JUZGUEN USTEDES A LA JUSTICIA
Los jueces españoles hemos levantado la voz pidiendo que se atiendan nuestras históricas reivindicaciones de más medios para dignificar la Justicia y hacerla más eficaz, y esto ha generado un cataclismo que ha hecho temblar los cimientos del sistema judicial, incluido el anuncio de una posible huelga. En esta situación es preciso que los ciudadanos tengan elementos de juicio para valorar si nuestras peticiones responden a un fin legítimo o si se trata sólo de una reacción corporativa.
Nuestra Administración de Justicia, lenta, caduca y agotada en sus esquemas, necesita aires nuevos, un cambio de mentalidad que pasa por que quienes nos gobiernan, encargados de gestionar los fondos públicos, asuman cuanto antes que es necesario afrontar de una vez por todas la transformación organizativa y de medios que necesita la Justicia. Lamentablemente, somos conscientes de que es un asunto que nunca ha interesado a los políticos porque es poco rentable electoralmente.
El urgente esfuerzo presupuestario que llevamos años esperando no se ha producido. En España sólo se ha dedicado a la Justicia el 0,9% de los Presupuestos Generales del Estado en 2007, el 1,02% en 2008 y en 2009 el porcentaje será del 1,11%, frente al 3% o 4% de otros países de nuestro entorno.
Urgente es incrementar el presupuesto y también determinar el número de juzgados necesarios, en función de la carga de trabajo que puede asumir cada órgano judicial. Y es muy sencillo: se trata de dividir el número de asuntos que ingresan todos los años en cada orden jurisdiccional (civil, penal, social, contencioso administrativo) por el número de procedimientos que, como máximo, puede resolver cada juzgado anualmente (lo que se conoce como módulos de entrada, que ya están fijados por el Consejo General del Poder Judicial). Esta sencilla operación -que los poderes públicos no han sido capaces de realizar hasta la fecha- nos indicará el número de jueces necesarios para asumir con eficacia el volumen de trabajo.
Resulta escandaloso que hoy por hoy sea indiferente que en un juzgado se registren 1.000, 1.500 o 2.000 asuntos al año aunque su módulo de entrada (el número adecuado de asuntos) sea de 500.Y en este desquiciante sistema es el juez el que, al final, asume el exceso, lo que es una auténtica barbaridad porque una situación así reduce las posibilidades de acierto y perjudica la calidad del trabajo que realizamos. No es el juez, con su esfuerzo personal, quien tiene que asumir este exceso de trabajo. Se trata de un problema de política judicial cuya solución incumbe a los responsables políticos.
Es preciso que se creen los juzgados y tribunales necesarios, sin pretextos, excusas ni demoras, dotándolos generosamente de los medios personales y materiales que precisan. España ocupa, en cuanto a número de jueces por habitante, el puesto 36 de un listado de 42 estados de Europa realizado por la Comisión Europea para la Eficacia de la Justicia. Tenemos 10 jueces por cada 100.000 habitantes -sólo por delante de Armenia, Azerbayán, Dinamarca, Turquía, Georgia y Malta; por detrás de Moldavia (12,3 jueces), Ucrania (14,8) o Albania (12,5), y muy lejos de Portugal (16,7 jueces), Rumanía (18,6), Grecia (19,9), Rusia (20,7), Alemania (24,7), Luxemburgo (35,6) o Croacia (42,9)-.
En la ciudad de Valencia, por ejemplo, donde tenemos 101 juzgados, se necesitarían 38 más para ajustar su entrada a la fijada por el CGPJ, pero en 2009 se crean sólo tres. Los juzgados de lo Mercantil deberían soportar una carga de trabajo de 350 asuntos, pero en 2008 en Valencia superaron los 1.200 y sólo el año pasado los procesos concursales se incrementaron un 234%; los pleitos civiles y laborales han aumentado un 30% en 2008 y los de ejecución hipotecaria se duplicaron. El juzgado de Vigilancia Penitenciaria tiene a su cargo 3.000 presos cuando deberían ser 1.000. En el Registro Civil los expedientes de nacionalidad se han incrementado un 1.000% desde el año 2001 En fin, las cifras hablan solas. En España somos unos 4.400 jueces, pero si se adoptara, por ejemplo, la ratio jueces/habitantes de Portugal, deberíamos ser 6.800, y si nos guiamos por la de Alemania, 11.000.
No sólo el número de juzgados creados ha sido insuficiente, sino que las respuestas del Ministerio y de las comunidades con competencias en Justicia han sido siempre desesperantemente lentas, tardías y escasas. Y como los jueces, movidos por un sentimiento de responsabilidad resolvemos los asuntos que se registran sea cual sea su volumen, se produce un efecto perverso que desincentiva al Ministerio de Justicia a la hora de crear juzgados o incrementar el número de jueces.
