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LA CLÁUSULA CUIUSVE ID DOLO MALO FACTUM ERIT
REFLEXIONES SOBRE LA POLÍTICA CRIMINAL SILANA
Por
JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ ROMANILLOS
Profesor Titular de Derecho romano
Universidad Complutense de Madrid
e-Legal History Review 36 (2022)
RESUMEN: En el presente trabajo se realiza un estudio de la cláusula cuiusve id dolo malo factum erit, que tenía como objetivo extender la responsabilidad penal a todos aquellos que de alguna forma hubieran participado en el hecho delictivo. En este sentido, no solo se analizan el origen y el desarrollo posterior de esta formulación legal, sino también su aplicación forense.
PALABRAS CLAVE: Sila, Responsabilidad penal, Dolo malo.
THE CLAUSE CUIUSVE ID DOLO MALO FACTUM ERIT
REFLEXION ON THE SULLA´S CRIMINAL POLICY
ABSTRACT: This study is focused on the clause cuiusve id dolo malo factum erit, which aimed to extend the criminal responsibility to all the individuals who have, in any way, taken part in the criminal offense. This it is not only an analysis of the origin and evolution of this legal formulation, but also an analysis of its forensic enforcement.
KEYWORDS: Sulla, Criminal responsibility, Dolo malo.
Recibido: 09/2/2022
Aceptado: 10/05/2022
La relevancia de la obra legislativa de Lucio Cornelio Sila en el panorama constitucional romano es indiscutible. En efecto, la llegada al poder de L. Cornelio Sila en el año 82 a. C. representó un momento crucial en la historia jurídico-procesal romana(1). Las reformas que realizó el dictador afectaron prácticamente a todas las instituciones públicas y marcaron decisivamente el desarrollo posterior de las mismas. Así, cabe citar, entre las reformas que se produjeron en este período, y sin ánimo exhaustivo, las que se realizaron en ámbitos como el tribunado de la plebe, la composición y reclutamiento del Senado, la administración provincial, el cursus honorum, el número de magistraturas, los colegios sacerdotales y el contenido del imperium.
Sila, y ya entramos en el terreno que nos interesa, también introdujo modificaciones importantes en el organigrama judicial penal romano. En este sentido, el dictador no solo reorganizó las quaestiones perpetuae ya existentes, sino que dentro de su obra legislativa se incluía también la creación de otros tribunales permanentes para el conocimiento de distintos crimina que, hasta ese momento, habían sido competencia de los iudicia populi. El número de quaestiones perpetuae reguladas por Sila no es posible, sin embargo, conocerlo con seguridad por la imprecisión de las fuentes. No obstante, puede afirmarse que la doctrina coincide mayoritariamente en afirmar la existencia de seis, a saber: quaestio perpetua de repetundis (delito de extorsión magistratual), de ambitu (delito de corrupción electoral), de falsis (delito de falso testamento y numerario), de maiestate (delito de lesa majestad), de peculatu (delito de malversación de dinero público) y de sicariis et veneficis (homicidio y otros delitos similares)(2). En cualquier caso, está fuera de toda discusión que esta reestructuración judicial provocó, como es lógico, la decadencia definitiva del procedimiento comicial(3).
En esta ocasión, nos centraremos en una de las reformas del dictador que tuvo una influencia transcendental en la concepción romana de la responsabilidad criminal.
En efecto, las fuentes muestran cómo en Roma, aunque no se desarrollara una teoría general de la autoría y participación delictiva, no solo se pune la ejecución material directa, sino que la represión penal se extiende a otras formas de intervención criminal(4).
En este ámbito, la obra legislativa de Sila es fundamental, pues el dictador decide incluir en varias de sus leges una cláusula final que pretende ampliar la responsabilidad penal de una manera genérica a aquellas personas que a causa de su dolo malo se hubiera cometido el delito.
Coll. 1. 3. 1, Ulpianus Libro VII de officio proconsulis sub titulo de sicariis et veneficis: Capite primo legis Corneliae de sicariis cavetur, ut is praetor iudexve quaestionis, cui sorte obvenerit quaestio de sicariis eius quod in urbe Roma propiusve mille passus factum sit, uti quaerat cum iudicibus, qui ei ex lege sorte obvenerint de capite eius, qui cum telo ambulaverit hominis necandi furtive faciendi causa, hominemve occiderit, cuiusve id dolo malo factum erit.
CI. 9. 16. 6 (7), Imperatores Diocletianus et Maximianus AA. et CC. Philisco: Is, qui cum telo ambulaverit hominis necandi causa, sicut is, qui hominem occiderit vel cuius dolo malo factum erit commissum, legis Corneliae de sicariis poena coercetur.
D. 48. 8. 1. pr, Marcianus libro quarto decimo institutionum. Lege Cornelia de sicariis et veneficis tenetur, qui hominem occiderit: cuiusve dolo malo incendium factum erit: quive hominis occidendi furtive faciendi causa cum telo ambulaverit: quive, cum magistratus esset publicove iudicio praeesset, operam dedisset, quo quis falsum indicium profiteretur, ut quis innocens conveniretur condemnaretur(5).
D. 48. 10. 2, Paulus libro tertio ad Sabinum. Qui testamentum amoverit celaverit eripuerit deleverit interleverit subiecerit resignaverit quive testamentum falsum scripserit signaverit recitaverit dolo malo cuiusve dolo malo id factum erit, legis Corneliae poena damnatur(6).
En efecto, puede observarse que la técnica legislativa de Sila en estos casos consistía en definir el tipo delictivo principal y añadir después una cláusula final (cuiusve id dolo malo factum erit) que tenía como objetivo extender la responsabilidad penal a todos aquellos que de alguna forma hubieran participado en el hecho delictivo.
En los tres primeros pasajes, las referencias a la cláusula cuiusve id dolo malo factum erit se realizan en el contexto de unos comentarios a la lex Cornelia de sicariis et veneficis. Hay que tener presente que la aprobación de esta norma se realiza en un ambiente histórico-político muy especial, lo que podría explicar que el legislador decidiera incluir en la previsión normativa una cláusula tan genérica. En efecto, es de sobra conocido que la norma silana fue, como acertadamente afirmaba Mommsen, <<ein Gelegenheitsgesetzt>>(7), aprobada por el dictador después de la guerra civil para restaurar el orden y la seguridad pública. De esta forma, el principal interés de Sila residía en controlar la actividad de los sicarii, pues en esta época eran un instrumento fundamental en la lucha política cotidiana. Esto lo sabía perfectamente el dictador, pues él mismo, para acceder y mantenerse en el poder, se había apoyado en estas organizaciones criminales de forma muy eficiente. Hasta tal punto era así, que el objetivo prioritario de la lex Cornelia de sicariis et veneficis fue la represión de esta forma de criminalidad organizada, y solo secundariamente se pretendió la persecución del homicidio común(8). En este orden de cosas, por tanto, tiene especial interés la cláusula cuiusve id dolo malo factum erit, que se añade al final de la norma. En efecto, la inclusión de esta cláusula final tenía como finalidad principal la persecución de los instigadores y mandantes del delito de homicidio(9), aunque la generalidad de la norma permitía reprimir cualquier forma de colaboración delictiva. Esta concepción normativa es muy significativa, pues la actividad de los sicarii, profesionales del crimen, tenía lugar normalmente si una tercera persona les mandaba cometer el delito. De esta manera, la lex Cornelia tendría como objetivo perseguir también a los hombres que, estando en la sombra, habían ordenado el homicidium y que, en el fondo, eran los responsables del clima de terror instaurado en la República, pues eran una pieza vital en el engranaje de las organizaciones criminales.
En este sentido, las fuentes literarias ofrecen referencias donde se denomina sicarius también al instigador del delito:
Cic., Mil., 18. 47. Videte, iudices, quantae res his testimoniis sint confectae. Primum certe liberatur Milo non eo consilio profectus esse, ut insidiaretur in via Clodio: quippe, si ille obvius ei futurus omnino non erat. Deinde—non enim video cur non meum quoque agam negotium—scitis, iudices, fuisse qui in hac rogatione suadenda dicerent Milonis manu caedem esse factam, consilio vero maioris alicuius. Me videlicet latronem ac sicarium abiecti homines et perditi describebant. Iacent suis testibus [ei] qui Clodium negant eo die Romam, nisi de Cyro audisset, fuisse rediturum. Respiravi, liberatus sum; non vereor ne, quod ne suspicari quidem potuerim, videar id cogitasse.
Cic., Rosc. Am., 36. 103. Cum de bonis et de caede agatur, testimonium dicturus est is qui et sector est et sicarius, hoc est qui et illorum ipsorum bonorum de quibus agitur emptor atque possessor est et eum hominem occidendum curavit de cuius morte quaeritur.
