El artículo trata de discutir uno de los puntos del anteproyecto de reforma del Código penal brasileño, especificamente la disposición legal que pretende deliberada y expresamente excluir la responsabilidad penal de personas jurídicas. La discusión aborda tan sólo la cuestión político criminal implicada en la decisión, apontando y criticando las razones ofertadas por la comisión para su elección de criminalización primaria.
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