SOBRE LA DURACIÓN DE LOS PROCESOS EN LA LEGISLACIÓN DE JUSTINIANO DEL CODEX REPETITAE PRAELECTIONIS

Por

ALFONSO AGUDO RUIZ

Catedrático de Derecho Romano

Universidad de La Rioja

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Revista General de Derecho Romano 28 (2017)

RESUMEN: El presente estudio analiza las disposiciones legislativas más importantes de Justiniano emitidas entre los años 527 – 531 y recogidas en el Codex repetitae praelectionis, dirigidas a evitar la dilación de los procesos civiles, penales y fiscales, tanto de primera como de segunda instancia.

PALABRAS CLAVE: duración de los procesos civiles, penales y fiscales; apelación; interlocutio; inactividad del juez o de las partes; ius novorum; dies fatalis.

SOME LEGAL MEASURES OF JUSTINIAN AIMED TO AVOID THE DELAY OF THE PROCEDURES

ABSTRACT: The present investigation analyzes the most important legislative rules of Justinian contained in the Codex repetitae praelectionis between the year 527 to 530, which establish the maximum length of the civil, penal and fiscal procedures in the first in instance as well as the second instance.

KEYWORDS: appeal; length of the civil, penal and fiscal procedures; interlocution; inactivity of the judge or the parties; ius novorum; dies fatalis.

1. INTRODUCCIÓN

En el período de gobierno de Justiniano, al igual que sucede en el Bajo Imperio(1), la dilación de los procesos fue siempre fuente de conflictos y de quejas. Entre los años 527 a 531, Justiniano emite una serie de disposiciones legislativas tendentes a limitar la duración de los procesos civiles, penales y fiscales, tanto de primera como de segunda instancia, a fin de evitar su dilación excesiva.

En opinión de Jones, algunos retrasos eran inevitables a causa de la lejanía y de la inseguridad de las comunicaciones. Otra razón del retraso era el excesivo trabajo de los tribunales. Los gobernadores provinciales, los cuales eran jueces en los tribunales ordinarios de primera instancia, estaban ocupados en sus tareas administrativas generales y, en particular, en la recaudación de los tributos, razón por la que Libanio se lamentaba de que aborrecían su labor judicial. Así las causas se les acumulaban. Los vicarios y los procónsules y también los prefectos urbanos tenían múltiples tareas administrativas, y los dos últimos tenían una jurisdicción de primera instancia además de la de apelación; de este modo las apelaciones estaban sometidas a retrasos en sus tribunales. Los prefectos del pretorio estaban también muy ocupados con sus competencias administrativas y financieras, y por ello tenían poco tiempo para ocuparse de los asuntos judiciales. Pero la causa principal de los retrasos era la malicia de los abogados para así incrementar notablemente sus honorarios(2).

A este propósito el autor inmediatamente antes citado., recuerda una anécdota del rey Teodorico, que aunque apócrifa, revela el sentimiento popular. La viuda de un senador, de nombre Juvenalia, que llevaba litigando treinta años en una causa con el patricio Fermo, presentó al rey una petición para que el juicio fuese resuelto prontamente. El rey convocó a los abogados de ambas partes y les concedió un plazo de dos días para terminar la causa, bajo pena de muerte. Estimulados de este modo, los abogados se pusieron de acuerdo y el juicio finalizó en el término establecido. Cuando Juvenalia se dispuso a dar las gracias al rey, éste hizo llamar a los abogados. <<Por qué>> les pregunta <<no habéis hecho en treinta años aquello que habéis hecho en dos días >>, y ordenó que fuesen ejecutados. Añade Jones que treinta años quizá fuese una exageración, pero el testimonio es ilustrativo de que un proceso ordinario podía durar excesivos años hasta su conclusión(3).

Para Franciosi, la reforma de Justiniano en el ámbito de la jurisdicción imperial sigue la tendencia de la época de limitar lo más posible el colapso de los tribunales de Constantinopla. El cuadro de atribuciones y competencias que las fuentes permiten trazar, si bien no exhaustivo, evidencia suficientemente los esfuerzos de Justiniano para finalizar su complejo diseño de reforma de descentralización de la actividad jurisdiccional, donde además de mejorar su organización, se persigue evitar a los súbditos enormes gastos ocasionados por lejanos e inútiles viajes, y recuperar su confianza en el funcionamiento de la justicia(4).

Para Puliatti, las disfunciones de la justicia de época tardo imperial intentarán ser corregidas por Justiniano entre los años 530 y 543, mediante la moralización de la actividad judicial y la corrección de las distorsiones de la práctica, especialmente la inactividad procesal de sus intervinientes, a fin de alcanzar un objetivo unitario: asegurar el regular desarrollo del proceso y garantizar la afirmación del fin natural de la certeza del derecho a él asignado, tarea para la que dispondrá de la colaboración de personalidades prestigiosas como Mena, Demetrio, Juan de Capadocia y Triboniano(5).

En el presente estudio analizamos las disposiciones imperiales más importantes emitidas por Justiniano y recogidas en el Codex repetitae praelectionis, siguiendo un criterio cronológico, dejando para un análisis ulterior su legislación novelar.

2. LA LEGISLACIÓN DEL AÑO 527

Probablemente en el 527(6), año que corresponde a los meses de la corregencia de Justino y Justiniano en la dirección del Imperio (1 de abril del 527 - 1 de agosto del 527)(7), se emite una amplia constitución quizá escrita en griego y no conservada en los manuscritos del Codex, cuyo contenido ha sido reconstruido en las ediciones modernas del Codex repetitae praelectionis en C. I. 3. 1. 12 y C. I. 7. 62. 36(8), colocadas bajo los títulos “De iudiciis” y “De appellationibus et consultationibus”, respectivamente, sobre la base de las summae de los Basílicos 7. 62. 12 y 9. 1. 126, respectivamente, donde han sido omitidas las inscriptiones y las subscriptiones.

C. I. 7. 62. 36. Tota lite finita appellationem interponere oportet (neque enim damno aliquis afficitur, si interim interlocutio facta est, qua ei ius competens abiudicatur, id est vel testium productio vel instrumenti recitatio: potest enim in appellatione omnia persequi), ne interposita adversus interlocutionem appellatione dilationes extendantur, dum saepe in eadem causa appellatio interponitur et examinatur, deinde alio capite tractato rursus adversus hoc appellatio porrigitur. 1.-Quod si arbiter interlocutione eis ius aliquod abiudicaverit, iubet in scriptis ei contradicere, ut sibi in appellatione eius rei defensionem a praeiudicio liberam tueantur. Si vero adversus ea factum fuerit, neque appellationem iudex recipito et appellator ipse pro commisso quinquaginta argenti libras solvito.

La disposición es importante por cuanto que alcanza el equilibrio entre celeridad de los procesos civiles y garantía de los derechos de los litigantes. Efectivamente, en aras a procurar la celeridad de los procesos, evitando que las causas se dilaten excesivamente como consecuencia de la interposición de apelaciones prematuras, Justiniano establece con carácter absoluto el principio de no apelación de las sentencias interlocutorias ante definitivam sententiam(9), derogando así, implícitamente, las muchas excepciones que habían sido introducidas con la c. 18 C. Th. 11. 36 de Valentiniano y Valente(10). El legislador justifica la medida afirmando que la prohibición no prejuzga en modo alguno los derechos de las partes, ya que los pueden hacer valer, en todo caso, a través de la apelación de la sentencia definitiva, por ejemplo, si se trata de sentencias interlocutorias – interlocutio(11) - que les hayan negado la presentación de testigos o de documentos. La disposición menciona otra importante novedad, calificada por algunos autores(12) como una expresa reserva de la apelación; en efecto, se establece que si se trata de un arbiter – iudex delegatus(13) – quien dictó la sentencia interlocutoria, se exige para conservar el derecho de apelación contra la interlocutio(14), que el interesado indique específicamente por escrito el acto concreto denegado – in scriptis contradicere -. En caso de actuar contra la prohibición, además de ser rechazada la apelación por el juez a quo, se impondrá al litigante una sanción pecuniaria de cincuenta libras de plata(15). Por otra parte, la disposición reafirma la prohibición de recusación del juez después de la litis contestatio.

En opinión de Zilletti, Justiniano parece concluir el movimiento legislativo postclásico de oposición a la dilación del proceso adoptando una solución radical al disponer la absoluta prohibición de las impugnaciones ante definitivam sententiam, sin excepción alguna. Sin embargo, la medida no se presenta como una disposición aislada sobre un tema particular, sino como un elemento insertado en un contexto legislativo más amplio concerniente a varios aspectos del procedimiento, reformándolo cualitativamente. En efecto, ahora cualquier contenido que tenga, la interlocutio asume todos los aspectos propios de un acto procesal, así no tiene ya la fuerza de definir la cuestión decidida: este efecto es propio solo de la sentencia, cuya calificación como definitiva expresa la fase final del procedimiento. Pero el valor meramente procesal de las interlocutiones, que contribuye a la singularidad de la sentencia, puede, de un lado, incentivar el fraccionamiento de la demanda y, de otro lado, traducirse en una restricción de los poderes del juez, mientras que sin embargo se presenta como pertinente el recurso a separados pronunciamientos. En definitiva, las interlocutiones emitidas in medio litis tienen naturaleza y función exclusivamente procesal, preparatoria de la sentencia definitiva. C. J. 7. 62. 36 propone una configuración autónoma y jurídicamente relevante de una categoría de procedimientos judiciales meramente procesales, aislándola de pronunciamientos de objeto sustancial y situándola en el medium litis. Las interlocutiones devienen ahora en el instrumento apropiado del ejercicio del poder director-ordenador del juez y pueden ser impugnadas solo con la definitiva sententia, lo que en la línea legislativa de Justiniano, es correlato de una revalorización de la posición y de los poderes del juez en la regulación de la fase de instrucción y de tramitación del proceso(16).

Como afirma Bassanelli Sommariva, el legislador debe optar entre impedir la excesiva dilación de los procesos en el tiempo o salvaguardar el derecho de las partes de oponerse a un pronunciamiento que consideren lesivo, teniendo en cuenta que la celeridad del juicio no debe ser obtenida en detrimento de la justicia(17).

Para Vincenti, la elección de la inoportunidad de las apelaciones ante sententiam, cuya admisibilidad, permitiría la instauración de una pluralidad de procedimientos de apelación en el ámbito de la misma causa, es considerada antitética respecto de los fines de celeridad de los juicios firmemente perseguido por Justiniano. Añade que la prohibición de apelar ante sententiam reiterada durante el Bajo Imperio, no debe haber sido respetada en el foro por los abogados, habituados a la posibilidad de impugnar singulares tipos de interlocutorias taxativamente determinadas. La disposición satisface no solo el interés subjetivo de las partes, sino también aquel objetivo de la administración de justicia, evitándose, a través de la impugnación, la inútil prosecución del juicio. Considera que la previsión de la multa a imponer a eventuales transgresores, es necesaria para hacer que las prohibiciones de quibus sean respetadas por todos(18).

Respecto del tratamiento en la misma disposición de la recusación y de la apelación, considera Goria que obedecería a una praxis tardía, motivada por el temor del legislador a que las partes, para burlar la prohibición de apelar las interlocutiones, argumentasen de estas últimas una falta de imparcialidad del juez y procediesen por tanto a recusarlo(19).

La siguiente disposición a analizar y que formaría parte del mismo texto legislativo(20) es,

C. I. 3. 1. 12 pr. Magistratus omnes sacrique iudices brevi lites decidant: et si quis litigatorum iudice competente saepius adito sine iusta causa moram passus erit, imperatorem adeat et ab eo auxilium expectet.

Justiniano, con esta disposición continúa su política de procurar la celeridad de los procesos, exhorta a los jueces a resolverlos en breve plazo, permitiendo recurrir, aún en primera instancia, ante el emperador por injustificada inactividad del juez(21). En tal caso, como observa Padoa Schioppa, no era necesario un examen detallado de la cuestión, y la decisión correspondía, probablemente, a los scrinia en vía de oficio(22). Para Goria, el incumplimiento de sus deberes, le reportaría al juez probablemente la amenaza de una sanción, o su sustitución por otro juez, nombrado por el propio emperador(23).

Para el autor inmediatamente antes citado, es una verdadera fatalidad que la ausencia del texto original nos haya privado tanto de las particularidades de la norma como del contexto en el que la misma venía situada por la cancillería, ya que el objetivo de acelerar la solución de los litigios podría haber sido anunciado con una cierta solemnidad como uno de los pilares de la política legislativa del nuevo emperador. No hay duda, en efecto, que la exigencia fue sentida por la población: basta citar aquí el famoso diálogo que habría tenido lugar entre un desconocido griego que, caído en esclavitud y después liberado, vivía en la corte de Atila, y el histórico Prisco de Panión (ciudad de la Tracia), cuando este hombre en el 448-449 acompañó al comes Maximino en una embajada enviada por Teodosio II. Entre las críticas que hace el griego al imperio está aquella relativa a la administración de justicia, concretamente la desigualdad entre ricos y pobres, la duración de los procedimientos judiciales y sus costes elevados(24).

3. LA LEGISLACIÓN DEL 528

El 1 de julio del año 528(25), Justiniano emite la única disposición recogida por los redactores del Codex repetitae praelectionis que integra el título “Ne liceat in una eademque causa tertio provocare vel post duas sententias iudicum, quas definitio praefectorum roboraverit, eas retractare”, dirigida a Mena, praefectus praetorio, destinada a regular distintos aspectos de la apelación(26):

C. I. 7. 70. 1. Imp. Iustinianus A. Menae pp. Si quis in quacumque lite iterum provocaverit, non licebit ei tertio in eadem lite super isdem capitulis provocatione uti vel sententias excellentissimorum praefectorum praetorio retractare. D. K. id. Iul. Constantinopoli D. Iustiniano A. II cons.

Justiniano, preocupado por la lentitud y dilación de los procesos civiles y criminales, prohibe que se pueda ejercitar en el mismo proceso la apelación más de tres veces consecutivas contra la misma sentencia “ídem capita litis”(27); si la sentencia(28) ha sido pronunciada por el prefecto del pretorio en segunda instancia, prohibe su ulterior revisión(29).

Como observa Padoa Schioppa, Justiniano no excluye una ulterior apelación concerniente a capítulos de la sentencia correspondientes a singulares peticiones o acusaciones (tal parece ser el significado de “capitulum”) no precedentemente impugnados(30). Efectivamente la sentencia definitiva, cuando la causa presentaba varios capítulos, podía escindirse en tantas sentencias sobre cada uno de ellos y, por tanto, contra cada una de estas sentencias particulares se podía interponer apelación(31).

Como observa Álvarez Suárez, para las sentencias dictadas en apelación por los prefectos del pretorio (que no son apelables), se arbitró la posibilidad de acudir en súplica al emperador por medio de supplicationes (preces imperatori oblatae). Sin embargo, el emperador solía encomendar el nuevo examen del asunto al prefecto del pretorio, lo cual hacía que esta súplica no entrañara una verdadera apelación, sino una revisión de la sentencia por la misma autoridad que la había dictado(32). En este sentido, afirma Pergami que la disposición prevé que el instrumento de la supplicatio pudiese ser ejercido contra la sentencia del prefecto del pretorio en calidad de juez de segundo grado(33).

Dicha prohibición será reiterada por Justiniano en el 539. Efectivamente, el 8 de abril del 539(34), el emperador emite una disposición redactada en griego y dirigida a Juan, praefecto praetorio secundo, bajo el título “De iudicibus et ut nullatenus cum iureiurando eligatur aliquis iudex, quod permaneat ei et ut appellationes accipiant modis omnibus iudices, et ut in media lite factae formae, quo modo oporteat decidi cognitionem non attendant iudices”, con la que reorganiza el colegio de los iudices pedanei, su competencia, el procedimiento y la apelación. A nuestros fines nos interesa únicamente lo relativo a la apelación.

Nov. 82.c. 5. Audient igitur omnes quidem litem usque ad trecentos solidos existentem sub schemate adnotationis. Sic enim velocius lites iudicabuntur, et circulis cognitionalibus ac temporis contritione omnes litigantes liberabuntur. Palam vero est, quia etsi per adnotationem audiant causas, verumtamen dabunt terminum per scripturam, qui eorum manifestet sententiam. Appellationibus in his nulli penitus perimendis, nisi forte tertio appellare voluerit aut per contumaciam defuerit: talibus enim etiam appellationum perimatur ratio. Dat. VI id. April. Constant. Imp.d.n. Iustiniani pp. A. ann. XIII, Apione v.c. cons.

El capítulo 5 limita la competencia de los iudices pedanei a las causas que no superen los trescientos solidos; proceden per modum adnotationis(35), aun cuando la sentencia deben redactarla por escrito, en aras a la celeridad de los procesos; respecto a la apelación, los iudices pedanei deben admitirla, salvo el límite de la doble apelación y la prohibición de apelar al contumaz(36).

El 11 de diciembre del 528(37), Justiniano emite una constitución situada por los redactores del Codex repetitae preaelectionis en el título “De assertione tollenda”, cuyo destinatario es Mena, praefectus praetorio, donde regula distintas cuestiones procesales de las causae liberalis. A nuestros fines, nos interesa únicamente el parágrafo 1 pr. donde Justiniano reconoce al esclavo la capacidad procesal para reivindicar su estado de libertad sin necesidad del auxilio del adsertor, deroga la posibilidad de repetir ilimitadamente los procesos de libertad y regula la provocatio contra la sentencia de primer grado(38):

C. I. 7. 17. 1 pr.: Imp. Iustinianus A. Menae pp. Lites super servili condicione movendas ad clementiorem tam examinationem quam terminum transferimus iubentes, si quis vel adhuc serviens liberum se esse dixerit vel in libertate commorans ad servitutem vocatus fuerit, adsertoris difficultatem in utroque casu cessare ipsumque per se ad intentiones eius qui dominum sese adserit respondere et, si ex possessione libertatis ad servitutem ducitur, etiam procuratorem dare minime prohiberi, quod his, qui ex servitute ad libertatem prosiluerint, penitus interdicimus: illis legibus, quae dudum et secunda et tertia vice adsetorias lites examinari praecipiebant, in posterum conquiescentibus, cum sit iustum primam definitionem in suis manere viribus, cum provocatio nulla oblata fuerit: qua porrecta, ad similitudinem aliorum negotiorum iudex, ad quem res ex provocatione ducitur, eam examinabit, cuius et ipsius iudicium ad secundam exquisitionem minime deducetur occasione legum, quae super adsertoriis litibus positae sunt. D. III id. Dec. dn. Iustiniano pp. A. II cons.

Como afirma Marrone(39), Justiniano simplificó el procedimiento, aboliendo la necesidad del adsertor, cuya mención viene suprimida en los textos clásicos; viene suprimida igualmente toda alusión a la adsertio en sentido técnico. En el derecho justinianeo, además, surge el praeiudicium an liber sit, desconocido en el mundo clásico. Añade el citado A.(40) que la posibilidad de secunda et tertia adsertio mencionado por Justiniano, es meramente ejemplificativa y debe ser interpretada como “indefinidamente”. Lo que en nuestra opinión, encaja perfectamente en el pensamiento de Justiniano de limitar la duración de los procesos, haciendo que éstos sean más rápidos y ágiles, sin menoscabar los derechos de las partes.

En opinión de Franciosi(41), el texto de la constitución declara claramente la abolición del adsertor tanto respecto a la vindicatio in libertatem (si quis vel adhuc serviens liberum se esse dixerit) cuanto a la vindicatio in servitutem (vel in libertate commotans ad servitutem vocatus fuerit): adsertoris dificultatem in utroque casu cessare. La reforma justinianea implica una revisión total de algunas reglas del proceso de libertad, como la transformación de la vindicatio in libertatem en el praeiudicium an liber sit; la interpolación sistemática de los fragmentos que mencionan al adsertor libertatis y la adsertio in libertatem, sustituidos respectivamente con paráfrasis como is qui de libertate sua litigat, etc., por último, en los casos en los que sobrevive, el adsertor libertatis asume el nombre de defensor. Añade el autor inmediatamente antes citado(42), que junto a la derogación del adsertor libertatis, Justiniano deroga también la regla, todavía vigente, que admitía la repetición de la adsertio in libertatem, situando la causa liberalis en el mismo plano que los procesos ordinarios.

