tanto desde el punto de vista del Derecho europeo como de la Constitución española.
Así las cosas, el único dictamen que se ha emitido hasta ahora es el suscrito por el secretario general del Congreso, que respalda su admisión a trámite por la Mesa del Congreso por entender que no concurre una situación de palmaria y flagrante inconstitucionalidad. El hecho de que el secretario general pasara sin solución de continuidad de un alto cargo del Gobierno a su puesto actual y el hecho de que existiera un dictamen anterior que con respecto a otra proposición de ley de amnistía dijera lo contrario tampoco han ayudado a la credibilidad del criterio técnico empleado. Y además, ha producido un enorme malestar en el Cuerpo de Letrados de las Cortes, varios de los cuales han encontrado refugio en el Senado.
En todo caso, la tramitación posterior de la proposición de ley y en particular las últimas enmiendas pactadas con Junts para intentar “blindar” a toda costa a Puigdemont frente a posibles actuaciones judiciales (así se ha dicho explícitamente) así como el dictamen de la Comisión de Venecia, ni mucho menos tan complaciente con la norma como dicen las fuentes oficiales, han permitido que en el Senado se haya visto la oportunidad de solicitar otro dictamen de sus letrados, que ha resultado totalmente contradictorio con el del Congreso. Esto ya de entrada nos debería hacer saltar todas las alarmas. ¿Cómo es posible tanta discrepancia técnica entre profesionales con la misma formación y experiencia? Porque si ya es nociva la polarización de nuestra vida pública, que ésta se traslade al seno de los cuerpos de funcionarios encargados de velar por que las normas que apruebe el Parlamento sean las mejores posibles desde un punto de vista técnico es un problema institucional de primera magnitud, aunque el informe también indica que no se puede bloquear su tramitación.
Sin embargo, a partir de este dictamen lo que el PP quiere plantear es un conflicto entre las dos Cámaras de nuestro Parlamento inédito en nuestra historia constitucional y, a mi juicio, de dudosa viabilidad técnica. No obstante, lo que pone de relieve toda esta accidentada tramitación es algo difícil de obviar: que estamos en las antípodas de los grandes consensos cuasiconstitucionales que pide la Comisión de Venecia (y el mero sentido común) para aprobar una norma de estas características, máxime sin una previsión constitucional expresa. El espectáculo técnico-jurídico-político-mediático no ha hecho más que empezar, con el consiguiente deterioro de todas y cada una de nuestras instituciones. Un desastre sin paliativos.
