Para abordar el estudio de los trabajos públicos cuyo desempeño era cedido por las instituciones públicas a través de subastas a determinados grupos de particulares, resulta ineludible referirnos a las entidades privadas que con mayor frecuencia emprendían este tipo de labores. Así es, sobre todo en periodo republicano eran las Sociedades de Publicanos aquellas agrupaciones, encargadas a través de su representante, de acudir a las subastas públicas en las cuales era posible acordar la contrata de un trabajo público, entre los órganos públicos y los particulares que estuviesen dispuestos a asumir en previa licitación, el desempeño de los trabajos públicos.
Ante la necesidad acuciante sentida por el Estado de dotar a la sociedad de la época de determinados servicios e infraestructuras públicas, podía optarse entre dos soluciones; en primer lugar, crear órganos y trabajadores públicos que desempeñasen las labores públicas que las pequeñas y grandes ciudades comenzaban a demandar, con el consiguiente gasto público y la inversión pública necesaria en la organización de servicios que se requiriesen.
En segundo lugar, el Estado podía aprovechar las infraestructuras generadas por los particulares para servir a las necesidades sociales sin la obligación de invertir en la formación de trabajadores públicos y sin coste económico alguno. Paralelamente, los órganos públicos ingresarían por adelantado y sin grandes esfuerzos económicos o personales determinadas partidas económicas a cambio de que ciertas entidades privadas desempeñasen este tipo de labores. Además, ulteriormente, el desembolso económico final recaería sobre los ciudadanos que tendrían que pagar la dotación de estos servicios públicos si pretendían acceder a su aprovechamiento.
A cambio de todas estas ventajosas condiciones, los poderes públicos solamente tendrían que, inicialmente, encargarse de la organización y publicación de las condiciones de las licitaciones y de las subastas de servicios públicos y, con posterioridad, tendrían que ejercer ciertas funciones de control.
When addressing the study of public works, which public institutions outsourced to individual contractors at public auctions, we must refer to private sector companies, which often used to undertake this type of tasks. This is how, especially during the Republican Period, it was the association of government leaseholders or societas publicanorum which acted through its representative at public auctions, where a public works contract was arranged between the public institutions and the individuals who were willing to undertake the public work after bidding on the contract.
Faced with the pressing need for providing the society of the time with public services and infrastructure, the Roman state turned to two alternatives. Firstly, to create public bodies and rely on public employees which would carry out the public tasks that small and big cities started to increasingly require, being the public bodies responsible for the associated costs and public investment needed for organizing the services that were required. Secondly, exploit the infrastructure already created by the individual contractors to cater for social needs, without having to bear the cost and invest in public employees’ training. The public bodies would, on the other hand, receive in advance, without having to make any economic or personal effort, the economic resources and the provision of such services by the private sector companies. Furthermore, the expenditure eventually fell on citizens, who had to pay for the provision of the aforementioned public services if they wanted to make use of them. The public government would, in exchange of such advantageous conditions, have only to deal with the organization and publication of the tender and its terms, and carry out subsequent management of monitoring activities.
DIRECTOR
