Exoneración de pasivo insatisfecho y crédito público. (RI §427822)  

Como es sabido, desde la entrada en vigor de la Ley 16/2022, de 5 de septiembre, de Reforma de la Ley Concursal, es factible la exoneración parcial de créditos cuya gestión recaudatoria corresponde a la Agencia Tributaria y a la Tesorería General de la Seguridad Social. El presente trabajo aborda la problemática suscitada por la nueva regulación y el análisis realizado recientemente por la sentencia del TJUE de 7 de noviembre de 2024, desde el punto de vista de su conformidad con la Directiva 2019/1023, de 20 de junio, al hilo de sendas cuestiones prejudiciales planteadas por dos órganos jurisdiccionales españoles. Este pronunciamiento jurisdiccional ha venido a confirmar la facultad de los Estados miembros para excluir a los créditos públicos y a determinados deudores de la Hacienda Pública de los procedimientos de exoneración de deudas, siempre que dichas exclusiones se refieran a circunstancias bien definidas, estén debidamente justificadas y persigan un interés legítimo, correspondiendo efectuar la ponderación de dichas circunstancias al órgano jurisdiccional nacional.

I. PLANTEAMIENTO. II. EL PRINCIPIO DE NO REGRESIÓN. III. EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD Y LA AUSENCIA DE MALA FE. IV. EL REQUISITO DE LA DEBIDA JUSTIFICACIÓN. V. LA EXCLUSIÓN DE LOS CRÉDITOS DE DERECHO PÚBLICO. VI. REFLEXIONES FINALES. VII. BIBLIOGRAFÍA.

Palabras clave: Exoneración de deudas; crédito público; principio de no regresión; principio de proporcionalidad; debida justificación.;

As it is well known, because of the entry into force of the Law16/2022, 5th September, Amending the Insolvency Act, it is possible to partially discharge public claims whose collection is assigned to the Tax Authority and the General Treasury of Social Security. This paper examines the problems arisen by the new regulation and the analysis made by the judgment of the Court of Justice of the European Union of 7 November 2024, from the point of view of its compatibility with the Directive 2019/1023, 20th June, in line with two prejudicial questions raised by two Spanish jurisdictional bodies. This judgement confirms that the Member States are entitled to exclude public claims and specific debtors of the Tax Administration from the scope of the discharge of debts ‘proceedings, given that the exclusions are referred to well defined circumstances, are duly justified and aimed at achieving a legitimate interest, and that all these circumstances are pondered by national courts.

Keywords: Discharge of debt; public claims; non- regression principle; proportionality principle; duly justification.;