Por otra parte, esta técnica legislativa también se utiliza, como hemos visto(10), en el ámbito del crimen falsi(11), lo que podría indicar que la cláusula cuiusve id dolo malo factum erit era un elemento recurrente en la legislación silana, pues la norma de referencia en la regulación del mencionado delito era la lex Cornelia de falsis.
La cláusula cuiusve id dolo malo factum erit se encuentra también en otras leyes republicanas, como la lex Pompeia de parricidiis.
D. 48. 9. 1, Marcianus libro quarto decimo institutionum. Lege Pompeia de parricidiis cavetur, ut, si quis patrem matrem, avum aviam, fratrem sororem patruelem matruelem, patruum avunculum amitam, consobrinum consobrinam, uxorem virum generum socrum, vitricum, privignum privignam, patronum patronam occiderit cuiusve dolo malo id factum erit, ut poena ea teneatur quae est legis Corneliae de sicariis.
En este caso, parece lógico pensar, dada la relación entre el crimen parricidii y el homicidium, que la lex Pompeia tuvo a la propia lex Cornelia de sicariis et veneficis como norma de referencia, y que se decidiera mantener la cláusula general que extendía la responsabilidad penal a los cooperadores delictivos. En efecto, la inclusión del parricidio en el ámbito represivo original de la lex Cornelia es indiscutible, pues el proceso contra Sexto Roscio Amerino se desarrolla ante la quaestio de sicariis et veneficis(12). No obstante, y a causa de la particular gravedad del ilícito, muy pronto se decidió la aprobación de una norma que regulara específicamente este delito; así, en el año 55 (o 52) a. C. Gneo Pompeyo Magno hace aprobar la lex Pompeia de parricidiis(13), lo que dota de autonomía formal a este crimen(14). De esta manera, y aunque en el ámbito represivo del parricidio no tenía tanto sentido la existencia de una cláusula de este tipo, puede ser que se mantuviera esta previsión normativa simplemente por inercia legislativa.
En este sentido, en el supuesto que nos ocupa, y puesto que se exigía una relación familiar entre el autor principal del delito y la víctima, se hizo imprescindible especificar que en caso de cooperación delictiva no era necesario que concurriera esta circunstancia y que se aplicaría la pena prevista para los parricidas también a los extraños:
Inst., 4. 18. 6. Alia deinde lex asperrimum crimen nova poena persequitur, quae Pompeia de parricidiis vocatur. Qua cavetur, ut, si quis parentis aut filii, aut omino adfectionis eius quae nuncupatione parricidii continetur, fata properaverit, sive clam sive palam id ausus fuerit, nec non is cuius dolo malo id factum est, vel conscius criminis existit, licet extraneus sit, poena parricidii puniatur….
Otro de los crimina donde se utilizó esta cláusula fue el crimen maiestatis:
D. 48. 4. 4. pr. Scaevola libro quarto regularum. Cuiusque dolo malo iureiurando quis adactus est, quo adversus rem publicam faciat: cuiusve dolo malo exercitus populi Romani in insidias deductus hostibusve proditus erit: factumve dolo malo cuius dicitur, quo minus hostes in potestatem populi Romani veniant: cuiusve opera dolo malo hostes populi Romani commeatu armis telis equis pecunia aliave qua re adiuti erunt: utve ex amicis hostes populi Romani fiant: cuiusve dolo malo factum erit, quo rex exterae nationis populo Romano minus obtemperet: cuiusve opera dolo malo factum erit, quo magis obsides pecunia iumenta hostibus populi Romani dentur adversus rem publicam. Item qui confessum in iudicio reum et propter hoc in vincula coniectum emiserit.
En este supuesto, la cláusula se usa de forma intensiva, lo que queda confirmado por otros textos recogidos en el propio título cuarto relativo a la lex Iulia de maiestate(15).
La inclusión de esta fórmula legislativa en la regulación de un crimen como el de lesa majestad es, por otra parte, totalmente lógico, pues es un delito que desde sus orígenes pretende comprender cualquier conducta que implicara un atentado contra la maiestas populi romani. De esta manera, y puesto que el tipo delictivo había sido concebido desde el principio de una forma muy genérica, la aplicación de la norma era extremadamente flexible(16).
En efecto, es de sobra conocido que la indefinición del delito de lesa majestad provocaba que la quaestio de maiestate fuera competente para conocer de todos aquellos comportamientos que eran susceptibles de maiestatem populi Romani minuere. Este criterio, que no fue definido por ninguna ley, era el que determinaba en última instancia si se había cometido o no el delito de lesa majestad(17). Esta indeterminación premeditada concedía, por tanto, un amplio margen de actuación al jurado de la quaestio, y unas posibilidades de acusación casi infinitas(18).
La identificación de la lex Iulia de maiestate es, no obstante, una cuestión discutida, pues se puede atribuir su autoría tanto a Julio César como a Augusto(19). Esta controversia, sin embargo, no tiene excesiva relevancia en estos momentos, pues lo que sí creo que es innegable es que la ley Julia compendió toda una serie de conductas ya previstas en leyes anteriores, como la lex Appuleia, la lex Varia y, especialmente, la lex Cornelia de maiestate(20).
De esta forma, es más que probable que fuera Sila el que incluyera, en armonía con la lex Cornelia de sicariis et veneficis y la lex Cornelia de falsis, la cláusula que extendía la responsabilidad penal a los cooperadores delictivos, y que la lex Iulia de maiestate repitiera el mismo enunciado legislativo, lo que mostraría el éxito de la política criminal silana.
No obstante, puede observarse que la ley Julia introduce una novedad, pues añade los términos opus, ops y consilium.
D. 48. 4. 1. 1, Ulpianus, libro septimo de officio proconsulis. Maiestatis autem crimen illud est, quod adversus populum romanum vel adversus securitatem eius committitur. Quo tenetur is, cuius opera dolo malo consilium initum erit, quo obsides iniussu principis interciderent: quo armati homines cum telis lapidibusve in urbe sint conveniantve adversus rem publicam, locave occupentur vel templa, quove coetus conventusve fiat hominesve ad seditionem convocentur: cuiusve opera consilio malo consilium initum erit, quo quis magistratus populi romani quive imperium potestatemve habet occidatur…
D. 48. 4. 10, Hermogenianus libro sexto iuris epitomarum. Maiestatis crimine accusari potest, cuius ope consilio dolo malo provincia vel civitas hostibus prodita est.
En este caso, por tanto, se opta por una formulación más completa, ya que se especifica que la aplicación de la norma se amplía a toda aquella persona que mediante sus acciones, ayuda o consejos haya contribuido a provocar o facilitar la ejecución del crimen.
Hay que advertir, sin embargo, que esta nueva redacción de la cláusula(21) no cambiaba sustancialmente el contenido de la misma en la práctica, pues todos esos actos ya eran susceptibles de ser reprimidos con base en la referencia genérica al dolo malo.
En efecto, según la información que ofrece el Pro Sexto Roscio Amerino de Cicerón(22), que es la fuente más directa, y por tanto más fiable, sobre la aplicación forense de la lex Cornelia de sicariis et veneficis, con la ley de Sila podía procesarse no solo a los autores materiales del delito, sino también a otro tipo de partícipes.
De hecho, puesto que, según el orador, la acusación(23) negaba que Sexto Roscio Amerino hubiera matado a su padre con sus propias manos, la defensa propone como alternativa que el acusado hubiera utilizado como intermediarios en la ejecución del delito a hombres libres o esclavos.
Cic., Rosc. Am., 29. 79. Nunc, Eruci, ad te venio. Conveniat mihi tecum necesse est, si ad hunc maleficium istud pertinet, aut ipsum sua manu fecisse, id quod negas, aut per aliquos liberos aut servos.
En este orden de cosas, el propio Cicerón explica hasta en dos ocasiones cuál es el iter criminis en este modelo de ejecución del delito:
Cic., Rosc. Am., 27. 74. Quo modo occidit? Ipse percussit an aliis occidendum dedit? Si ipsum arguis, Romae non fuit; si per alios fecisse dicis, quaero quos? Servosne an liberos? Si liberos, quos homines? Indidemne Ameria an hosce ex urbe sicarios? Si Ameria, qui sunt ei? Cur non nominantur? Si Roma, unde eos noverat Roscius qui Romam multis annis non venit neque umquam plus triduo fuit? Ubi eos convenit? Qui conlocutus est? Quo modo persuasit? 'Pretium dedit'; cui dedit? Per quem dedit? Unde aut quantum dedit? Nonne his vestigiis ad caput malefici perveniri solet?.
