Las asociaciones de consumidores se configuran como una modalidad específica de asociación. Dentro del marco orgánico fijado por la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del derecho de asociación, tanto el Estado como las Comunidades Autónomas, pueden normar por ley ordinaria, dentro de sus respectivas competencias, diversos aspectos de su régimen jurídico. Así lo hizo la Ley 44/2006, de 29 de diciembre, de Mejora de la Protección de los Consumidores y Usuarios, que estableció un régimen jurídico básico de aplicación a todas las asociaciones de consumidores, en desarrollo de las competencias recogidas en los artículos 149.1.1º y 149.1.6º de la Constitución. La determinación y estudio de este régimen básico, que en algún extremo plantea dudas de constitucionalidad, constituyen el objeto fundamental de este trabajo.
I. INTRODUCCIÓN. II. EL PAPEL DEL ESTADO EN LA REGULACIÓN DE LAS ASOCIACIONES DE CONSUMIDORES. III. aspectos básicos del régimen regulador de las asociaciones de consumidores DERIVADOS DEL ARTÍCULO 149.1.1º DE LA CE: 1. Concepto legal de asociación de consumidores. Problemática derivada de su forma de constitución. 2. El deber de independencia. 3. El uso exclusivo de la denominación “asociaciones de consumidores y usuarios”. 4. La pérdida de la condición de asociación de consumidores y usuarios. Dudas sobre su constitucionalidad. IV. aspectos básicos del régimen regulador de las asociaciones de consumidores DERIVADOS DEL ARTÍCULO 149.1.6º DE LA CE: 1 La tutela judicial de los derechos de los consumidores hasta la Ley de Enjuiciamiento Civil de 2000. 2 Las novedades introducidas por la Ley de Enjuiciamiento Civil de 2000. 3 El derecho de representación en el TRLGDCU. V. CONCLUSION. VI. BIBLIOGRAFÍA.
Consumers' associations constitute a specific form of association. Within the organic framework of the Organic Law 1/2002, 22 March, which regulates the right of association, both the State and the self-governing communities may rule by means of statutory law and within their competences, several aspects of their legal system. An example of this is the Improvement of Consumer and User Protection Act (44/2006, 29 December), which established a basic legal basis applicable to all consumers’ associations, according to the powers vested by articles 149.1.1º and 149.1.6º of the Spanish Constitution. The main aim of the present paper is to determine and study this basic system, which to some extent may raise doubts about constitutionality.
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