La competencia sobre la gestión del Ingreso Mínimo Vital: ¿una competencia exclusiva del Estado susceptible de traspaso?. (RI §425382)
The executive competence over the Minimum Living Income: an exclusive competence of the central State that could be transferred? -
Tomás de la Quadra-Salcedo Janini
El Real Decreto-ley 20/2020, de 29 de mayo, ha creado y regulado una nueva prestación económica no contributiva, el ingreso mínimo vital, que la propia norma ha insertado en el sistema de Seguridad Social. El presente artículo examina la distribución de competencias en la materia regulada y analiza de modo crítico aquella dotrina recogida en la reciente STC 158/2021 que resuelve el recurso de inconstitucionalidad interpuesto en su día por el Gobierno de Cataluña frente a aquellos preceptos de la norma estatal que reservan al Estado las competencias de reconocimiento y gestión de la nueva prestación.
I. INTRODUCCIÓN. II. LA CUESTIÓN PLANTEADA EN LA STC 158/2021: ¿QUÉ NIVEL TERRITORIAL ES EL COMPETENTE PARA GESTIONAR EL IMV?. 1. El encuadramiento competencial del IMV. 2. La distribución de competencias en materia de Seguridad Social. 3. La respuesta de la STC 158/2021: la desestimación de la impugnación pues la gestión del IMV corresponde al Estado….4.….pero también la gestión puede corresponder a las CCAA. III. EL RECHAZO DE AQUELLOS ARGUMENTOS QUE SUPONEN LA REVOCACIÓN DE LOS PRINCIPIOS QUE FUNDAN EL VIGENTE MODELO DE DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL DEL PODER. 1. Una interpretación de las competencias contradictoria con los principios que rigen nuestro modelo de distribución territorial del poder. 2. La pérdida de sentido de la noción de bloque de la constitucionalidad mediante la afirmación de que son la normativa básica y el traspaso los que fundan la titularidad de la competencia autonómica. IV. LA ASUNCIÓN DE LAS COMPETENCIAS DE GESTIÓN DEL IMV POR EL PAÍS VASCO Y NAVARRA. V. A MODO DE CONCLUSIÓN. BIBLIOGRAFÍA.
The Decree-Law 20/2020, of 29 May, regulated a new non-contributory economic benefit, the minimum living income, which the norm itself inserted into the Social Security system. This article examines the distribution of competences in the regulated matter and critically analyzes the doctrine contained in the recent STC 158/2021, which resolves the appeal of unconstitutionality filed by the Government of Catalonia against those articles of the state regulation that reserve to the central State the competences of recognition and management of the new benefit.