Cic., Rosc. Am., 28. 76. Romae Sex. Roscius occiditur, cum in agro Amerino esset filius. Litteras, credo, misit alicui sicario qui Romae noverat neminem. Arcessivit aliquem. Quem aut quando? Nuntium misit. Quem aut adquem? Pretio, gratia, spe, promissis induxit aliquem.
En el primer pasaje, después de enumerar todos los pasos que se deben dar en una investigación de este tipo, termina por preguntarse de manera retórica si no es esa la forma de descubrir cuál es la parte más importante del hecho criminal, esto es, quién ideó y ordenó que se cometiera el delito (nonne his vestigiis ad caput malefici perveniri solet?).
No puede ponerse en tela de juicio, por tanto, que la lex Cornelia de sicariis et veneficis contemplaba casos en los que el homicidio no había sido cometido personalmente por el acusado, sino que podía también aplicarse en supuestos de mandato e instigación criminal.
Esta última circunstancia queda confirmada por la información referida en Pro Cluentio, el otro gran proceso ex lege Cornelia(24). En efecto, según relata Cicerón(25), el homicidio de Asuvio de Larino había sido ejecutado materialmente por Avilio, también natural de Larino, pero por instigación de Opiánico, con el objetivo de apoderarse de la fortuna de la víctima. Una vez consumado el delito, Avilio es detenido y confiesa no solo que efectivamente ha cometido el homicidium, sino también que lo había realizado siguiendo el plan ideado por Opiánico.
Cic., Clu., 13. 38. Qui cum unum iam et alterum diem desideraretur neque in eis locis ubi ex consuetudine quaerebatur inveniretur, et Oppianicus in foro Larinatium dictitaret nuper se et suos amicos testamentum eius obsignasse, liberti Asuvi et non nulli amici, quod eo die quo postremum Asuvius visus erat Avillium cum eo fuisse et a multis visum esse constabat, in eum invadunt et hominem ante pedes Q. Manli, qui tum erat triumvir, constituunt; atque ille continuo, nullo teste, nullo indice, recentis maleficii conscientia perterritus omnia ut a me paulo ante dicta sunt exponit, Asuviumque a sese consilio Oppianici interfectum fatetur.
El proceso consecuente(26), desarrollado ante Q. Manlio, triumvir capitalis, no llegó a concluirse, pues el delator Avilio desistió de la causa porque había sido sobornado por el reo. No obstante, a efectos de este trabajo, creo que no puede ponerse en duda la aplicación de la lex Cornelia de sicariis et veneficis a sujetos que no habían realizado materialmente los actos que provocan la muerte de una persona, pero sí habían participado de manera decisiva en el hecho criminal.
En este orden de cosas, el propio Cicerón afirmaba que los delitos cometidos por Lucio Vareno caían bajo la competencia de la lex Cornelia de sicariis et veneficis porque, entre otros crímenes, había instigado la muerte de una persona(27):
Cic., Var., frag. 6. Lege de sicariis commisit L. Varenus: nam et C. Varenum occidendum et Cn. Varenum vulnerandum et Salarium item occidendum curavit(28).
La cláusula cuiusve id dolo malo factum erit, por tanto, tiene un contenido genérico que permitía la extensión de la aplicación de la norma a diversos grados de participación criminal. Sin embargo, es interesante observar que la expresión dolo malo, por su naturaleza equívoca, podía generar dudas interpretativas. En este sentido, la argumentación esgrimida por Cicerón en Pro Tullio(29), precisamente en relación al significado de dolo malo en la acción que remite el propio orador (Quantae pecuniae paret dolo malo familiae P. Fabi vi hominibus armatis coactisve damnum datum esse M. Tullio(30)), aunque se produce en el ámbito del derecho penal privado, es bastante significativa al respecto.
Uno de los elementos principales del razonamiento forense de Cicerón consiste en la determinación del alcance de la actio vi bonorum raptorum, pues, en la formulación referida por el propio orador, exigía la concurrencia de dolo malo. De esta forma, y ya que la defensa había admitido los hechos principales que se imputaban al reo(31), pero alegando que no se había actuado con dolo malo, Cicerón centra sus esfuerzos en determinar cuál es el verdadero alcance de la locución.
De esta manera, el orador puntualiza en primer lugar que las palabras dolo malo se han añadido para favorecer al demandante, no al demandado(32). En este sentido, el arpinate analiza la posibilidad de que la acción hubiera sido ideada por el pretor para reprimir en exclusividad los actos de violencia ejecutados directamente por un grupo de esclavos. En este supuesto, sigue Cicerón, la acción no sería efectiva, pues quedarían excluidos de la aplicación de la norma los casos en los que se hubiera utilizado un grupo de hombres ajenos a la familia para perpetrar los actos violentos. De esta forma, y puesto que el empleo de terceras personas para llevar a cabo la acción delictiva es actuar con dolo malo, la redacción actual de la acción permite al demandante demostrar, o bien que el grupo de hombres ha causado el daño personalmente, o bien que el daño ha sido inferido gracias al plan o a la intervención (consilio et opera) de la familia(33).
Cic., Tull., 11. 27-28. Si ita iudicium daretur ut id concluderetur quod a familia factum esset, si quae familia ipsa in caede interesse noluisset et homines aut servos aut liberos coegisset aut conduxisset, totum hoc iudicium et praetoris severitas dissolveretur. Nemo enim potest hoc iudicare, qua in re familia non interfuisset, in ea re eam ipsam familiam vi armatis hominibus damnum dedisse. Ergo, id quia poterat fieri et facile poterat, idcirco non satis habitum est quaeri quid familia ipsa fecisset, verum etiam illud, quid familiae dolo malo factum esset. 28 Nam cum facit ipsa familia vim armatis coactisve hominibus et damnum cuipiam dat, id dolo malo fieri necesse est; cum autem rationem init ut ea fiat, familia ipsa non facit, fit autem dolo malo eius. Ergo addito dolo malo actoris et petitoris fit causa copiosior. Vtrum enim ostendere potest, sive eam ipsam familiam sibi damnum dedisse, sive consilio et opera eius familiae factum esse, vincat necesse est.
Es importante evidenciar que la expresión consilio et opera utilizada por Cicerón para explicar la extensión interpretativa del dolo malo, es, como ya hemos comentado, la misma que se usó en el derecho criminal para especificar el alcance de la cláusula cuiusve id dolo malo factum erit en el ámbito del crimen maiestatis(34).
No creo que sea casualidad, por otra parte, que ambos casos recorran el mismo camino evolutivo. Así, en el terreno del derecho criminal primero se crea una cláusula que hace referencia exclusivamente al dolo malo, y con el tiempo se especifica su contenido con la inclusión de los términos opus, ops y consilium; y en el caso que nos ocupa, la acción pretoria solo menciona el dolo malo y Cicerón cree que es imprescindible explicar que quedan incluidos también los supuestos en los que el sujeto no realiza los actos ilícitos personalmente, sino que participa en el delito de otra manera, expresado con los términos consilio et opera.
En este orden de cosas, el orador retorna al mismo razonamiento y expone de nuevo con todo detalle la interpretación que debe darse a la locución dolo malo(35), y en esta ocasión termina su argumento especificando todos los actos que, según él, quedarían subsumidos en el ilícito:
Cic., Tull., 14. 34. Ego non in una re sola, quod mihi satis est, neque in universa re solum, sed singillatim in omnibus dolum malum exstare dico. Consilium capiunt ut ad servos M. Tulli veniant; dolo malo faciunt. Arma capiunt; dolo malo faciunt. Tempus ad insidiandum atque celandum idoneum eligunt; dolo malo faciunt. Vi in tectum inruunt; in ipsa vi dolus est. Occidunt homines, tectum diruunt; nec homo occidi nec consulto alteri damnum dari sine dolo malo potest. Ergo si omnes partes sunt eius modi ut in singulis dolus malus haereat, universam rem et totum facinus sine dolo malo factum iudicabitis?
En este caso, y al igual que hizo en su discurso de defensa de Sexto Roscio Amerino(36), aunque con un propósito distinto, Cicerón expone todos los pasos que se suelen dar en la comisión de este delito, para concluir después que cada uno de ellos se realiza con dolo malo y que, en consecuencia, el hecho criminal en su conjunto también debe interpretarse como perpetrado con dolo malo.
Queda claro, en consecuencia, que el orador pretende asimilar el caso objeto de juicio, esto es, los daños causados con violencia armada, a los crimina en los que no solo se punía la ejecución personal del acto delictivo, sino también la cooperación delictiva en general, incluidos, obviamente, el mandato y la instigación criminal(37). De hecho, inicia su relato con la referencia a actos propios de la conspiración para cometer un delito, como la toma de decisión delictiva (consilium capiunt ut ad servos M. Tulli veniant) o la elección del momento idóneo para llevar a cabo la conducta ilícita (tempus ad insidiandum atque celandum idoneum eligunt) y termina con los actos materiales de ejecución, como la matanza de los esclavos y la destrucción de la casa (occidunt homines, tectum diruunt)(38).
