El objetivo de este trabajo es enumerar y reflexionar sobre los numerosos obstáculos que pueden disminuir la eficacia preventiva del derecho penal ambiental desde una perspectiva que considera a los potenciales infractores como sujetos que actúan según un criterio de racionalidad económica. El análisis de los factores que pueden limitar la eficacia comienza con una reflexión sobre si en nuestras sociedades de producción y consumo realmente se persigue una reducción del daño ambiental. A continuación se exponen los aspectos asociados con la redacción de la normativa penal ambiental y con su aplicación (persecución y condena de las agresiones contra el medio ambiente) que pueden incidir negativamente en este objetivo. La falta de una voluntad real en la creación de una normativa ambiental adecuada y en el control de su cumplimiento por parte de la Administración, la indeterminación de los tipos penal y la escasa severidad de las sanciones (previstas e impuestas) aparecen como los principales (que no únicos) aspectos que dificultan que el instrumental penal tenga un funcionamiento eficaz en la prevención del crimen ambiental.
I. INTRODUCCIÓN; II. ¿DERECHO PENAL AMBIENTAL EFICAZ EN UNA SOCIEDAD INDUSTRIAL GLOBAL?; III. PROBABILIDAD DE SER CONDENADO PENALMENTE POR AGRESIONES AMBIENTALES; 1.- Redacción y estructura de la legislación penal; 2.- La persecución de los delitos contra el medio ambiente por las instituciones formales; IV. PROBABILIDAD DE SUFRIR UNA SANCIÓN PENAL SEVERA POR DELITOS AMBIENTALES. V.- CONCLUSIONES; VI. BIBLIOGRAFÍA.
The aim of this paper is to list and reflect on the many obstacles that can reduce the preventive efficacy of environmental criminal law from a perspective that considers potential offenders as subjects who act according to a criterion of economic rationality. The analysis of the factors that can limit efficacy begins with a reflection on whether our production and consumption societies are really pursuing a reduction of environmental harm. This is followed by a discussion of the aspects associated with the drafting of environmental criminal law and its enforcement (prosecution and conviction) that can have a negative impact. The lack of a real will in the creation of adequate environmental regulations and their enforcement by the administration, the indeterminacy of the forms of aggression against the environment sanctioned by criminal law and the low severity of the sanctions (foreseen and imposed) appear to be the main (but not the only) aspects that make it difficult for the penal instruments to function effectively in the prevention of environmental crimes.
DIRECTOR
