La inejecución es un procedimiento que permite a la Administración Pública no cumplir con las sentencias que la condenan en los términos en que fueron dictadas, lo que pone en peligro el derecho fundamental a la tutela efectiva o al proceso debido del ciudadano que ha obtenido una sentencia favorable en el orden contencioso-administrativo. Es especialmente grave que la propia Administración, en su papel de Poder Público, sea la que en demasiadas ocasiones provoque esta situación. Los ejemplos son conocidos, como los casos del Algarrobico, Valdepeñas y otras muchas edificaciones del litoral, lo que termina erosionando la credibilidad del sistema judicial en su conjunto. Por lo tanto, en las siguientes líneas, se propone realizar un análisis detallado del procedimiento y la jurisprudencia asociada para delimitar el alcance del fenómeno y proponer soluciones que permitan su control.
I.- INTRODUCCIÓN A LA INEJECUCIÓN. II.- LA EXCEPCIÓN CON RIESGO DE CONVERTIRSE EN REGLA GENERAL. III.- ASPECTOS PROCEDIMENTALES DEL INCIDENTE DE INEJECUCIÓN. 1. La legitimación para promover la inejecución. 2. La colaboración institucional y el plazo para promover la inejecución de la sentencia. A. La Administración es una extensión del órgano judicial en la ejecución. B. El plazo de espera mínimo para activar la ejecución. C. El plazo para activar la inejecución. 3. La demanda de inejecución. 4. Contenido de la demanda de inejecución. 5. Tramitación de la inejecución. IV. LOS MOTIVOS DE INEJECUCIÓN. 1. La imposibilidad material o legal de ejecutar la sentencia. A. La actividad material de la Administración contra los pronunciamientos de la sentencia. B. La actividad normativa de la Administración para imposibilitar la materialización de la sentencia. 2. Las cuestiones que se suscitan en torno a la demolición de inmuebles. A. El concepto de tercero de buena fe. B. La preceptiva prestación de la garantía. D. El responsable de establecer la garantía. E. El deber de depositar la garantía también se establece sobre las edificaciones sin licencia. F. La cuantía de la garantía la fija el órgano judicial. G. Las controversias sobre la garantía deben tramitarse en el incidente de ejecución. 3. La imposibilidad de embargar los bienes públicos. 4. La expropiación de los derechos reconocidos frente a la Administración Pública en una sentencia firme. V. LAS DIFICULTADES DE LA MEDIACIÓN EN LA EJECUCIÓN DEL PROCESO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO. VI. LA EJECUCIÓN DE SENTENCIAS CONDENATORIAS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN: MEDIOS Y DESAFÍOS PARA LOS ÓRGANOS JUDICIALES. 1. La ejecución directa. A. La ejecución directa con medios propios o por medio de comisario judicial. B. La ejecución subsidiaria a cargo de la Administración. 2. La ejecución indirecta. A. Multas coercitivas. B. La responsabilidad patrimonial del responsable de la ejecución. C. La responsabilidad penal. VII. PROPUESTAS PARA ABORDAR LA PROBLEMÁTICA DE LA INEJECUCIÓN EN EL ÁMBITO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO. VIII. BIBLIOGRAFIA.
Non-execution is a procedure that allows the Public Administration not to comply with judgments that condemn it in the terms in which they were issued, which endangers the fundamental right to effective judicial protection or due process of citizens who have obtained a favourable judgment in the contentious-administrative jurisdiction. It is especially serious that the Administration, in its role as a Public Power, is the one that in too many occasions causes this situation. Examples are well known, such as the Algarrobico and Valdepeñas cases, as well as many other coastal constructions, which ultimately erode the credibility of the all judicial system. Therefore, in the following lines, we propose to carry out a detailed analysis of the procedure and associated jurisprudence to delimit the scope of the phenomenon and propose solutions that allow for its control.
DIRECTOR