4. LA LEGISLACIÓN DEL AÑO 529

El 15 de febrero del 529(43), Justiniano emite una amplia constitución escrita en griego de la que forma parte C. I. 9. 4. 6(44), dirigida a regular distintos aspectos del derecho procesal civil y penal, colocada por los redactores del Codex repetitae praelectionis en el título “De custodia reorum”, y que a nuestros fines interesa destacar la fijación de los términos dentro de los cuales debe celebrarse y concluirse el proceso:

C. I. 9. 4. 6. 3. Si liber homo propter pecuniariam causam in carcerem coniectus fuerit, fideiussoribus praestitis liberetur: si fideiussores non habet, intra XXX dies causa decidatur et ipse liberetur. Sin autem ampliore tempore opus sit, tunc iuratoriae cautioni comittatur usque ad litis exitum: qui si iuramento praestito ante litem decisam adfuerit, bonis suis excidat. 4.- Si liber homo criminis accusatus in custodiam coniectus sit, fideiussoribus praestitis liberetur: si fideiussores non habet, usque ad sex tantummodo menses in custodia maneat, intra quos causa decidatur, nisi capitalis criminis reus factus est. 5.- Talis enim nec fideiussoribus committitur, si a publicis personis accusatus est: sed rursus intra sex menses iudicium ad finem perducendum est, quod si non a publicis personis sed a privato accusatore conventus fuerit, admittitur fideiussio, si vero fideiussores dare non potest, per unum annum tantummodo in custodia teneatur, intra quem omnimodo causam decidi oportet. 8.- Episcopis admonentibus magistratus haud ignaros se ipsos et officia sua decem libras illaturos. 9.- Licentia data religiosissimis pro tempore episcopis, si quid praetermitti viderint ab illustribus clarissimis spectabilibus pro tempore magistratibus vel ab officiis quae eis parent, hoc denuntiandi, ut congruens motus in neglegentes dirigatur. D. XV k. Febr. Constantinopoli Decio cons.

El parágrafo 3 aborda el caso del hombre libre encarcelado por causa pecuniaria, deberá prestar fiadores que garanticen su comparecencia, en cuyo caso será puesto en libertad inmediatamente; en caso contrario, la causa deberá ser decidida en el término de treinta días. Si el proceso necesitase más tiempo para ser resuelto, el detenido puede ser puesto en libertad si presta una cautio iuratoria; si después de prestada la cautio, se convierte en contumaz, sus bienes pasarán a favor del adversario(45).

En el parágrafo 4, se contempla el supuesto de un libre acusado de un crimen no capital, si ofrece fiadores, será liberado de la cárcel; en caso contrario, permanecerá en prisión un tiempo máximo de seis meses, dentro de los cuales deberá terminar el juicio(46).

En el parágrafo 5, se distingue si la acusación ha sido realizada por funcionario público, en cuyo caso no se admiten fiadores y, como observa Bonini, la causa deberá concluir en el plazo de seis meses; o bien, que la acusación haya sido realizada por un particular, en cuyo caso se admite la fianza, si no puede prestarla, la prisión preventiva durará como máximo un año, tiempo dentro del cual debe finalizar el proceso(47).

Por último, en el parágrafo 8 se contempla una pena pecuniaria para el magistrado y sus oficiales de diez libras en caso de simple advertencia del obispo por incumplimiento de las disposiciones; en el parágrafo 9 se regula la denuncia del obispo al emperador para los casos más graves(48).

El 1 de abril del 529(49), Justiniano emite una breve pero esencial disposición sobre el proceso penal, dirigida a Mena, praefectus praetorio, recogida por los redactores del Codex repetitae praelectionis bajo el título “Ut intra certum tempus criminalis quaestio terminetur”(50), por la que fija un término para su finalización:

C. I. 9. 44. 3. Imp. Iustinianus A. Menae pp. Criminales causas omnimodo intra duos annos a contestatione litis connumerando finiri censemus nec ulla occasione ad ampliore produci tempora, sed post biennii excessum minime ulterius lite durante accusatum absolve, scientibus iudicibus eorumque officiis, quod, si litigatoribus admonentibus ipsi litis introductionem vel examinationem distulerint, poena vicenarum librarum auri ferientur. D. k. April. Decio vc. cons.

En la disposición se establece que la causa criminal – criminales causae(51) – debe finalizar en el término de dos años a contar desde la litis contestatio(52), sin que se admita prórroga alguna, con la consecuencia en caso contrario de la absolución del acusado(53); si aún a pesar de la insistencia de las partes, la falta de conclusión es debida a un retraso del juez en la litis introductio o en la examinatio, dicho juez y sus oficiales serán sancionados con la pena de veinte libras de oro(54).

Respecto del retraso imputable al juez, Bonini ha observado que la atención del legislador (siempre preocupado por hacer más rápido el mecanismo procesal) se centra no ya en el comportamiento de las partes, sino en aquél del juez, y más exactamente sobre su inactividad aun a pesar de las solicitudes de las partes. Añade el autor inmeditamente antes citado, que el hecho de que el legislador no sancione la inactividad del juez en sí misma considerada, sino solo aquella que es adecuadamente solicitada, es sin duda digno de mención, para que dicha inactividad resulte penalmente relevante. Ello se explica fácilmente con los principios del proceso penal acusatorio(55).

Por último, respecto del problema de la coordinación entre el límite de duración del proceso y la prisión preventiva del acusado apuntado por Zilletti(56), considera Bonini que tal coordinación se cumple considerando que el límite bienal se aplica en todos los casos en los que el acusado no haya estado o no esté sometido a prisión preventiva, ya que esta situación puede comprobarse a través de la prestación inmediata o sucesiva de garantes (y el eventual parecer favorable del magistrado), en todos los casos de proceso acusatorio es evidente, por otra parte, la insustituible función de un límite máximo de duración del proceso(57).

El 8 de abril del 529(58), Justiniano emite una disposición sobre cuestiones de procedimiento, que, de manera fragmentaria, ha sido recogida por los redactores del Codex repetitae praelectionis. La integración de los diversos fragmentos identificables en un texto único, que habría regulado diversos aspectos del procedimiento, ha sido planteada por un sector de la doctrina(59), y puede acogerse como muy probable. Los diversos fragmentos que integrarían esta disposición imperial según el orden en que aparecen en el Código justinianeo serían C. I. 4. 21. 18, bajo el título “De fide instrumentorum et amissione eorum et antapochis faciendis et de his quae sine scriptura fieri possunt”, C. I. 7. 62. 37, bajo el título “De appellationibus et consultationibus”, y C. I. 7. 64. 10, bajo el título “Quando provocare necesse non est”, todos con subscriptio D. VIII id. April. Constantinopoli Decio cons., y dirigidos al mismo destinatario, Mena, praefectus praetorio.

Por otra parte, como observa Ziletti, teniendo en cuenta que el primer Codex fue publicado el 9 de abril del 529 mediante la constitución Summa rei publicae, la disposición de la cancillería imperial constituiría el último procedimiento legislativo en tema de proceso introducido en el ámbito de la primera compilación(60).

A nuestros fines solo nos interesa la parte de la disposición imperial relativa al nuevo procedimiento de apelación recogido en C. I. 7. 62. 37, donde Justiniano, además de regular los grados de competencia jurisdiccional en tema de apelación civil y el ius novorum, establece un plazo – dies fatales - de dos años para apelar las sentencias civiles:

C. I. 7. 62. 37 pr. Imp. Iustinianus A. Menae pp. In offerendis provocationibus, ex quibus consultationum more negotium in nostrum sacrum palatium introduci solebat, hoc addendum esse censemus, ut, si quidem non excedat litis aestimatio decem librarum auri quantitatem, ex ipsa scilicet sententia iudicis discernenda, non duobus, sicut antea, magnificis iudicibus, sed uni tantummodo disceptatio negotii deputetur. 1. Sin vero memoratam excedens quantitatem viginti libris auri terminetur, duobus tradatur magnificis iudicibus, viris scilicet devotis epistularibus cognitionalia certamina excipientibus, ita tamen ut, si dissentirent, virum illustrem pro tempore quaestorem adhibeant, ut eo dubietatem dirimente finiatur negotium. 2. His videlicet litibus, quarum aestimatio viginti librarum auri quantitatem excedit, in commune auditorium florentissimorum sacri nostri palatii procerum introducendis. 3. Ut tamen secundum iam statuta licet quidem non solum victo, sed etiam victori consultationem ad unum vel duos iudices mittendam intra biennii tempus ei vel eis intimare: post excessum enim memorati temporis huiusmodi licentiam amputamus. 4. Quae vero fuerint ab eo vel eis decreta, nulla provocatione suspendantur. Novas etiam adsertiones a partibus apud eundem vel eosdem iudices addi ad exemplum consultationis ad sacrum nostrum palatium introducendae permttimus(61). D. VIII id. April. Constantinopoli Decio V. cons.

En opinión de Bassanelli Sommariva, la constitución se inserta en el grupo de normas que crean un sistema de jueces colegiados, integrado por los más altos funcionarios, a los que el emperador delega funciones jurisdiccionales, que él había asumido en los primeros tiempos y que ahora le impiden dedicarse a las occupationes pro utilitate mundi. De este modo, parece que la función jurisdiccional adquiere su propia autonomía diferenciándose, en cierto modo, de la persona del emperador(62).

Justiniano modifica el procedimiento de apelación(63) –provocare o provocatio(64)- estableciendo nuevos órganos permanentes delegados del poder jurisdiccional imperial, unipersonales y colegiados, y sustituye el criterio para determinar la competencia jurisdiccional en tema de apelación civil basado en la jerarquía de los órganos juzgadores, por otro meramente cuantitativo fundado sobre el valor de la causa – summa appellabilis -(65). La disposición establece que las apelaciones al emperador en causas que no superen el valor de diez libras de oro (= 720 solidi) serán competencia no de dos jueces, como ocurría anteriormente(66), sino de un juez único –magnificus iudex(67)-, que no es especificado; mientras que las causas cuyo valor se encuentren entre diez y veinte libras de oro serán competencia de un colegio compuesto por dos jueces –magnifici o sublimissimi iudices(68)-, que tampoco son especificados, los miembros del scrinium ab epistulis son los encargados de instruir la causa, en caso de disenso intervendrá como presidente, para dirimir la cuestión, el quaestor sacri palatii – vir illustre-; únicamente las causas de valor superior a veinte libras de oro conocidas por otros magistrados con el rango de illustris (praefectus urbi, magister officiorum, comes rerum privatarum, comes sacrarum largitionum, magistri militum, jueces delegados con rango de illustris), con exclusión del praefectus praetorio, serán competencia del tribunal imperial(69) –in commune auditorium florentissimorum sacri nostri palatii-, sometidas a un término de interposición de dos años - intra biennii tempus-(70). En todo caso, como afirma Pergami, dicho valor vendrá determinado por la propia sentencia impugnada(71).

En opinión de Bassanelli Sommariva, el procedimiento responde a exigencias de racionalización en el intento de garantizar la celeridad de los juicios(72).

Para Falchi, la regulación de la composición del órgano juzgador en los procesos civiles según el valor de la litis, tiene por finalidad una racional y óptima utilización de los magistrados(73).

Por otra parte, la constitución admite específica y ampliamente el “ius novorum”, ad exemplum consultationis, para introducir novae adsertionis ad sacrum nostrum palatium, permitidas a las partes ante el órgano jurisdiccional ad quem, unipersonal o colegiado, en función de la cuantía del litigio(74).

En este sentido, escribe Álvarez Suárez que ya ante el nuevo magistrado, la apelación se sustancia como si en realidad se tratara de un nuevo proceso, con los mismos debates que se practicaban en el primero; así, es posible presentar nuevas pruebas, aducir nuevos hechos e incluso dar un fundamento distinto a la cuestión litigiosa. En su consecuencia, el magistrado de apelación no se limita a revisar la sentencia dictada, sino que entra a fondo en el asunto, sometiendo a nuevo examen los hechos debatidos y el derecho a ellos aplicable(75).

En opinión de Pergami, esta disposición es, por muchos motivos, anómala en el cuadro del desarrollo histórico de la apelación, además del sistemático de la misma compilación justinianea. La admisibilidad de nuevos argumentos en apelación estaba ya admitida en el 294 con el edicto de los Tetrarcas, además recientemente había sido reafirmada por Justino con la c. 4 C. I. 7.63(76). En ambos casos los procedimientos estaban recogidos en el Código, presumiblemente ya en la primera edición de éste. Por tanto, es inexplicable, con la carencia organizativa de la cancillería imperial y con la imperfecta estructura sistemática del mismo Código, por qué Justiniano siente la necesidad de permittere aquello que ya estaba admitido dos siglos antes, y confirmado algunos años después con normas que él mismo inserta en el cuadro de la propia legislación. Y por qué concibe la posibilidad de nuevas argumentaciones modeladas ad exemplum consultationis(77).

Justiniano en otra constitución, como afirma la doctrina(78), contemporánea a la fecha de publicación del Codex (9 de abril 529), escrita en griego y no conservada en los manuscritos del Codex, cuyo contenido ha sido reconstruido en las ediciones modernas del Codex repetitae praelectionis en C. I. 10. 1. 11, colocada bajo el título “De iure fisci”, sobre la base de Basílicos 56. 2. 55, establece el término de perención de los juicios fiscales:

C. I. 10. 1. 11. Id est omnis causa fiscalis intra sex menses post litis contestationem numerandos finiatur, nisi forte contingat, ut necesse sit vel personas vel instrumenta aliqua adhuc ex provinciis ad regiam urbem adferre, vel si ipsi qui conveniuntur dilationis causam dederint, cum non sint instructi.

Como afirma Fernández de Buján, A., se establece, de forma expresa, un plazo de preclusión de seis meses, salvo circunstancias excepcionales que justifiquen la dilación, en el transcurso del cual, deberán concluirse los litigios que tengan por objeto un asunto de naturaleza fiscal(79). Dicho plazo, como afirma la doctrina(80), comienza a correr desde la litis contestatio. Y únicamente por razón de las personas o de los documentos podrá concederse una ampliación del plazo, que no viene especificado.

El 15 de diciembre del 529(81), Justiniano emite en Calcedonia una amplia constitución colocada por los redactores del Codex repetitae praelectionis en el título “De temporibus et reparationibus appellationum seu consultationum”, cuyo destinatario es Triboniano, quaestor sacri palatii(82), dirigida a innovar radicalmente algunos aspectos de la precedente regulación postclásica, como la regulación orgánica de los términos del juicio de segundo grado y la inactividad en la apelación.

C. I. 7. 63. 5 pr. Imp. Iustinianus A. Triboniano quaestori sacri palatii. Cum anterioribus legibus ex omni provincia ad hunc nostrum sacratissimum comitatum similis cursus ad appellationes exercendas impertitus est, necessarium nobis visum est huiusmodi spatiis iustum imponere libramentum. 1. Sancimus itaque, si quidem ab Aegyptiaco vel Libyco limite vel Orientali tractu usque ad utrasque Cilicias numerando vel Armeniis et gentibus et omni Illyrico causa fuerit more appellationum transmissa, primum semestre spatium in antiqua definitione permanere et nihil penitus neque deminui neque adcrescere. 1a. Sin autem ex aliis nostri imperii partibus sive Asianae sive Ponticae sive Thraciae dioeceseos lis provocatione suspensa in hanc regiam urbem perveniat, pro semestre spatio trium tantummodo mensum spatium eis indulgerit: aliis trium mensum spatiis, id est nonaginta tribus diebus simili modo sequentibus sive semestre tempus sive tres priores mensum secundum locorum definitionem, quam designavimus. 1b. Sed et aliis tribus mensibus, qui ex reparatione ab aula concedi solent, in suo robore duraturis et prioribus accedentibus, ut partim annale numeretur, partim novem mensum spatium consequatur. 1 c. Et cum antea in fine cuiusque temporis unus fatalis dies ex antiquis legibus constitutus est et saepe eveniebat (cum multae sunt occasiones mortales appellationum) vel aegritudine vel spatii prolixitate vel per alias causas, quas nec dici nec enumerari facile sit. Eundem diem fatalem non observari et lites expirare et huiusmodi luctuosis infelicitatibus patrimonia hominum titubare: propter hoc fortunae relevantes insidias sancimus non in unum diem fatalem standum esse in posterum, sed sive ante quartum diem fatalis luminis et ipsum fatalem sive post quinque dies, ex quo ortus fatalis effluxerit, appellator venerit et litem instituendam curaverit et eam in competens iudicium deduxerit, legi videri satisfactum, ne ingemiscat mortuae causae dispendium, sed nostro gaudeat beneficio, cum nobis cognitum sit etiam ex errore calculi dierum quem officium habuit saepe esse causas periclitatas: quod in posterum non fieri ex remedio legis praesentis sperandum est. 1d. Eodem beneficio et in aliis omnibus fatalibus qui vel a pedaneis iudicibus vel ab aliis, quos leges suis sanctionibus enumeraverunt, custodiendo seu observando, ut decem fatales pro uno ubique instituantur. 2. In his autem casibus, in quibus biennium constitutum est, quatenus more consultationum in regia urbe sub communi audientia florentissimorum nostri palatii procerum ventilentur, biennii metas unius anni terminis coartamus, ut intra eum et gesta colligere et ea viris devotis epistularibus tradere et refutatorios libellos, si voluerint, offerre et litem in sacrum nostrum consistorium introducere cogantur: nulli licentia deneganda victrici parti, si voluerit, secundum quod iam constitutum est, et praemature causam inducere neque annali spatio expectato. 3. Si tamen in sacro nostro consistorio lis exordium ceperit, etsi non fuerit in eodem die completa, tamen perpetuari eam concedimus, cum iniquum sit propter occupationes florentissimi ordinis, quas circa nostrae pietatis ministeria habere noscitur, causas hominum deperire. 4. Illud etiam merito addendum hiuc legi censemus, ut si qui fatali die apud appellationis iudicem introductus, sive ex una parte sive cognitionaliter causae appellationis imponat exordium, deinde relicta ea discedat et in desidia reliquum tempus permaneat et annale tempus post inchoatam litem praeterierit, victore neque sententiam ad effectum perducere valente propter litem iam inchoatam neque iam terminum accipere inveniente, cum appellatoris absentia eam finiri non facile concedit, huiusmodi iniquitatem amputantes (cum adversarius potest et minime praesente appellatore litem exercere, quia hoc special privilegium eius est, qui appellationi examinandae praesidet, posse ex una parte causam dirimere) iubemus eundem appellatorem, nisi observaverit iudicium et causam usque ad finem peregerit, sed per eum steterit, quominus omnia litis certamina impleantur, appellatione defraudari et sententiam contra eum latam in suo robore durare et ad effectum perduci, tamquam si ab initio minime fuerit provocatum: nisi ipse appellator evindentissime probationibus possit ostendere se quidem summa ope nisum voluisse litem exercere, per iudicem autem stetisse vel aliam inexorabilem causam subsecutam, propter quam hoc facere minime valuit. Tunc etenim aliud ei annale tempus indulgemus, quo effluente et lite minime finem accipiente cadere eum de appellatorio iuvamine disponimus, cum sit ei apertissima facultas et nostrum adire maiestatem et tarditatem iudicis in querellam deducere et nostro beneficio perpotiri. 5. Cum consentaneum est, ut et in sententiis omnium amplissimorum praefectorum praetorio ex divino oraculo retractandis eadem observatio, quae supra dicta est, post ingressum unius vel utriusque partis tam propter absentiam personarum quam propter statuta tempora teneat. Sin autem partes inter se scriptura interviniente paciscendum esse crediderint nemini parti licere ad provocationis auxilium pervenire vel ullum fatalem observare, eorum pactionem firmam esse censemus. Legum etenim austeritatem in hoc casu volumus pactis litigantium mitigari. D. xv k. Dec. Calcedone Decio vc. cons.

Justiniano estable un nuevo y más justo régimen de la duración del juicio de apelación de las sentencias emitidas por jueces ordinarios. Efectivamente, la constitución (pr.) comienza regulando los distintos términos dentro de los cuales tienen que ser decididas las apelaciones al Emperador con base en un nuevo criterio territorial, cual es el domicilio de las partes. Ante todo queda derogado el término unitario de seis meses previsto por Teodosio II y Valentiniano III para todas las apelaciones que se conocieran en Constantinopla, con independencia de las diócesis de donde procedieran. A dicho término (1) de seis meses se somete la introductio appellationis procedente de Egipto, Libia, la diócesis de Oriente incluyendo las dos Cilicias, Armenia y toda la Iliria, si la causa se hubiera decidido en primera instancia por un juez ordinario, el plazo comienza a correr desde el día de presentación de la impugnación. El término (1a), sin embargo, se reduce a tres meses, si la causa se hubiera decidido en primera instancia por un juez ordinario, en las diócesis de Asia, Ponto y Tracia(83), cuyo menor plazo, como observa Caimi, encuentra obviamente su fundamento en la mayor proximidad geográfica a la capital de estas diócesis respecto de los otros territorios del Imperio(84).

Por otra parte, la cancillería justinianea (1b) deja inalterada la reparatio appellationis que se había configurado en la normativa anterior, establece que transcurridos los tres términos de treinta y un días cada uno, si se solicita el último día del tercer plazo, el emperador concede una reparatio de tres meses, lo que eleva la duración del juicio de segundo grado a un año para las zonas más alejadas de Constantinopla, y a nueve meses, para las zonas más próximas(85).

