Tras la reforma constitucional aprobada en julio de 2008, el parlamento lentamente ha comenzado a aprobar algunas leyes que la desarrollan, en particular aquellas que precisamente afectan a la organización de las Cámaras, habiendo procedido también a modificar sus Reglamentos. Estos cambios intentan conseguir un mejor funcionamiento de las Cámaras, potenciar la participación de los ‘grupos de oposición’ y de los ‘grupos minoritarios’ y ejercer un mayor control sobre el gobierno, en especial en el ámbito de los asuntos relacionados con la Unión Europea.
Junto a ello, tanto el Consejo Constitucional, como el Consejo de Estado han efectuado la defensa de diferentes derechos, en materias tan cercanas al ciudadano como el uso de Internet.
Por último, es necesaria la referencia a una serie de significativas sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, algunas de ellas con un marcado interés general.