En el proceso contencioso-administrativo, la legitimación activa es, desde hace años, una cuestión aparentemente pacífica y ausente de dificultades, resuelta en base a unas pocas cláusulas generales que la jurisprudencia interpreta con importante generosidad.

Bajo esta superficial tranquilidad laten, sin embargo, un buen número de problemas no resueltos, derivados de la ambigüedad y dificultad de determinación del significado de las fórmulas que la Ley de lo Contencioso de 1958 emplea para definir el ámbito de la legitimación; lo que da a la jurisprudencia un tono casuístico y voluntarista.

Este libro trata de revelar el origen de estas dificultades aplicativas, poniendo de manifiesto la inconsistencia de las expresiones legales que regulan esta institución; analiza el posible sentido de fórmulas usuales, como la de interés legítimo e interés colectivo y difuso; y trata en profundidad cuestiones poco estudiadas hasta la fecha, como la legitimación de las Administraciones Públicas y el régimen procesal de este instituto.

El análisis exhaustivo que se hace de la jurisprudencia de estos últimos quince años, convierte a esta obra en una referencia indispensable para la práctica profesional ante la jurisdicción contencioso-administrativa.

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