En una sociedad cada vez más intercultural, la dimensión prestacional del derecho de libertad religiosa es el fundamento que avala la posible atención a las peticiones familiares de adaptaciones específicas en los menús escolares por razones religiosas. Y es que la adecuación de la alimentación a las convicciones religiosas, que forma parte del contenido esencial de un derecho fundamental, puede ser una montaña de imposible escala para las familias que utilizan los comedores escolares, donde la ausencia de una normativa común, la, a veces, excusa de dificultades de organización y funcionamiento del servicio y la insensibilidad de los tribunales, dan al traste con la posibilidad de ejercicio de un derecho que los poderes públicos se han comprometido constitucionalmente a garantizar de forma efectiva. Cualquier solución al respecto exige tener en cuenta y sopesar el interés superior del menor, cuya valoración es un derecho del niño pero también un criterio de inexcusable aplicación por cualquier órgano o institución que deba relacionarse con él.
I. Consideraciones previas. II. Las previsiones normativas sobre alimentación religiosa. 1. El valor normativo de las disposiciones acordadas. 2. Su alcance. III. Los menús religiosos en los comedores escolares. 1. El medio social intercultural como presupuesto. 2. La vocación prestacional de la libertad religiosa como fundamento. 3. El interés superior del menor como exigencia. 4. Viabilidad. IV. Consideraciones finales. V. Bibliografía citada.
In an increasingly intercultural society, the benefit dimension of the right to religious freedom is the foundation that supports possible attention to family requests for specific adaptations in school menus for religious reasons. And is that the adequacy of food to religious convictions, which is part of the essential content of a fundamental right, can be a mountain of impossible scale for families using school canteens, where the absence of a common regulation, the sometimes excuse of difficulties in the organization and operation of the service and the insensitivity of the courts put an end to the possibility of exercising a right which the public authorities have undertaken to guarantee effectively. Any solution in this regard requires taking into account and weighing the best interests of the child, whose assessment is a right of the child but also a criterion of inexcusable application by any body or institution that must relate to it.
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