La celebración en el extranjero de contratos de gestación por sustitución y el intento de inscribir la filiación derivada de dichos contratos en el Registro civil plantea un conflicto entre las pretensiones de los padres intencionales y el deseo del Estado de preservar su propio ordenamiento jurídico. En estos casos se ha querido ver una inevitable confrontación entre el orden público y el interés superior del menor, como conceptos antagónicos, y se ha propuesto la atribución de la paternidad y maternidad con base en una determinada visión del interés del hijo, que llevaría a inaplicar las propias reglas sobre determinación de la filiación. El artículo examina la relación entre ambos conceptos y sostiene que el interés superior del menor forma parte del orden público y que su defensa pasa por el respeto de los derechos fundamentales del hijo, que se logra principalmente a través de la correcta aplicación de las normas sobre determinación de la filiación y sobre adopción.
I.- El menor en la encrucijada.- II. Interés superior del menor y atribución de la filiación.- III. Interés superior del menor y orden público.- IV. Protección de los derechos fundamentales del menor: 1. Respeto al derecho a la vida familiar. 2. Respeto al derecho a la vida privada y a la propia identidad personal. 3. Interés superior del menor, seguridad y certidumbre: la conversión de la vida familiar en filiación. 4. El interés del menor en los supuestos sin cobertura legal. V. CONCLUSIONES.
The celebration abroad of gestational surrogacy agreements and the attempt to register the filiation derived from such contracts raises a conflict between the expectations of the intended parents and the desire of the State to preserve its own legal system. In these cases it has been wanted to see an inevitable confrontation between public-policy rules and the child’s best interest, as antagonistic concepts, and the assignment of paternity and motherhood has been proposed based on a certain vision of the child's interest, which would lead to the inapplication the own rules on determination of filiation. The article examines the relationship between both concepts and argues that the best interest of the child is part of public-policy and that its defense involves respect for the fundamental rights of the child, which is achieved mainly through the correct application of the rules on determination of filiation and adoption.