Deroga (1c-d) el único dies fatalis común a todos los términos, con una amplia justificación a fin de evitar multas por la muerte de las apelaciones - multae occasiones mortales appellationum -, causadas por tantos motivos que no son fáciles de enumerar – nec dici nec enumerare facile sit - como la enfermedad, la larga distancia, el error en el cálculo de los días por parte de los miembros del officium u otras causas, que impedían al apelante la presencia en juicio en el dies fatalis, con graves consecuencias de carácter patrimonial. Por tanto, de ahora en adelante y con carácter general incluidos los jueces pedaneos, el apelante podrá presentar la apelación en los cuatro días anteriores o en los cinco días posteriores al dies fatalis, es decir, un total de diez dies fatales útiles para evitar disgustos e incidentes, en caso contrario, adquirirá firmeza la sentencia de primera instancia(86).

El parágrafo 2, como afirma la doctrina(87), es de particular importancia, por cuanto establece la reducción de los términos previstos para la resolución de las apelaciones enviadas al tribunal imperial more consultationum de dos años a uno, con la consecuencia, como escribe Álvarez Suárez, que pasado el cual caducaba la instancia y la sentencia del juez inferior se consideraba firme(88). Como observa Padoa Schioppa, la causa de la apelación viene instruida por los scrinia competentes, en este caso los epistulares, y decidida por el tribunal imperial, integrado por el emperador y por una serie de altos funcionarios centrales, que constituyen el Consistorium Sacrum(89). Por otra parte, como afirma la doctrina(90), las partes pueden aportar personalmente nuevos documentos al proceso que contengan nuevas argumentaciones.

El parágrafo 3 establece una medida cautelar en defensa de los intereses de los litigantes respecto del perecimiento de la apelación causada por la postura obstruccionista de los jueces, al establecer que cuando el litigio hubiere comenzado en el Consistorium Sacrum, las occupationes florentissimi ordinis de sus miembros no pueden perjudicar a los términos para la decisión del litigio, los cuales quedan en suspenso(91).

El parágrafo 4 analiza el problema de la inactividad voluntaria del apelante – appellator - ante el juez ad quem. Como afirma Zilletti, se trata de dar solución a una práctica puramente dilatoria para la que no existía un adecuado remedio. Justiniano considera la hipótesis de la inactividad voluntaria del apelante prolongada durante un año post litem inchoatam, que se sanciona con la caída de la apelación y los consiguientes efectos suspensivos de la misma, adquiriendo plena vigencia la sentencia de primera instancia. Zilletti destaca la facultad del juez de permitir el desarrollo del proceso de apelación en ausencia del apelante, o bien imprimir al proceso un impulso decisivo(92).

En el caso de que el apelante demuestre que la inactividad fue debida a causas ajenas a su voluntad – inexorabilis causa - o al comportamiento obstruccionista del juez ad quem, se le concede un año más para la conclusión del proceso(93). En este supuesto, afirma Padoa Schioppa, que aun cuando las sentencias de los funcionarios periféricos estaban sustraídas al juicio de apelación del emperador, en este caso de inactividad del juez de apelación, se puede recurrir directamente a la sede imperial(94).

La constitución se cierra con la disposición dirigida a atemperar la austeritas legum por los pactos de los litigantes. Así, el recurso al auxilium provocationis queda excluido cuando ambas partes hayan manifestado por escrito su voluntad de renunciar a interponer la apelación contra una sentencia(95).

5. LA LEGISLACIÓN DEL AÑO 530

El 6 de abril del 530(96), Justiniano emite una extensa constitución dirigida a Juliano, praefectus praetorio, colocada por los redactores del Codex repetitae praelectionis y ausente obviamente del Novus Iustinianus Codex, bajo el título “De iudiciis”, conocida doctrinalmente como << Lex Properandum >>, que regula de manera orgánica distintos aspectos del proceso civil de primer grado como duración, contumacia del demandante y del demandado, apelación de la sentencia contumacial, gastos procesales y sanciones por dilaciones injustificadas imputables al juez, a las partes o a sus abogados:

C. I. 3. 1. 13 pr. Imp. Iustinianus A. Iuliano pp. Properandum nobis visum est, ne lites fiant paene immortales et vitae hominum modum excedant, cum criminales quidem causas iam nostra lex bienio conclusit et pecuniariae causae frequentiores sunt et saepe ipsae materiam criminibus creare noscuntur, praesentem legem super his orbi terrarum ponendam, nullis locorum vel temporum angustiis coartandam ponere. 1. Censemus itaque omnes lites super pecuniis quantaecumque quantitatis, sive super conditionibus sive super iure civitatum seu privato fuerint illatae, super possessione vel dominio vel hypotheca seu servitutibus vel pro aliis quibusdam casibus, pro quibus hominibus contra se litigandum est, exceptis tantummodo causis, quae ad ius fiscale pertinent vel quae ad publicas respiciant functiones, non ultra triennii metas post litem contestatam esse protrahendas: sed omnes iudices, sive in hac alma urbe sive in provinciis maiorem seu minorem peragunt administrationem, sive in magistratibus positi sunt vel ex aula nostra dati vel a nostris proceribus delegati, non esse eis concedendum ulterius lites quam triennii spatio extendere. Hoc etenim iudicialis magis esse potestatis nemo est qui ignoret: nam si ipsi voluerint, nullus tam audax invenitur, qui possit invito iudice litem protelare. 2. Et si quidem pars actoris cessaverit, quatenus multiplici dilatione reus fatigetur, et triennii metae post litem contestatam iam prope finem veniant, ut semenstre tempus tantum ei supersit, licentia erit iudici per exsecutores negotii actorem requirere, parte fugiente ex una parte actoris absentiam incusante et iudicibus omnimodo suas aures huiusmodi quaestioni reserantibus: et si per tres vices hoc fuerit subsecutum, decem dierum spatio per unumquemque introitum destinato, et nec ita pars actoris fuerit inventa et neque per se neque per procuratorem instructum pervenerit, tunc iudicem negotii acta apud se confecta conspicere: 2a. Et si quidem nihil sufficiens actitatum est, ex quo possit termino causae certa fieri coniectura, non solum partem figientem ab observatione iudicii relaxare, sed etiam in omnes expensas, quae consueto modo circa lites expenduntur, eum condemnare, vera quantitate earum sacramento fugientis manifestanda et omni cautela, quam super lite reus exposuit, reddenda; quae et si remanserit, viribus vacuabitur. 2b. Sin autem ex gestis apud se habitis parte actoris minime inventa possit invenire viam, ex qua manifestum ei fiat, quid statuendum sit, etiam absente actore, si eum meliorem causam habere perspexerit, pro eo ferre sententiam non moretur et praesentem reum absenti actori condemnare, expensis tantummodo litis, quas reus legitime se expendisse iuraverit, condemnatione excipiendis, quia hanc poenam actori et meliorem causam habenti propter solam absentiae contumaciam imponimus. 2c. Nullo penitus ei regressu ad eandem litem conservando: sed actor contumax cadat omnino de lite, si reus absolvetur: sin vero aliqua condemnatio contra reum pro absente actore proferatur, quam forsitam non sufficientem sibi actor putaverit fugitivus, nullo modo iterum eandem litem resuscitare concedimus. Et haec quidem poena actori fiat imposita. 3. Sin autem reus afuerit et similis eius processerit requisitio, quemadmodum pro persona actoris ediximus, etiam absente eo eremodicium contrahatur et iudex, secundum quod veteribus legibus cautum est, ex una parte cum omni subtilitate causam requirat et, si obnoxius fuerit inventus, et contra absentem promere condemnationem non cesset, quae ad effectum perducatur, et per res et facultates fugientis victori satisfiat, sive ipse iudex ex sua iurisdictione hoc facere potest, sive per relationem ad maiorem iudicem hac referatur et ex eo legitima via contra res contumacis aperiatur: nulla licentia ei vel alii personam eius solam praetendenti concedenda contradicendi, cum in possessionem ex huiusmodi causa actor mittitur: nec si reversus fuerit et voluerit fideiussores dare et possessionem recuperare, audiatur: in huiusmodi etenim casibus omnem ei contradictionem excludimus. 4. Cum autem eremodicium ventilatur sive pro actore sive pro reo, examinatione sine ullo obstaculo celebretur. Cum enim terribiles in medio proponuntur scripturae, litigatoris absentia dei praesentia repletur, nec pertimescat iudex appellationis obstaculum, cum ei, qui contumaciter abesse noscitur, nulla est provocationis licentia, quod et in veteribus legibus esse statutum, manifestissimi iuris est. 5. Huiusmodi autem sententia prope finem triennii proferatur, pro quo et praesentem legem induximus. Si enim in anteriore tempore, in quo larga temporis superest dilation et spes absenti relicta fuerit revertendi, alterutra pars cessaverit, in sola expensarum datione et absolutione forsitan praestetur poenalis sententia, non autem tunc mors litis et condemnatio in absentem introducatur, quae in his tantummodo casibus accidunt, in quibus triennii effluentis imminent formido. 6. Sive autem alterutra parte absente sive utraque praesente lis fuerit decisa, omnes iudices, qui sub imperio nostro constituti sunt, sciant in expensarum causa victum victori esse condemnandum, quantum pro solitis expensis litium iuraverit, non ignorantes, quod, si hoc praetermiserint, ipsi de proprio huiusmodi poenae subiacebunt et reddere eam parti laesae coartabuntur. 7. Et haec de alterutra parte litigantium contumaciter absente nobis statuere visum est ad aequitatis rationem omnia corrigentibus. 8. Sin autem utraque parte imminente et litem peragere cupiente iudex eam accipere noluerit vel propter amicitias vel inimicitias vel turpissimi lucri gratia vel per aliud quicquam vitium, quod miserrimis animis hiusmodi iudicum innasci potest, litem ipse ausus fuerit protelare et propter hoc triennium fuerit transactum, iudex, si quidem in magistratu positus est vel in maiori dignitate usque ad illustratus gradum, decem libras auri privatis nostris largitionibus inferre per scholam palatinam compellatur: sin autem iudex minor fuerit, trium librarum auri multa plectetur per eandem scholam exigenda et nostro aerario applicanda, et eo removendo alter iudex in locum eius subrogetur sub similis poenae formidine: his omnibus locum habentibus, cum unus iudex omnem causam ab initio peragat. 8a. Sin autem in medio triennio vel morte iudicis vel alia inrecusabili occasione iudicium fuerit mutatum, tunc, si quidem ex triennio annale tempus vel amplius residet, in quo alius iudex ei causae imponitur, intra reliquum tempus causa finiatur: sin autem minus, quam annale sit, tunc omne quod deest repleatur, ut non in minore perfecti anni tempore litem possit subrogatus iudex tam discutere quam terminare. 9. Illo procul dubio observando, ut, si neque per alterutram litigantium partem vel per iudicem steterit, quominus lis suo marte decurrat, sed per patronos causarum, licentia detur iudici et eos duarum librarum auri poena adficere per scholam palatinam exigenda et similiter publicis rationibus adgreganda, ipso videlicet iudice in sua sententia hoc ipsum manifestante, quod per patronos causae vel fugientes vel agentis dilatio facta est vel per omnes vel per quosdam ex his: necessitate advocatis imponenda, ex quo litem peragendam susceperint, eam usque ad terminum, nisi lex vel iusta causa impediat, adimplere, ne ex eius recusatione fiat causae dilatio: honorariis scilicet a clientibus, qui dare possint, disertissimis togatis ommimodo praestandis et, si cessaverint, per exsecutores negotiorum exigendis, ne et per huiusmodi machinationem causa merita protrahantur, nisi ipse litigator alium pro alio patronum eligere maluerit. 10. Haec autem omnia in his nobis cauta sunt, quibus perfectae aetatis constitutis arbitrium suum pro omnibus causis sufficit. 11. Sin vero causae vel pupillorum vel adultorum sint vel aliorum sub cura agentium, masculorum vel feminarum, ut per tutores vel curatores vel actores vel procuratores eorum agantur, et eorum desidia triennium fuerit elapsum et causa ceciderint, litem quidem nihilo minus suum habere vigorem, omnem autem iacturam, quae ex hac causa oritur, ad tutores et curatores, et fideiussores eorum heredesque et res eorum et omnes, quorum in hac causa legitime interest, redundare: sin autem non sufficiat pupillis vel minoribus eorum substantia, tunc in quo fuerint detrimentum perpessi, in integrum restitutionis auxilium eis superesse. Dat. VI kal. April. Constantinopoli Lampadio et Oreste vv. cc. Conss.

La dilación de los procesos fue siempre fuente de conflictos y quejas. Esta preocupación es sentida también por Justiniano cuando afirma en su célebre Lex Properandum: << Properandum nobis visum est, ne lites fiant paene immortales et vitae hominum modum excedant >>. En opinión de Zilletti, no parece que el lenguaje del legislador persiga finalidades abstractas o teóricas, sino que es el resultado de la presión de una concreta y desagradable desviación de la realidad. Añade el citado A. que esta disposición busca poner remedio a una situación que, con todas las reservas que se quieran hacer sobre el lenguaje de Justiniano, debía ser considerada muy grave; una gravedad que podía tener una sola causa, esto es, la posibilidad para los particulares de regular los tiempos del procedimiento, lo que no encuentra comparación en el poder de dirección (o cuanto menos un efectivo ejercicio del mismo) por parte del juez(97).

Para Scapini, la constitución recoge la preocupación, no solo teórica, del legislador de evitar injustificadamente el retraso de los procesos debido a comportamientos abusivos de las partes, sino, sobre todo, a la contumacia, aun post litem contestatam, que en el amplio texto de la constitución viene minuciosamente disciplinada. Desde este punto de vista se explica la prohibición para el contumaz de impugnar la sentencia que le sea desfavorable; en efecto, someter a impugnación la sentencia contumacial contrastaría, teniendo en cuenta la posibilidad para el derecho justinianeo de interponer dos apelaciones contra la misma sentencia, con el espíritu de la constitución que parece individualizar la contumacia como la causa principal de los retrasos de los juicios que debe ser, en todo caso, evitado también por razones de orden público (et saepe ipsae materiam criminibus creare noscuntur)(98).

Para Puliatti, las disfunciones de la justicia de época tardo imperial intentarán ser corregidas por Justiniano que a este fin publica la lex Properandum, que regula directa y conjuntamente la inactividad del juez, de las partes y de los abogados. Redefine las relaciones entre iniciativa del juez e impulso de las partes: redefinición que trata de combinar el principio dispositivo de las partes con la atribución al juez de más poderes de intervención referidos al medium litis y a su actividad de instrucción con relación a la disciplina de la inercia procesal. El abuso del instrumento procesal, que prácticamente se concreta en la dilación injustificada de los juicios, viene corregido bien mediante la regulación de la perención, bien mediante las reglas contra la inercia de los sujetos intervinientes a través del instituto contumacial(99).

Puliatti sintetiza así las medidas adoptadas por Justiniano a través de la lex Properandum en el conflicto entre legítimo interés privado a la tutela jurisdiccional y rechazo por parte del juez a administrarla: I) con carácter general, sobre la duración del juicio: a) la precisión de los límites cronológicos que el juez debe respetar para la conclusión del juicio; II) concretamente para los casos de denegación de la justicia: a) en los casos en los que el juez deniegue la justicia: la remoción del cargo, además de una pena pecuniaria cuya cuantía depende de la cualidad del magistrado, y el nombramiento de otro juez, con la misma amenaza que la sanción infringida al sustituido; b) respecto del proceso: la reanudación bajo la dirección del subrogatus iudex, que como unus iudex debe dirigir el juicio con respeto al principio de unidad; c) en relación a los términos cronológicos que la reanudación exige: la conclusión de la causa y el pronunciamiento de la sentencia dentro del trienio(100).

A la consecución de esta finalidad, Justiniano afirma en el principium de su extensa constitución que así como las causas criminales – criminales causae(101) - ya se encuentran limitadas temporalmente a un bienio por una ley nuestra(102), corresponde ahora establecer los límites temporales para la extinción de las más abundantes causas civiles, a fin de que los litigios no se hagan interminables, y excedan la duración de la vida de los hombres.

En el fragmento 1, Justiniano limita a tres años la duración de los procesos civiles en primera instancia, plazo que comienza a contar desde el día de la litis contestatio(103) << Censemus itaque, omnes lites super pecuniis quantaecumque quantitatis… vel pro aliis quibusdam casibus… non ultra triennii metas post litem contestatam esse protrahendas >>, momento procesal de perención común también para los juicios criminales y los juicios fiscales(104). Exceptúa de dicho término las causas fiscales y las relativas a las funciones públicas << quae ad ius fiscale pertinent vel quae ad publicas respiciant functiones >>.

Destaca Scialoja que el trienio asignado por Justiniano a la vida de los juicios civiles comienza a contar con el primer acto del procedimiento y no se interrumpe por los actos posteriores, antes bien, es el límite asignado precisamente al desarrollo de todos los actos ulteriores hasta llegar a la sentencia. El plazo de tres años es una norma de derecho coactivo (absoluto), y no depende de la voluntad de las partes el valerse o no, de esta especie de perención(105).

Para Zilletti, en el sistema de la nueva regulación de la inactividad de las partes post litem contestatam, la litis contestatio no es considerada solo como el momento del proceso que inicia el tiempo necesario para computar el procedimiento contumacial, sino también el elemento constitutivo del contradictorio sustancial y productor de aquella deductio in iudicium que como tal define la res iudicanda(106).

La lex Properandum clarifica los jueces que están sujetos a la obligación de concluir el proceso, en primer grado, dentro del trienio. Como afirma Barbati, se trata de a) en particular los jueces que <<sive in hac alma urbe sive in provinciis maiorem seu minorem peragunt administrationem>>, esto es, los funcionarios de la administración central que actúan en la corte o en la administración constantinopolitana ( <<in hac alma urbe>> - sin distinguir todavía entre palacio imperial y Constantinopla-), los funcionarios de la periferia (<<in provinciis>>, usando en función metonímica el término <<provinciae>>, que en sentido propio indica una de las circunscripciones territoriales periféricas), ya sea una <<maior>> o una <<minor administratio>>; además los funcionarios militares y fiscales que hayan juzgado una causa civil, por privilegium fori de alguna de las partes; b) los jueces que <<in magistratibus positi sunt>>, son claramente los magistrados municipales, normalmente denominados <<magistratus>> en época tardía; c) por último, los jueces <<vel ex aula nostra dati vel a nostris proceribus delegati>>, son los jueces delegados (“iudices pedanei”), gracias a la oportuna y expresa extensión de la regla recogida en el texto normativo(107).

En el parágrafo 2, Justiniano analiza las consecuencias de la contumacia del actor, definida como pars fugiens(108), desde la litis contestatio. Establece que si restasen seis meses para la finalización del término de los tres años, es decir, si hubieran transcurrido ya dos años y seis meses desde la litis contestatio, el juez puede proceder a tres citaciones al actor, con un intervalo de diez días entre cada una de ellas, por medio de los executores negotii(109), si el actor o su representante no comparecen, el juez debe examinar las actuaciones realizadas –negotii acta apud se conspicere-. Las posibilidades que se abren, como afirma Zilletti(110), son dos, dependiendo de la valoración del juez sobre la suficiencia o no de los elementos existentes para fundamentar el juicio.

El parágrafo 2a, regula el supuesto de que lo actuado hasta la litis contestatio no sea suficiente para dictar la sentencia, en tal caso el juez absuelve al demandado ab observatione iudicii, y condena al demandante al pago de los gastos procesales(111). Destaca Chiovenda que en este supuesto, no existe una verdadera y propia condena del actor, sino una simple absolución del demandado, acompañada de la condena del actor en los gastos(112). En opinión de Zilletti, ello implica la extinción del juicio, pero no el derecho a volver a reproducirlo(113).

Respecto de la cuantía de los gastos procesales, se determinan mediante el juramento del demandado, el cual, como matiza Chiovenda, no es vinculante, es una simple guía para el juez, que es libre de no atenerse a la cantidad solicitada por el interesado, según dichos gastos sean quae consueto modo circa lites expenduntur(114).

Por último, el demandado puede retirar todas las garantías que hubiera tenido que prestar con ocasión del litigio.

El parágrafo 2b, por el contrario, regula el supuesto de que lo actuado ante el juez hasta la litis constestio sea suficiente para dictar sentencia, a pesar de la ausencia del demandante; si se ha probado su derecho, el actor saldrá victorioso del litigio, aunque su contumacia será causa para el pago de los gastos procesales que hubiera realizado el demandado(115). Para Chiovenda es superfluo observar, ya que resulta del propio texto, que una tal condena del vencedor en las costas a favor del vencido es contraria no solo a otras disposiciones legales sobre la materia, sino a todo principio racional, salvo en caso, poco probable, que la ausencia del actor haya producido particulares gastos al demandado. La victoria del actor, no obstante su ausencia, demuestra sin embargo la simplicidad de la instrucción y los escasos gastos generados. Por tanto, en el parágrafo 2b únicamente puede verse una pena por la contumacia: propter solam absentiae contumaciam. Al igual que en el parágrafo 2a, destaca Chiovenda que la cuantía de los gastos procesales se determinan mediante el juramento del demandado, el cual no es vinculante para el juez, según respondan más o menos a los gastos legitimae(116).

