Los transportes urbanos han adquirido en las sociedades modernas una importancia tal que se han erigido en una de las piezas esenciales en el funcionamiento cotidiano de las ciudades y en la calidad de vida y bienestar de los ciudadanos. Por eso, el modelo más extendido en el mundo, y desde luego en nuestro país, concede a la intervención pública un papel decisivo en el sector, particularmente a los Municipios, los cuales no siempre han visto recogido con el mismo alcance su necesaria presencia en el sector.

En esta obra, además de analizar la situación actual del transporte urbano y su intricada relación con otras políticas públicas, se realiza un estudio atento de las competencias de que gozan los Municipios en la materia sobre la base de la autonomía que la Constitución les garantiza para la “gestión de sus respectivos intereses”, así como su especial posición y responsabilidad en relación al transporte colectivo de viajeros dada su consideración de servicio público en sentido estricto, cuya prestación resulta obligatoria en aquellos que cuenten con más de 50.000 habitantes. Otras cuestiones estrechamente relacionadas con la materia, como la determinación de los lugares de parada y estacionamiento o el régimen jurídico de las estaciones de autobuses, también son objeto de un detenido estudio, dada la presencia en ellas de intereses o incluso competencias inequívocamente municipales. Desde esta perspectiva se analizan críticamente las actuales regulaciones autonómicas en el sector, las cuales no siempre se muestran respetuosas con los intereses municipales, tal y como ocurre con aquellas normas autonómicas que, so pretexto de coordinar los transportes urbanos e interurbanos, supeditan las competencias de los Ayuntamientos en materia de transportes y de tráfico y circulación, condicionando su ejercicio a la preexistencia de servicios interurbanos y los derechos de los concesionarios de los mismos.

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