La crisis económica por la que está atravesando España ha afectado duramente al mercado hipotecario, provocando un fuerte incremento en las ejecuciones hipotecarias con motivo de la difícil situación financiera que atraviesan las personas que contrataron préstamos con dicha garantía. Esta realidad ha motivado la aprobación de diversas reformas legislativas en la materia, entre las que cabe destacar las implementadas por la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, restructuración de la deuda y alquiler social. En este trabajo se analizan las mejoras en la ejecución hipotecaria contempladas en el tercer capítulo de la citada Ley, en el que se recogen las diversas modificaciones efectuadas en la Ley Enjuiciamiento Civil con el fin de garantizar que la ejecución hipotecaria se realice con especial protección de los derechos e intereses del deudor y, con carácter general, poder flexibilizar el procedimiento de ejecución.
The economic crisis that Spain is going through has hit the mortgage market, causing a sharp increase in mortgage enforcement proceedings (foreclosure) because of the difficult financial situation that people who contracted loans with such collateral is facing. This reality has led to the adoption of various legislative reforms in this area, including most notably those implemented by Law 1/2013, of 14 May, of measures to strengthen the protection to mortgage debtors, debt restructuring and rental social. In this work we will analyze improvements in mortgage enforcement proceedings referred to in the third chapter of the aforementioned Law, chapter which includes various amendments to the Civil Procedure Act in order to ensure that these kind of enforcement proceedings are implemented with special protection of the rights and interests of the debtor and, in general, in order to make enforcement proceedings more flexible.
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