Como afirma Zilletti, en este segundo supuesto no cabe hablar de expansión del procedimiento inquisitivo, ni de suplencia sustancial de la parte ausente: el juez en efecto valora libremente el material probatorio suministrado por las alegaciones de ambas partes a través de la narratio y de la contradictio. Añade que la regla según la cual la carga de la prueba incumbe al actor, no es observada de modo absoluto, desde el momento que la sentencia puede también serle favorable; al contrario, se puede hablar de una carga subrogada, cuanto menos de impulso, del demandado, en el sentido de que si éste interesa que el procedimiento se concluya con una sentencia, debe ser solicitado con base en la inactividad del actor y aportar elementos suficientes para evitar que se declare simplemente la extinción del procedimiento(117).

Para el autor inmediatamente citado, la inactividad del actor post litem contestatam no puede configurarse como un comportamiento dispositivo en sentido propio: la consecuencia final depende, además del comportamiento del demandado, de la voluntad del juez. En efecto, es al juez a quien corresponde valorar si los elementos existentes son suficientes o no para fundamentar una sentencia, que puede ser, si es el caso, también favorable al ausente. Por todo ello, es claro que la inactividad del actor viene tomada en consideración solo como presupuesto de una determinada actividad del juez y como criterio en orden al cual es automáticamente vinculado solo el efecto sancionatorio de la condena en los gastos: aquella inactividad, debidamente verificada, legitima la conclusión del proceso, pero no funda ni la relaxatio ab observatione iudicii ni la eventual sentencia sobre el fondo del asunto, a la que se llega solo por razón de la resolución, con base en los elementos existentes valorados por el juez. Por último, destaca que C. I. 3. 1. 13 no se preocupa de calificar o distinguir, como intencional o no, la inactividad del actor post litem contestatam(118).

Por otra parte, como afirma el autor inmediatamente citado, la presencia activa de una de las partes es presupuesto indispensable para el procedimiento unilateral y su desarrollo. Ello significa que no es suficiente el presupuesto de que se haya constituido la relación procesal para dictar sentencia: el tribunal no tiene el control del litigio hasta el punto de estar legitimado para emitir una sentencia cuando la inactividad es bilateral, esto es, cuando a la inercia de una de las partes no le corresponde la activa presencia de la otra parte(119).

En ambos casos (par. 2a y 2b) observa Bellodi Ansaloni, que el emperador no menciona multas a pagar a favor del erario, sino únicamente gastos procesales a abonar a la parte que se ha presentado al juicio. Viene así fijado un preciso criterio que limita la discrecionalidad del juez en la determinación de la cuantía de la sanción pecuniaria. Es un relevante cambio en torno a la poena contumacia. Esta no es tanto una multa que sanciona la contumacia cuanto, sobre todo, una justa reflexión de los gastos que ha soportado la parte presente(120).

El parágrafo 2c, continuación del parágrafo 2b, contempla el supuesto de disconformidad del demandante ausente con la sentencia que solo le ha sido parcialmente favorable, en cuyo caso el emperador confirma la prohibición general de apelación de la sentencia contumacial, como pena por su contumacia(121).

El parágrafo 3 regula la contumacia del demandado – eremodicium(122)- post litem contestatam, en los mismos términos establecidos para la contumacia del actor regulada en el parágrafo 2, esto es, si restasen seis meses para la finalización del término de los tres años, es decir, si hubieran transcurrido ya dos años y seis meses desde la litis contestatio, el juez puede proceder por petición del actor a tres citaciones al demandado, con un intervalo de diez días entre cada una de ellas, por medio de los executores negotii, si el demandado no comparece, el juez continua el juicio con la parte presente, con toda escrupulosidad – cum omni subtilitate -, según disponían las antiguas leyes – veteres leges(123) -, pudiendo dictar sentencia de condena contra el ausente. En tal caso, como afirma Obarrio, se daba comienzo al procedimiento ejecutivo – missio in possessionem rerum contumacis -. Esta bonorum possessio era definitiva, dado que era imposible para el demandado el que pudiera recuperar sus bienes, ya presentando fideiussores, ya propiciando un proceso para recuperar la adquisición de las cosas embargadas(124).

En tal sentido, afirma Provera que desaparecida toda forma de coacción para lograr la participación activa del demandado en el proceso, se regula con acentuado rigor la obligación ex lege del demandado de comparecer en juicio, obligación que se extiende a todas las fases del proceso. Así lo demuestra el régimen de la ausencia post litem contestatam. Supuesto que el demandado, una vez aparecido en el dies cognitionis, hubiese después abandonado el proceso, éste habría naturalmente seguido su curso normal hasta la sentencia(125). Por otra parte, considera el autor inmediatamente citado, que en caso de ausencia justificada, el ausente tendría la posibilidad de apelar en el término de tres días a contar desde aquel en el que conoce la sentencia, mientras que es dudoso si, en caso de ausencia injustificada, sería posible la apelación y, en caso afirmativo, si el término debía empezar a correr desde el día del pronunciamiento de la sentencia(126).

Por otra parte, como destaca Zilletti, el fragmento 3 consolida un principio ya existente en la cognitio extra ordinem, según el cual la contumacia del demandado no provoca necesariamente la condena: la inactividad del demandado es presupuesto de un procedimiento en su ausencia, no fundamento de la sentencia(127).

Respecto de la imposibilidad de apelación, considera Biondi que Justiniano, mientras confirma la prohibición general de apelar contra la sentencia contumacial, dispone que el juez << ex una parte cum omni subtilitate causam requirat et, si obnoxius fuerit inventus, et contra absentem promere condemnationem non cesset, quae ad effectum perducatur >>; por tanto, para el derecho justinianeo o la sentencia contumacial es emanada cum omni subtilitate y entonces la apelación por esta misma razón es excluida, o se trata de summaria cognitio, y entonces la exigencia de la mayor rapidez en la realización del derecho del actor, la cual justifica la cognitio summaria, determina la exclusión de la apelación(128).

Para Scapini, dada la unilateralidad del proceso contumacial, el texto exige una diligente investigación de la instrucción (ex una parte cum omni subtilitate causam requirat); lo que –unido a la consideración de que el proceso contumacial tiene como requisito inderogable el hecho ritual de la citación del demandado para que conozca las imputaciones y pueda defenderse- puede ser suficiente al legislador para considerar superflua la apelación. Por otra parte, el ámbito de aplicación de la disposición podía referirse a cualquier clase de procedimiento contumacial, ya que no se puede olvidar que en el derecho justinianeo la contumacia del demandado no implica de por sí la condena, siendo necesaria la prueba del fundamento de la pretensión del actor, en otras palabras, una diligente investigación de la instrucción. Sin olvidar que la llamada a las veteres leges induce a creer que Justiniano haya aplicado principios indiscutidos en tema de contumacia en general al caso específico de la contumacia post litem contestatam(129).

El parágrafo 4 repite el principio general de inapelabilidad de la sentencia por parte del contumaz – provocationis licentia -(130). Justiniano establece que en la hipótesis de contumacia post litem contestatam, denominada eremodicium, ya sea del actor ya sea del demandado, continúe el juicio con la parte presente, pues la ausencia del litigante es suplida con la presencia de Dios(131), prohibiendo la apelación al ausente contumaz, que constituye actualmente un principio indiscutible(132), tal y como se estableció en las veteres leges.

El parágrafo 5 regula la inactividad de alguna de las partes cuando todavía falta mucho tiempo para el último semestre del trienio, esto es, cuando el proceso se encuentra dentro de los dos años y los seis primeros meses del tercer año. En tal caso, caben dos posibilidades: a) el regreso después de una inicial ausencia, hace que el proceso continúe su normal desarrollo hasta su conclusión(133); b) que aún faltando un amplio espacio de tiempo para que se cumpla el último semestre del trienio, existan razones fundadas de que no se va a reanudar la actividad procesal. Dicha valoración le corresponde al juez, con la consecuencia, como observa Zilletti de que deberá pronunciarse sobre los gastos o sobre el ulterior curso del procedimiento hasta el límite del último semestre, lo que plantea la alternativa entre decisión sobre el fondo del proceso y absolutio ab instantia (134).

En opinión de Obarrio, ello implica que el proceso por contumacia justinianeo no comienza sino después de dos años y medio desde el momento de la litis contestatio, durante ese tiempo, solo era posible un juicio penal con condena en gastos(135).

Si la ausencia corresponde al demandante, afirma Puliatti que la inactividad o abandono temporal del actor anterior o sucesivamente a la litis contestatio da lugar, en presencia de la iniciativa del demandado, al inicio del procedimiento contumacial hasta el pronunciamiento de la sentencia, cuyo contenido lo realizará el juez sobre la base de las alegaciones realizadas, pudiendo ser también favorable al actor ausente. La incorporación después de una inicial ausencia, es decir, la inactividad temporal, permite el normal desarrollo del proceso hasta su conclusión. El temporal abandono del actor, su sucesiva aparición y su definitivo abandono, conlleva para éste la pérdida de la acción con la consiguiente absolución del demandado del cumplimiento del juicio (ab observatione iudicii relaxatus)(136).

Si la ausencia corresponde al demandado, observa Obarrio que la ley contemplaba la posibilidad de que el demandado fuera declarado contumaz con anterioridad al cumplimiento del plazo de los tres años prescritos por la ley, si se comprobaba que no había posibilidad de comparecencia del ausente(137).

En todo caso, como afirma Puliatti, la regulación justinianea establece que únicamente la inercia bilateral produce la extinción del proceso por mors litis(138).

El parágrafo 6 regula la imputación a las partes de las costas procesales realizada por el juez en la sentencia y la sanción en caso de omisión. En efecto, establece Justiniano que ya se haya seguido el proceso presentes ambas partes, o bien, presente una y ausente otra, el juez debe condenar en la sentencia al vencido en favor del vencedor en las costas que el proceso le hubiere ocasionado, de acuerdo con la cuantificación realizada por éste mediante el correspondiente juramento. En caso de omisión, el juez responderá con sus propios bienes y quedará obligado a entregarlos a la parte lesionada, a título de pena(139).

Como observa Chiovenda, el fragmento transcrito ordena de forma explícita al juez que debe condenar al vencido en las costas: el vencido, pura y simplemente, sin distinguir entre demandado y actor, sin tener en cuenta la buena o mala fe. Tal regla será conocida bajo el nombre de << victus victori >>(140).

En este sentido, Valiño Arcos afirma que con toda claridad denota el presente régimen de la condena en costas la ausencia de examen sobre la conducta de los litigantes. Lo relevante para su imposición es que del litigio resulte un vencido y, por esta sola circunstancia (causa victori), los jueces deben proveer a propósito de las costas que al victor litis se le hayan podido irrogar (omnes iudices … sciant, victum in expensarum causa victori esse condemnadum), so pena de quedar ellos mismos sujetos a la reparación de los gastos en los que el vencedor estima (mediante el oportuno iusiurandum) haber sido lesionado(141).

Por otra parte, en opinión de Álvarez Suárez, como durante la tramitación del litigio no se conocía aún quién había de sufrir todos los gastos ocasionados en el proceso, cada parte debía ir satisfaciendo las costas que ella misma causara en cada uno de los trámites. El juramento determinaba el límite máximo de la cantidad con que el condenado había de resarcirle(142).

Ahora ¿qué se debe entender por gastos del litigio? Para Chiovenda, podrían ser todos aquellos gastos necesarios a la declaración, al reconocimiento del derecho. No obstante, distingue entre aquellos objetivos (gastos del litigio), y aquellos subjetivos (gastos personales de las partes). Tanto unos como otros son sufragados por el vencedor con ocasión del litigio: pero los primeros son aquellos que el litigio exige en todo caso; los segundos, son aquellos que fueron necesarios para un determinado litigante. Así los gastos de viaje pueden tener o no lugar, según que la parte se encuentre o no en el lugar de comparecencia, no son inherentes al litigio; pero los gastos del abogado, los derechos del juez y de sus oficiales, las sportulae, la carta, los gastos de testigos y peritos, son gastos propios del litigio, que las partes deben ir satisfaciendo. Concluye que probablemente la condena para quien simplemente pierde el proceso, solo comprendía los gastos propios del litigio; mientras que la condena del litigante temerario, incluía todos los gastos, también los personales, del vencedor(143).

El parágrafo 7 considera la contumacia, del actor o del demandado, como un criterio de condena en las costas procesales, según la equidad. En opinión de Aru, viene a significar la exaltación de Justiniano, al haber equiparado las consecuencias de la contumacia tanto del actor como del demandado(144). Para Puliatti, la llamada a la aequitas que realiza Justiniano supone establecer un criterio rector que debe inspirar tanto la actividad legislativa como la administración de justicia: la actividad legislativa ya que viene identificada con divinas et humanas res bene disponere et omnem iniquitatem expellere; la organización judicial ya que debe mediar entre rigidez de la norma y singularidad del caso concreto(145).

En nuestra opinión, este fragmento viene a completar el parágrafo 2 que regulaba únicamente la contumacia del actor, donde tanto en la hipótesis del par. 2a como en la del 2b, la contumacia del actor era la causa para su condena en las costas procesales, sin que se aludiera a la contumacia del demandado.

El parágrafo 8 regula el perecimiento del procedimiento civil por el transcurso del trienio imputable a la inactividad del juez. Justiniano estable que si ambas partes, deseando terminar el litigio, hubieran apremiado al juez que conoce la causa desde el inicio, y éste se hubiera negado a recibirlas por amistad, enemistad o lucro, o por cualquier otra razón censurable, y por ello el litigio se hubiera prolongado más de los tres años, será sancionado con la expulsión y una multa impuesta por la escuela palatina de diez libras de oro, si está investido de la magistratura o de otra mayor dignidad hasta el grado de ilustre; o con la multa de tres libras de oro, si fuere un juez de menor categoría. Si transcurrido año y medio desde el inicio del procedimiento se hubiera cambiado de juez, por causa de muerte o por otro acontecimiento irremediable, si faltase más de un año para concluir el trienio, termínese la causa en el tiempo que reste; pero si faltase menos de un año, complétese el tiempo hasta alcanzar la anualidad y termínese el litigio(146).

Observa Puliatti que el texto no dice nada sobre si en caso de mutatio iudicii, el nuevo juez debe tener en cuenta los actos procesales instruidos anteriormente. Precisa solo que, en la hipótesis de mutatio iudicii a menos de un año de la finalización del trienio para que el proceso se extinga, viene concedido un año completo para que el subrogatus iudex pueda litem tam discutere quam terminare. En su opinión, los tiempos residuales concedidos hacen presumir que, en lugar de una nueva instrucción, sea admitida la validez de la precedente, derogando así la regla de la unidad del proceso; y que el subrogatus iudex se limite al examen y eventual integración de los actos ya instruidos para después dictar sentencia(147).

Zilletti se pregunta si la inactividad del juez comporta consecuencias, también penales, exclusivamente si es calificada como tal de manera específica, o bien, si es relevante en cuanto tal, sin especificaciones posteriores. De la lectura del fragmento se puede extraer la impresión de que la inactividad del juez solo asume consecuencias si es fraudulenta; pero se trata de una mera impresión, que desaparece con la lectura del parágrafo siguiente, donde son consideradas causas de necesaria y fisiológica sustitución del juez intra triennium únicamente aquellas de fuerza mayor. Por tanto, solo la inactividad causada por fuerza mayor excluye la responsabilidad penal del juez, mientras que toda la inactividad voluntaria es penalmente sancionada. Por otra parte, el elenco de conductas fraudulentas es meramente ejemplificativo, como revela el genérico y residual “aliquid quicquam vitium”, y es pues inconsistente y contradictorio respecto de la premisa de la que parte, aquella de una situación procesal “utraque parte imminente et litem peragere cupiente”: semejante presupuesto, excluyendo toda supuesta colusión entre el juez y las partes, hace prácticamente inconsistente la referencia “vel propter amicitias vel inimicitias”. Además la sucesiva referencia “per aliud quicquam vitium, quod misserrimis animis huiusmodi iudicum innasci potest”, aparte de su carácter moral, su genérica indeterminación lo hace idóneo para abarcar cualquier hipótesis de inactividad voluntaria del juez(148). Por otra parte, añade Zilletti que desde un plano lógico la relación entre inactividad voluntaria y denegación de justicia no ofrece dificultad, en la medida en que su sanción penal es motivada por el incumplimiento del officium iudicis: la inactividad no justificada se convierte en una verdadera y propia denegación de justicia. Ello no solo afecta a los intereses privados injustamente lesionados por el magistrado con su comportamiento dilatorio, sino que además infringe la imperatividad de las leyes y aleja el proceso de su función de restitución de certeza, poniendo en riesgo los elementos centrífugos latentes en el sistema(149).

Bonini destaca el hecho de que el legislador no sanciona la inactividad del juez en sí misma considerada, sino solo aquella que es adecuadamente solicitada por las partes, lo que provoca su responsabilidad penal(150).

En opinión de Puliatti, la lex Properandum no toma en consideración todos los posibles comportamientos dilatorios, sino solo aquellos que pueden ser fraudulentos a fines extintivos. Dado que, según la ley, el trienio es el límite máximo para la duración de las causas civiles, la inactividad del juez a reprimir es aquella maliciosamente dirigida a impedir la seguridad de la situación jurídica incierta o controvertida a través de la dilación injustificada del proceso. Los comportamientos dolosos recogidos aluden, desde el punto de vista psicológico y de motivación personal, a la violación, por parte del juez, de las reglas del código deontológico propuesto por Justiniano, como modelo de buena administración, en concreto: colusión, favoritismo, hostilidad hacia los enemigos, beneficio ilícito. A nivel técnico toman forma de irregularidad en el desarrollo del proceso, de falta de imparcialidad y de favorecimiento de las razones de uno de los litigantes. La inactividad no solo deliberadamente querida, sino artificiosamente utilizada para distorsionar la finalidad del instrumento procesal para adaptarlo a los intereses de la parte, viene a encontrarse en contraste con la función pública del ius suum cuique reddere asignada al proceso. Desde este punto de vista, por tanto, la denegación de administrar justicia y la inercia del juez están estrechamente unidos entre sí: en ambos casos las disfunciones son fruto de una desviada utilización de los poderes del juez. Para ambos casos, la previsión justinianea es la misma: la remoción del juez, la subrogación por otro juez, la recelebración del proceso, la redefinición de los plazos(151).

El parágrafo 9 regula la dilación del procedimiento imputable a los abogados de las partes. Justiniano establece que cuando la dilación del litigio sea imputable al comportamiento del abogado del actor, al abogado del demandado, o a ambos, el juez les impondrá una multa de dos libras de oro, haciendo constar esta circunstancia en su sentencia. Destaca el legislador la obligación de los abogados de proseguir el proceso hasta la sentencia, salvo que una justa causa se lo impida(152); e igualmente la obligación de los clientes de abonar a sus abogados los honorarios para evitar dilaciones, en caso contrario, serán exigidos ejecutivamente por los ejecutores, salvo que el litigante hubiera preferido cambiar de abogado.

En efecto, Justiniano establece, en primer lugar, la obligación del abogado de continuar el litigio hasta la sentencia, salvo que exista una justa causa que se lo impida. En caso de abandono injustificado, el juez le impondrá una multa de dos libras de oro; en segundo lugar, Justiniano además de reiterar el principio de la legislación imperial relativo al derecho del abogado a percibir los honorarios por sus servicios forenses, tanto si éstos han sido o no prestados, siempre que su incumplimiento se deba a circunstancias ajenas a su voluntad, conmina a los clientes a pagar los honorarios convenidos, en caso contrario, se les exigirán por los ejecutores ejecutivamente(153).

Por último, el parágrafo 11, a diferencia del parágrafo 10, regula el perecimiento del procedimiento por el transcurso de los tres años por causas imputables a los tutores, curadores, actores o procuratores, en cuyo caso éstos vienen obligados a resarcir con sus propios bienes a los pupilos o menores los daños sufridos, y para el caso de que no fueran suficientes, se permite a los representados solicitar la in integrum restitutio. Cervenca destaca que el evento dañoso (la extinción de la litis) no solo puede ser causado dolosamente, sino que basta la simple negligencia de los representantes de los menores(154).