Los binomios opera consilio y ope consilio, por tanto, son utilizados en el derecho criminal para especificar el tipo delictivo. No obstante, y a pesar de concretar en cierta medida la definición de la conducta ilícita, hay que tener presente que el nivel de incertidumbre era todavía excesivamente alto, pues en la mencionada fórmula legislativa quedaban comprendidas prácticamente todas las formas de participación delictiva.
En efecto, si acudimos al derecho penal privado, que por razones por todos conocidas fue objeto de una mayor reflexión jurisprudencial, puede comprobarse el alcance general que tienen las locuciones opera consilio y ope consilio en la represión del delito de hurto.
Lo primero que hay que advertir es que estas expresiones no tienen un significado unívoco en las fuentes. Así, en ocasiones parece que se utilizan para hacer referencia a la responsabilidad personal del autor principal del delito(39), como, por ejemplo, en la fórmula procesal aducida por Gayo, a propósito de un hurto cometido por o contra un extranjero:
Gai., 4. 37. Iudex esto. Si paret Lucio a Dione Hermaei filio opeve consilio Dionis Hermaei filii furtum factum esse patertae aurae, quam ob rem eum, si civis romanus esset, pro fure damnum decidere oporteret.
En el mismo sentido, Ulpiano, en el ámbito de la responsabilidad de los navieros, posaderos y dueños de cuadras, se expresa de la siguiente manera:
D. 47. 5. 1. pr. Ulpianus libro trigensimo octavo ad edictum. In eos, qui naves cauponas stabula exercebunt, si quid a quoquo eorum quosve ibi habebunt furtum factum esse dicetur, iudicium datur, sive furtum ope consilio exercitoris factum sit, sive eorum cuius, qui in ea navi navigandi causa esset.
Otras veces, la gran mayoría, estos binomios, especialmente ope consilio, se refieren a la responsabilidad penal de los demás partícipes del acto delictivo(40). Así, por citar algunos ejemplos al respecto:
D. 47. 2. 36. 2. Ulpianus libro quadragensimo primo ad Sabinum. Idem Pomponius ait, si cum rebus aufugerit fugitivus, posse furti actione sollicitatorem conveniri rerum nomine, quia opem consilium contrectatori tulit. Quod et Sabinus significat.
D. 47. 2. 52. pr. Ulpianus libro trigensimo septimo ad edictum. Si quis uxori res mariti subtrahenti opem consiliumve accommodaverit, furti tenebitur.
Inst., 4. 1. 12. Hi qui in parentium vel dominorum potestate sunt si rem eis subripiant, furtum quidem illis faciunt et res in furtivam causam cadit nec ob id ab ullo usucapi potest antequam in domini potestatem revertatur; sed furti actio non nascitur, quia nec ex alia ulla causa potest inter eos actio nasci: si vero ope consilio alterius furtum factum fuerit, quia utique furtum committitur, convenienter ille furti tenetur, quia verum est, ope consilio eius furtum factum esse.
Ulpiano, en este orden de cosas, especifica, en el ámbito del hurto, qué debe considerarse consilium y qué debe entenderse por ops en la comisión del delito:
D. 47. 2. 50 (51). 3. Ulpianus libro trigensimo septimo ad edictum. Consilium autem dare videtur, qui persuadet et impellit atque instruit consilio ad furtum faciendum: opem fert, qui ministerium atque adiutorium ad subripiendas res praebet.
Gayo, por otra parte, refiere una serie de ejemplos para ilustrar qué tipo de actividades entrarían en la categoría ope consilio:
Gai., 3. 202. Interdum furti tenetur, qui ipse furtum non fecerit, qualis est, cuius ope consilio furtum factum est. In quo numero est, qui nummos tibi excussit, ut eos alius surriperet, vel opstitit tibi, ut alius surriperet, aut oves aut boves tuas fugavit, ut alius eas exciperet. et hoc veteres scripserunt de eo, qui panno rubro fugavit armentum; sed si quid per lasciviam et non data opera, ut furtum committeretur, factum sit, videbimus, an utilis actio dari debeat, cum per legem Aquiliam, quae de damno lata est, etiam culpa puniatur(41).
Estas acciones ilícitas, que hoy en día podrían considerarse actos de cooperación delictiva, requerían que el agente actuara con animus furandi, aunque el jurista comenta la posibilidad de conceder una actio utilis en caso contrario, pues, según Gayo, la lex Aquilia también contemplaba la simple culpa como supuesto generador de responsabilidad(42).
En efecto, según muestra Ulpiano, el jurista Sexto Pedio mantiene que así como se exigía dolo malo al autor principal del hurto, la actuación maliciosa también es una condición de punibilidad para el que participa en la comisión del delito con su consejo o ayuda.
D. 47. 2. 50 (51). 2. Ulpianus libro trigensimo septimo ad edictum. Recte Pedius ait, sicut nemo furtum facit sine dolo malo, ita nec consilium vel opem ferre sine dolo malo posse.
El propio Ulpiano, en el párrafo anterior, puntualiza, esta vez siguiendo a Celso, que no es imprescindible que el animus delinquendi tenga como objetivo principal un enriquecimiento propio, pues en el caso de que la colaboración en el delito se realizara inimicitiarum causa la acción delictiva también entraría en el concepto ope consilio y, en consecuencia, sería castigada igual que el hurto.
D. 47. 2. 50 (51). 1. Ulpianus libro trigensimo septimo ad edictum. Ope consilio furtum factum celsus ait non solum, si idcirco fuerit factum, ut socii furarentur, sed et si non, ut socii furarentur, inimicitiarum tamen causa fecerit.
La exigencia de dolo en la cooperación delictiva y la punibilidad de la simple culpa quedan confirmadas en las Instituciones de Justiniano, que, además, amplían el elenco de ejemplos referidos por Gayo:
Inst., 4. 1. 11. Interdum furti tenetur qui ipse furtum non fecerit: qualis est cuius ope et consilio furtum factum est. In quo numero est qui tibi nummos excussit, ut alius eos raperet, aut obstitit tibi, ut alius rem tuam surriperet, vel oves aut boves tuas fugaverit, ut alius eas exciperet: et hoc veteres scripserunt de eo qui panno rubro fugavit armentum. Sed si quid eorum per lasciviam, et non data opera ut furtum admitteretur, factum est, in factum actio dari debet. At ubi ope Maevii Titius furtum fecerit, ambo furti tenentur. Ope consilio eius quoque furtum admitti videtur, qui scalas forte fenestris supponit aut ipsas fenestras vel ostium effringit, ut alius furtum faceret, quive ferramenta ad effringendum aut scalas, ut fenestris supponerentur, commodaverit, sciens cuius gratia commodaverit.
El texto justinianeo añade, además, una frase final que puede provocar ciertas dudas interpretativas. En efecto, los comisionados cierran el párrafo afirmando que el que no haya prestado ayuda para cometer hurto, sino que haya dado únicamente consejo para que otro realice el acto delictivo, no estará obligado por la acción de hurto (certe qui nullam operam ad furtum faciendum adhibuit, sed tantum consilium dedit atque hortatus est ad furtum faciendum, non tenetur furti).
La explicación más lógica a esta teórica incoherencia es entender que tanto Gayo como los comisionados justinianeos se estaban refiriendo principalmente a supuestos de colaboración delictiva material (ops), y no tanto a la cooperación intelectual (consilium), pues la primera categoría admite con más facilidad una versión imprudente(43).
En el mismo sentido, Ulpiano afirma que el que persuadió a un esclavo para que se diera a la fuga no comete hurto, pues el que da un malum consilium a otra persona para que hurte no está sujeto a la actio furti, al igual, ejemplifica el jurista, que el que persuadió a alguien para que se suicidara no realiza ningún acto reprochable desde una perspectiva penal.
Sin embargo, sigue Ulpiano, si alguien persuadió a un esclavo para que se fugara, con el propósito de que un tercero lo hurtase, el que persuadió sí estará sujeto a la acción de hurto, como si el delito se hubiera cometido con su ayuda y consejo.
D. 47. 2. 36. pr. Ulpianus libro quadragensimo primo ad Sabinum. Qui servo persuasit, ut fugeret, fur non est: nec enim qui alicui malum consilium dedit, furtum facit, non magis quam si ei persuasit, ut se praecipitet aut manus sibi inferret: haec enim furti non admittunt actionem. Sed si alius ei fugam persuaserit, ut ab alio subripiatur, furti tenebitur is qui persuasit, quasi ope consilio eius furtum factum sit.
