Si es indiscutido que la gestión de los fondos públicos constituye uno de los pilares de la rendición de cuentas, con mayor razón en el caso de la actividad subvencional que supone la transferencia de fondos públicos al sector privado sin contraprestación directa de los beneficiarios. Con la finalidad de impulsar la transparencia de esta actividad, la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, ordena a las entidades privadas que perciban ayudas o subvenciones públicas a partir de determinados umbrales a cumplir las obligaciones de publicidad activa. En este trabajo se analizan las múltiples deficiencias de la Ley para su efectividad.
1. Introducción. 2. La delimitación de las entidades privadas perceptoras de fondos públicos. 2.1. Delimitación formal: entidades privadas. 2.2. Delimitación de la noción de ayudas y subvenciones públicas. 2.3. Umbrales cuantitativos de las ayudas y subvenciones públicas. 3. Alcance de la sujeción a la ley de transparencia. 3.1. La no sujeción al derecho de acceso a la información pública. 3.2. Sujeción a las obligaciones de publicidad activa. 3.3. Aspectos temporales de la sujeción. 3.4. Modo de cumplimiento. 3.5. Obligación de suministro de información. 3.6. Conexión entre la actividad subvencional y las obligaciones de transparencia. 4. Control y régimen sancionador. 4.1. Control. 4.1.1. Determinaciones LTAIBG. 4.1.2. Panorama autonómico. 4.2. Régimen sancionador. 4.2.1. Determinaciones LTAIBG. 4.2.2. Panorama autonómico. 5. Dimensión cuantitativa y evaluación de cumplimiento. 5.1. La dimensión cuantitativa. 5.2. La evaluación del cumplimiento. 6. Conclusiones y propuestas. 7. Excurso final sobre la transparencia de la actividad subvencional. 8. Bibliografía.
If it is undisputed that the management of public funds is one of the pillars of accountability, this is even more so in the case of subsidy activity, which involves the transfer of public funds to the private sector without direct consideration from the beneficiaries. In order to guarantee the transparency of this activity, Law 19/2013, of 9 December, on transparency, access to public information and good governance, orders private entities that receive public aid or subsidies above certain thresholds to comply with active disclosure obligations. This paper analyses the many shortcomings of the Law in terms of its effectiveness.
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