Las claves jurídicas de la intervención administrativa en el sector industrial (II): la normativa Española en materia industrial. (RI §417472)
The legal keys of administrative intervention in the industrial sector (II): spanish regulation for industry - Vicente Álvarez García
La intervención administrativa en el sector industrial viene hoy en día justificada no sólo por su gran importancia económica (y es que constituye en torno a la tercera parte de la economía española y europea), sino también, y de manera determinante, por la relación que la industria tiene con determinados bienes de interés general cuya protección viene encomendada a los poderes públicos, tales como la seguridad, la salud pública o la protección del medio ambiente y de los consumidores.
En este contexto, este trabajo aborda de manera específica el análisis de la normativa industrial española, y fundamentalmente de la legislación estatal reguladora de esta materia.
I. INTRODUCCIÓN. II. LA REGULACIÓN ESTATAL DEL ÁMBITO INDUSTRIAL Y LA LEGISLACIÓN AUTONÓMICA. 1. La normativa industrial estatal. 2. La legislación industrial autonómica. III. EL OBJETO Y EL ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LA LEY 21/1992, DE 16 DE JULIO, DE INDUSTRIA. IV. LAS MEDIDAS DE FOMENTO DE LA ACTIVIDAD Y DE LA COMPETITIVIDAD INDUSTRIAL. V. LA SEGURIDAD Y LA CALIDAD INDUSTRIAL. 1. Planteamiento general: la normativa española sobre seguridad y calidad industrial y su filosofía. 2. Los conceptos de seguridad y de calidad industrial. 3. Introducción a las técnicas de protección de la seguridad y de la calidad industrial: la normalización, la certificación y la acreditación. 4. La infraestructura para la calidad y la seguridad industrial. Los organismos de control en particular. 5. El Consejo de Coordinación de la Seguridad Industrial. VI. EL REGISTRO INTEGRADO INDUSTRIAL.
Nowadays, administrative intervention in the industrial sector is justified not only on its great economic relevance (which amounts to a third of the Spanish and European economy) but also, in a decisive way, due to the relationship that the industry has with certain sectors of general interest whose protection is entrusted to the public authorities, such as security, public health or environmental and consumer protection.