El Tribunal Supremo ha acordado este miércoles por unanimidad no dar trámite a una demanda que fue presentada por Gerardo Gayoso -un abogado ligado a Laureano Obubiña y condenado por narcotráfico- contra tres magistrados del Tribunal Constitucional, entre ellos su presidente, Pascual Sala, a los que exigía una indemnización acusándoles de vulnerar sus derechos al rechazar el recurso de amparo que presentó contra su condena.

En el supuesto presente, el recurrente se opone a la sentencia que estimó la acción de divorcio ejercitada por los padres de su esposa, nombrados tutores al haber quedado ésta tetrapléjica y en estado de coma tras un grave accidente de circulación. Inicialmente el marido fue nombrado tutor si bien tal decisión fue judicialmente revocada cuando los padres ejercitaron la acción de separación y se consideró que concurrían causas para decretarla, pues demostraban “un cierto desafecto entre los cónyuges” antes del accidente, como el hecho de que la esposa había consultado un abogado para asesorarse sobre el procedimiento de separación o que el marido hubiera ido muy poco a visitar a la esposa internada después del accidente, todo lo cual indicaba la “la existencia de un incumplimiento, al menos, de los deberes de ayuda y socorro entre los cónyuges”.

La Asociación Profesional de la Magistratura ha defendido la necesidad de modificar la regulación de la casación con el fin de que el Tribunal Supremo pueda pronunciarse y fijar doctrina cuando haya interpretaciones divergentes de las Audiencias Provinciales. Tras la polémica generada a raíz de la sentencia firmada por el juez Juan del Olmo, que considera que llamar "zorra" a la esposa no constituye un insulto, la asociación ha advertido sobre la disparidad de criterio en este tipo de amenazas.

Foto: Bloqueo Del Parlament El 15 De Junio De 2011

El primero de los 22 imputados por el bloqueo al Parlamento de Cataluña que un grupo de manifestantes del movimiento 15-M protagonizó el pasado 15 de junio comparecerá este jueves ante el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, según informaron fuentes jurídicas.

El abogado del ex presidente del Gobierno balear Jaume Matas ha enviado un escrito al Juzgado de Instrucción número 3 de Palma en el que compara la actuación del Juez Castro, que instruye el caso Palma Arena, con un "sistema inquisitorial" al mantenerle imputado en esta causa sólo en base a "sospechas y recelos y no en atención a indicios".

Foto: Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM)

El juez Antonio Pedreira, que instruye el 'caso Gürtel', ha confirmado en un auto la situación de prisión preventiva del presunto cerebro de la trama corrupta Francisco Correa, quien ingresó en la prisión de Soto del Real en febrero de 2009.

Foto: El juez Pedreira deja en libertad provisional a Correa

Un corredor de seguros imputado en el 'caso Gürtel' ha reconocido este miércoles ante el juez Antonio Pedreira que blanqueó desde 2001 hasta 2005 dinero al supuesto líder de la trama, Francisco Correa, pero ha insistido en que lo dejó de hacer cuando se percató de que podría llegar de actividades ilícitas.

El ex alcalde de Majadahonda Guillermo Ortega, uno de los imputados en el 'caso Gürtel', gastó más de 1,2 millones de euros en la adquisición de relojes de firmas suizas de lujo a cargo de la 'caja B' de la contabilidad de la red corrupta nutrida con presuntas comisiones en contraprestación por la adjudicación de contratos públicos en esta localidad del noreste de la Comunidad de Madrid.

Dos antiguos directivos de la constructora Teconsa, investigada en el 'caso Gürtel', se han negado a declarar esta mañana ante el juez Antonio Pedreira por delitos contra la Administración Pública y blanqueo de capitales.

La Audiencia Provincial de Sevilla ha ordenado que sea un tribunal profesional, y no un jurado popular, el que enjuicie a Antonio Gordillo, el joven de 30 años de edad que permanece en prisión acusado de asesinar y descuartizar el pasado mes de agosto de 2010 a una mujer norteamericana de 49 años de edad, identificada como Laura Cerna, en el barrio del Tiro de Línea de la capital hispalense.

Foto: Caso De Los ERE Irregulares

La juez de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, que investiga la supuesta "trama" de prejubilaciones fraudulentas en expedientes de regulación de empleo (ERE) promovidos por empresas andaluzas e incentivados con fondos autonómicos, ha citado este jueves a declarar en calidad de imputados a Antonio González Pérez, incluido en el ERE promovido en 2007 por la sociedad anónima laboral sevillana 'Saldauto' pese a no formar parte de su plantilla, y a un vecino de la localidad de El Pedroso "amigo" del ex director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía Francisco Javier Guerrero.