En España, cada dos magistrados resuelven los asuntos correspondientes a tres. Se obliga a los jueces a circular a 150 Km/h por una carretera donde la velocidad debería estar limitada a 100 Km/h, incrementando así el riesgo de accidente, del que además somos responsables si se produce; y es que sólo se puede responder de aquello que se puede controlar. ¿Puede un cirujano realizar en una mañana 12 intervenciones quirúrgicas? Un juez civil celebra en una mañana hasta 12 juicios y vistas que luego debe sentenciar. Un juez de instrucción puede celebrar hasta 40 juicios de faltas.
Hablamos del Poder Judicial, tercer poder del Estado, que tiene encomendada la tutela y garantía de los derechos de los ciudadanos; a pesar de ello, incomprensiblemente no se encuentra en un plano de igualdad en medios personales y materiales con los Poderes Ejecutivo y Legislativo, ni siquiera frente a la Administración. A todos nos parecería absurdo que el Gobierno no pudiera desarrollar su cometido por estar sobresaturado, o por falta de ordenadores, o funcionara con secretarios de Estado sustitutos… Y sería impensable que el Poder Legislativo no pudiera tramitar las Leyes o lo hiciera con desesperante lentitud porque una buena parte de los funcionarios de las Cortes Generales fueran interinos y carecieran de la mínima formación, o porque no se cubrieran las vacantes del personal. Sería un escándalo. Pero resulta que esto es exactamente lo que sucede en el seno del Poder Judicial.
La Administración de Justicia ha sido la gran olvidada de la Transición en España, y ante la gravedad de la situación los jueces creemos que es necesario alertar a la sociedad y a los poderes públicos en búsqueda de su apoyo y su complicidad, porque nuestra democracia lo exige a gritos. Hay que incrementar -triplicando al menos- el presupuesto destinado a Justicia como nunca se ha hecho antes, y para ello es necesario que el Gobierno de la Nación y los de las comunidades autónomas con competencias en Justicia hagan un esfuerzo a la hora de priorizar sus inversiones del dinero público. Si para ello es necesario dejar de realizar una determinada obra pública, un faraónico proyecto o un evento de especial relevancia, así tendrá que hacerse, porque no es de recibo abandonar a su suerte a un servicio público esencial mientras se destina el dinero de todos los españoles a otros menesteres menos urgentes.
¿Cómo es posible que en pleno siglo XXI los juzgados no estén interconectados por vía telemática o que los sistemas informáticos de las comunidades autónomas sean incompatibles entre sí? ¿No es éste un claro ejemplo de desidia o de incapacidad por parte de los encargados de gestionar la Administración de Justicia? Nuestra organización judicial es arcaica, no se ha adaptado a las nuevas realidades sociales, y además, es poco ágil, con juzgados incomunicados entre sí, cuya organización es igual a la de hace 100 años, con un elevado porcentaje de jueces sustitutos, con una oficina judicial caduca cuya reforma proyectada hace cinco años no ha sido desarrollada ni implantada, con un elevadísimo número de funcionarios interinos carentes de formación, con normas procesales del siglo XIX y unos jueces sobrecargados que resuelven un volumen de asuntos muy superior al que pueden asumir. ¿Alguien podría explicarnos por qué no está la Justicia entre las prioridades de nuestros gobernantes?
Podrá objetarse que nos encontramos en un mal momento para acometer este tipo de actuaciones a causa de la crisis, pero precisamente por ello es el momento de intervenir ante el enorme incremento de asuntos que la propia crisis está provocando, y de realizar un esfuerzo económico sin precedentes como ya se ha hecho en el pasado en otros ámbitos de la Administración Pública, incluso recientemente en ciertos sectores privados. A nadie se le ocurriría en una situación de emergencia escatimar los medios necesarios para paliarla. Somos conscientes de que este tipo de medidas no pueden llevarse a cabo de la noche a la mañana sino en un periodo razonable (dos o tres años), pero, hasta la fecha, el Ministerio de Justicia no ha movido ficha. No hay en el horizonte ninguna inversión extraordinaria. Todo sigue igual.
¿Saben nuestros gestores públicos que si la Justicia funciona eficazmente se refuerza el sistema económico, se reduce la morosidad, se agiliza el intercambio comercial y el tráfico mercantil, se garantiza la seguridad y el orden público, se resuelven conflictos en el ámbito laboral, se controla eficazmente la legalidad de la actuación urbanística, la contratación administrativa, la actuación de los poderes públicos, etc ? ¿Por qué a pesar de tales evidencias no se invierte en Justicia?
Por todo ello los jueces hemos dicho basta, y hacemos un llamamiento a nuestros gobernantes para que afronten de una vez por todas la necesaria reforma de la Justicia aportando además los recursos que precisa. Lo pedimos desde la responsabilidad y desde un profundo conocimiento de la preocupante situación en la que se encuentra la Administración de Justicia, y sobre todo, porque amamos nuestra profesión y queremos ejercerla de manera digna. Simplemente queremos una Justicia eficaz para los ciudadanos, quienes a buen seguro ya empiezan a comprender que aquí hay algo muy distinto a un mero movimiento endogámico y corporativo. A ellos les corresponde ahora valorar, a la vista de la situación expuesta, si tales reivindicaciones son o no justas y legítimas, y emitir su sabio veredicto. Ojalá nos sea favorable.