Ambos textos, en mi opinión, deben ser interpretados bajo el prisma del principio expresado por el propio Ulpiano, que, como sabemos, sigue la opinión de Sexto Pedio, y que reproducimos de nuevo: sicut nemo furtum facit sine dolo malo, ita nec consilium vel opem ferre sine dolo malo posse(44).
En efecto, y como ya hemos comentado, el jurista entiende que al igual que se exige dolo malo al autor principal del hurto, también se debe verificar la actuación dolosa del sujeto que participa en el delito con su consejo o ayuda. En este orden de cosas, debería entenderse que tanto el consilium de las Instituciones de Justiniano como el malum consilium del Digesto se habían ofrecido sin dolo malo, y, en consecuencia, no serían susceptibles de generar responsabilidad penal(45).
De hecho, Ulpiano, después de afirmar que el que persuade a un esclavo para que se fugue no comete hurto, mantiene que si se hizo para que fuera hurtado por otro, sí estaría sujeto a la actio furti, como si el delito hubiera sido hecho con su ayuda y consejo.
El jurista, además, va un poco más allá y, con base en una opinión de Pomponio, declara que si el que persuadió al esclavo no estaba obligado por la acción del hurto(46), comenzaría a estarlo cuando un tercero hubiera hurtado al esclavo, de nuevo como si el delito se hubiera cometido con su ayuda y consejo.
D. 47. 2. 36. pr. Ulpianus libro quadragensimo primo ad Sabinum. Plus Pomponius scripsit eum, qui persuasit, quamvis interim furti non teneretur, tunc tamen incipere teneri, cum quis fugitivi fur esse coeperit, quasi videatur ope consilio eius furtum factum.
De esta manera, para que el consilium fuera penalmente reprochable era necesario que se diese con dolo malo, esto es, con la finalidad de que se cometiera hurto, ya sea en beneficio propio o en perjuicio ajeno(47).
Por otra parte, la opinión de Pomponio, aceptada por Ulpiano, estaría en consonancia con los comentarios de Gayo, que mantenía que si las actividades que entraban en la categoría ope consilio no se habían realizado con el objetivo de facilitar la comisión del delito, sino por mera diversión, cabía la posibilidad de conceder una actio utilis, pues la lex Aquilia establecía que la simple culpa también era una categoría que podía generar responsabilidad(48). De esta manera, puede pensarse que el supuesto reflejado en D. 47. 2. 36. pr. se rige por los mismos principios; esto es, el que persuade a un esclavo para que se fugue no está sometido a la actio furti si no presta su consilium con dolo malo, pero si por su acción la consecuencia final, querida o no, es que un tercero hurta al esclavo, surge una responsabilidad penal, aunque no hubiese existido ese animus delinquendi inicial, porque se entiende que el resultado lesivo se produce por una actuación negligente del sujeto(49).
Como conclusión, puede afirmarse que la cláusula cuiusve id dolo malo factum erit fue utilizada frecuentemente en las leyes criminales del último siglo republicano. En efecto, el legislador criminal optó, al menos desde la época de Sila(50), por incluir una cláusula final en sus preceptos que tenía como objetivo ampliar la responsabilidad penal de una manera genérica a aquellas personas que a causa de su dolo malo se hubiera cometido el delito(51). Esta técnica legislativa, por otra parte, encajaba perfectamente con la política represiva de Sila, sobre todo en el ámbito de la lex Cornelia de sicariis et veneficis, y posiblemente en el entorno del crimen maiestatis, aunque fue usada también en la configuración jurídica de otros crimina, como el crimen falsi(52) y el parricidium(53).
En este sentido, el ambiente de violencia e inseguridad pública de este período justifica que los legisladores optaran por idear tipos penales amplios y genéricos, que permitieran reprimir todas las conductas criminales que contribuyeran a aumentar el clima de inestabilidad social.
Hay que tener presente, por tanto, que estas normas se conciben en una época donde la confrontación social tiene un protagonismo preocupante. En este sentido, las guerras serviles precedentes y las propias guerras civiles romanas habían demostrado que las bandas armadas de esclavos eran un instrumento violento que se utilizaba de manera recurrente en este período turbulento de la historia republicana, organizadas por los propios dueños, o por mandato o instigación de un tercero. En consecuencia, se hizo necesaria una configuración jurídica de los crimina que permitiera a los órganos juzgadores sancionar todo tipo de participación delictiva(54).
Especial relevancia tiene, en relación al desarrollo evolutivo, que la lex Iulia de maiestate previera esta cláusula final, pero añadiendo los términos opus, ops y consilium(55), pues el legislador prefiere utilizar una formulación más detallada, en la que se especifica que la aplicación de la norma se ampliaba a toda aquella persona que mediante sus acciones, ayuda o consejos hubiera contribuido a provocar o facilitar la ejecución del crimen. Sin embargo, creo que esta novedad tuvo un alcance práctico limitado, pues las fuentes literarias, especialmente Cicerón, muestran cómo la antigua formulación silana ya permitía procesar no solo a los autores materiales del delito, sino también a otro tipo de partícipes(56).
Sí es cierto, no obstante, que la generalidad de la expresión dolo malo, precisamente por su naturaleza equívoca, podía generar dudas interpretativas. En este sentido, los esfuerzos de Cicerón para explicar el significado de dolo malo en la acción que remite el propio orador(57), aunque se producen en el ámbito del derecho penal privado, son bastantes significativos al respecto. En efecto, el arpinate argumenta que la redacción de la acción permitía al demandante demostrar, o bien que el grupo de hombres había causado el daño personalmente, o bien que el daño había sido inferido gracias al plan o a la intervención (consilio et opera) de la familia(58).
De esta forma, la expresión consilio et opera utilizada por el orador es la misma que la que se usaba en el derecho criminal para especificar el alcance de la cláusula cuiusve id dolo malo factum erit(59). En este orden de cosas, no creo que sea casual que ambos supuestos recorran el mismo camino evolutivo. Así, en el ámbito del derecho criminal primero se establece una cláusula que solo hace referencia al dolo malo, y con posterioridad se precisa su alcance con la inclusión de los términos opus, ops y consilium; y en el caso que estamos comentando, la acción pretoria únicamente menciona el dolo malo y Cicerón entiende que es necesario demostrar que la norma también es aplicable a los sujetos que no realizan los actos ilícitos personalmente, sino que participan en el delito de otra manera, que se expresa con los términos consilio et opera.
Los binomios opera consilio y ope consilio, por tanto, son empleados en el derecho criminal para especificar el tipo delictivo. No obstante, y aunque es cierto que se define con más precisión la conducta ilícita, el nivel de incertidumbre era todavía demasiado alto, pues en la mencionada fórmula legislativa quedaban comprendidas prácticamente todas las formas de participación delictiva. De hecho, las reflexiones jurisprudenciales sobre el alcance de las locuciones opera consilio y ope consilio en el ámbito del derecho penal privado muestran cómo estas expresiones eran usadas tanto para hacer alusión a la responsabilidad personal del autor principal del delito como para referirse a la responsabilidad penal de los demás partícipes del acto delictivo.
Hay que advertir, por último, que la determinación de la responsabilidad penal de las distintas categorías de participantes en los delitos no es una cuestión que haya sido objeto de análisis científico específico en la cultura jurídica romana. Sin embargo, tampoco puede afirmarse que es un tema totalmente desconocido en esa época, pues las referencias legislativas y jurisprudenciales son numerosas al respecto(60).
Por otra parte, hay que tener presente que la complicidad delictiva ha sido tratada en profundidad por la romanística, pero desde una perspectiva fundamentalmente privatística. En efecto, los estudios se han centrado de forma mayoritaria en el análisis de la teoría de la complicidad en el ámbito del derecho penal privado, siendo el delito de hurto el pilar fundamental sobre el que se ha apoyado gran parte de la construcción doctrinal(61).
Hay que señalar, no obstante, que, precisamente por la ausencia de un tratamiento dogmático de la cuestión por parte de los juristas romanos, las reflexiones sobre la responsabilidad penal de los distintos autores y partícipes en la actividad delictiva no se realizan de una manera uniforme y unívoca en las fuentes. Así, junto a las alusiones al autor principal del delito(62), los textos jurisprudenciales y literarios utilizan una terminología muy variada para hacer referencia a las distintas formas de participación delictiva. De esta manera, se habla de auctores(63), conscii(64), socii(65), participes(66) y ministri(67) para indicar distintos tipos de cooperación en el delito, y se utilizan expresiones genéricas como curare(68) y dolo malo facere(69), y evidentemente la cláusula cuiusve id dolo malo factum erit y la fórmula ope consilio, que han sido objeto de análisis en este trabajo, que engloban cualquier tipo de colaboración delictiva.