6. LA LEGISLACIÓN DEL AÑO 531

El 10 de marzo del 531(155), Justiniano emite una constitución situada por los redactores del Codex repetitae preaelectionis en el título “De iudiciis”, cuyo destinatario es Juliano, praefectus praetorius Orientis, donde vuelve a incidir sobre la recusación del iudex y la apelación ante sententiam:

C. I. 3. 1. 16. Idem (Imp. Iustinianus) A. Iuliano pp. Apertissimi iuris est licere litigatoribus iudices, antequam lis inchoetur recusare, cum etiam ex generalibus formis sublimissimae tuae sedis statutum est neccessitatem imponi iudice recusato partibus ad eligendos venire arbitros et sub audientia eorum sua iura proponere. Licet enim ex imperiali numine iudex delegatus est, tamen quia sine suspicione omnes lites procedere nobis cordis est, liceat ei, qui suspectum iudicem putat, antequam lis inchoetur, eum recusare, ut ad alium curratur libello recusationis ei porrecto, cum post litem contestatam neque appellare posse ante definitivam sententiam iam statuimus neque recusare posse, ne lites in infinitum extendantur: eodem scilicet exsecutore necessitatem partibus per ordinarium iudicem et omne civile auxilium imponente et arbitros eligere et ad eos venire et sic lite apparente, quasi arbitri fuerint ab imperiali culmine delegati. Quod et, si ab imperiali maiestate iudex delegatus non sit, sed ab alio culmine, obtinere censemus. D. X k. Mart. Constantinopoli post consulatum Lampidii et Oreste vv. Cc

Justiniano, además de afirmar que constituye un derecho indiscutible – apertissimi iuris est – de las partes recusar al órgano judicial ante litem contestatam a fin de lograr la imparcialidad del juez, menciona después la existencia de “formae generales” prefecticias (ex generalibus formis sublimissimae tuae sedis statutum est) que habían establecido la obligación, para aquellos que habían recusado al iudex datus ante litem contestatam por considerarle suspectus, de presentar para ello un libellus recusationis al juez a quo, en cuyo caso el exsecutor, con el auxilio del juez ordinario y de su officium, constreñirá a las partes a elegir a los árbitros y presentarse ante ellos, los cuales aparecen como delegados del magistrado competente, y confiere eficacia general a la normativa de la recusación adoptada sobre la base de un procedimiento introducido por vía del edicto del praefectus praetorio y cuya validez estaba limitada al ámbito territorial de la correspondiente praefectura(156), añade que el mismo procedimiento se aplicará cuando el juez considerado sospechoso sea delegado no del mismo emperador, sino de un alto magistrado del vértice de un sector administrativo-judicial(157). Además, Justiniano reitera en vía incidental, la legislación del 527 (C. I. 3. 1. 12 y C. I. 7. 62. 36), relativa a la prohibición general de las apelaciones ante sententiam a los efectos de que los juicios no se prolonguen indefinidamente(158).

Como observa Goria(159), el procedimiento descrito no prevé la intervención imperial; el juez que recibe el libellus recusationis parece tener la obligación de abstenerse de realizar actos procesales, sin poder poner en duda el fundamento de la recusación, aunque la contraparte no haya podido oponerse. Parece probable que el recusante no tenga necesidad en el libellus de explicitar ninguna motivación de sus sospechas, lo que indudablemente resulta incomodo para el recusado, sino únicamente de enunciarla genéricamente. Añade el autor inmediatamente citado(160) que la legislación justinianea, que representa el único intento de normalización relativamente orgánica del fenómeno, parece haber considerado la posibilidad de recusar al juez como una garantía insuprimible a favor de las partes, al menos para los juicios civiles.

En opinión de Pergami(161), la disposición constituye un caso particular en el que se prevé una apelación al gobernador provincial contra la decisión de un árbitro nombrado por las partes después de que, ante litem contestatam, haya sido recusado el iudex datus.

El 1 de noviembre del 531(162), Justiniano emite una constitución colocada por los redactores del Codex repetitae preaelectionis en el título “De iudiciis”, cuyo destinatario es Juan, praefectus praetorius, donde vuelve a legislar sobre la recusación de los jueces delegados y la apelación:

C. I. 3. 1. 18. Idem (Imp. Iustinianus) A. Ioanni pp. Cum specialis iudex sive ab augusta fortuna sive ab iudicali culmine in aliqua provincia, ubi incusatus degit, datus sit et una pars suspectum eum sibi esse dicit, ne forsitan absente persona iudicis et in alia civitate eiusdem provinciae commorante compelletur longo itinere emenso recusationis libellum ei incusatus offerre, sancimus, si quidem praesto est praeses provinciae in illa civitate, ubi de ea re dubitatur, licere ei, qui suspectum sibi esse iudicem dicit, ipsum praesidem adire et hoc facere in actis manifestum: sin autem non est moderator provinciae in praefato loco, haec eadem apud defensorem locorum vel duumviros municipales gestis apud eos habitis celebrare et iudicem quidem eum recusare, ilico autem, id est intra triduum proximum, sine ulla dilation compelli arbitrum vel arbitros eligere et apud eos litigare, ne et datus iudex removeatur et alter non eligatur: electione videlicet arbitri, si variatum inter partes fuerit, simili modo vel praesidis provinciae, si adest, vel defensoris locorum vel magistratuum municipii arbitrio dirimenda et exsecutore negotii, cui mandata est huiusmodi causae exactio, inminente et statua ab arbitris effectui mancipante, nisi fuerit provocatum, tunc enim ipse, qui iudicem antea dedit qui suspectus visus est, appellatione trutinata formam causae imponat legitimam.

Justiniano, para facilitar la recusación de los jueces a los provinciales, establece que cuando alguna de las partes quiera recusar por suspectus al juez delegado - iudex specialis(163) – del emperador o de algún alto magistrado <<iudicialia culmina>>, y resida en otra ciudad de la misma provincia, para evitarle un largo y fatigoso viaje, puede dirigir el libellus recusationis al gobernador provincial, o en caso de ausencia al defensor civitatis o a los duumviri municipales; el mismo magistrado requerido constreñirá a la parte a designar, dentro de los tres días, uno o más árbitros, será el encargado de dirimir la controversia sobre tal elección planteada eventualmente por la contraparte; corresponde al exsecutor originariamente nombrado el mandato de llevar la causa hasta la ejecución de la sentencia emitida por los árbitros(164). Por último, Justiniano establece que en caso de apelación será decidida directamente por el delegante (165).

Goria(166), a propósito del exsecutor, observa que la constitución redimensiona su papel en la elección de los árbitros y lo reconduce a sus funciones propias; además de esto, le confía la ejecución de la sentencia e indica respecto de la decisión de una eventual apelación, que la recusación no abre el camino a un simple arbitraje privado, sino a una verdadera y propia designación del juez, que viene realizada por las partes antes que por el magistrado competente. La precisión es importante porque, en el intento de hacer más ágil y rápida la administración de justicia, Justiniano extendió el ámbito del arbitraje privado, reconociendo también formas, difusas en la práctica, que prescindían del compromissum. En efecto, en distintas leyes justinianeas se alude a arbitri electi, pero no es posible demostrar con seguridad que se traten de la consecuencia de una recusación, aunque en algunos casos claramente la ley hable de arbitraje. A pesar de la escasa precisión terminológica y de que ambos casos son claramente distintos; naturalmente, las facilidades que el emperador ofrece a las partes para una más rápida recusación y para poder tener un juez elegido de común acuerdo se encuadran en la política dirigida a favorecer en todo caso la solución rápida de la controversia, en la cual se incluye también las facilidades introducidas para acceder al procedimiento arbitral.

NOTAS:

(1). Vid. PERGAMI, Sulla <<ragionevole durata>> del processo nella legislazione tardoimperiale, en Scritti per Genaro Franciosi, III (Napoli 2007) 2063 ss.; AGUDO RUIZ, Sobre la duración de los procesos fiscales en la legislación del Bajo Imperio, en Revista General de Derecho Romano (IUSTEL) 26 (2016) 1 ss.

(2). JONES, Il tardo Impero romano (284-602 d.C.) II, trad. ital. Petretti (Milano 1974) 713 s.

(3). JONES, Il tardo Impero romano (284-602 d.C.) II, cit., 712; 1068 nt. 55.

(4). FRANCIOSI, Riforme istituzionali e funzioni giurisdizionali nelle novelle di Giustiniano. Studi su Nov. 13 e Nov. 80 (Milano 1998) 50 s. Con anterioridad, PADOA SCHIOPPA, Ricerche sull’appello nel diritto intermedio, I (Milano 1967) 41 y nt. 102.

(5). PULIATTI, Officium iudices e certeza del diritto diritto in età giustinianea, en Legislazione, cultura giuridica, prassi dell’Impero d’Oriente in età giustinianea tra passato e futuro. Atti del Convegno, Modena, 21-22 maggio 1998 (Milano 2000) 86; 98; 100 ss.

(6). La constitución nos ha llegado sin fecha, la datan en el año 527, MARRONE, L’efficacia pregiudiziale della sentenza nel processo civile romano (Palermo 1955) 368 nt. 729; ZILLETTI, Studi sul processo civile giustinianeo (Milano 1963) 14 nt. 20; 173 nt. 146; 228; 231; 238 ss.; 252 nt. 63; 264 nt. 99; 271 nt. 120; 276 nt. 141; ID. Studi sulle prove nel diritto giustinianeo, en BIDR, 6 (1964) 198 nt. 11; VINCENTI, <<Ante sententiam appellari potest>>. Contributo allo studio dell’appellabilità delle sentenze interlocutorie nel processo romano (Padova 1986) 101; 106 s.; LINARES <<… Persequique provocationem suam quibuscumque modis potuerit>> (Apelación plena y apelación limitada en el proceso civil romano), en Estudios en homenaje a Francisco Hernández-Tejero, II (Madrid 1994) 354 nt. 62; 356; PERGAMI, L’ appello nella legislazione del tardo Impero (Milano 2000) 218 y nt. 20; PULIATTI, Officium iudicis e certeza del diritto, cit., 118 nt. 174; GARBARINO, La praescriptio fori nei secoli V e VI: aspetti procedurali, en Legislazione, cultura giuridica, prassi dell’Impero d’Oriente in età giustinianea tra passato e futuro. Atti del Convegno (Modena, 21-22 maggio 1998) (Milano 2000) 21 s.; BUZZACCHI, L’abuso del processo nel diritto romano (Milano 2002) 153 nt. 2. GORIA, Ricusazione del giudice e iudices electi da Costantino a Giustiniano, en Legislazione, cultura giuridica, prassi dell’Impero d’Oriente in età giustinianea tra passato e futuro. Atti del Convegno (Modena, 21-22 maggio 1998) (Milano 2000) 185 y nt. 78, la data entre el 1 de abril y el 1 de agosto del 527. Dudan de la datación del año 527, PADOA SCHIOPPA, Ricerche sull’appello, cit., 46 nt. 1; 49 nt. 22; 58 nt. 54, sin embargo la admite en 97 nt. 83; BASSANELLI SOMMARIVA, La legislazione processuale di Giustino I (9 iuglio 518 – 1 agosto 527), en SDHI, 37 (1971) 139 nt. 32; 141; 143; 146 s.; 159, 180; 201; 203 s.; 208; 210 s.; 213; VINCENTI, Per uno studio sugli appelli ante sententiam, en BIDR, 25-26 (1984) 92 nt. 74; LINARES, Para un estudio de los límites de la apelación romana, en Seminarios Complutenses, 23 (1991) 110; KASER, Das römische Zivilprozessrecht (München 1996) 585 nt. 24; 620 nt. 30. No se pronuncian, FOURNIER, Essai sur l’histoire du droit d’appel suivi d’une étude sur la réforme de l’appel (Paris 1881) 85; ORESTANO, L’appello civile in diritto romano (Torino 1952) 274 nt. 1; 277; ÁLVAREZ SUÁREZ, Curso de derecho romano, I. Introducción. Cuestiones preliminares. Derecho procesal civil romano (Madrid 1955) 582 nt. 709; SCAPINI, Il ius novorum nell’appello civile romano, en Studi Parmensi, 21 (1978) 81 nt. 217.

(7). En el sentido del texto, entre otros, HANS KADEN, Justinien legislateur, en Grandes figures et grandes oeuvres juridiques (1948) 41; ZILLETTI, Studi sul processo civile, cit., 173 nt. 146; 228; ID. Studi sulle prove, cit., 198 nt. 11; GORIA, C. 3.1.12 e la celerità del processo civile come valore nella legislazione giustinianea, en Valori e Principii del diritto romano. Atti della giornata di studi per 100 anni di Salvio Romano maestro di Istituzioni (Torino 12 octobre 2007) (Napoli 2009) 131 y nt. 6, observa que falta un estudio que analice los motivos en base a los cuales la cancillería oriental, antes de la Compilación justinianea o durante el curso de la misma, elige utilizar la lengua griega; de todos modos, puede ser verosímil considerar el hecho de que en esta época una constitución escrita en griego tuviese más proyección y mejor comprensión en los territorios en los que aquella lengua era usual. PADOA SCHIOPPA, Ricerche sull’appello, cit., 107 nt. 10, afirma que ciertamente en C. 3.1.16 Justiniano se atribuye exclusivamente la paternidad de la reforma que aparece en C. 7.62.36 (cum post litem contestatam neque appellare posse ante definitivam sententiam iam statuimus); sin embargo, la inscriptio de C. 7.62.37 no contiene – como debería si C. 7.62.36 fuese atribuible únicamente a Justiniano – el término Idem sino Imp. Iustinianus, de ahí que la reforma deba ser atribuida a Justino I y Justiniano. Por tanto, en C. 3.1.16 se reflejaría, más que la realidad jurídica, aquella de hecho existente durante el período de corregencia, en el cual el real detentador del poder habría sido, con toda probabilidad, no Justino por sus condiciones de salud, sino Justiniano. BASSANELLI SOMMARIVA, La legislazione processuale di Giustino I, cit., 139; 141; 143; 146 s.; 159; 180; 201; 203 s.; 208; 210 s.; 213, observa que éste no es el único caso de una constitución emanada en el período de corregencia, sucesivamente atribuida a Justiniano como propia. VINCENTI, <<Ante sententiam appellari potest>>, cit., 53 nt. 57; 70 nt. 104; 100 s.; 107 nt. 10, destaca que el tenor de la constitución recogida en C. I. 3. 1. 16 refleja la situación de supremacía ejercida por Justiniano sobre su tío en el período de gobierno común. LINARES, <<… Persequique provocationem suam quibuscumque modis potuerit>>, cit., 356; sin embargo, no se pronuncia en Para un estudio de los límites de la apelación romana, cit., 110. PERGAMI, L’ appello, cit., 213 y nt. 8; 218 nt. 20, afirma que se opone la atribución de la autoría solo a Justiniano, el hecho de que la inscriptio de la sucesiva c. 37 C. I. VII.62 lleva la indicación Imp. Iustinianus y no Idem como debería ser si el procedimiento sobre la prohibición de apelar ante definitivam sententiam fuese atribuido exclusivamente al joven soberano. Atribuyen la autoría de la c. 36 únicamente a Justiniano, FOURNIER, Essai sur l’histoire du droit d’appel, cit., 85; ORESTANO, L’appello civile, cit., 274 nt. 1; MARRONE, L’efficacia pregiudiziale della sentenza, cit., 368. GARBARINO, La praescriptio fori, cit., 21. BUZZACCHI, L’abuso del processo, cit., 153 y nt. 2, atribuye la autoría de la c. 36 únicamente a Justino.

(8). Sobre la relación de ambas constituciones, vid. ZILLETTI, Studi sul processo civile, cit., 228 ss.; BASSANELLI SOMMARIVA, La legislaziones processuale di Giustino I, cit., 201 ss. GORIA, C. 3.1.12 e la celerità del processo civile, cit., 137 nt. 19; LUCHETTI, Contributi di diritto giustinianeo (Milano 2004) 104 nt. 12.

(9). En este sentido, FOURNIER, Essai sur l’histoire du droit d’appel, cit., 85; COSTA, Profilo storico del processo civile romano (Roma 1918) 178 y nt. 1; WENGER, Istituzioni di procedura civile romana, trad. ital. Orestano (Milano 1938) 305 nt. 23; ORESTANO, L’appello civile, cit., 273 ss.; ÁLVAREZ SUÁREZ, Curso de derecho romano, I, cit., 582; MARRONE, L’efficacia pregiudiziale della sentenza, cit., 368 nt. 729; ZILLETTI, Studi sul processo civile, cit., 14 nt. 20; 173 y nt. 146; 228 ss.; 238 ss.; 252 nt. 63; 270 s.; 276; LITEWSKI, L’appello tardoantico, en Studi Urbinati. Scienze giuridiche ed economiche, 31 (1962-63) 448; ID. Die römische Appellation in Zivilsachen, en RIDA, 13 (1966) 246 ss.; PADOA SCHIOPPA, Ricerche sull’appello, cit., 46 nt. 13; 49 nt. 22; 58 nt. 54; 63 nt. 66; 81 nt. 19; 97 nt. 83; BASSANELLI SOMMARIVA, La legislazione processuale di Giustino I, cit., 204 ss.; 213; SCAPINI, Il ius novorum nell’appello, cit., 81 y nt. 217; ID. Istituzioni di diritto romano, cit., 364 s.; VINCENTI, Per uno studio sugli appelli, cit., 92; ID. <<Ante sententiam appellari potest>>, cit., 53 nt. 57; 70 nt. 104, 101; 106 ss.; 115; 121 ss.; LINARES, Para un estudio de los límites de la apelación romana, cit., 110; ID. <<… Persequique provocationem suam quibuscumque modis potuerit>>, cit., 354 nt. 62; 356; KASER, Das römische Zivilprozessrecht, cit., 618; GORIA, Ricusazione del giudice e iudices electi, cit., 173 nt. 51; 185 y nt. 78; 186 nt. 79; 193 y nt. 89; ID. C. 3.1.12 e la celerità del processo civile, cit., 136 nt. 15; 139 y nt. 23; PULIATTI, Officium iudicis e certeza del diritto, cit., 118 nt. 174; PERGAMI, L’ appello, cit., 218 s.; GARBARINO, La praescriptio fori, cit., 21; BUZZACCHI, L’abuso del processo, cit., 153 nt. 2; GARCÍA SÁNCHEZ-GARCÍA FUEYO, Recepción del derecho romano en un contencioso procesal: incumplimiento de la prestación, por parte del porteador de mercancías. Ciudad Rodrigo (Salamanca). Años 1588-1597, en Revista General de Derecho Romano (IUSTEL) 26 (2016) 93 nt. 296.

(10). C. Th. 11. 36. 18. Idem (Impp. Valentinianus et Valens) AA. ad Symmachum pu. Post alia. Nullam audiri provocantem ante definitivam sententiam volumus, si tamen in iudicio conpetenti negotium fuerit inchoatam, salva scilicet iuris antiqui moderatione atque sententia, cum vel exceptio obponitur vel ad agendum locus poscitur vel dilatio instrumentorum causa aut testium postulator atque haec inpatientia vel iniquitate iudicum denegantur. 1.- Similiter ne ab exsecutione quidem provocantem admitti convenit, sit amen executoris vitio minime modus sententiae transeatur. 2.- In fiscalibus quoque vel manifestis debitis et criminalibus confessis negotiis nec non etiam praeiudiciis omnis prava repugnantium amputetur intention. 3.- Postremo universas appellationes, quas iura inprobant, non oportet audiri. Dat. XIII kal. Ian Med(iolano) Val(entini)ano et Valente AA. Conss.

Sobre la constitución, vid., entre otros, FOURNIER, Essai sur l’histoire du droit d’appel, cit., 66 nt. 11; 84 nt. 6; BIONDI, Summatim cognoscere, en BIDR, 30 (1921) 231 nt. 2; ÁLVAREZ SUÁREZ, Curso de derecho romano, I, cit., 567; ZILLETTI, Studi sul processo civile, cit., 173 nt. 146; 228 nt. 93; PADOA SCHIOPPA, Ricerche sull’appello, cit., 44 nt. 5; 45 nt. 9; 47 nt. 17; 49 nt. 23; 53 nt. 35; 66 nt. 75; 70 nt. 92; BASSANELLI SOMMARIVA, La legislazione processuale di Giustino I, cit., 204; 207; 209; VINCENTI, Per uno studio sugli appelli ante sententiam, cit., 91 nt. 70; ID. <<Ante sententiam appellari potest>>, cit., 64; 65 nt. 87; 66 nt. 92; 67 nt. 98; 69 nt. 103; 89 nt. 162; 91 nt. 168; 99; KASER, Das römische Zivilprozessrecht, cit., 571 nt. 9; 583 nt. 2; 617 nt. 2; 618 nts. 4, 5, 7; 619 nt. 9; SPAGNUOLO VIGORITA, Aspetti e problema del processo fiscale in età costantiniana, en Atti dell’Accademia Romanistica Costantiniana. XI Convegno Internazionale in onore di Felix B. J: Wubbe (Napoli 1996) 166; PERGAMI, In tema di <<appellatio>> nella legislazione tardo imperiale, en Atti dell’Accademia Romanistica Costantiniana. XI Convegno Internazionale in onore di Felix B.J. Wubbe (Napoli 1996) 135 nt. 51; 137 y nt. 56; 142 s. y nt. 79; 146 = Studi di diritto romano (Torino 2011) 144 nt. 51; 146 y nt. 56; 152 y nt. 79; 155; ID. L’ appello, cit., 157 y nt. 190; 157 nt. 191; 159; 166; 168 y nt. 222; 171 s.; 175; 188; 218; 242 nt. 15; 269 nt. 4; 305 s.; 309 s.; 315; 343; 396; ID. Interesse pubblico e tutela del privato nella legislazione tardo imperiale in materia di processo fiscale, en Studi di diritto romano (Torino 2011) 201 s.; 204 s.; GARBARINO, La praescriptio fori, cit., 17 y nt. 79; GORIA, Ricusazione del giudice e iudices electi, cit., 165 nt. 36; 171 y nt. 45; 174 s.

