Según manifestó, el Consejo General del Poder Judicial tiene una competencia consultiva “tasada” como órgano de gobierno del poder judicial, y no es ni un órgano consultivo del Gobierno ni tampoco una “tercera Cámara legislativa que deba opinar sobre todo aquello que se tramita” en el Parlamento.
Además, dejó claro que tampoco entra entre sus funciones el “anticipar un juicio de constitucionalidad” sobre las leyes porque esa es una función “exclusiva y excluyente” del Tribunal Constitucional, y que sólo ejerce cuando las normas están en vigor.
En este sentido, los vocales de la minoría progresista del Consejo General del Poder Judicial, han apoyado que el Ministerio de Justicia no les pida informe sobre el Anteproyecto. Los siete vocales creen que existen razones técnico-jurídicas que amparan la decisión del Gobierno.
Por su parte, el Partido Popular promoverá que las Cortes pidan informe al Consejo General del Poder Judicial sobre el matrimonio entre homosexuales si no lo hace el Gobierno.
Así, el secretario de Libertades Públicas, Justicia e Interior del Partido Popular, Ignacio Astarloa, pidió al Gobierno que “rectifique” y pida un informe al Consejo General del Poder Judicial sobre la reforma del Código Civil que permitirá los matrimonios entre homosexuales.
En cualquier caso, anunció que si el Ejecutivo no cambia de opinión, el Partido Popular promoverá que sean las Cortes las que encarguen un informe al órgano de gobierno de los jueces.
