El principio de legalidad, como eje vertebrador de todo el sistema penal, despliega sus efectos también en el ámbito penitenciario. El genérico principio de legalidad en materia penal incluye la llamada garantía ejecutiva. A las garantías criminal, penal y jurisdiccional se suma esta garantía penitenciaria o ejecutiva que se corresponde con la fase de ejecución de las condenas privativas de libertad impuestas a los autores de hechos delictivos. El trabajo que sigue pretende determinar de forma más precisa las consecuencias de la aplicación del principio de legalidad al sistema de ejecución de las penas privativas de libertad, así como pasar al análisis de algunas de ellas. En este sentido se quiere señalar los presupuestos del principio, su recogida normativa en el sistema jurídico español, las consecuencias fundamentales que para el cumplimiento de las penas privativas de libertad trae el principio de legalidad, así como algunas particulares consideraciones respecto a su aplicación en el sistema penitenciario vigente.
I. SENTIDO GENÉRICO DE LA GARANTÍA EJECUTIVA II. FUNDAMENTO Y ORIGEN DEL PRINCIPIO DE LEGALIDAD. II.1 Dimensión jurídico-política. II.2. Dimensión jurídico-penal. II.3 Enunciación actual. III. LAS FORMULACIONES NORMATIVAS DEL PRINCIPIO. III.1. El art. 2 de la LOGP. III.2 El principio de legalidad en el texto constitucional de 1978. III.3 Otras recepciones legislativas. III.4 Perspectiva internacional. IV. CONSECUENCIAS DE LA VIGENCIA DEL PRINCIPIO DE LEGALIDAD PARA LA EJECUCIÓN DE LAS PENAS PRIVATIVAS DE LIBERTAD. IV.1 Los contenidos del genérico principio de legalidad. IV.2 El debilitamiento del principio de legalidad en la ejecución: la teoría de las relaciones especiales de sujeción. IV.3. Consecuencias para el ámbito penitenciario. IV.3.a La reserva de Ley en materia penitenciaria. IV.3.b. Exclusión de la analogía en la ejecución penal. IV.3.c La certeza de la Ley en el sistema penitenciario. IV.3.d La irretroactividad de las normas penitenciarias. V. ÚLTIMAS CONSIDERACIONES.
The legality principle, as the backbone of the entire penal system, also takes effect in the penitentiary system. The generic principle of legality in criminal matters includes the so-called executive guarantee. This penitentiary or executive guarantee may be added to the criminal, penal and jurisdictional safeguards that apply at the execution phase of custodial sentences imposed on perpetrators of criminal acts. What follows is an attempt to determine in a more precise way the consequences of applying the legality principle to the system of enforcing custodial sentences and it goes on to analyze some of them. With this in mind, its aim is to point out the assumptions of the principle, its regulatory content in the Spanish legal system, the fundamental consequences of the legality principle for the enforcement of custodial sentences, as well as some particular considerations with respect to its application in the penitentiary system that is in force today.
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