Teniendo todo esto presente, en este estudio se ha pretendido poner el foco de atención en la innovación jurídica que supuso la obra legislativa de Sila, que, movido por las especiales circunstancias sociales de su época, decidió crear un sistema represivo amplio y genérico que diera solución a las necesidades político-criminales del momento. El éxito de su labor legislativa, además, es innegable, pues la evolución posterior de su concepción jurídica muestra que la represión de las distintas formas de participación delictiva se convirtió en una constante en la producción normativa de la Roma republicana tardía e imperial.
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NOTAS:
(1). Sobre la dictadura de Sila, consultar, entre otros: Jerome Carcopino, Sylla ou la monarchie manqueé, Paris 1931; Carolina Lanzani, L. Cornelio Sulla dittatore; storia di Roma negli anni 82-78 a. C., Milano 1936; John Percy Vyvian Dacre Balsdon, Sulla Felix, JRS 41 (1951), pp. 1 ss.; Emilio Gabba, Il ceto equestre e il senato di Silla, Athenaeum 34 (1956), pp. 124 ss. (=Esercito e società nella tarda republica romana, Firenze 1973, pp. 407 ss.); Umberto Laffi, Il Mito di Silla, Athenaeum 45 (1967), pp. 172 ss.; Ernst Badian, Lucius Sulla, the Decidly Reformer, Sydney 1970; Francesco De Martino, Storia della costituzione romana, Vol. III, 2ª ed., Napoli 1973, pp. 62 ss.; Franz Fröhlich, s. v. Cornelius Sulla Felix, RE 4.1, col. 1561; Bernardo Santalucia, s. v. Sulla, NNDI XVII, p. 345.
(2). Sobre esta cuestión, vid. Francesco De Martino, Storia, III, o. c., p. 106, nt. 137; Bernardo Santalucia, Diritto e processo penale nell´antica Roma, Milano 1998, pp. 137 ss. y bibliografía allí incluida.
(3). Cuestión más controvertida es la posible existencia de una lex Cornelia iudiciaria general, pues las fuentes, poco concretas y equívocas, no permiten determinar con seguridad si Sila hizo aprobar una ley judicial general que afectaba a todos los procesos o si simplemente se limitó a dictar una serie de leyes que regulaban quaestiones concretas. Vell., 2. 32. 3; Ps. Asc., 189 St.; Tac., Ann., 11. 22. 6; Cic., Verr., I. 13. 37; I. 16. 47-49; II. 2. 31.77. La doctrina en esta cuestión se encuentra dividida. A favor de la existencia de una lex Cornelia iudiciaria puede citarse, entre otros, a Francois de Pontenay De Fontette, Leges repetundarum, Paris 1954, pp. 88 ss.; Herbert Hill, The Roman Middle Class in the Republican Period, Oxford 1952, reimp. 1974, p. 148; Ernst Badian, From the Gracchi to Sulla, <<Historia>> 11 (1962), p. 208; Erich S. Gruen, Roman politics and the Criminal Courts, 149-78 B. C., Cambridge-Massachussets 1968, p. 256; Bernardo Santalucia, Diritto e processo, o. c., p. 138. En contra, Claude Nicolet, L´ordre équestre à l´époque républicaine (321-43 av. J.-C.), I, Paris 1966-74, p. 574; Mariagrazia Bianchini, Osservazioni sul carattere delle leges iudiciariae repubblicane, Mem. Ist. Lomb. 35 (1975), pp. 260 ss.; Andrew Lintott, The Leges the repetundis and Associate Measures under the Republic, ZSS 98 (1981), p. 138. Sobre estas cuestiones, vid., José Antonio González Romanillos, Aspectos procesales del crimen repetundarum de los orígenes a Sila, Madrid 2003, pp. 256 ss.; Id., Teoría y práctica judicial en época republicana. Política y represión judicial en época republicana, Madrid 2016, pp. 99 ss.
(4). Contardo Ferrini, Diritto penale romano. Teorie generali, Milano 1899, pp. 107, ss.; Laurent Chevailler, Contribution à l´étude de la complicité en droit pénal romain, RHD 31 (1953), pp. 204 ss.; Giannetto Longo, La complicità nel diritto penale romano, BIDR 61 (1958), pp. 103 ss.; Carlo Gioffredi, I principi del diritto penale romano, Torino 1970, pp. 111 ss.
(5). Es posible, como afirma parte de la doctrina, que el texto original fuera cuiusve dolo malo id factum erit y que los compiladores lo sustituyeran por cuiusve dolo malo incendium factum erit pensando que id era una abreviatura. En este sentido, Jean-Louis Ferrary, Lex Cornelia de sicariis et veneficis, Athenaeum 79 (1991), pp. 419-420; Claire Lovisi, Contribution à l'étude de la peine de mort sous la République romaine (509-149 av.J.-C.), Paris 1999, p. 142, nt. 580.
(6). Sobre la originalidad del texto, vid. Gian Gualberto Archi, Problemi in tema di falso nel diritto romano, en Gian Gualberto Archi, Scritti di diritto romano, III, Milano 1981, p. 1510; Maria Pia Piazza, La disciplina del falso in diritto romano, Padova 1991, pp. 114 ss.
(7). Theodor Mommsen, Römisches Strafrecht, Leipzig 1899, p. 615. Sobre este tema, vid., en general, John Duncan Cloud, The primary purpose of the lex Cornelia de sicariis, ZSS 86 (1969), pp. 258 ss.
(8). Sobre esta cuestión, admitida casi unánimemente por la doctrina, vid. John Duncan Cloud, The primary purpose of the lex Cornelia, o. c., pp. 258 ss. Sobre las distintas interpretaciones que se han vertido al respecto, vid. Marco Urbano Sperandio, Dolus pro facto. Alle radici del problema giuridico del tentativo, Napoli 1998, pp. 110 ss.
(9). En el mismo sentido, Contardo Ferrini, Diritto penale, o. c., p. 115; Dieter Nörr, Causa mortis: auf den Spuren einer Redewendung, München 1986, p. 90; Geoffrey MacCormack, Dolus in Republican Law, BIDR 88 (1985), p. 11; Marco Urbano Sperandio, Dolus pro facto, o. c., p. 87; Evelyn Höbenreich, Überlegungen zur Verfolgung unbeabsichtigter Tötungen von Sulla bis Hadrian, ZSS 107 (1990), p. 264; Andrew M. Riggsby, Crime and Community in Ciceronian Rome, Austin 1999, p. 50.
(11). Sobre este crimen, vid., en general, Ugo Brasiello, s. v. Falso (diritto romano), NNDI VII, Torino 1957, pp. 34 ss.; Eberhard Eike Kocher, Überlieferter und ursprünglicher Anwendungsbereich der lex Cornelia de falsis, München 1965; Bernardo Santalucia, La legislazione sillana in materia di falso nummario, Iura 30 (1979), pp. 1 ss.; Gian Gualberto Archi, Problemi in tema di falso, o. c., pp. 1487 ss.; Fabio Marino, Il falso testamentario nel diritto romano, ZSS 105 (1988), pp. 634 ss.; Maria Pia Piazza, La disciplina del falso, o. c.; Mariagrazia Rizzi, Poenam legis Corneliae… statuit. L´apporto della legislazione imperiale allo sviluppo del falso in età classica, Roma 2020.
(12). Pomponio, sin embargo, hace referencia a una quaestio de parricidiis instituida por Sila (D. 1. 2. 2. 32), pero es probable que estuviera atribuyendo a dos tribunales permanentes distintos los ilícitos que caían bajo la competencia única de la quaestio de sicariis et veneficis silana. En este sentido, Lucia Fanizza, Il parricidio nel sistema della lex Pompeia, Labeo 25 (1979), pp. 275 ss.
(13). Sobre la autoría y datación de esta ley, vid., en general, John Duncan Cloud, Parricidium: from the lex Numae to the lex Pompeia de parricidiis, ZSS 88 (1971), pp. 47 ss.
(14). Sobre el elenco de sujetos activos y pasivos del delito, la pena aplicable y la evolución histórico-jurídica posterior, cuestiones todas ellas debatidas en la doctrina, vid., John Duncan Cloud, Parricidium, o. c., pp. 47 ss.; Lucia Fanizza, Il parricidio, o. c., pp. 266 ss.; Yan Thomas, Parricidium. I. Le père, la familia et la cité, MEFRA 93 (1981), pp. 649 ss.
(15). D. 48. 4. 1. 1; 48. 4. 10.
