En la segunda parte del artículo, el análisis se centra en la legislación sobre contratación pública en el XX, prestando especial atención a la incidencia que, sobre la misma, ha tenido la integración de España en la Unión Europea. Una vez finalizado el recorrido sobre la evolución de la regulación jurídica de la contratación pública hasta nuestros días, al autor le queda la sensación de haber andado un duro y confuso camino sin haber llegado a ninguna parte. Al menos en cuanto al uso de la técnica contractual se refiere desde los principios de eficacia y eficiencia que presiden el ejercicio de las potestades públicas. En definitiva, la conclusión que extrae es que se ha avanzado poco, salvo en complicar y hacer impracticable el procedimiento de adjudicación del contrato.

El artículo describe el origen normativo de la legislación sobre contratación pública y su evolución hasta nuestros días. Desde ese momento inicial, en que se sientan las bases del Estado y su Administración, se advierte que la Administración Pública, el poder público, necesita garantías de orden económico, técnico y jurídico, cuando contrata la realización de obras o la prestación de servicios, que garanticen su correcta ejecución e impidan al contratista zafio, inepto o de mala fe, ser candidato o adjudicatario en los contratos públicos. Durante todo el siglo XIX, cuando se inicia la legislación de contratos administrativos en España, —en realidad desde que el sistema administrativo que rige la ejecución de las obras es el de contrata, pues en raras ocasiones se llevan a cabo directamente por sus agentes—, y sobre ella la figura del contrato administrativo, se debate acerca de diferentes aspectos o cuestiones fundamentales, que marcaran el proceso del discurrir normativo, durante los siglos XIX y XX y aún el siglo XXI, en materia de contratación pública. Tales cuestiones constituyen el objeto del presente trabajo, que analiza, además, la función del Secretario municipal en el procedimiento de contratación a lo a lo largo de todos estos años.

El presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y alcalde de Santander, Iñigo de la Serna, ha destacado que las entidades locales son, una vez más, "la Administración que mejor ha cumplido con las exigencias establecidas", al cerrar el ejercicio 2012 con un déficit del 0,20% de PIB, lo que supone una mejora de 0,10 puntos porcentuales respecto al objetivo del 0,30% del PIB que se la había marcado.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F), sindicato más representativo en las Administraciones Públicas, reclama la convocatoria urgente de una ronda de consultas con los sindicatos sobre el anteproyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local en el que está trabajando el Gobierno.

La directora general de Administración Local del Gobierno de Aragón, Paula Bardavío, defendió ayer que la reforma de la Ley de Bases de Régimen Local incluya también un debate que no se ha abordado en las últimas décadas: la solución de la financiación de las haciendas locales. Esta preocupación fue compartida por los grupos parlamentarios que ayer escucharon la posición de la directora general en la Comisión de Política Territorial de las Cortes de Aragón.

La Asamblea General de la Federación Canaria de Municipios (Fecam) ha acordado este jueves presentar una enmienda al anteproyecto de reforma de la administración local al entender que su aprobación puede poner en "serio peligro" los servicios públicos que prestan los ayuntamientos en Canarias.

En la actualidad, el tratamiento que dispensa la Tesorería General de la Seguridad Social parte de considerar que, cuando las corporaciones locales contratan la gestión de un servicio público con un tercero, ostentan la condición de empresario y son parte implicada en la gestión del servicio, algo que choca de frente con el régimen jurídico del contrato de gestión de servicios públicos.

El grupo parlamentario regionalista ha expresado hoy su temor de que las alegaciones del presidente del Gobierno de Cantabria, Ignacio Diego, al anteproyecto de reforma de la Ley de Régimen Local "sean contrarias a los ayuntamientos" y le ha pedido que aclare su postura en la Cámara regional.

El presidente de la Federación de Municipios de Cantabria y alcalde de San Vicente de la Barquera, Julián Vélez, ha tildado de "absoluta irresponsabilidad" la decisión del Ayuntamiento de Valderredible de abandonar la FMC, máxime tratándose de uno de los municipios "más afectados" por las modificaciones que plantea el anteproyecto de ley de reforma de la administración local.

La Diputación Provincial trabaja en la articulación de la fórmula que permita, en 2014, rescatar a las entidades locales que en el último cuatrienio se han visto excluidas de las inversiones de Planes Provinciales.

La Diputación de Zamora aprobó ayer “en exclusiva” la convocatoria de concurso público para la concesión de subvenciones a entidades locales de la provincia para gastos de mantenimiento de centros escolares de Educación Infantil y Primaria en 2013, al no haberse renovado el convenio con la Junta de Castilla y León.

