LA DEMOCRACIA COMO BANDA DE SALTEADORES
Fue San Agustín quien recurrió a la imagen de la banda de salteadores para señalar al Estado tirano en el que se gobernaba sin justicia. Una alegoría que nos puede servir ahora para identificar el principal (que no único) mal que creo que aqueja a nuestro Estado democrático de Derecho: la captura política de los órganos que tienen que servir de “freno” al poder, en el decir del profesor Jiménez Asensio, y, más ampliamente, la colonización clientelar de otros espacios que deberían estar preservados de los tentáculos partidistas (pienso, en especial, en la dirección de las administraciones, organismos y empresas públicas). Esto es lo que ocurre cuando se pervierten los ideales democráticos que postulan que los representantes electos por la ciudadanía son los que deben asumir la dirección política del país y que el ejercicio de ciertos poderes públicos debe estar legitimado democráticamente vía elección de sus miembros.
En situaciones así, cuando los partidos se transforman en agencias de empleo que se dedican a la colocación con la que pagar y cobrar favores, el resultado es el debilitamiento del Estado de Derecho, de sus mecanismos de check and balance, y la consolidación de una partitocracia donde el poder político queda en manos de las oligarquías de los partidos, que perpetúan unas élites extractivas que premian el servilismo a la facción. Con ello se pierde, no ya una mínima referencia a la justicia como fin orientador del gobierno, sino que quedan desvirtuados postulados más asequibles como la plena sujeción de todos, ciudadanos y poderes públicos, “a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico” (art. 9.1 CE), y las exigencias de lucha contra la corrupción y los mandatos de buen gobierno. También se diluyen ficciones esenciales para una correcta democracia como son que la Administración sirve “con objetividad los intereses generales” (art. 103.1), y los principios de “mérito y capacidad” en la función pública.
Una degeneración de este tipo hace que no sea exagerado identificar esa democracia con una banda de salteadores, donde el virus del populismo iliberal penetrará fácilmente y el destino del país quedará en manos de quienes viven amarrados “al pesebre de la Administración” (hoy de los partidos), como ya señaló Galdós.
Pues bien, esa es la corrosiva deriva en la que se encuentra, a mi entender, nuestra democracia ya desde hace unas décadas, pero ahora de manera particularmente intensa. De hecho, recientemente hemos tenido un par de ejemplos muy significativos. Por un lado, hemos conocido las investigaciones por corrupción de un asesor ministerial cuyo currículum difícilmente cumpliría los más mínimos estándares de honorabilidad y de debida formación y experiencia que exige la ley para los altos cargos.
Y, por otro lado, en la audiencia parlamentaria a la presidenta del Consejo de Estado designada por el Gobierno, hemos visto la cruda realidad sobre cómo ha quedado vaciada la exigencia legal de tener un reconocido prestigio como jurista. Un concepto que, por mucho que suene indeterminado, resulta fundamental para limitar la discrecionalidad política en ciertos nombramientos de altas instituciones, como se deduce de la sentencia con la que el Tribunal Supremo anuló el nombramiento de la anterior presidenta del Consejo de Estado. Dos botones de muestra en una larguísima lista.
A ella podríamos sumar, entre los casos más graves de los últimos tiempos, el hecho de que quienes han sido nombrados magistrados constitucionales tengan como mérito más sobresaliente sus estrechos vínculos partidistas, lo cual está mermando seriamente la credibilidad de este órgano llamado a ser la coronación del Estado constitucional de Derecho. Una función con la que difícilmente puede cumplir cuando en su día a día se constata la división de sus magistrados por facciones, la sustitución de la deliberación por el voto y el olvido de la ineludible tarea de integración que le corresponde como intérprete supremo de la Norma Fundamental. Asimismo, en este afán por capturar las instituciones de contrapeso creo que se encuentra también la causa real de la no renovación del Consejo General del Poder Judicial y de un magistrado del Tribunal Constitucional, con un retraso de más de un lustro en el primero de los casos y de más de dos años en el segundo. Del mismo modo, hemos visto cómo se cuestionaba, incluso judicialmente, la política de nombramientos de la Fiscalía; cómo el Tribunal Supremo tenía que salir al paso de pactos colusorios PP-PSOE en la renovación de la Agencia de Protección de Datos; cómo se desvirtuaban las previsiones legales sobre la idoneidad de los consejeros de RTVE, en particular la evaluación por parte de expertos; o cómo se apuesta por perfiles abiertamente militantes para dirigir entes que deberían gozar de una cierta autonomía como el CIS o la agencia Efe. Este problema, como decía, se extiende por todos los niveles de la Administración pública española, como evidencian los estudios de El dedómetro realizados por Hay Derecho sobre la meritocracia y la transparencia en la designación de responsables del sector público y de autoridades independientes estatales y autonómicas.
Es preocupante que esa cultura del amiguismo y de la fidelidad a quien a uno le nombró pueda terminar permeando a los altos cuerpos funcionariales que ocupan un segundo nivel de gran importancia para el correcto desarrollo de las funciones que tienen encomendadas algunos órganos. Pienso en los letrados de las Cortes o del Tribunal Constitucional, por ejemplo. Antes, el riguroso sistema de acceso y el espíritu de cuerpo que se desarrollaba con la experiencia de los años al servicio de estas altas instituciones fueron claves para preservar el prestigio e independencia tanto de estos altos funcionarios como de los órganos a los que sirven.
Ahora se antojan problemáticas ciertas tendencias dirigidas a favorecer la promoción a puestos relevantes mediante mecanismos de libre designación, la sustitución de las oposiciones por concursos muy abiertos, o la preferencia por fórmulas de contratación temporal frente a la tradicional integración de forma permanente en un cuerpo que se debe profesionalmente a la institución.
Por ello, si no queremos que esta corrosiva enfermedad termine por dar al traste con la democracia que nos dimos en 1978, debemos ser radicales cortando el nudo que hoy une los órganos de control y la alta dirección pública con los partidos políticos. Hay importantes propuestas encima de la mesa y modelos comparados que observar. Por ejemplo, pueden precisarse con más detalle las exigencias legales que regulan los nombramientos políticos (años de experiencia, etc.), y puede recurrirse también a fórmulas de evaluación experta sobre la idoneidad de los candidatos como fase previa en los procedimientos de selección. En esta línea, en Hay Derecho publicamos un reciente informe con buenas prácticas para nombramientos de magistrados del Constitucional y de vocales del Consejo inspiradas en los estándares europeos. El sorteo también puede ser adecuado en ciertas circunstancias. Y, en lo que se refiere a la alta dirección pública, habría que reducir al mínimo el nivel político, donde la confianza es criterio preferente, y optar por concursos públicos competitivos (aprovechando, todo sea dicho, las potencialidades de la recién creada Escuela de Alta Dirección Pública del Estado).