(16). Sobre estas cuestiones, vid., en general, Bernardus Klübler, RE 14. 1 (1928), s. v. Maiestas, n. 1, col. 542 ss.; Christoph Heinrich Brecht, Perduellio und crimen maiestatis, ZSS 64 (1944), pp. 354 ss.; Richard A. Bauman, The Crimen Maiestatis in the Republic and Augustan Principate, Johannesburg 1967.
(17). Cic., De or., 2. 25. 107.
(19). Atribuyen la ley a Julio César, entre otros, Jochen Bleicken, Senatsgericht und Kaisergericht. Eine Studie zur Entwicklung des Processrechtes im frühen Prinzipat, Göttingen 1962, p. 28; J. E. Allison-J. D. Cloud, The lex Iulia maiestatis, Latomus 21 (1962), pp. 711 ss.; por Augusto se decantan Theodor Mommsen, Strafrecht, o. c., p. 541; Josef Lengle, Römisches Strafrecht bei Cicero und den Historikern, Leipzig-Berlin 1934, p. 31; August Wilhelm Zumpt, Das Criminalrecht der römischen Republik, II, 2, Berlin 1869, p. 476. Sobre esta cuestión, vid., Bernardo Santalucia, Diritto e processo, o. c., p. 195, nt. 29.
(20). Sobre esta cuestión, vid. Marco Urbano Sperandio, Dolus pro facto, o. c., pp. 92 ss. y bibliografía allí referida.
(21). Recogida en otras normas contemporáneas a la lex Iulia de maiestate, como la lex Iulia de adulteriis coercendis: is, cuius ope consilio dolo malo factum est, ut vir feminave in adulterio deprehensi pecunia aliave qua pactione se redimerent, eadem poena damnatur, quae constituta est in eos, qui lenocinii crimine damnantur (D. 48. 5. 15 (14). pr. Scaevola libro quarto regularum).
(22). Proceso celebrado en el año 80 a. C. Sobre este juicio, vid., entre otros, Friedrich Richter, Ciceros Rede für Sex. Roscius für den Schulgebrauch, Leipzig 1864; Gustav Landgraf, Kommentar zu Ciceros Rede pro Sexto Roscio Amerino, Leipzig 1914; Rodolfo Danieli, Il processo di parricidio e l'orazione <<pro Sexto Roscio Amerino>>, AP 5 (1949), pp. 312 ss.; T. E. Kinsey, The Dates of the Pro Roscio Amerino and Pro Quinctio, Mnemosyne 20 (1967), pp. 66 ss.; Id., Cicero´s Case against Magnus, Capito and Chrysogonus in the pro Sex. Roscio Amerino and its Use for the Historian, AC 40 (1980), pp. 173 ss.; Id., A problem in the Pro Roscio Amerino, Eranos 79 (1981), pp. 149 ss.; Id., The Case against Sextius Roscius of Ameria, AC 54 (1985), pp. 188 ss.; Bernardo Santalucia, Cic. pro Rosc. Am. 3. 8. E la scelta dei giudici nelle cause di parricidio, Iura 50 (1999), pp. 143 ss.; Michael C. Alexander, The Case for the Prosecution in the Ciceronian Era, Ann Arbor 2002, pp. 149 ss.; Robin Seager, The guilt or innocence of Sex. Roscius, Athenaeum 95 (2007), pp. 895 ss.; Salvador Núñez Romero-Balmas, Cicerón, el caso Roscio y la lex Cornelia de proscriptione, AnMal 34 (2011), pp. 455 ss.
(23). Llevada a cabo por Erucio.
(24). Proceso celebrado en el año 66 a. C. Sobre este juicio, vid., entre otros, Gabriele S. Hoenigswald, The Murder Charges in Cicero's Pro Cluentio, TAPA 93 (1962), pp. 109 ss.; C. Joachim Classen, Die Anklage gegen A. Cluentius Habitus (66 ν. Chr. geb.), ZSS 89 (1972), pp. 1 ss.; Vincenzo Giuffrè, Imputati, avvocati e giudici nella pro Cluentio Ciceroniana, Napoli 1993; Giovanni Pugliese, Un nuevo esame della Ciceroniana Pro Cluentio, Labeo 40 (1994), pp. 248 ss.; Andrew M. Riggsby, Crime and Community, o. c., pp. 66 ss.; Michael C. Alexander, The Case for the Prosecution, o. c., pp. 173 ss.
(26). De fecha incierta, aunque anterior al año 74 a. C. Sobre esta cuestión, vid. Michael C. Alexander, Trials in the Late Roman Republic, 149 B. C. to 50 B. C., Toronto 1990, p. 175.
(27). Sobre el juicio a L. Vareno, vid. Michael C. Alexander, Trials in the Late Roman Republic, o. c., p. 175.
(28). Fragmento transmitido en Quint., Inst. or., 7. 1. 9. El término curare, como comentaremos más adelante, podía referirse, por su carácter genérico, a cualquier actividad de cooperación delictiva, aunque en este contexto hace alusión a la inducción o al mandato criminal.
(29). Sobre este proceso, celebrado en el año 72-71 a. C., vid. Emilio Costa, Cicerone giureconsulto, I, Bologna 1927 (rist. an. Roma 1964), pp. 149 ss.; Marco Balzarini, Cic. Pro Tullio e l´editto di Lucullo, St. Grosso I (Verona 1964), pp. 323 ss.; Jane W. Crawford, M. Tullius Cicero: the last and unpublished orations, Göttingen 1984, pp. 47 ss.; Paola Ziliotto, Dolo e iniuria nella pro Tullio di Cicerone, BIDR 111 (2017), pp. 133 ss.
(30). Cic., Tull., 3. 7. Supuesto previsto en un edicto del pretor Lúculo del año 76 a. C. Vid., D. 47. 8. 2. pr Sobre esta cuestión, vid., Gerardo Broggini, Introduzione all´orazione per Marco Tullio, en Tutte le opere di Cicerone, I (Verona 1964), pp. 379 ss.; Udo Ebert, Die Geschichte des Edikts de hominibus armatis coactisve, Heidelberg 1968, pp. 45 ss.; Marco Balzarini, Cic. Pro Tullio, o. c., pp. 346 ss.; Letizia Vacca, Ricerche in tema di actio vi bonorum raptorum, Milano 1972, pp. 2 ss.; Paola Ziliotto, Dolo e iniuria, o. c., pp. 133 ss.
(32). At istuc totum dolo malo additur in hoc iudicio eius causa qui agit, non illius quicum agitur (Cic., Tull., 10. 26).
(33). Sobre esta cuestión, vid. Marco Balzarini, Cic. Pro Tullio, o. c., pp. 325 ss.; Letizia Vacca, Ricerche, o. c., pp. 12 ss.; Geoffrey MacCormack, Dolus, o. c., p. 8.
(35). Cic., Tull., 12. 29-14. 33.
(36). Cic., Rosc. Am., 27. 74.
(37). No puede ser obviado, para entender la argumentación de Cicerón, que el edicto de Lúculo se concibe en una época caracterizada por una violencia social preocupante, en la que las bandas armadas de esclavos, organizadas por los propios dueños, o por mandato o instigación de un tercero, adquieren un gran protagonismo. Sobre estas cuestiones, vid. Ettore Ciccotti, Il tramonto della schiavitù nel mondo antico, Torino 1899, pp. 181 ss.; Maria Capozza, Movimenti servili nel mondo romano in età repubblicana. I. Dal 501 al 184 a. C., Roma 1966; Marco Balzarini, Cic. Pro Tullio, o. c., p. 357, nt. 102.
(38). Sobre la represión de la violencia en el ámbito del derecho privado, vid., Luigi Labruna, Les racines de l'idéologie répressive de la violence dans l'histoire du droit romain, Index 3 (1972), pp. 525 ss.; Id., Il console sovversivo, Napoli 1975, pp. 82 ss.; Id., Tutela del possesso fondiario e ideologia repressiva della violenza nella Roma repubblicana, Napoli 1980; Andrew Lintott, Violence in Republican Rome, Second Edition, Oxford 1999, pp. 125 ss.
(39). Sobre esta cuestión, vid. Carlo Gioffredi, I principi del diritto penale, o. c., p. 112.
(40). La interpretación de esta aparente discordancia en las fuentes ha sido una cuestión muy debatida en la doctrina; así, la corriente mayoritaria entiende que en época preclásica los términos ops y consilium hacían referencia a los elementos constitutivos (objetivo y subjetivo, respectivamente) del furtum, y solo a partir de Labeón las mencionadas palabras hacían alusión a un comportamiento relacionado con la complicidad delictiva. En este sentido, Paul Huvelin, Études sur le furtum dans le très ancien droit romain. I. Les sources, Paris-Lyon 1915, pp. 397 ss.; Bernardo Albanese, La nozione del furtum fino a Nerazio, AUPA 23 (1953), pp. 164 ss.; Laurent Chevailler, Contribution à l´étude de la complicité, o. c., pp. 204 ss.; Giosafatte Morgera, Studi sulla complitità nel furto, Napoli 2017, pp. 16 ss.; en contra, Renato La Rosa, La repressione del furtum in età arcaica. Manus iniectio e duplione damnum decidere, Napoli 1990, pp. 92 ss.