(11). PADOA SCHIOPPA, Ricerche sull’appello, cit., 49 nt. 22; 61 nt. 60, observa que el término “interlocutio” es utilizado aquí en el sentido de medio de prueba. PULIATTI, Officium iudicis e certeza del diritto, cit., 118 nt. 174, afirma que mediante la promulgación de interlocutiones, sentencias no definitivas, el officium podía no solo adoptar procedimientos cautelares o de urgencia, sino también regular el desarrollo de la instrucción y, en particular, disponer la admisión de los medios de prueba. ÁLVAREZ SUÁREZ, Curso de derecho romano, I, cit., 565 s. y nt. 660, observa que en el nuevo procedimiento, el concepto de “exceptio” se amplía, significando toda oposición que el demandado formula frente a las pretensiones del demandante. Pero habiéndose transformado y debilitado también la clásica litis contestatio, tampoco es ahora necesario respecto de las exceptiones que todas ellas se invoquen en ese determinado momento procesal. Hay, en efecto, excepciones llamadas prejudiciales que, por referirse a la constitución misma del litigio, deben oponerse en el momento en que éste se inicia, y el demandado ha de hacerlas valer en la primera contestación que dé a las pretensiones del demandante; es, a saber, en su libellus contradictionis. Así sucede, en efecto con las siguientes excepciones: 1. Las que se refieren a la competencia del magistrado. 2. Las que versan sobre la persona del magistrado, formulando su recusación. 3. Las excepciones que impugnan la legitimación activa del demandante, negando que tenga cualidad de “legitima persona in iudicia”. 4. Aquellas que acusan un defecto en el acto de la citación (falta de citación, libelo no suscrito por el demandante, etc.). 5. Las que se refieren al procurator del demandante (falta de capacidad, de caución, etc.). 6. Las que plantean la necesidad de que antes se ventile otro juicio (exceptiones praeiudici). La mayor parte de estas excepciones corresponden, como se ve, a los que se denominan presupuestos procesales. ZILLETTI, Studi sul processo civile, cit., 173 y nt. 146, afirma que la interlocutio no apelable afecta tanto a las excepciones dilatorias como a las perentorias; GORIA, C. 3.1.12 e la celerità del processo civile, cit., 141.

(12). ZILLETTI, Studi sul processo civile, cit., 230 nt. 99; PERGAMI, L’ appello, cit., 218.

(13). Así, PADOA SCHIOPPA, Ricerche sull’appello, cit., 46 nt. 13; LINARES, <<… Persequique provocationem suam quibuscumque modis potuerit>>, cit., 357 nt. 72; PERGAMI, L’appello, cit., 218 s.

(14). Sobre el momento en que la contradictio debe ser propuesta, vid., ZILLETTI, Studi sul processo civile, cit., 230 nt. 99, seguido por PERGAMI, L’ appello, cit., 218 nt. 23. Cfr. VINCENTI, <<Ante sententiam appellari potest>>, cit., 108 s.

(15). PADOA SCHIOPPA, Ricerche sull’appello, cit., 59 nt. 58, considera que la multa viene a reforzar la infracción de la prohibición general establecida en la primera parte del fragmento. En el mismo sentido, VINCENTI, <<Ante sententiam appellari potest>>, cit., 100 s.; 109.

(16). ZILLETTI, Studi sul processo civile, cit., 228 ss.; 238 ss.; 271.

(17). BASSANELLI SOMMARIVA, La legislazione processuale di Giustino I, cit., 205 s.

(18). VINCENTI, <<Ante sententiam appellari potest>>, cit., 53 y nt. 57; 108; 111 s.

(19). GORIA, Ricusazione del giudice e iudices electi, cit., 185 nt. 78.

(20). En este sentido, ZILLETTI, Studi sul processo civile, cit., 229 y nts. 96-97; 231; 238 s.; 241 nt. 16; 243 nt. 27; 264 nt. 99; 274 nt. 131; VINCENTI, <<Ante sententiam appellari potest>>, cit., 109 ss.; 115; GARBARINO, Praescriptio fori, cit., 22 nt. 100; GORIA, C. 3.1.12 e la celerità del processo civile, cit., 131 ss.; LUCHETTI, Contributi, cit., 104 nt. 12.

(21). En el sentido del texto, ZILLETTI, Studi sul processo civile, cit., 239; 269; PADOA SCHIOPPA, Ricerche sull’appello, cit., 39 nt. 94; VINCENTI, <<Ante sententiam appellari potest>>, cit., 110; PULIATTI, Officium iudicis, cit., 100; 134 nt. 198; GORIA, Ricusazione e iudices electi, cit., 192; ID. Valori e princípi del processo civile, cit., 22 y nt. 21; ID. C. 3.1.12 e la celerità del processo civile, cit., 132; 135 s.; BUZZACCHI, L’abuso del processo, cit., 153 nt. 2.

(22). PADOA SCHIOPPA, Ricerche sull’appello, cit., 39 nt. 94.

(23). GORIA, C. 3.1.12 e la celerità del processo civile, cit., 135 s.

(24). GORIA, C. 3.1.12 e la celerità del processo civile, cit., 132.

(25). Así, GORIA, Ricusazione del giudice e iudices electi, cit., 188 nt. 82; KASER, Das römische Zivilprozessrecht, cit., 550 nt. 18; 619 nt. 13; 623 nt. 61; BARBATI, Studi sui “iudices”, cit., 388 nt. 25. Cfr. FALCHI, Studi sulle relazioni tra la legislazione di Giustiniano (528-534), cit., 8; 112 y VOCI, Vicende della legislazione giustinianea, cit., 320, datan la constitución el 1 de junio del año 528.

(26). FALCHI, Studi sulle relazioni tra la legislazione di Giustiniano (528-534) cit., 10, recuerda que Justiniano expresamente declara haber regulado ex novo completamente la materia de las apelaciones, tanto civiles como penales, en el Digesto, donde la materia es colocada en los primeros diez títulos del libro cuarenta y nueve (const. “Tanta”, 8b): … Liber autem singularis pro appellationibus nobis excogitatus est contra sententias tam civiles quam criminales causas fluentes…

(27). En el sentido del texto, BETHMANN-HOLLWEG, Der römische Civilprozess, III, cit., 328; FOURNIER, Essai sur l’histoire du droit d’appel, cit., 83; WENGER, Istituzioni di procedura, cit., 306 s.; SCIALOJA, Procedimiento civil romano. Ejercicio y defensa de los derechos, trad. esp. De Sentis Melendo y Ayerra Redin (Buenos Aires 1954) 422; ÁLVAREZ SUÁREZ, Curso de derecho romano, I, cit., 582; ZILLETTI, Studi sul processo civile, cit., 81 nt. 53; 232 nt. 103; 243; 260 nt. 85; LITEWSKI, Die römische Appellation, cit., 266 s.; ID. La supplicatio, cit., 8; 13 s.; PADOA SCHIOPPA, Ricerche sull’appello, cit., 36 nt. 82; 46 nt. 13; 81 nt. 53; 95 nt. 74; 99 nt. 99; BASSANELLI SOMMARIVA, La legislazione processuale di Giustino I, cit., 184 y nt. 118; 186; SCAPINI, Il ius novorum, cit., 59 nt. 160; 81 nt. 217; ID. Principio del <<doppio grado di giurisdizione>> e inappellabilità di alcune sentenze nel diritto giustinianeo, en Studi in onore Sanfilippo, V (Milano 1984) 681 nt. 2; 698 nt. 45; ID. Istituzioni di diritto romano, cit., 368 s.; VINCENTI, <<Ante sententiam appellari potest>>, cit., 105 s.; FALCHI, Studi sulle relazioni tra la legislazione di Giustiniano (528-534), cit., 10; 129; 132; GORIA, La giustizia nell’Impero romano d’Oriente, cit., 273 y nt. 40; 305 nt. 155; ID. Ricusazione del giudice e iudices electi, cit., 187 s.; KASER, Das römische Zivilprozessrecht, cit., 548 nt. 5; 550 nt. 18; 619 nt. 13; 623 nts. 61 y 63; FRANCIOSI, Riforme istituzionali e funzioni giurisdizionali, cit., 47 s. y nt. 67; VOCI, Vicende della legislazione giustinianea, cit., 320; LIVA, Ricerche sul iudex pedaneus, cit., 192 nt. 147, afirma que Justiniano había establecido ya en el 520 la imposibilidad de ejercitar en el mismo proceso más de dos provocationes con relación al mismo punto controvertido; PERGAMI, Amministrazione della giustizia e interventi imperiali nel sistema processuale della tarda antichità (Milano 2007) 133 s., ID. La competenza giurisdizionale dell’imperatore nel processo di eta tardoimperiale. Lezione tenuta a Napoli presso l’Associazione di Studi Tardoantichi il 29 aprile 2008, 11 = La competenza giurisdizionale dell’imperatore nel processo di età tardoimperiale, en Studi di diritto romano tardoantico (Torino 2011) 429; BARBATI, Sugli elenchi degli organi giudiziari, cit., 60 y nt. 70; ID. Studi sui “iudices”, cit., 166 nt. 59; GARCÍA SÁNCHEZ-GARCÍA FUEYO, Recepción del derecho romano en un contencioso procesal, cit., 102 nt. 326.

(28). Sobre el término “sententia” en la legislación de Justiniano, vid., BIONDI, Appunti intorno alla sentenza nel processo civile romano, cit., 50 ss., 96.

(29). ZILLETTI, Studi sul processo civile, cit., 243, considera que Justiniano habría prohibido tanto la apelación como la retractatio contra dos decisiones conformes del praefectus praetorio. En el mismo sentido BETHMANN-HOLLWEG, Der römische Civilprozess, III, cit., 340; ÁLVAREZ SUÁREZ, Curso de derecho romano, I, cit., 584; PADOA SCHIOPPA, Ricerche sull’appello, cit., 36 nt. 82, 99 nt. 99; BASSANELLI SOMMARIVA, La legislazione processuale di Giustino I, cit., 184 y nt. 118, 186; LITEWSKI, La supplicatio, cit., 4 nt. 5, 14; PERGAMI, Amministrazione della giustizia e interventi imperiali nel sistema processuale, cit., 134.

(30). PADOA SCHIOPPA, Ricerche sull’appello, cit., 95 nt. 74. ZILLETTI, Studi sul processo civile, cit., 232 nt. 103; 243, afirma que los capita litis comprenden cualquier proposición que tiene una inmediata relevancia sustancial. LITEWSKI, La supplicatio, cit., 14, observa que queda por saber si los términos << super isdem capitulis >> se refieren únicamente a la prohibición de apelar tres veces o también a la retractatio. Quizá se pueda admitir que Justiniano decide introducir tanto la prohibición de apelar como la retractatio, por los principios análogos y que consecuentemente, reconoce la exclusión únicamente para los << ídem capitula >>, es decir, para las mismas partes de la sentencia.

(31). Así lo establecerá Justiniano en el 530 en C. I. 7. 45. 15.

(32). ÁLVAREZ SUÁREZ, Curso de derecho romano, I, cit., 584.

(33). PERGAMI, Amministrazione della giustizia e interventi imperiali nel sistema processuale, cit., 134 y nt. 97; ID. La competenza giurisdizionale, cit., 429. En el mismo sentido, ZILLETTI, Studi sul processo civile, cit., 243; BASSANELLI SOMMARIVA, La legislazione processuale di Giustino I, cit., 184 s.; PURPURA, Ricerche sulla supplicatio, cit., 252; KASER, Das römische Zivilprozessrecht, cit., 511. Cfr. en contra, LITEWSKI, La supplicatio, cit., 13 s.

(34). Así, CAIMI, Burocrazia e diritto, cit., 266.

(35). ZILLETTI, Studi sul processo civile, cit., 259 nt. 85, considera que se trata de un procedimiento verbal abreviado y con probables restricciones de las proposiciones de las partes. En el mismo sentido, COLLINET, La procédure par libelle, cit., 65 nt.2; 394 y nt. 1; VAN DER WAL, Manuale Novellarum Justiniani, cit., 140 nt. 1; 146 nt. 3; BARBATI, Studi sui “iudices”, cit., 672 nt. 104. Cfr. LIVA, Ricerche sul iudex pedaneus, cit., 191 s., afirma que no hay ninguna limitación a la facultad de cognoscere y iudicare de los pedanei.

(36). Así, COLLINET, La procédure par libelle, cit., 395; 396 nt. 5; VAN DER WAL, Manuale Novellarum Justiniani, cit., 142; PADOA SCHIOPPA, Ricerche sull’appello, cit., 95 nt. 74; SCAPINI, Il ius novorum nell’appello civile romano, en Studi Parmensi, 21 (Milano 1978) 59 nt. 160; FRANCIOSI, Riforme istituzionali e funzioni giurisdizionali, cit., 47 s.; BELLODI ANSALONI, Ricerche sulla contumacia, cit., 182 nt. 151; PULIATTI, Officium iudicis e certezza del diritto, cit., 99; LIVA, Ricerche sul iudex pedaneus, cit., 191 s.; GORIA, La giustizia nell’impero romano dÓriente, cit., 273 y nt. 40; ID. C. 3.1.112 e la celerità del processo civile come valore nella legislazione giustinianea, en Valori e principii del diritto romano. Atti della giornata di studi per 100 anni di Silvio Romano Maestro di Istituzioni (Torino, 12 ottobre 2007) (Napoli 2009) 135 nt. 11; ID. Valori e princípi del processo civile, cit., 22 y nt. 21; PERGAMI, Amministrazione della giustizia e interventi imperiali, cit., 134 y nt. 96.

De nuevo Justiniano volverá a limitar la apelación en el 536. El 3 de enero del 536, el emperador emite la nov. 23, redactada en latín y dirigida a Triboniano, magister officiorum y quaestor sacri palatii, bajo el título “De appellationibus et intra quae tempora debeat appellari”, con la que introduce cambios sustanciales en la apelación civil, innova los términos de la impugnación, la competencia en función del valor de la causa y los límites de apelación para las causas de menor valor. En el capítulo 3, Justiniano introduce un nuevo criterio para determinar la competencia, basado no ya en el rango sino en el valor de la causa: diez libras de oro (= 720 sólidos). El procedimiento responde a exigencias de racionalización en un intento por garantizar la celeridad de los procesos. La situación que ha dado lugar a la reforma viene descrita por el propio Justiniano << evenit, ut super minimis causis maximi nostri iudices inquietentur et homines propter minimas causas magnis fatigentur dispendiis, ut forsitan totius litis aestimatio ad sumptus iudiciales non sufficeret >>. La apelación de la sentencia emitida en Egipto o en las dos Libias, será competencia del praefectus Augustalis, funcionario con rango spectabilis con sede en Alejandría, cuya decisión es inapelable; para la diócesis de Asia (a la que pertenecía Lidia y Frigia) y el Ponto ( a la que pertenecía Bitinia y Paflagonia) corresponderá a los comites forte vel proconsules vel praetores vel moderatores, todos spectabiles, y cuya decisión es inapelable, por último, para la región oriental será competente el comes Orientis, también spectabilis, y cuya decisión es inapelable

(37). Asi, VOCI, Vicende della legislazione giustinianea, cit., 322; LUCHETTI, Nuove ricerche, cit., 38 nt. 61. Cfr. FALCHI, Studi sulle relazioni tra la legislazione di Giustiniano (528-534) cit., 17, 82, 100, 112, data la constitución el 3 diciembre del 528.

(38). En este sentido, COLLINET, La procédure par libelle, cit., 151 y nt. 1; PERGAMI, L’appello, cit., 278 s.; PADOA SCHIOPPA, Ricerche sull’appello, cit., 43 nt. 4; MARRONE, L’efficacia pregiudiziale della sentenza, cit., 102 nt. 218; 310 y nt. 576; 333 y nt. 636; ALBANESE, Le persone nel diritto privato romano (Palermo 1979) 116 s. y nt. 496; 118 y nt. 498; 120 y nt. 511; 122 y nt. 519; 126 y nt. 551; 127 nt. 554, LUCHETTI, Nuove ricerche, cit., 38 nt. 61, destaca que la cancillería imperial suprime la figura del adsertor libertatis tanto para la vindicatio in servitutem como para la vindicatio in libertatem.

(39). MARRONE, L’efficacia pregiudiziale della sentenza, cit., 310 y nt. 576.

(40). MARRONE, L’efficacia pregiudiziale della sentenza, cit., 102 nt. 218,;333 y nt. 636.

(41). FRANCIOSI, Il processo di libertà in diritto romano (Napoli 1961) 179 s.; 184 s. y nt. 193; 189.

(42). FRANCIOSI, Il processo di libertà, cit., 267 s.: 272 y nt. 44; 293 y nt. 125.

(43). Así la datan BONINI, Ricerche di diritto giustinianeo, cit., 167; 202; FALCHI, Studi sulle relazioni tra la legislazione di Giustiniano (528-534) cit., 18 s.; 83; 100; 113. Cfr. VOCI, Vicende della legislazione giustinianea, cit., 322, data la disposición el 18 de enero del 529.

(44). Sobre el tema, vid. BONINI, Ricerche di diritto giustinianeo, cit., 167 y nt. 3; 191 ss.

(45). En el sentido del texto, COLLINET, La procedure par libelle, cit., 155; BONINI, Ricerche di diritto giustinianeo, cit., 197 ss. GORIA, Aspetti della giustizia penale, cit., 584 nt. 78, observa que se puede pensar que en caso de condena, los bienes podrían ser sometidos a ejecución forzosa a favor de los acreedores; KASER, Das römische Zivilprozessrecht, cit., 574 nts. 34-36; 625; BARBATI, Studi sui “iudices” nel diritto romano tardo antico (Milano 2012) 344.

(46). Sobre este fragmento, vid. BONINI, Ricerche di diritto giustinianeo, cit., 199.

(47). BONINI, Ricerche di diritto giustinianeo, cit., 199. En el mismo sentido, FALCHI, Studi sulle relazioni tra la legislazione di Giustiniano (528-534) cit., 18; GORIA, Aspetti della giustizia penale, cit., 577 nt. 50; PULIATTI, Officium iudicis, cit., 98 s.; BARBATI, Studi siu “iudices”, cit., 344.

(48). Sobre estos fragmentos, BONINI, Ricerche di diritto giustinianeo, cit., 202 s.; 208 nt. 108; FALCHI, Studi sulle relazioni tra la legislazione di Giustiniano (528-534) cit., 19.

(49). Así datan la disposición, VOCI, Vicende della legislazione giustinianea, cit., 323; BARBATI, Studi sui “iudices”, cit., 87 nt. 32. En opinión de BONINI, Ricerche di diritto giustinianeo, cit., 227 nt. 157, esta constitución estaba presente en el primer Código justinianeo.

(50). Sobre la ubicación de C. I. 9. 44. 3 en el título “Ut intra certum tempus criminalis quaestio terminetur”, así como sobre la relación de esta disposición con las otras dos que integran dicho título, vid. BONINI, Ricerche di diritto giustinianeo, cit., 89 ss.; 167 nt. 3; 216 ss.; BASSANELLI SOMMARIVA, Il giudicato penale e la sua esecuzione, en Atti dell’Accademia Romanistica Costantiniana. XI Convegno Internazionale in onore di Felix B.J. Wubbe (Napoli 1996) 59.

(51). Sobre esta expresión, vid. BONINI, Ricerche di diritto giustinianeo, cit., 215 nt. 125.

(52). En este sentido, ZILLETTI, Studi sul processo civile, cit., 69 nt. 16; 143; 244; BUZZACCHI, L’abuso del processo, cit., 154 nt. 2; BARBATI, Studi sui “iudices”, cit., 82; 87 nt. 32; 128. Sobre los problemas suscitados por la litis contestatio en el proceso penal, vid. BONINI, Ricerche di diritto giustinianeo, cit., 215 nt. 126; 223 ss.

(53). Como matiza BONINI, Ricerche di diritto giustinianeo, cit., 215 nt. 127, la absolución del acusado es debida simplemente a la perención del proceso, y no es efecto de un procedimiento formal.

(54). Sobre dicha pena pecuniaria, vid. BONINI, Ricerche di diritto giustinianeo, cit., 216 nt. 129.

(55). BONINI, Ricerche di diritto giustinianeo, cit., 221 y nt. 142.

(56). ZILLETTI, Studi sul processo civile, cit., 69 nt. 16.

(57). BONINI, Ricerche di diritto giustinianeo, cit., 226 y nt. 156.

