Las solicitudes de los interesados ante las potestades administrativas de revisión ejercitables de oficio, en particular, ante la declaración de lesividad y la revocación. (RI §428352)
The applications of the interested parties before the administrative review powers exercisable ex officio, in particular, before the declaration of unlawfulness and revocation -
Isabel María de los Mozos y Touya
Este trabajo trata de fundamentar la procedencia de solicitudes de los interesados, para pedir a la Administración la declaración de lesividad o la revocación de actos administrativos que les perjudiquen, y poder obtener la decisión pertinente en cada caso. Partiendo del contexto general de la autotutela de la Administración pública para la revisión de su propia actuación jurídica, se sitúan tales solicitudes en ese contexto como cauces adjetivos adicionales de protección de los derechos o intereses legítimos correspondientes, implícitos en la legislación general. Y todo ello permite distinguir estas solicitudes, en particular, de aquellas otras que se formulen en el ejercicio del derecho de petición del art.29 CE.
I. Introducción. II. Alcance de la potestad revisora de la Administración pública a propia iniciativa, de oficio, sobre la validez y/o la eficacia de sus propios actos jurídicos. 1. Antecedentes y evolución de la potestad revisora de actos y normas. 2. Supuestos legales de la potestad revisora, su naturaleza y sus límites. III. Alcance de las solicitudes de los particulares para pedir la declaración de lesividad de actos firmes, favorables y anulables, así como para pedir la revocación de actos desfavorables y, excepcionalmente, favorables. 1. Efectos y naturaleza jurídica de ambas solicitudes en la legislación vigente. 2. Su distinción con respecto a las solicitudes por las que se ejerce el derecho de petición del art.29 de la Constitución. IV. Conclusiones.
This work attempts to substantiate the validity of applications by interested parties to ask the Administration to declare the administrative acts that are detrimental to them to be unlawful or to revoke them, and to be able to obtain the relevant decision in each case. Starting from the general context of the self-protection of the public administration for the review of its own legal actions, such applications are placed in this context as additional adjective channels for the protection of the corresponding rights or legitimate interests, implicit in the general legislation. And all of this makes it possible to distinguish these requests, in particular, from those formulated in the exercise of the right to petition under Article 29 EC.