En mi opinión, y dadas las numerosas referencias a los binomios opera consilio y ope consilio en las fuentes anteriores a Labeón en el contexto de complicidad delictiva que hemos comentado, no parece totalmente convincente la teoría mayoritaria, pues no se entendería que solo en el ámbito del hurto los términos ops y consilium no se refirieran a la ayuda material o intelectual prestada para que un tercero (autor principal del delito) cometa un acto ilícito. En un sentido parecido, Renato La Rosa, La repressione del furtum, o. c., pp. 100 ss.
(41). Vid., también, Inst., 4. 1. 11.
(42). En el mismo sentido, D. 47. 2. 50 (51). 4.
(43). En efecto, es más complicado concebir la aplicación de la responsabilidad penal por culpa en casos de instigación o mandato criminal. No obstante, como enseguida veremos, Ulpiano apunta la posibilidad de conceder la actio furti contra el que provoca, con su actividad persuasiva, que el resultado final, querido o no, sea la comisión de un delito. D. 47. 2. 36. pr.
(45). En un sentido parecido, también se usa el término hortator para hacer alusión a la persona que ofrece un simple consejo. Inst., 4. 1. 11; Sall., Cat., 27. 2.
(46). Se entiende que a causa de no haber prestado el consilium con dolo malo.
(49). Lo que en la actualidad, en el ámbito del derecho criminal, podría considerarse, salvando las distancias, dolo eventual.
(50). Con anterioridad al dictador, sin embargo, ya existían normas que ampliaban la responsabilidad penal a sujetos que no ejecutaban personalmente los actos delictivos. Así, por ejemplo, la lex Silia de ponderibus publicis establecía una pena para los magistrados que no respetaran maliciosamente las normas sobre medidas y pesos establecidas por el propio plebiscito, u ordenaran a otra persona que realizase esa actividad prohibida. Fest., s. v. Publica pondera, p. 288 L.: si quis magistratus adversus hac dolo malo pondera modiosque vasaque publica modica minora maiorave faxit iussitve fieri, dolumve adduit, quo ea fiant, eum quis volet magistratus multare, dum minore parti familias taxat, liceto (Fest., F. 246.45, FIRA I, Firenze 1941). Sobre esta cuestión, vid. Geoffrey MacCormack, Dolus, o. c., p. 10. Por otra parte, la fecha exacta de promulgación de esta ley es debatida, pues las investigaciones sitúan su origen en un intervalo que oscila entre el año 287 y el año 218 a.C.; sobre las distintas posiciones doctrinales a este respecto, vid. Adolf August Friedrich Rudorff, Römische Rechtsgeschichte, I, Leipzig 1857, p. 92; Theodor Mommsen, Gesammelte Schriften, vol. III, Berlin 1907, p. 375; Carl Georg Bruns, Fontes iuris Romani antiqui, vol. I, Tübingen 1909, p. 46, nt. 3; Giovanni Rotondi, Leges publicae populi romani, Milano 1922, reimp. 1966, p. 473; Riccardo Orestano, <<Gli editti imperiali. Contributo alla teoria della loro validità ed efficacia nel diritto romano classico>>, BIDR 44 (1936-37), p. 274; Max Kaser, Das altrömische Ius. Studien zur Rechtsvorstellung und Rechtsgeschichte der Römer, Göttingen 1949, pp. 57 ss.; Franco Casavola, Studi sulle azioni popolari romane, Napoli 1958, p. 33; John Duncan Cloud, A lex de ponderibus publicis (Festus p. 288 L.), Athenaeum 73 (1985), pp. 416 ss.; Franz Wieacker, Römische Rechtsgeschichte, vol. I, München 1988, p. 425; Maria Pia Piazza, La disciplina del falso, o. c., pp. 70 ss.; Michael Hewson Crawford, Roman Statutes, vol. II, London 1996, pp. 737 ss.
(51). Coll. 1. 3. 1; CI. 9. 16. 6 (7); D. 48. 8. 1. pr.
(54). En este orden de cosas, la legislación promulgada en esta época que tiene como objeto la represión de la violencia, tanto pública como privada, muestra el carácter convulso de este período de la historia romana. Sobre el crimen vis, vid., Jean Coroï, La violence en Droit criminel romain, Paris 1915; Giuseppe Flore, Di alcuni casi di vis publica, St. Bonfante, vol. IV, Milano 1930, pp. 335 ss.; John Newbold Hough, The Lex Lutatia and the Lex Plautia de Vi, AJP 51.2 (1930), pp.135 ss.; Peter Garnsey, The Lex Iulia and Appeal under the Empire, JRS 56 (1966), pp. 167 ss.; Luigi Labruna, Il console sovversivo, o. c., pp. 82 ss.; Id., Tutela del possesso fondiario, o. c.; John Duncan Cloud, Lex Iulia de vi: part I, Athenaeum 66 (1988), pp. 579 ss.; Id., Lex Iulia de vi: part 2, Athenaeum 67 (1989), pp. 427 ss.; Andrew Lintott, Violence, o. c.; Giovanni Cossa, Attorno ad alcuni aspetti della lex Iulia de vi publica et privata, SDHI 78 (2008), pp. 209 ss.
(55). D. 48. 4. 1. 1; 48. 4. 10.
(56). Cic., Rosc. Am., 27. 74; 28. 76; 29. 79; Clu., 13. 36-39.
(60). Sobre esta cuestión, vid., en general, Contardo Ferrini, Diritto penale, o. c., pp. 107, ss.; Laurent Chevailler, Contribution à l´étude de la complicité, o. c., pp. 204 ss.; Giannetto Longo, La complicità, o. c., pp. 103 ss.; Carlo Gioffredi, I principi del diritto penale, o. c., pp. 111 ss.
(61). Vid., entre otros, Muzio Pampaloni, La complicità nel delitto di furto (furtum ope consilio), SSen. 16 (1899), pp. 19 ss.; Paul Huvelin, Études sur le furtum, o. c.; Bernardo Albanese, La nozione del furtum, o. c., pp. 164 ss.; Giannetto Longo, La complicità, o. c., pp. 103 ss.; Ugo Brasiello, Concorso di persone nel reato, ED VIII (1961), pp. 561 ss.; Renato La Rosa, La repressione del furtum, o. c.
(62). An vero illi sua per se ipsi iudicia rescinderent, cum ceteri soleant in iudicando ne ab aliorum iudiciis discrepent providere? et ei qui Fabrici libertum, quia minister in maleficio fuerat, patronum, quia conscius, condemnassent, ipsum principem atque architectum sceleris absolverent? et qui ceteros nullo praeiudicio facto tamen ex ipsa causa condemnassent, hunc, quem bis iam condemnatum acceperant, liberarent? (Cic., Clu., 22. 60); In hoc iudicium etiam rerum aestimatio venit, quas secum servus abstulit, quia omne damnum duplatur, neque intererit, ad eum perlatae fuerint res an ad alium sive etiam consumptae sint: etenim iustius est eum teneri, qui princeps fuerit delicti, quam eum quaeri, ad quem res perlatae sunt (D. 11. 3. 10); Non ideo minus crimine seu atrociorum iniuriarum iudicio tenetur is qui in istam accusationem incidit, quod dicat alium se huius facti mandatorem habuisse. Namque hoc casu praeter principalem reum mandatorem quoque ex sua persona conveniri posse ignotum non est (CI. 9. 2. 5).
(63). D. 9. 4. 3; 48. 8. 3. 4; C. Th., 9. 21. 2; 16. 5. 63; Cic., in Vat., 10. 24.
(64). D. 48. 9. 6; 48. 18. 1. 27; CI. 9. 8. 3; Inst., 4. 18. 6.
(65). D. 47. 2. 50 (51). 1; Coll. 14. 3. 4-5; Cic., Rosc. Am., 34. 96.
(66). D. 48. 18. 1. 19; CI. 1. 9. 3; C. Th., 16. 5. 63.
(67). D. 29. 5. 14; CI. 1. 3. 54; 1. 11. 7; C. Th., 9. 21. 2; 9. 24. 1.
(68). Numerosas son las referencias en las fuentes, tanto en el derecho criminal como en el derecho penal privado, que muestran la amplitud de la categoría; Coll. 8. 5. 1; 8. 7. 1; P. S. 4. 7. 2; D. 47. 10. 11. pr.; 48. 10. 20.
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