Foto: Maveric2003

El pulso que mantienen los abogados del turno de oficio de Madrid con el Gobierno regional debido al impago de sus honorarios se ha endurecido este mes, afectando a las causas de violencia de género al impedir que algunos juzgados puedan adoptar medidas de alejamiento contra agresores ante la negativa del Colegio de Abogados de Alcalá de Henares a nombrar abogados de oficio para los denunciados.

Foto: Ardo Beltz

La asociación de jueces Francisco de Vitoria (FdV) ha afirmado que la invitación que han hecho varios concejales de la capital alavesa a los familiares de presos de ETA para que acudan al chupinazo "carece de relevancia penal", aunque ha instado a la Policía y a la Fiscalía a "estar vigilantes" por si en el desarrollo del mismo se producen actos de enaltecimiento del terrorismo o menosprecio a las víctimas.

La sección séptima de la Audiencia Provincial de Alicante ha condenado a un hombre a cumplir 10 años de prisión por matar a otro a puñaladas en la terraza de un local del municipio alicantino de Torrevieja.

La titular del Juzgado de lo Penal número 3 de Santander ha condenado a dos años de prisión a una mujer de 26 años de edad que sustrajo una cartera en un centro de salud de Santander al que acudió indicando que iba de urgencias y solicitando ser vista por el psiquiatra.

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El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado el acuerdo de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial por el que se acepta la petición de excedencia voluntaria del magistrado de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) Juan Montero Aroca.

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El día 4 de agosto de 2011, se ha publicado en el diario El Mundo, un artículo de Jorge de Esteban, en el cual el autor analiza los motivos jurídicos por los que aún es posible adelantar las elecciones generales al mes de octubre. Considera que la actual situación de interinidad en el poder es un grave perjuicio para la economía española. Trascribimos íntegramente dicho artículo.

Foto: Mdiagom

Ley 4/2011, de 28 de julio, de Extinción de MINTRA (Madrid, Infraestructuras del Transporte).(BOCAM de 4 de agosto de 2011) Texto completo.

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Decreto 377/2011, de 2 de agosto, de la Comisión de Cooperación Local de Cataluña.(DOGC de 4 de agosto de 2011). Texto completo.

Queda confirmada la sentencia objeto del presente recurso de casación para unificación de doctrina que, resolviendo el conflicto colectivo planteado, declaró el derecho de los trabajadores que venían percibiendo los complementos de puesto de trabajo, complemento personal, complemento de producción y plus de productividad, distintos a los que como tales contemplaba el Convenio Colectivo del Sector de Mármoles y Piedras de la provincia de Pontevedra, a continuar percibiéndolos en los mismos importes que lo venían haciendo antes de marzo de 2009, fecha en la que se publicó en el BOP la revisión salarial de las tablas salariales del Convenio, por ser una condición más beneficiosa, condenando a la empresa ahora recurrente a no efectuar sobre ellos la compensación y absorción en relación a los incrementos salariales del convenio. La Sala declara que la sentencia impugnada se acomoda a la doctrina sentada al respecto, según la cual cuando como en este caso se trata de verdaderos complementos del salario base por haberse venido abonando con arreglo a una cantidad fija mensual, éstos no son absorbibles, al no ser conceptos homogéneos, con la mejora salarial derivada de la aplicación del convenio del sector, referida a complementos salariales correspondientes por puesto de trabajo, productividad y producción.

Se recurre en casación por el Abogado del Estado, la sentencia que anuló la Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos que intimó a la entidad Bilbao Bizkaia Kutxa a que remitiese en el plazo de diez días a uno de sus clientes que así lo había solicitado ejercitando el derecho de oposición, certificación haciendo constar la oposición al tratamiento de sus datos personales con fines de publicidad, añadiendo que de no hacerlo podría incurrir en alguna de las infracciones previstas en el art. 44 LOPD. La Sala declara que la sentencia impugnada ha anulado acertadamente la Resolución citada, pues la misma, ante la falta de regulación del derecho de oposición en el momento en que sucedieron los hechos, se fundamentó en la regulación del derecho de acceso, y no puede entenderse satisfecho el principio de legalidad, y más aún en materia sancionadora, con la aplicación analógica de la regulación de otro derecho, como es el de acceso, que ni siquiera guarda la debida identidad de razón con el derecho de oposición.