EUROPA: ARDOR DE ELECCIONES
Estamos en vísperas de elecciones europeas, momento apto para que el avieso Gobierno ruso apreste sus peores artes para causar daño a Europa y a sus instituciones. Nunca fue del agrado de ese resentido vecino la emergencia de una Europa unida, ni cuando se vestía de repúblicas soviéticas ni ahora cuando se halla en manos del dictador de los sórdidos crímenes.
Por eso procede informar sobre los asuntos que vamos a decidir con nuestro voto. Empecemos por el informe que han elaborado 12 expertos sobre problemas institucionales de la Unión Europea (septiembre, 2023). Merece la pena resumir algunas partes de su contenido porque estos altos funcionarios y profesores no escriben a humo de pajas.
La primera de sus preocupaciones se refiere a la “defensa del Estado de Derecho”, supuesto el hecho de que los Estados están unidos en la protección de unos principios comunes que son los acogidos en los Tratados institucionales. Se formulan diversas propuestas que deben ayudar a reforzar su respeto, así como a fortalecer el uso, siempre condicionado, de los fondos presupuestarios.
En tal sentido -sostienen-, a las instituciones europeas les falta flexibilidad y su trabajo viene trabado por el número elevado de actores que en él participan. Por ello proponen no aumentar el número de diputados, que debe permanecer en la actual cifra de 751, pero sí introducir un nuevo sistema de reparto de escaños, reducir la lista de comisarios o, en su caso, establecer una jerarquía entre ellos.
Como se viene haciendo en otros informes y estudios, en este se aboga por el abandono paulatino del principio de unanimidad y su sustitución por el sistema de mayoría cualificada. Desde antiguo se sabe que una de las formas más eficaces que se conocen para paralizar una organización es someter sus decisiones a la unanimidad. Por eso, el clamor entre quienes piensan en la reforma de las instituciones europeas en este sentido es coincidente y antiguo. A ello se añade, en aras del fortalecimiento democrático, la necesidad de generalizar, en el marco del proceso legislativo ordinario, el sistema de codecisión con el Parlamento Europeo. Solo se excluiría la política extranjera y de seguridad común (PESC), materia altamente sensible, como se sabe, para la vieja -y desgastada- autoridad estatal.
Los redactores son conscientes de las reticencias que, entre los Estados miembros, suscita el voto por mayoría cualificada. Por eso proponen, para hacerles tragar la píldora, algunas medidas como la incorporación de una “cláusula de soberanía” que permita a los Estados hacer valer sus posiciones y derechos en el seno de las negociaciones, así como reequilibrar el reparto de votos, también como medio para tranquilizar a los Estados pequeños y medianos. Sabiendo que la cohesión europea resulta imperativa ante el incremento de las amenazas híbridas.
Cuestión recurrente es la democracia de las instituciones europeas. Estamos ante un debate eterno al que nosotros dedicamos algunas consideraciones en nuestra obrita Cartas a un euroescéptico (Marcial Pons, 2013). Allí nos enfrentamos al manoseado “déficit democrático” argumentando que “[el mismo] es la falta o escasez de algo que se juzga necesario por referencia a otra medida. Y la pregunta que salta enseguida es: ¿cuál es esa otra medida? Parece que, hablando de democracia, lo lógico es que comparemos la democracia europea con la existente en otros espacios geográficos, en otros continentes, en los Estados que componen la Unión Europea... Sin embargo, si nos ponemos a repasar mentalmente, ¿no habremos de convenir que en cada país existe un sistema democrático con rasgos propios que a unos les parecerán normales y a otros cuando menos chocantes? ¿No sabemos que el Gobierno de Estados Unidos no está elegido por el Parlamento ni tampoco el francés? ¿O que existen cláusulas en muchos países que establecen un porcentaje de votos mínimo para acceder al Parlamento y que ello supone dejar sin representación a millones de ciudadanos? ¿O que el Reino Unido carece de Constitución? ¿O que el jefe del Estado en Suecia, en Dinamarca, en España, en Bélgica, en Noruega... no ha sido elegido sino que es miembro de una dinastía histórica? ¿O que en unos países como Suiza está muy desarrollada la democracia directa mientras que en otros se mira a esta forma de participación popular con desconfianza? ¿Son todos estos países, por la existencia de esta realidad irisada, poco democráticos?”. No hay por ello -concluíamos- un modelo democrático válido para todos los ambientes.
Con todo, los autores del informe, aunque lamentablemente no subrayan los valiosos ingredientes democráticos que anidan en las instituciones europeas, superiores a los de varios Estados miembros, proponen medidas razonables como la de armonizar las leyes electorales para cubrir los escaños e implantar la fórmula del “cabeza de lista” ya iniciada pero que exige un compromiso político respetado por todos. Queremos decir que el Parlamento debe elegir como presidente de la Comisión Europea a quien haya encabezado la lista más votada en las elecciones. Sin interferencias del Consejo donde toman asiento los jefes de Estado y de Gobierno.
Como las acusaciones de corrupción que se dirigen a las autoridades europeas son constantes, los autores sugieren “crear una nueva Oficina independiente dotada de amplias competencias y de medios”. No compartimos tal propuesta porque ya disponemos de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) y la Fiscalía, amén de los auditores de la Comisión y del Tribunal de Cuentas. Más necesidad hay de funcionarios en los Estados para supervisar la correcta gestión de las millonarias ayudas europeas.
Para el espacio jurisdiccional, sin embargo, el trabajo contiene una idea interesante: la creación de una Cámara conjunta de Tribunales Supremos de los Estados miembros que, sin tener poderes coercitivos, contribuya a reforzar el diálogo entre tales órganos jurisdiccionales. Y ello porque han sido lamentables los desacuerdos de la Justicia europea con la de algunos Estados miembros y las serias escaramuzas, tintadas algunas de venenos jurídicos, habidas entre los jueces de Luxemburgo (sede del Tribunal Europeo) y los de Karlsruhe (sede del Tribunal Constitucional alemán).
Hay una iniciativa que no es frecuente encontrar: la necesidad de crear un Derecho excepcional para hacer frente a las situaciones de emergencia. Las constituciones de los Estados cuentan con ellas y, sin embargo, la UE carece de tales previsiones, cuando lo cierto es que se ha visto obligada a lidiar crisis descomunales (económicas, sanitarias, catástrofes naturales) inventando mecanismos de respuesta ad hoc que han incrementado de un modo inapropiado, por excesivo, las atribuciones del Consejo de jefes de Estado y de Gobierno. Con una consecuencia indeseada: el quebranto del “método comunitario” y su sustitución por el intergubernamental, que tanto erosiona el proyecto común con el que soñaron los padres fundadores y algunos grandes europeístas, políticos e intelectuales de la primera hora.
Desde la perspectiva financiera se proponen medidas ya divulgadas: aumentar el presupuesto de la UE y hacerlo más flexible, lo que obliga a crear recursos propios, pasar al voto de la mayoría cualificada para los gastos y la posibilidad en el futuro de emitir obligaciones comunes de la Unión.
Son algo complejas las opciones para modificar los Tratados (véase Baquero Cruz en El Mundo, 12 de febrero). A nosotros la más ajustada nos parece la que se inició con la Conferencia inspirada por Guy Verhofstadt y que concluyó con unas propuestas interesantes que duermen en una gaveta perdida. A partir de ahí vendría la Convención impulsada por los jefes de Estado y de Gobierno.
Europa solo puede consolidarse, ante sus enemigos, si se la riega con razones vigorosas que apuntalen el siempre inacabado, valiente y creativo proyecto europeo, una lumbre sin tregua.
