Por primera vez, una reforma laboral afecta de manera tan explícita al sector público como la efectuada en 2012. Múltiples normas adoptadas por el Gobierno y/o tramitadas en el Parlamento han impuesto una restricción en derechos laborales de los empleados públicos establecidos legal o convencionalmente. La necesidad de reducir el déficit público se consigna como la justificación de estas medidas pero la existencia, eficacia y eficiencia de los servicios públicos que han de garantizar las Administraciones Públicas están en riesgo.
I. Contexto en el que se enmarca la reforma: una estructura compleja de empresas o entidades públicas sustitutorias o adicionales a la Administración Pública. II. La reforma laboral destinada al empleo público: contención del déficit público y reducción de plantillas. III. Principales efectos de la reforma laboral en el sector público: las dificultades de medir la rentabilidad económica de la función pública. IV. Reflexión final: estabilidad presupuestaria versus interés general.
For the first time, a labor reform affects so explicity as the opereated public employment in 2012. Multiple standards adopted by Government and transacted in Parliament have imposed a restriction of the labour rights of public employees. The need to reduce the deficit is recorded as the justification of these measures but the existence, effectiveness and efficiency of the public services are in danger.
I. Context of the reform: a complex structure of companies or entities publics alternatives or additional of Public Administration.- II. The labor reform aimed at public employment: containment of the deficit and downsizing.- III. Main effects of labor reform in the public sector: the difficulties of measuring the economic profitability of the public function.- IV. Conclusion: budgetary stability versus public interest.
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