(58). Así la datan, ZILLETTI, Studi sul processo civile, cit., 254 nt. 70; 264 nt. 98; BASSANELLI SOMMARIVA, La legislazione processuale di Giustino I, cit., 143 nt. 44; ID. L’Imperatore unico creatore ed interprete delle leggi e l’autonomia del giudice nel diritto giustinianeo (Milano 1983) 95; FALCHI, Studi sulle relazioni tra la legislazione di Giustiniano (528-534) cit., 22; 84; 112; BARBATI, Studi sui “iudices”, cit., 87 nt. 32. Cfr. VOCI, Vicende della legislazione giustinianea, cit., 323 y GORIA, C. 3.1.12 e la celerità del processo civile, cit., 142 nt. 32, datan la constitución el 6 de abril del 529.

(59). ZILLETTI, Studi sul processo civile, cit., 244; 254 nt. 70; KASER, Das römische Zivilprozessrecht, cit., 540 nt. 6; BARBATI, Studi sui “iudices”, cit., 87 nt. 32.

(60). ZILLETTI, Studi sul processo civile, cit., 243 s.; 254 nt. 70, observa que la actividad normativa justinianea relativa a las cuestiones procesales aparece particularmente intensa en el último trimestre del 529, de marzo a noviembre del 530, y de marzo a octubre del 531, sin embargo, decae en los tres años siguientes. Por otra parte, esta disminución no afecta solo al proceso, sino que es un fenómeno que traspasa netamente aquel sector, especialmente para los años 532 y 533.

(61). LINARES, Para un estudio de los límites de la apelación romana, cit., 109; ID. <<… Persequique provocationem suam quibuscumque modis potuerit>>, cit., 355 nt. 68, afirma que la ausencia del numeral 5, todavía no subsanada en la ed. minor del Codex Iustinianus hace que este párrafo siga citándose como C. 7.62.37.4, o C. 7.62.37 i.f.

(62). BASSANELLI SOMMARIVA, La legislazione processuale di Giustino I, cit., 166.

(63). PADOA SCHIOPPA, Ricerche sull’appello, cit., 91 nt. 55, observa que la constitución se refiere seguramente a la apelación, no a la consultatio ante sententiam. PERGAMI, L’ appello, cit., 223; 445; 462; ID. La competenza giurisdizionale dell’imperatore nel processo, cit., 6 = Studi, cit., 424; ID. Legislazione imperiale nella tarda antichità, en Studi di diritto romano tardoantico (Torino 2011) 218 y nt. 9; ID. Appellatio more consultationis, en Studi di diritto romano tardoantico (Torino 2011) 276 s.; ID. Centralismo e decentramento nell’attività giurisdizionale della tarda antichità, en Studi di diritto romano tardoantico (Torino 2011) 229 s.; ID. Aequum iudicium e processo romano della tarda antichità: Principi generali e tecniche operative, en Nuovi studi di diritto romano tardoantico (Torino 2014) 7 nt. 12, afirma que la expresión more consultationum indica la modalidad de transmisión de la controversia al tribunal imperial y no la existencia, y mucho menos la introducción, de una especial forma de apelación.

(64). PERGAMI, L’ appello, cit., 240 s., afirma que en esta constitución el uso de provocare o provocatio indica la apelación en materia civil. VAN DER WAL, Manuale Novellarum Justiniani. Aperçu systématique du contenu des Novelles de Justinien (Amsterdam 1964) 145, afirma que la disposición regula la delegación del emperador en uno de los doce iudices pedanei de Constantinopla.

(65). Ésta es la opinión dominante mantenida, entre otros, por FOURNIER, Essai sur l’histoire du droit d’appel, cit., 83 nt. 10; BIONDI, Summatim cognoscere, cit., 233; SCIALOJA, Procedimiento civil romano, cit., 425; ZILLETTI, Studi sul processo civile, cit., 244 s.; VAN DER WAL, Manuale Novellarum Justiniani, cit., 145; PADOA SCHIOPPA, Ricerche sull’appello, cit., 41 nt. 102; 79 y nt. 12; 95 nt. 72; 99 nt. 100, observa que Justiniano modifica también la posición de la parte no apelante en el proceso de apelación. En el derecho precedente, solo quien hubiera propuesto la apelación estaba en disposición de obtener una modificación de la primera sentencia; BASSANELLI SOMMARIVA, La legislazione processuale di Giustino I, cit. 166; 171; ID. L’Imperatore unico creatore ed interprete delle leggi, cit., 93 nt. 70; 95; 99; JONES, Il tardo Impero romano (284-602 d.C.), II, cit., 699; 725; GAUDEMET, Constitutions constantiniennes relatives à l’appel, en ZSS, 98 (1981) 64; CAIMI, Burocrazia e diritto nel De Magistratibus de Giovanni Lido (Milano 1984) 310 ss.; 317; DELMAIRE, Les institutions du Bas-Empire romain de Constantin à Justinien. Les institutions civiles palatines (Paris 1995) 39; GORIA, La giustizia nell’Impero romano d’Oriente, cit., 274 nt. 41; 277 nt. 53; SPAGNUOLO VIGORITA, Aspetti e problema del processo fiscale, cit., 161 nt. 68; KASER, Das römische Zivilprozessrecht, cit., 540 s.; 542; 612; 622 nt. 5; 663 nt. 89; FRANCIOSI, Riforme istituzionali e funzioni giurisdizionali, cit., 50 y nt. 76; PERGAMI, L’ appello, cit., 223; 445; 462; ID. La competenza giurisdizionale dell’imperatore nel processo, cit., 6 = Studi, cit., 424; ID. Legislazione imperiale, cit., 218 y nt. 9; ID. Appellatio more consultationis, cit., 276 s.; ID. Centralismo e decentramento nell’attività giurisdizionale, cit., 229 s.; ID. Aequum iudicium e processo romano, cit., 7 nt. 12; VOCI, Vicende della legislazione giustinianea, cit., 323; LIVA, Ricerche sul iudex pedaneus, cit., 191 nt. 140; BARBATI, Sugli elenchi degli organi giudiziari, cit., 93 nt. 142; ID. Studi sui “iudices”, cit., 42 nt. 106; 47 nt. 113; 48 y nt. 115; 51; 74 nt. 14; 107 s. y nts. 67-68; 612; 622 nt. 5.

(66). Sobre el régimen anterior, vid., TURPIN, The late Roman Law Codes: forms and procedures for legislation from classical Age to Justinian (Cambridge 1981) 210 ss.; BASSANELLI SOMMARIVA, L’Imperatore unico creatore ed interprete delle leggi, cit., 93 ss.; CAIMI, Burocrazia e diritto, cit., 310 nt. 56; GORIA, La giustizia nell’Impero romano d’Oriente, cit., 274 ss.; LIVA, Ricerche sul iudex pedaneus, cit., 191 nt. 140; BARBATI, Studi sui “iudices”, cit., 47 ss.

(67). PADOA SCHIOPPA, Ricerche sull’appello, cit., 41 nt. 102, observa que se trataría de un funcionario que probablemente pertenecía al rango de los illustres. DELMAIRE, Largesses sacrées et res privata. L’aerarium impérial et son administration du IV au VI siècle (Paris 1989) 49, 232 s., considera que para un funcionario provincial, un título de ilustre honorario le aporta más prestigio y una jurisdicción más importante ya que la apelación es diferente según que el juez sea spectabilis o illustre; ID. Les institutions du Bas-Empire romain, cit., 39.

(68). Sobre las distintas posiciones doctrinales relativas a este órgano colegiado, vid. TURPIN, The late Roman Law Codes, cit., 210 ss; 227; 304 s.; CAIMI, Burocrazia e diritto, cit., 310 ss. y nts. 56-57; 374 nt. 179; GORIA, La giustizia nell’Impero romano d’Oriente, cit., 300 nt. 133; BARBATI, Studi sui “iudices”, cit., 42 nt. 106; 47 nt. 113; 48 nt. 115; 51; 87 nt. 32; 107 s. y nts. 67-68; 663 nt. 89.

(69). CAIMI, Burocrazia e diritto, cit., 310 ss., identifica las apelaciones dirigidas al emperador con las causae sacrae descritas por Lido (De mag., II. 15). BASSANELLI SOMMARIVA, La legislazione processuale di Giustino I, cit. 167 nt. 33, afirma que el término consultatio no indica el juicio del emperador.

(70). PADOA SCHIOPPA, Ricerche sull’appello, cit., 97 nt. 89.

(71). PERGAMI, L’ appello, cit., 223 y nt. 34.

(72). BASSANELLI SOMMARIVA, L’Imperatore unico creatore ed interprete delle leggi, cit., 95 nt. 75.

(73). FALCHI, Studi sulle relazioni tra la legislazione di Giustiniano (528-534), cit., 22.

(74). En este sentido, SCIALOJA, Procedimiento civil romano, cit., 423; ZILLETTI, Studi sul processo civile, cit., 164 y nt. 120; 244 s. y nt. 32; PADOA SCHIOPPA, Ricerche sull’appello, cit., 91 y nt. 55, afirma que la constitución se refiere seguramente a la apelación, no a la “consultatio ante sententiam”; LITEWSKI, L’appello tardoantico, cit., 448; BASSANELLI SOMMARIVA, La legislazione processuale di Giustino I, cit., 167 nt. 33; 171 nt. 52; LINARES, Para un estudio de los límites de la apelación romana, cit., 109; ID. <<… Persequique provocationem suam quibuscumque modis potuerit>>, cit., 345; 355; GAUDEMET, Constitutions constantiniennes relatives à l’appel, cit., 66 nt. 122; SCAPINI, Istituzioni di diritto romano, cit., 366 s.; GORIA, La giustizia nell’Impero romano d’Oriente, cit., 304 y nt. 150; KASER, Das römische Zivilprozessrecht, cit., 585; 622; PERGAMI, L’ appello, cit., 224; 383; 464; ID. Effetto devolutivo e ius novorum nel processo romano della cognitio extra ordinem, en Studi di diritto romano tardoantico (Torino 2011) 390; ID. La competenza giurisdizionale dell’imperatore nel processo, cit. 424; ID. Aequum iudicium e processo romano, cit., 8 nt. 12; LIVA, Ricerche sul iudex pedaneus, cit., 191 nt. 140; BARBATI, Studi sui “iudices”, cit., 75 nt. 14; GARCÍA SÁNCHEZ-GARCÍA FUEYO, Recepción del derecho romano en un contencioso procesal, cit., 96 s.

(75). ÁLVAREZ SUÁREZ, Curso de derecho romano, I, cit., 583.

(76). C. I. 7. 63. 4. Idem (Imp. Iustinus) A. Tatiano magistro officiorum. Per hanc divinam sanctionem decernimus, ut licentia quidem pateat in exercendis consultationibus tam appellatori quam adversae parti novis etiam adsertionibus utendi vel exceptionibus, quae non ad novum capitulum pertinent, sed ex illis oriuntur et illis coniunctae sunt, quae apud anteriorem iudicem noscuntur propositae. 1. Sed et si qua dicta quidem adlegatio monstrabitur vel instrumentum prolatum aliquod, probationes tamen illo quidem defuerunt tempore, verum apud sacros cognitores sine procrastinatione praeberi poterunt, id quoque eos admittere, quo exercitatis iam negotiis pleniore subveniatur veritatis lumine. D. v k. Iun. Constantinopoli Rusticio cons.

Sobre la constitución, entre otros, FOURNIER, Essai sur l’histoire du droit d’appel, cit., 79, 86 s.; BERTOLINI, Appunti didattici di diritto romano. II Processo civile. III (Torino 1915) 169; COLLINET, La procédure par libelle, cit., 307; ZILLETTI, Studi sul processo civile, cit., 164 nt. 120; 172 y nt. 144; 231 nt. 103; 245 y nt. 32, PADOA SCHIOPPA, Ricerche sull’appello, cit., 41 nt. 101; 61 nt. 60; 79 nt. 11; 90 nts. 52- 53; 91 nt. 54; 96 nt. 78; 104 nt. 125; 252 nt. 58; LITEWSKI, La supplicatio, cit., 26 nt. 74; SCAPINI, Il ius novorum nell’appello, cit., 31 nt. 77; 33 s.; 42 nt. 108; 53; 55 nt. 146; 60; 68 y nts. 184-187; 71; 74 s.; 80 s.; 82; 84; 87; BASSANELLI SOMMARIVA, La legislazione processuale di Giustino I, cit., 139 nt. 32; 147; 159; 170 nt. 49; 175; 178 y nt. 39: 198 nt. 168; 212; ID. L’Imperatore unico creatore ed interprete delle leggi, cit., 92 s.; GAUDEMET, Constitutions constantiniennes relatives à l’appel, cit., 64 nt. 112; CAIMI, Burocrazia e diritto, cit., 316; LINARES, Para un estudio de los límites de la apelación romana, cit., 110; 111 nt. 24; KASER, Das römische Zivilprozessrecht, cit., 584 s.; 620; 622; PERGAMI, L’ appello, cit., 213; 221; 225; 270; 383; 464; ID. Aequum iudicium e processo romano, cit., 8 nt. 12.

(77). PERGAMI, L’ appello, cit., 224 s; 383. ID. Effetto devolutivo e ius novorum nel processo romano, cit., 390, afirma que viene a delinearse así, en el derecho justinianeo, un régimen del ius novorum en apelación cuyos principios se han conservado sustancialmente en los modernos ordenamientos procesales, como en nuestro código de procedimiento civil (art. 345), en el francés (art. 464) y en el alemán (528).

(78). PROVERA, La vindicatio caducorum, cit., 231; ZILLETTI, Studi sul processo civile, cit., 244; BONINI, Ricerche di diritto giustinianeo, cit., 223 nt. 145; BUZZACCHI, L’abuso del processo, cit., 154 nt. 2.

(79). FERNÁNDEZ DE BUJÁN, A., Derecho Público Romano (Madrid 2015) 330.

(80). ZILLETTI, Studi sul processo civile, cit., 69 nt. 16; BONINI, Ricerche di diritto giustinianeo, cit., 223 nt. 145; FERNÁNDEZ DE BUJÁN, A., Derecho Público Romano, cit., 330.

(81). Así la datan, FALCHI, Studi sulle relazioni tra la legislazione di Giustiniano (528-534), cit., 30; 80; 86; 101; KASER, Das römische Zivilprozessrecht, cit., 622 nt. 55. Cfr. BARBATI, Sugli elenchi degli organi giudiziari, cit., 113 nt. 204, la data en noviembre del 529. VOCI, Vicende della legislazione giustinianea, cit., 325 s., la data el 17 de septiembre del 529. BIANCHINI, La subscriptio nelle leges giustinianee del 30 ottobre 529, en Temi e tecniche della legislazione tardoimperiale (Torino 2008) 116 nt. 8 y GORIA, C. 3.1.12 e la celerità del processo civile, cit., 142 nt. 32, datan la constitución el 17 noviembre del 529.

(82). Sobre el destinatario de la disposición, vid. BASSANELLI SOMMARIVA, La legislazione processuale di Giustino I, cit., 138 nt. 27.

(83). En este sentido, FOURNIER, Essai sur l’histoire du droit d’appel, cit., 86; ORESTANO, L’appello civile, cit., 294 nt. 1; ÁLVAREZ SUÁREZ, Curso de derecho romano, I, cit., 583 nt. 710; VAN DER WAL, Manuale Novellarum Justiniani, cit., 143 nt. 2; LEGOHÉREL, Reparatio temporum, en IURA, 16 (1965) 101; PADOA SCHIOPPA, Ricerche sull’appello, cit., 98 nts. 92-93, observa que no se exige el requisito de la “causae idoneae” para poder obtener la “reparatio”; CAIMI, Burocrazia e diritto, cit., 317 s.; VINCENTI, Ante sententiam appellari potest, cit., 106; LITEWSKI, La supplicatio contre la sentence rendue par le préfet du prétoire, en AG, 185 (1973) 27; JONES, Il tardo Impero romano (284-602 d.C.) II, cit., 713; KASER, Das römische Zivilprozessrecht, cit., 620 y nt. 27; PERGAMI, L’ appello, cit., 226 s.; 466; 468; ID. Sulla <<ragionevole durata>> del processo nella legislazione tardoimperiale, en Scritti per Gennaro Franciosi, III (Napoli 2007) 2066, 2077 = Sulla <<ragionevole durata>> del processo, en Studi, cit., 365 s.; 374; ID. Amministrazione della giustizia e interventi imperiali nel sistema processuale della tarda antichità (Milano 2007) 134 y nt. 98; ID. Aequum iudicium e processo romano, cit., 3; GORIA, C. 3.1.12 e la celerità del processo civile, cit., 142 nt. 32; GARCÍA SÁNCHEZ-GARCÍA FUEYO, Recepción del derecho romano en un contencioso procesal, cit., 109 nt. 353.

(84). CAIMI, Burocrazia e diritto, cit., 318.

(85). En este sentido, ÁLVAREZ SUÁREZ, Curso de derecho romano, I, cit., 583 nt. 710; VAN DER WAL, Manuale Novellarum Justiniani, cit., 143 nt. 3; LEGOHÉREL, Reparatio temporum, cit., 101; PADOA SCHIOPPA, Ricerche sull’appello, cit., 98 nt. 93; CAIMI, Burocrazia e diritto, cit., 318; 362 nt. 148; PERGAMI, L’ appello, cit., 468; ID. Sulla <<ragionevole durata>> del processo, cit., 2077 = Sulla <<ragionevole durata>> del processo, en Studi, cit., 374.

(86). Así, FOURNIER, Essai sur l’histoire du droit d’appel, cit., 86; ÁLVAREZ SUÁREZ, Curso de derecho romano, I, cit., 582; VAN DER WAL, Manuale Novellarum Justiniani, cit., 143 nt. 2; LEGOHÉREL, Reparatio temporum, cit., 101; PADOA SCHIOPPA, Ricerche sull’appello, cit., 85 nt. 35; 98 nt. 94; CAIMI, Burocrazia e diritto, cit., 318 ss.; 362 nt. 148; SCAPINI, Istituzioni di diritto romano, cit., 365; PERGAMI, L’ appello, cit., 228; 466; ID. Sulla <<ragionevole durata>> del processo, cit., 2077 = Sulla <<ragionevole durata>> del processo, en Studi, cit., 374 s.; ID. Organizzazione giudiziaria e responsabilità dei funzionari imperiali nell’esercizio dell’attività giurisdizionale, en Nuovi studi didiritto romano tardoantico (Torino 2014) 77; BARBATI, Studi sui “iudices”, cit., 52 y nt. 123, afirma que el juez delegado es normalmente designado como iudex pedaneus.

(87). FOURNIER, Essai sur l’histoire du droit d’appel, cit., 86 s.; ÁLVAREZ SUÁREZ, Curso de derecho romano, I, cit., 584; ZILLETTI, Studi sul processo civile, cit., 14; PADOA SCHIOPPA, Ricerche sull’appello, cit., 79 nt. 11; 97 y nt. 89; VINCENTI, Ante sententiam appellari potest, cit., 106; LINARES, <<… Persequique provocationem suam quibuscumque modis potuerit>>, cit., 355 y nt. 65, afirma que el proceso de nivelación entre apelación común y appellatio more consultationis avanza en aspectos como la vuelta a la transmisión de los documentos del proceso por el apelante; PERGAMI, L’ appello, cit., 228; 462; ID. Sulla <<ragionevole durata>> del processo, cit., 2077; ID. Appellatio more consultationis, en Studi, cit., 277; GORIA, C. 3.1.12 e la celerità del processo civile, cit., 142 nt. 32.

(88). ÁLVAREZ SUÁREZ, Curso de derecho romano, I, cit., 584.

(89). PADOA SCHIOPPA, Ricerche sull’appello, cit., 23 y nts. 35-36; 99. En el mismo sentido, BETHMANN-HOLLWWEG, Der Civilprozess, III, cit., 335 s.; JONES, Il tardo Impero romano (284-602 d.C.) II, cit., 713; GORIA, La giustizia nell’Impero romano d’Oriente, cit., 304; ARCARIA, Note sulla pretesa scomparsa della giurisdizione d’appello senatoria in età postclassica, en Atti dell’Accademia Romanistica Costantiniana. XI Convegno Internazionale in onore di Felix B.J. Wubbe (Napoli 1996)114 nt. 92; KASER, Das römische Zivilprozessrecht, cit., 622; ROBLES, Magistrados, jueces y árbitros en Roma. Competencia civil y evolución (Madrid 2009) 118, afirma que las apelaciones conocidas por el Consistorium Sacrum normalmente serían encomendadas al quaestor sacri palatii o al magister officiorum.

(90). PADOA SCHIOPPA, Ricerche sull’appello, cit., 79 nt. 11; ÁLVAREZ SUÁREZ, Curso de derecho romano, I, cit., 583; GORIA, La giustizia nell’Impero romano d’Oriente, cit., 304 y nt. 150.

(91). En este sentido, PADOA SCHIOPPA, Ricerche sull’appello, cit., 23 nt. 36; JONES, Il tardo Impero romano (284-602 d.C.) II, cit., 713; KASER, Das römische Zivilprozessrecht, cit., 541 y nt. 13; PERGAMI, L’appello, cit., 228; ID. Sulla <<ragionevole durata>> del processo, cit., 2077 = Sulla <<ragionevole durata>> del processo, en Studi, cit., 375.

