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La igualdad de armas en el proceso contencioso-administrativo: ¿realidad efectiva o mero desiderátum?. (RI §422968)  


The equality of arms in the administrative courts: actuality or mere desideratum? - Lucía Casado Casado

Este trabajo se centra en el análisis del principio de igualdad de las partes que rige en el proceso contencioso-administrativo. El objetivo no es otro que determinar si las partes en un proceso en este orden jurisdiccional (administraciones públicas y administrados) tienen las mismas oportunidades para defender sus pretensiones y dar respuesta a la cuestión de si la igualdad de armas en el proceso contencioso-administrativo constituye, en el momento actual, una realidad efectiva o un mero desiderátum. Con esta finalidad, tras realizar una aproximación general al principio de igualdad de las partes en el proceso contencioso-administrativo a la luz de la jurisprudencia constitucional y efectuar un breve apunte sobre la situación de desigualdad de las partes en la fase previa al litigio judicial, se entra de lleno en el examen del principio de igualdad o igualdad de armas en el proceso contencioso-administrativo, con especial atención a los privilegios o especialidades procesales de que disponen las administraciones públicas. Asimismo, se analizan algunas asimetrías en la posición de las partes en los recursos de apelación y casación contencioso-administrativos que llevan a una posición de ventaja de las administraciones públicas frente a los particulares. Tampoco se deja de lado el resultado de los recursos planteados frente a las administraciones públicas en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo, con el fin de detectar qué parte obtiene habitualmente resultados más favorables y dilucidar si existe o no un cierto sesgo pro administración. Finalmente, a la luz de todos los elementos anteriores, realizamos una serie de conclusiones que pretenden ilustrar acerca de si realmente existe o no la igualdad de armas en el proceso contencioso-administrativo.

I. INTRODUCCIÓN. II. EL PRINCIPIO DE IGUALDAD DE LAS PARTES EN EL PROCESO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO: APROXIMACIÓN GENERAL. 1. El principio de igualdad de armas como parte integrante del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva en la jurisprudencia constitucional. 2. Las especialidades procesales y sus límites en la jurisprudencia constitucional. La posible existencia de privilegios procesales de las administraciones públicas III. La desigualdad de las partes en la fase previa al proceso contencioso-administrativo. IV. ¿Igualdad de armas en el proceso contencioso-administrativo? Algunos privilegios procesales de las administraciones públicas. 1. Especialidades procesales en la defensa de los entes públicos. 2. La posición de privilegio de las administraciones públicas a lo largo del proceso contencioso-administrativo: algunos ejemplos. 2.1. La ventaja procesal de no actuar en primer lugar y de cerrar el debate procesal. 2.2. La posibilidad de demora en la entrega del expediente administrativo y de que el demandante formalice la demanda sin él. 2.3. El trámite de alegaciones previas. 2.4. El conocimiento anticipado de la prueba del demandante. 2.5. La ejecutividad del acto o disposición objeto de recurso y la exención para la administración de prestación de caución en la adopción de medidas cautelares. 2.6. La posición privilegiada de la administración en la ejecución de sentencias. 2.7. La posibilidad de ejecución de las costas por la vía de apremio. V. Asimetrías en la posición de las partes en los recursos de apelación y casación: la posición de ventaja de las administraciones públicas. 1. Las ventajas en el recurso de apelación: mayores y mejores posibilidades de utilización de este recurso para la administración. 2. Las ventajas en el recurso de casación: el quasi monopolio de la administración en la casación frente a sentencias de los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo. VI. EL BAJO PORCENTAJE DE SENTENCIAS ESTIMATORIAS DE LAS PRETENSIONES DE LOS ADMINISTRADOS: ¿SESGO PRO ADMINISTRACIÓN? VII. CONSIDERACIONES FINALES. VIII. BIBLIOGRAFÍA.

Palabras clave: tutela judicial efectiva; igualdad de armas; privilegios procesales; proceso contencioso-administrativo; recursos.;

The focus of this work is an analysis of the principle of equality of parties as it applies to administrative court proceedings. The specific aims are to determine whether in administrative cases the parties (government agencies and private entities or individuals) have the same opportunities to defend their claims, and to address the question of whether equality of arms is an actuality or a mere desideratum. With these aims in mind, a general summary of the principle of equality of parties in administrative court proceedings is first presented in view of existing constitutional case law, followed by a brief section on the situation of the inequality of parties during the pretrial phase. A more indepth examination of the principle of equality or equality of arms during administrative court proceedings is then presented, with special attention given to the privileges or special procedures made available to government entities. Some of the asymmetries that exist in relation to the positions of the parties during ordinary appeals and cassation appeals in the administrative courts, in which government entities are given a position of advantage over private entities and individuals are then analysed. The results of appeals pursued against government entities via the administrative courts are also examined to establish which party typically achieves more favourable results and to determine the possible existence of progovernment bias. Finally, based on all the factors explored, a series of conclusions are presented regarding whether or not equality of arms actually exists in administrative court proceedings.

I. INTRODUCTION. II. THE PRINCIPLE OF EQUALITY OF PARTIES IN ADMINISTRATIVE COURT PROCEEDINGS: GENERAL SUMMARY. 1. The principle of equality of arms as an integral part of the fundamental right to effective judicial protection, as expressed in constitutional case law. 2. Special procedures and their limits in constitutional case law. The possible existence of procedural privileges for government entities. III. INEQUALITY OF PARTIES DURING THE PRELIMINARY PHASE OF ADMINISTRATIVE COURT PROCEEDINGS. IV. IS THERE EQUALITY OF ARMS IN ADMINISTRATIVE COURT PROCEEDINGS? SOME PROCEDURAL PRIVILEGES FOR GOVERNMENT ENTITIES. 1. Special procedures for the defence of public authorities. 2. The privileged position of government entities throughout the course of administrative court proceedings: some examples. 2.1. The procedural advantage of not acting in the first place and closing the procedural debate. 2.2. The possibility for delayed delivery of the administrative case file and for the claimant’s formalising the claim without having received it. 2.3. The procedure for preliminary arguments. 2.4. Early consideration of the claimant’s evidence. 2.5. Enforceability of the act or resolution under appeal and waiver of the required deposit for government entities. 2.6. The privileged position of government entities in the enforcement of judgments. 2.7. The possibility of a court order to enforce payment of costs. V. ASYMMETRIES IN THE POSITIONS OF PARTIES DURING ORDINARY AND CASSATION APPEALS: THE ADVANTAGED POSITION OF GOVERNMENT ENTITIES. 1. Advantages in ordinary appeals: enhanced possibilities for government entities to make use of this appeal. 2. Advantages in cassation appeals: the quasi-monopoly of government entities in lodging these appeals against judgments of the Administrative Courts. VI. THE LOWER PERCENTAGE OF JUDGMENTS IN FAVOUR OF PRIVATE ENTITIES AND INDIVIDUALS: PROGOVERNMENT BIAS? VII. CONCLUSIONS. VIII. REFERENCES.

Keywords: effective judicial protection; equality of arms; procedural privileges; administrative court proceedings; appeals.;

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