Justicia negociada y coerción. Reflexiones a la luz de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. (RI §419713)
Negotiated justice and plea agreements. Reflections on the jurisprudence of the European Court of Human Rights - Lorena Bachmaier Winter
El presente estudio analiza el enfoque del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en materia de justicia negociada o plea agreements en el ámbito penal, en particular en la doctrina sentada en el caso Natsvlishvili c. Georgia. Sólo si la renuncia la proceso público con todas las garantías es voluntaria, puede legitimarse un sistema de justicia negociada y argumento que para valorar el elemento de la coerción debe tomarse en cuenta también el contexto institucional en el que se inserta el acuerdo de conformidad. Finalmente se valora si la postura del Tribunal Europeo de Derechos Humanos aplicando estrictamente los criterios establecidos por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos al definir la coerción, es conforme a la concepción europea del derecho al proceso equitativo reconocido en el artículo 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos.
1. Introducción; 2. La conformidad como acuerdo ¿voluntario?; 3. Los discutibles argumentos del TEDH en el caso Natsvlishvili c Georgia; 3.1. Los hechos; 3.2. El fallo; 3.3. Valoración crítica; 4. La dificultad de identificar criterios para valorar el carácter coercitivo de la conformidad; 4.1. La regulación y la práctica en el sistema norteamericano; 4.2. Elementos para identificar la coerción; 5. Conclusión.
The present study analyses the approach the European Court of Human Rights’ to negotiated criminal justice and plea agreements in its landmark case, Natsvlishvili v Georgia. At the sight of the US Supreme Court case law and the practice of plea bargaining in the United States, I will argue why the institutional context and other external elements should be taken into account to determine if a certain guilty plea system has become coercive. I will further question if the approach of the ECtHR, applying strictly the criteria set out by the US Supreme Court should be followed when defining European standards on plea agreements.