Los últimos años han visto una considerable actividad de despliegue de infraestructuras de telecomunicaciones de alta capacidad. Frecuentemente, la construcción de estas infraestructuras ha gozado de financiación pública, en línea con los beneficios que las autoridades perciben en la generalización de los servicios de banda ancha. El estudio adjunto realiza una consideración sobre la legalidad de la financiación pública destinada al despliegue de banda ancha. Porque, si bien la financiación pública se encuentra justificada cuando hay fallos de mercado (por ejemplo, cuando el despliegue es en zonas remotas o rurales), en otras ocasiones la intervención pública puede interferir en el normal desarrollo del mercado de forma contraria a las reglas del Tratado CE. En todo caso, en la medida en que las ayudas al despliegue de redes de banda ancha no se encuentren expresamente autorizadas por las autoridades de competencia, o incluidas en un sistema de ayudas, dichas ayudas no pueden ponerse en práctica.
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