¿Es lícito difundir el pasado penal de los ciudadanos? Aun cuando así fuera, ¿resulta ello útil desde el punto de vista de la lucha contra el delito? En el presente trabajo se trata de contestar razonadamente a ambos interrogantes y en los dos casos se concluye que la respuesta debe ser negativa. La distintas medidas que se han contemplado para promocionar la publicidad de los antecedentes penales -tanto en el derecho comparado (en el que destaca el modelo estadounidense de las Leyes Megan, al que aquí se le presta una particular atención), como a través de algunas iniciativas de diverso orden que se han suscitado en nuestro país- se revelan altamente cuestionables en clave preventiva y desde el punto de vista de bienes constitucionales esenciales como la dignidad humana, el honor, la intimidad o la reinserción social. En un coyuntura político-criminal internacional marcada por tendencias punitivas inocuizadoras y que apuntan a un modelo securitario de Derecho penal, de cuya receptividad por parte del legislador español existen ya claros síntomas, resulta especialmente importante reafirmar la vigencia de determinados valores democráticos y principios penales. De acuerdo con ello, se aboga aquí por el mantenimiento de las diferentes prescripciones que garantizan en el sistema español el carácter restringido de los antecedentes delictivos y se trata de mostrar que, en la línea seguida por la doctrina del Tribunal Constitucional y también de la jurisprudencia ordinaria más reciente, lo anterior se puede hacer en términos que resulten compatibles con el respeto al derecho fundamental a la libertad de información o con el control democrático del sistema de justicia y la deseable transparencia judicial.
I. Planteamiento: la exposición pública de los delincuentes como manifestación del Derecho penal de la seguridad. II. Un caso paradigmático: las Leyes Megan estadounidenses. III. Perspectivas constitucional y político-criminal. 1. Disparar a la reinserción social. 2. La afectación al honor y a la intimidad del condenado. 2.1. Derecho a la información y transparencia judicial vs. derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen. Especial referencia a la difusión de noticias sobre sujetos implicados en casos penales. 3. La incidencia en la dignidad humana. 4. Todo esto ¿para qué? (el déficit utilitario) IV. Balance: ni prevención ni garantías. V. Bibliografía citada.
Is it legitimate to disclose the criminal past of citizens? Even if it were so, could we say this will be useful to fight against crime? In this paper I try to answer these questions and in both cases I conclude the response should be negative. The different strategies that have been adopted to disseminate criminal records –in comparative law, where American Megan’s Law deserve especial attention, as well as in Spain- have resulted to be highly questionable, particularly if we consider them from a preventive perspective and also attending essential constitutional values such as human dignity, honor, privacy or social reintegration. Given an international context in which incapacitation and security maximization play a main role in criminal policies, and since the Spanish legislator has already shown to be receptive to this trends, it becomes especially important to reassert some democratic values and legal principles of Criminal Law. Thus, I defend here that legal rules that guarantee the restriction of publicity of criminal records in the Spanish system should be maintained and I try to show that it is possible to do so -according to the line followed by the Spanish Constitutional Court and by the most recent rulings of the ordinary Courts as well- respecting the freedom of information and also in a compatible way with the democratic control of the justice system and with the desirable aim of judicial transparency.
DIRECTOR
