El presente artículo aborda la necesidad de realización de actuaciones inmediatas, tanto policiales como del Ministerio Fiscal o del Juzgado, en la investigación de los delitos de maltrato animal. Aborda la problemática de dichas actuaciones por la policía, tanto en su función ordinaria y administrativa como en la penal (policía judicial) y la posibilidad de dirección de la investigación policial por parte del Fiscal (en España de las fiscalías de medio ambiente), y las ventajas y límites de dicha dirección. Seguidamente, analiza la adopción de medidas cautelares en este tipo de delitos, su soporte legal, y la posibilidad de adopción de tales medidas, tanto en el ámbito administrativo como en el procedimiento penal. Esta necesidad de realización de actuaciones inmediatas por parte de la policía judicial tendrá repercusiones tanto en el ámbito de la conservación de elementos probatorios para el procedimiento penal, como en la valoración de adopción de dichas medidas cautelares. Seguidamente, analiza, por su especialidad, tres supuestos de delitos de maltrato animal que, hasta el momento, han pasado desapercibidos; bien por falta de denuncias, bien por falta de formación para su persecución, bien porque no se había pensado en las posibilidades reales que concede a la Justicia la actual redacción del artículo 337.1 del Código Penal. Son los casos de animales encerrados permanentemente, los animales con alteraciones anatómicas con fines estéticos y los gallos de pelea. A continuación, se estudia la diligencia de investigación que el autor considera esencial en la persecución de estos tipos de delitos: la pericial, normalmente veterinaria, con la problemática del nombramiento de la persona que ha de realizarlo, la necesidad de la urgente práctica de dicha pericial en la investigación policial, la inexistencia de peritos públicos para su realización y las consecuencias que la falta de realización de tal pericial, de forma inmediata, puede tener en el resultado de la instrucción judicial y en la protección de los animales, incluyendo las consecuencias derivadas de la tipificación en España del maltrato con consecuencias sobre la salud mental de los animales. Por último, se enumeran una serie de conclusiones que resumen, de forma escueta, todo lo analizado.
I. INTRODUCCIÓN. 1.Dependencia funcional de la policía judicial. 1.1. De la policía judicial y la policía administrativa con carácter general. 1.2. De la actuación de la policía administrativa y judicial en el maltrato animal. 2. Las diligencias de investigación penal del Ministerio Fiscal. II. ASEGURAMIENTO PROBATORIO. III. LA ADOPCIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES. 1. El comiso provisional de animales en vía administrativa. 2. El comiso provisional de animales en vía judicial. IV. NUEVAS DENUNCIAS SOBRE HECHOS NOTORIOS. V. PERICIALES. VI. LAS PERICIALES PSIQUIÁTRICAS DE ANIMALES. VII. CONCLUSIONES.
This article addresses the need for immediate action by the Police, the Public Prosecutor’s Offices and the Courts in the investigation of animal abuse offences. It discusses the problems encountered by the police, both when acting on ordinary and on administrative sanctioning roles, and when acting in criminal proceedings as judiciary police (police under the orders of the Prosecution, Courts and Tribunals services in common law countries). It furthermore examines the possibility of having the Environmental (in the case of Spain) Prosecutor in charge of police investigations and the advantages and limitations this involves. The article then analyzes the adoption of precautionary measures for these types of offences, their legal basis, and the possibility of adopting such measures, both in the administrative sphere and in criminal proceedings. The need for the judiciary police to take immediate action will affect both the preservation of evidence in criminal proceedings and the evaluation of the adoption of such precautionary measures. The discussion then focuses on three particular and hypothetical cases of animal abuse offences that have so far gone unnoticed (perhaps on account of lack of complaints, on account of insufficient training for proper prosecution, or because the actual possibilities afforded by the current wording of article 337.1 of the Criminal Code have not been properly assessed). These are the cases of permanently enclosed animals, animals that have been physically modified for aesthetic purposes, and fighting cocks. This study examines what the author considers to be the essential challenges that the prosecution of these types of offences faces: the required expertise (usually of veterinarians), which leads to the appointment of the professional that is to contribute to the investigation, the need for the police investigation to urgently carry out this process, the lack of public experts to carry it out, and the consequences that a delayed evaluation on the part of such expert might entail in the final outcome of the judicial investigation and in animal protection at large, including the consequences of the criminalization in Spain of mistreatment or abuse that has an effect on the animal’s mental health. Finally, a number of conclusions briefly summarize the previous discussion.
