El texto pretende exponer algunos argumentos que permitan sostener la posibilidad de que se introduzca en el Código Penal un tipo delictivo específicamente previsto para sancionar las conductas de hacking puro o intrusismo informático en sentido estricto. Por ello, se justifica la necesidad de la intervención penal y la relevancia del interés tutelado en este ámbito y se trata de salir al paso de algunas de las críticas que han censurado esta opción legislativa.