En marzo de 2008 se celebraron elecciones nacionales y autonómicas en Andalucía y se cumplió un año desde la entrada en vigor del nuevo Estatuto de Autonomía para Andalucía. Podría haber sido, por tanto, un buen año para iniciar de manera sustancial el desarrollo del nuevo Estatuto, poner en marcha los nuevos proyectos prometidos durante la contienda electoral y utilizar los nuevos mecanismos de acción política previstos en la Ley Orgánica 2/2007. Sin embargo, a la vista de lo sucedido en estos doce meses, las escasas transferencias recibidas, la nula actividad legislativa y la fuerte incidencia en esta tierra de la crisis económica mundial, no podemos decir que el año haya servido para aprovechar las oportunidades que brinda cualquier renovación de la legitimación ciudadana en las urnas, ni que se haya introducido innovación alguna en la manera de gobernar Andalucía, salvo la de hacerlo por Decreto-Ley.