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La legitimación procesal del empresario competidor en el proceso contencioso-administrativo impugnatorio de contrataciones públicas. (RI §424241)  


Competitor's locus standi in judicial review of public procurement procedures - Carlos Padrós Reig

Para poder interponer recurso contencioso-administrativo contra una actuación administrativa en materia de contratación pública se exige que el recurrente ostente legitimación suficiente. Ésta se concreta en una relación directa con el asunto, ya sea por tener un derecho subjetivo o un interés legítimo. Se excluye siempre la legitimación por simple defensa de la legalidad y la acción colectiva. El artículo aplica este planteamiento general a tres casos concretos recientemente resueltos por el Tribunal Supremo. Se detecta como una doctrina judicial excesivamente restrictiva interpreta el interés como la obtención de una ventaja directa y actual, privando así al tercero competidor que no ha participado en el concurso de poder recurrir la decisión. Frente a ello, se proponen alternativas que permiten una mayor amplitud de la legitimación para recurrir tanto en base a la doctrina del TJUE como en la propia doctrina constitucional española. Ello serviría a una mejor protección del derecho a la tutela judicial así como a un más eficaz control sobre la legalidad de las contrataciones.

I. Planteamiento. II. La regulación de la legitimación en la LJCA. III. Algunos ejemplos concretos. III.1. Caso FCC Aqualia. STSJ And de 23 de enero de 2018. I II.2. Caso Canaragua. STS 17 de diciembre de 2020. Caso UTE Transporte Murcia. STS 25 de febrero de 2021. IV. Algunos avances recientes que harían más necesaria una revisión del enfoque excesivamente restrictivo de la cuestión. IV.1. modificaciones en la LCSP. IV.2. La doctrina del TJUE en la materia. IV.3. La doctrina de la STC 144/2008, de 10 de noviembre. IV.4. Otras opciones que ya aplica la Sala III del TS. V. Final. VI. Bibliografía.

Palabras clave: Legitimación activa; adjudicación de contratos; tutela judicial efectiva; interés legítimo del tercero competidor; control de la contratación pública.;

In order to file an appeal against an administrative action in public procurement matters, the appellant must have sufficient standing. This standing is specified in a direct relationship with the matter, either by having a subjective right or a legitimate interest. Legitimation by mere defense of legality and class action is always excluded. The article applies this general approach to three specific cases recently examined by the Supreme Court. The result shows an excessively restrictive doctrine that interprets the interest as obtaining a direct and current economic advantage, thus depriving the competitor firm who has not participated in the contest from being able to appeal the administrative decision. The article proposes several alternatives that would allow a greater amplitude of the standing to appeal both based in the doctrine of the ECJ and in the constitutional doctrine itself. This would serve to better protect the fundamental right to judicial protection as well as a more effective control over the legality of public procurement.

Keywords: Locus standing; public procurement; right to judicial protection; third party legitimate interest; public procurement control.;

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