El Ayuntamiento de León ha remitido al Ministerio de Fomento un escrito para reclamar la prórroga del proyecto Área de Rehabilitación Integrada (ARI), que concluye este año, para extenderlo hasta el año 2015 porque “es bueno para los intereses de León”.

Dos ayuntamientos de la provincia de Ciudad Real gobernados por el PSOE, Cózar y Torre de Juan Abad, tienen previsto recurrir por lo contencioso-administrativo para que el Gobierno regional les pague el dinero que les adeuda por la prestación de servicios que son competencia del Ejecutivo autonómico.

La Junta de Gobierno de la Diputación Provincial de Cáceres ha dado el visto bueno a las bases del Programa de Equipamiento municipal 2013, para que los ayuntamientos cacereños puedan adquirir mobiliario para sus dependencias municipales.

El Consello de la Xunta ha acordado fijar criterios en sus ayudas y subvenciones para primar a los municipios que decidan fusionarse o mantener líneas de colaboración en la prestación de servicios, ha informado el jefe del Ejecutivo gallego, Alberto Núñez Feijóo.

PPdeG, PSdeG, AGE y BNG han propuesto al Consello de Contas para ejercer una función de fiscalización de administraciones en que se detecten casos de corrupción. El conselleiro maior de Contas, Luciano Fariña, ha afirmado ser "consciente" de la "importancia" de esta cuestión y ha asegurado "tomar nota" al respecto de esta y otras demandas, aunque ha reconocido falta de medios para afrontar todos los "deberes" marcados por los partidos.

El pleno del Parlamento foral ha aprobado este jueves por unanimidad la modificación de la ley de la Administración Local de Navarra para establecer la delegación de voto de los concejales en los ayuntamientos.

El presidente del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas (TVCP), José Ignacio Martínez Churiaque, se ha mostrado hoy a favor de un "mayor control" de los ayuntamientos y ha dicho que la "desgraciada práctica" de la modificación de precios en los contratos públicos puede estar próxima a desaparecer.

Que se extienda el ejemplo. La dirección de Derechos Humanos y Memoria Histórica de la Diputación de Gipuzkoa pretende que otras localidades del territorio sigan la senda abierta en materia de convivencia por los consistorios de Errenteria, Irun, Urnieta, Elgoibar, Zarautz o Azpeitia, entre otros. Para ello, la directora foral del área, Marina Bidasoro, anunció que el Gobierno foral pondrá 120.000 euros en ayudas a disposición de los consistorios que deseen llevar a cabo procesos de participación vinculados con la memoria y la convivencia.

El Tribunal Supremo ha anulado la ordenanza dictada por el Ayuntamiento de Lleida en octubre de 2010 que prohibía el uso del velo integral en los espacios municipales al entender que el consistorio ha limitado el ejercicio de la libertad religiosa de las mujeres careciendo de competencia para ello.

El pleno ha aprobado hoy definitivamente la nueva ordenanza de OTA de San Sebastián, ratificando así el consenso obtenido sobre la propuesta del gobierno municipal. Jon Albizu, concejal de Movilidad, ha valorado positivamente el consenso.

No se profundizó en el contenido, sino más bien en la forma, aunque finalmente, y gracias de nuevo a la mayoría absoluta, el Partido Popular sacó adelante la modificada ordenanza de terrazas de veladores, que viene a sustituir la que, por primera vez, elaboró el gobierno municipal socialista en abril de 2006.

La zona azul de Mieres será regulada, finalmente, a través de una ordenanza administrativa que disipará las dudas existentes sobre la legalidad del sistema actual. Así lo decidió ayer por unanimidad el Pleno municipal, que dio luz verde a una moción del PSOE en la que instaba al Ayuntamiento a “abundar en la legalización” del estacionamiento limitado del concejo a través de una ordenanza, bien fuese administrativa o bien fiscal -que convertiría el sistema gratuito en pago-.

El Ayuntamiento de Crevillent de Crevillent ha iniciado la tramitación de la nueva ordenanza municipal reguladora de la venta no sedentaria, la normativa que regula los mercadillos y la venta ambulante en la localidad.

El Ayuntamiento de Sant Josep ha aprobado de forma inicial de ordenanza reguladora de los horarios de establecimientos y espectáculos públicos y las actividades recreativas.

Más de 20 años han transcurrido desde que se aprobara la última Ordenanza Municipal de Sanidad y Consumo de Los Realejos en sesión plenaria de 18 de diciembre de 1992.