Foto: Consejo General Del Poder Judicial

El magistrado, que fue sancionado en 2010 por llamar "caracol" al juez del "Caso Millet", tiene el juzgado al día

Canarias quiere asumir la gestión del denominado personal no judicial

Foto: Carlos Varela

Dice que la sentencia del derribo del edificio de Fenosa continúa en manos del tribunal al no haber trasladado "ningún testimonio"

Foto: El Juez Serrano Y Su Letrado A La Salida Del TSJA

El presidente del tribunal expulsa de la Sala al abogado de la acusación particular durante la exposición del informe del letrado de la defensa

El juez de Familia de Sevilla Francisco Serrano, que ha sido juzgado desde este lunes en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), con sede en Granada, ha defendido en la última sesión de la vista su "independencia" y su "imparcialidad", aunque ha reconocido, que, como humano, ha podido cometer errores.

El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha dejado en libertad con medidas cautelares al rapero Pablo Hasél tras ser imputado por enaltecimiento del terrorismo al ensalzar al dirigente de los Grupos Revolucionarios Antifascistas Primero de Octubre (GRAPO) Manuel Pérez Martínez, 'camarada Arenas', informaron fuentes fiscales.

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha procesado este miércoles por tercera vez a tres militares norteamericanos --el teniente coronel Philip de Camp, el capitán Philip Wolford y el sargento Thomas Gibson-- por un delito contra la comunidad internacional, en concurso con un delito de homicidio, por la muerte el 8 de abril de 2003 en Bagdad del cámara José Couso.

Foto: Los afectados por el caos aéreo piden 50 millones a los controladores

La juez que instruye la causa por el cierre del espacio aéreo ha solicitado a los miembros de la junta directiva del sindicato USCA y a los controladores aéreos imputados que faciliten los números de teléfono móvil que tenían activos los días 1, 2, 3, 4 y 5 de diciembre de 2010, así como la operadora con la que tenían contratado el servicio.

El joven de 29 años detenido la pasada semana en relación con la muerte de un bebé de ocho meses en la localidad valenciana de Alboraia se encuentra en prisión, comunicada y sin fianza, por orden del juzgado de instrucción número 12 de Valencia, que fue quien, en funciones de guardia, le tomó declaración, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.

La Fiscalía pide finalmente 21 años y medio de cárcel y el abogado de la defensa, disconforme con el veredicto, anuncia que recurrirá ante el TSJA

La Audiencia Provincial de Gijón ha condenado al Banco Popular a anular un 'swap' -seguro contra las subidas de los tipos de interés- vinculado a un préstamo vendido a un jubilado que carecía de conocimientos financieros, según la sentencia dictada el pasado 16 de septiembre a la que tuvo acceso Europa Press.

El día 5 de Octubre de 2011, se ha publicado en el diario El Mundo, un artículo de Manuel Jiménez de Parga, en el que el autor afirma que no fueron incluidos en el texto constitucional todos los derechos fundamentales y que sería bueno tomar conciencia de ello. Trascribimos íntegramente dicho artículo.

Se estima el recurso de casación para unificación de doctrina interpuesto contra la sentencia que declaró que la actora, objeto de un despido improcedente, venía obligada al reintegro de las prestaciones por desempleo percibidas de forma indebida durante el periodo en el que no había podido percibir los salarios de tramitación, por no haberse hecho cargo de ellos ni el FOGASA ni la empresa, entendiendo que se había producido una superposición de los salarios de tramitación y la prestación por desempleo, aunque efectivamente no los hubiera percibido. La Sala declara que la sentencia impugnada no se ajusta a la doctrina sentada al respecto de la interpretación del precepto aplicable, el art. 209.5 c) LGSS, y recogida en la sentencia de contraste, según la cual en casos como el presente en los que la prestación es reconocida a partir del cese por despido improcedente, con posterior declaración de extinción de la relación laboral con reconocimiento de indemnización y salarios de tramitación que no se abonan en su totalidad por las circunstancias indicadas, no se ha producido en realidad una doble percepción de salarios de tramitación y prestaciones de desempleo, por lo que no procede el reintegro de estas últimas, ya que ello supondría un injusto perjuicio para el trabajador.

La Sala declara la conformidad a derecho del RD 1837/2008, por el que se incorporan al ordenamiento jurídico español la Directiva 2005/36/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, y la Directiva 2006/100/CE, del Consejo, relativas al reconocimiento de cualificaciones profesionales, así como a determinados aspectos del ejercicio de la profesión de abogado. Frente a lo que sostiene el Colegio profesional recurrente, la norma impugnada fue tramitada correctamente y la inclusión del inciso “en la correspondiente especialidad”, que se añade a la profesión, no supone un cambio en su denominación. El Real Decreto tiene como finalidad la supresión entre los Estados miembros de los obstáculos a la libre circulación de personas y servicios, lo que supone para sus nacionales la facultad de ejercer una profesión en un Estado miembro que no sea aquél en el que hayan adquirido sus cualificaciones profesionales. Por otra parte, no se ha producido la alegada infracción del principio de reserva de ley, pues en este caso ésta se refiere al ejercicio de las profesiones tituladas, y por el hecho de añadir al título de la profesión el de una especialidad no puede aceptarse que se esté afectando al ejercicio de esa profesión que es lo que garantiza la Ley.