(92). ZILLETTI, Studi sul processo civile, cit., 77 ss.; 80; 85 s.; 90; 247; 261. En este sentido, BETHMANN-HOLLWWEG, Der Civilprozess, III, cit., 332; FOURNIER, Essai sur l’histoire du droit d’appel, cit.,79; 86 s.; SCIALOJA, Procedimiento civil romano, cit., 423; VAN DER WAL, Manuale Novellarum Justiniani, cit., 143; PADOA SCHIOPPA, Ricerche sull’appello, cit., 39 nt. 94; 77 nt. 7; 78 nt. 9; 98 nt. 95; 105 nt. 127; CAIMI, Burocrazia e diritto, cit., 318; LITEWSKI, La supplication contre la sentence, cit., 4 nt. 5; 8 nt. 15; 11 nt. 28; 27; ID. Die römische Appellation, cit., 310 nt. 1; JONES, Il tardo Impero romano (284-602 d.C.) II, cit., 712 s.; SCAPINI, Il ius novorum, cit., 85; KASER, Das römische Zivilprozessrecht, cit., 620 s.; BELLODI ANSALONI, Ricerche sulla contumacia nelle cognitionies extra ordinem (Milano 1998) 232 y nt. 102; PULIATTI, Officium iudicis e certeza del diritto, cit., 101 y nt. 147; 120; ID. Accertamento della veritas rei e principio dispositivo nel processo, cit., 127 nt. 55; PERGAMI, L’ appello, cit., 228 = Sulla <<ragionevole durata>> del processo, cit., 2077 = Sulla <<ragionevole durata>> del processo, en Studi, cit., 375; ID. Organizzazione giudiriziaria e responsabilità dei funzionari imperiali, cit., 77; BUZZACCHI, L’abuso del processo, cit., 154 nt. 2; GORIA, C. 3.1.12 e la celerità del processo civile, cit., 142 nt. 32.

(93). Superfluo, como observa ZILLETTI, Studi sul processo, cit., 78 nt. 42, es subrayar la intrínseca dificultad de la prueba exigida.

(94). PADOA SCHIOPPA, Ricerche sull’appello, cit., 39 nt. 94. Cfr. LITEWSKI, La supplication contre la sentence, cit., 14 y nt. 37, considera que objeto de recurso son únicamente las sentencias del prefecto del pretorio.

(95). Así, FOURNIER, Essai sur l’histoire du droit d’appel, cit., 65 y nt. 8; ORESTANO, L’appello civile, cit., 367 nt. 1; PERGAMI, L’ appello, cit., 274, 288.

(96). Así la datan, BASSANELLI SOMMARIVA, La legislazione processuale di Giustino I, cit., 143 nt. 44; ID. L’Imperatore unico creatore ed interprete delle leggi, cit., 24 nt. 27; FALCHI, Studi sulle relazioni tra la legislazione di Giustiniano (528-534), cit., 80; 87; 102; 106; 108; BELLODI ANSALONI, Ricerche sulla contumacia, cit., 18. Cfr. VOCI, Vicende della legislazione giustinianea, cit., 329, BARBATI, Sugli elenchi degli organi giudiziari, cit., 115 y GORIA, C. 3.1.12 e la celerità del processo civile, cit., 144, datan la constitución el 27 de marzo del 530.

(97). ZILLETTI, Studi sul processo civile, cit., 85 y nt. 61; 90; GORIA, Valori e principi del processo civile, cit., 22.

(98). SCAPINI, Principio del <<doppio grado di giurisdizione>>, cit., 698.

(99). PULIATTI, Officium iudices e certeza del diritto diritto, cit., 86; 98; 100 ss.

(100). PULIATTI, Officium iudices e certeza del diritto, cit., 102 s.; 105 s.

(101). Sobre esta expresión, BONINI, Ricerche di diritto giustinianeo, cit., 215 nt. 125, recuerda que la misma expresión figura ya en C. I. 9. 44. 3.

(102). C. I. 9. 44. 3. Sobre esta constitución y su relación con C. I. 3. 1. 13, vid. BONINI, Ricerche di diritto giustinianeo, cit., 215 ss.; 222 ss.; BELLODI ANSALONI, Ricerche sulla contumacia, cit., 61 nt. 22.

(103). En este sentido, COLLINET, La procédure par libelle, cit., 235; 381 s.; ZILLETTI, Studi sul processo civile, cit., 32 nt. 73; 69 y nt. 16; 85 y nt. 61; 217 nts. 67-68; 218 nt. 69; PONSSA DE LA VEGA, El proceso en contumacia y formas especiales de apelación, en Sodalitas. Scritti in onore di A. Guarino, VI (Napoli 1984) 2805 ss.; VINCENTI, <<Ante sententiam appellari potest>>, cit., 106; PROVERA, Lezioni sul processo civile giustinianeo, I-II (Torino 1989) 120; JONES, Il tardo Impero romano (284-602 d.C.) II, cit., 712; BONINI, Ricerche di diritto giustinianeo, cit., 222; KASER, Das römische Zivilprozessrecht, cit., 353; 530; 532; 595; 607 s.; 612; PULIATTI, Officium iudices e certeza del diritto, cit., 98; GORIA, Ricusazione e iudices electi, cti., 202 nt. 108; BUZZACCHI, L’abuso del processo, cit., 154 nt. 2; OBARRIO, El proceso por contumacia. Origen, pervivencia y recepción (Madrid 2009) 97; BARBATI, Sugli elenchi degli organi giudiziari, cit., 113; 115.

(104). ZILLETTI, Studi sul processo civile, cit., 244; BARBATI, Sugli elenchi degli organi giudiziari, cit., 113.

(105). SCIALOJA, Procedimiento civil romano, cit., 421.

(106). ZILLETTI, Studi sul processo civile, cit., 274.

(107). BARBATI, Sugli elenchi degli organi giudiziari, cit., 86; 102 nt. 170; 114 ss., afirma que la constitución excluye voluntariamente a los árbitros privados y a los defensores, no así a los magistrados municipales; ID. Studi sui “iudices”, cit., 41 nt. 106; 54; 85; 92; 194; 628 s.; con anterioridad GORIA, Ricusazione del giudice e iudices electi, cit., 202 y nt. 108; ID. La giustizia nell’Impero romano d’Oriente, cit., 305 y nt. 155; GARBARINO, Osservazioni in tema di competenza giurisdizionale criminale nelle province alla luce di Ed. XIII,17 e 22 e di Nov. 134,5, en Il diritto giustinianeo fra tradizione classica e innovazione (Torino 2003) 73 nt. 14. Sobre el arbitraje en Derecho romano y moderno, vid. FERNÁNDEZ DE BUJÁN, A., La deuda histórica del arbitraje moderno. Discurso leído el día 20 de enero de 2014, en el acto de su recepción como Académico de número de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación (Madrid 2014).

(108). Cfr. OBARRIO, El proceso por contumacia, cit., 97; PERGAMI, L’appello, cit., 329 nt. 73.

(109). Cfr. COLLINET, La procédure par libelle, cit., 382, 384; ZILLETTI, Studi sul processo civile, cit., 69 nt. 17; DELMAIRE, Les institutions du Bas-Empire romain, cit., 127; OBARRIO, El proceso por contumacia, cit., 98 s.

(110). ZILLETTI, Studi sul processo civile, cit., 69 s.

(111). En este sentido, BETHMANN-HOLLWEG, Der römische Civilprozess, III, cit., 300; CHIOVENDA, La condanna nelle spese giudiziali, cit., 63 ss.; WENGER, Istituzioni, cit., 280; SCIALOJA, Procedimiento civil romano, cit., 420 s.; ZILLETTI, Studi sul processo civile, cit., 69 s.; GIANNOZZI, La contumacia, cit., 21 nt. 32; 22 y nt. 33; PROVERA, Il principio del contradditorio, cit., 225 nt. 62; 226; PONSSA DE LA VEGA, El proceso en contumacia, cit., 2806; KASER, Das römische Zivilprozessrecht, cit., 612; 632; BELLODI ANSALONI, Ricerche sulla contumacia, cit., 181 s.; PULIATTI, Officium iudices e certeza del diritto, cit., 116; ID. Accertamento della veritas rei e principio dispositivo, cit., 127 nt. 54, 165 nt. 8; MIGLIARDI ZINGALE, L’ekbibastes in età giustinianea tra normazione e prassi: riflessioni in margine ad un papiro ossirinchita di recente pubblicazione, en Legislazione, cultura giuridica, prassi dell’Impero d’Oriente in età giustinianea tra passato e futuro. Atti del Convegno, Modena, 21-22 maggio 1998 (Milano 2000) 244; BARBATI, Sugli elenchi degli organi giudiziari, cit., 120; OBARRIO, El proceso por contumacia, cit., 98.

(112). CHIOVENDA, La condanna nelle spese giudiziali, cit., 64; GIANNOZZI, La contumacia, cit., 22.

(113). ZILLETTI, Studi sul processo civile, cit., 70; 192; SCAPINI, Principio del <<doppio grado di giurisdizione>>, cit., 699 nt. 47. En opinion de DE BONFILS, Omnes …ad implenda munia teneantur. Ebrei curie e prefetture fra IV e V secolo (Bari 1998) 13, el término observatio adopta el significado de una regla o una norma.

(114). CHIOVENDA, La condanna nelle spese giudiziali, cit., 64 s.; BERTOLINI, Appunti didattici di diritto romano. II Processo civile. III (Torino 1915) 224; COLLINET, La procédure par libelle, cit., 363; PROVERA, Lezioni sul processo civile, cit., 119 ss., 225 ss.; AGUDO RUIZ, Las costas en el proceso civil romano (Madrid 2013) 31 nts. 45 y 50.

(115). En este sentido, CHIOVENDA, La condanna nelle spese giudiziali, cit., 64; 90; 106; 123; 314; WENGER, Istituzioni, cit., 280; BERTOLINI, Appunti didattici, III, cit., 224 s.; COLLINET, La procédure par libelle, cit., 384; ZILLETTI, Studi sul processo civile, cit., 70; PROVERA, Il principio del contradditorio nel processo, cit., 226; PONSSA DE LA VEGA, El proceso en contumacia, cit., 2806; KASER, Das römische Zivilprozessrecht, cit., 613, 632; PULIATTI, Officium iudices e certeza del diritto, cit., 116; OBARRIO, El proceso por contumacia, cit., 99; VALIÑO ARCOS, A propósito de la condena en costas en el derecho justinianeo, en RIDA, 50 (2003) 426, afirma que se trata de un modo de sancionar la contumacia antes que una verdadera y propia condena en costas, que vendría a quebrar así el criterio objetivo del vencimiento absoluto; PULIATTI, Accertamento della veritas rei e principio dispositivo, cit., 127 nt. 54; BARBATI, Sugli elenchi degli organi giudiziari, cit., 120.

(116). CHIOVENDA, La condanna nelle spese giudiziali, cit., 64, 90. En el mismo sentido, OBARRIO, El proceso por contumacia, cit., 99.

(117). ZILLETTI, Studi sul processo civile, cit., 192 s.

(118). ZILLETTI, Studi sul processo civile, cit., 70 s.; 78 s.; 83 s.; 96 ss.; En este sentido, BELLODI ANSALONI, Ricerche sulla contumacia, cit., 121; PULIATTI, Officium iudices e certeza del diritto, cit., 115 s.

(119). ZILLETTI, Studi sul processo civile, cit., 83. En el mismo sentido, PULIATTI, Officium iudices e certeza del diritto, cit., 116.

(120). BELLODI ANSALONI, Ricerche sulla contumacia, cit., 182.

(121). Así, BIONDI, Summatim cognoscere, cit., 246; ZILLETTI, Studi sul processo civile, cit., 70 y nt. 18; 166; 193; observa que el amplio poder decisorio del juez se manifiesta en que la sentencia no tiene que acoger necesariamente la absolución o la condena del demandado, sino que podrá limitarse a acoger parcialmente las pretensiones del actor o del demandado; MARRONE, L’efficacia pregiudiziale della sentenza, cit., 496 nt. 97; SCIALOJA, Procedimiento civil romano, cit., 422.

(122). Sobre las distintas interpretaciones doctrinales del término “eremodicium”, vid., SCAPINI, Principio del <<doppio grado di giurisdizione>>, cit., 696 nt. 39; PERGAMI, L’appello, cit., 329 nt. 74.

(123). Sobre la expresión veteres leges, BASSANELLI SOMMARIVA, L’Imperatore único creatore ed interprete delle leggi, cit., 24 y nt. 27; SCAPINI, Principio del <<doppio grado di giurisdizione>>, cit., 700; BELLODI ANSALONI, Ricerche sulla contumacia, cit., 61 nt. 22; OBARRIO, El proceso por contumacia, cit., 54 nts.81 y 84.

(124). OBARRIO, El proceso por contumacia, cit., 97; 149. Con anterioridad, COLLINET, La procédure par libelle, cit., 382; SCIALOJA, Procedimiento civil romano, cit., 420; ZILLETTI, Studi sul processo civile, cit., 75 nt. 35; PROVERA, Il principio del contradditorio, cit., 224 ss.; PONSSA DE LA VEGA, El proceso en contumacia, cit., 2806.

(125). PROVERA, Il principio del contradditorio, cit., 224 ss.

(126). PROVERA, Il principio del contradditorio, cit., 227.

(127). ZILLETTI, Studi sul processo civile, cit., 75.

(128). BIONDI, Summatim cognoscere, cit., 246.

(129). SCAPINI, Principio del <<doppio grado di giurisdizione>>, cit., 698 ss.; PONSSA DE LA VEGA, El proceso en contumacia, cit., 2806; BELLODI ANSALONI, Ricerche sulla contumacia, cit., 115 y nt. 4; 121 y nt. 16.

(130). Sobre la expresión provocationis licentia, vid., PERGAMI, L’appello, cit., 274.

(131). WENGER, Istituzioni, cit., 280; 336; OBARRIO, El proceso por contumacia, cit., 147 y nt. 343.

(132). Así, WENGER, Istituzioni, cit., 280; COLLINET, La procédure par libelle, cit., 382; BIONDI, Summatim cognoscere, cit., 245 nt. 2; ZILLETTI, Studi sul processo civile, cit., 260 nt. 85; GIANNOZZI, La contumacia, cit., 24; SCAPINI, Principio del <<doppio grado di giurisdizione>>, cit., 695 s.; 705 s.; BELLODI ANSALONI, Ricerche sulla contumacia, cit 121 y nt. 16, afirma que Justiniano motiva la no apelación de la sentencia contumacial en el hecho de que ésta debe ser emanada cum omni subtilitate; LIVA, Ricerche sul iudex pedaneus, cit., 192 nt. 148.

(133). Así, PULIATTI, Officium iudices e certeza del diritto, cit., 116.

(134). ZILLETTI, Studi sul processo civile, cit., 71.

(135). OBARRIO, El proceso por contumacia, cit., 99.

(136). PULIATTI, Officium iudices e certeza del diritto, cit., 116. En este sentido, ZILLETTI, Studi sul processo civile, cit., 70.

(137). OBARRIO, El proceso por contumacia, cit., 97.

(138). PULIATTI, Officium iudices e certeza del diritto, cit., 116; ID. Accertamento della veritas rei e principio dispositivo nel processo, cit., 127 nt. 54.

(139). En este sentido, CHIOVENDA, La condanna nelle spese giudiziali, cit., 65; 85; 87; 90; WENGER, Istituzioni, cit., 334; COSTA, Profilo storico del processo, cit., 177; 182; COLLINET, La procédure par libelle, cit., 363; ÁLVAREZ SUÁREZ, Curso de Derecho Romano, I, cit., 608 s.; SCAPINI, La confessione nel diritto romano. II. Diritto giustinianeo (Milano 1983) 51; KASER, Das römische Zivilprozessrecht, cit., 632; PULIATTI, Officium iudices e certeza del diritto, cit., 68; VALIÑO ARCOS, A propóito de la condena en costas, cit., 406; 427; VOCI, Azioni penali e azioni miste, cit., 224 nt. 152; LAMBERTINI, Giustiniano e il iudex qui litem suam fecerit. Lezioni tenuta nella Sede napoletana del’’Ast. il 10 novembre 2010, 12; MOLLÁ, Iudex unus. Responsabilidad judicial e iniuria iudicis (Madrid 2010) 94 s.; BARBATI, Sugli elenchi degli organi giudiziari, cit., 116 s.

(140). CHIOVENDA, La condanna nelle spese giudiziali, cit., 65 ss.; 70; 87; 90; 111; 115.

(141). VALIÑO ARCOS, A propósito de la condena en costas, cit., 427; 437 s.

(142). ÁLVAREZ SUÁREZ, Curso de Derecho Romano, I. cit., 608 s.

(143). CHIOVENDA, La condanna nelle spese giudiziali, cit., 85 ss. En este sentido, AGUDO RUIZ, Las costas en el proceso civil, cit., 41 ss.; FERNÁNDEZ DE BUJÁN, A., Derecho Privado Romano (Madrid 2015) 140.

(144). ARU, Il processo civile contumaciale. Studio del diritto romano (Roma 1934) 211. Cfr. OBARRIO, El proceso por contumacia, cit., 99, afirma que si se demostraba el derecho del actor, éste, a pesar de su contumacia, salía victorioso del litigio, aunque se mantenía, como castigo a la contumacia, la obligación de pagar los gastos procesales.

(145). PULIATTI, Officium iudicis e certeza del diritto, cit., 55.

(146). Cfr. ZILLETTI, Studi sul processo civile, cit., 36 y nt. 84; 239 nt. 9; BONINI, Ricerche di diritto giustinianeo, cit., 216 nt. 129, matiza aún sin intención fraudatoria del juez; BARBATI, Studi sui “iudices”, cit., 170 s.; ID. Sugli elenchi degli organi giudiziari, cit., 121 s.; PULIATTI, Officium iudicis e certeza del diritto, cit., 103 s.; LAMBERTINI, Giustiniano e il iudex, cit., 8 nt. 19; ID. Cons. 8: il vetus iurisconsultus e il giudice in causa propia (Aspetti della responsabilità del giudice nel tardoantico), en Princípi generali e tecniche operative del processo civile romano nei secoli IV-VI d.C. Atti del Convegno Parma, 18 e 19 giugno 2009 (Parma 2010) 98 y nt. 40; MOLLÁ, Iudex unus, cit., 94 s.

(147). PULIATTI, Officium iudices e certeza del diritto, cit., 105 s.

(148). ZILLETTI, Studi sul processo civile, cit., 100 ss. En el mismo sentido, VINCENTI, <<Ante sententiam appellari potest>>, cit., 106; BONINI, Ricerche di diritto giustinianeo, cit., 216 nt. 129.

(149). ZILLETTI, Studi sul processo civile, cit., 105. En el mismo sentido, PULIATTI, Officium iudices e certeza del diritto, cit., 104 s.

(150). BONINI, Ricerche di diritto giustinianeo, cit., 221 nt. 142,;222 nt. 143.

(151). PULIATTI, Officium iudices e certeza del diritto, cit., 103 s

(152). Sobre las sospechas de interpolación de la frase iusta causa impeditus, vid., ARCARIA, Senatus censuit. Attività giudiziaria ed attività normativa del Senato in età imperiale (Milano 1992) 191 nt. 110.

(153). SMODLAKA, Avvocati nell’antica Salona, en Atti dell’Accademia Romanistica Costantiniana. XI Convegno Internazionale in onore di Felix B.J. Wubbe (Napoli 1996) 403; WIELING, Advokaten im Spätantiken Rom, en Atti dell’Accademia Romanistica Costantiniana. XI Convegno Internazionale in onore di Felix B.J. Wubbe (Napoli 1996) 439; 449; 459; AGUDO RUIZ, Abogacía y Abogados. Un estudio histórico-jurídico (Logroño-Zaragoza 1997) 156; 195; MIGLIARDI ZINGALE, L’ekbibastes in età giustinianea tra normazione e prassi, cit., 244.

(154). CERVENCA, Studi sulla cura minorum. 1. Cura minorum e restitutio in integrum, en BIDR, 14 (1972) 235 ss, en especial 308 ss.; 315; ID. Studi vari sulla <<restitutio in integrum>> (Milano 1990) 145 nt. 39.

(155). Así, ZILLETTI, Studi sul processo, civile cit., 264 nt. 98; VINCENTI, <<Ante sententiam appellari potest>>, cit., 114 s.; FALCHI, Studi sulle relazioni tra la legislazione di Giustiniano (528-534), cit., 55; 91; 103; 114. Cfr. BARBATI, Sugli elenchi degli organi giudiziari, cit., 60 y nt. 71, duda de la datación del 531, inclinándose por el 530. VINCENTI, <<Ante sententiam appellari potest>>, cit., 107 nt. 10; 109 y nt. 15, afirma que el tenor de esta constitución refleja la situación de supremacía ejercida por Justiniano sobre su tio en el periodo de gobierno común. VOCI, Vicende della legislazione giustinianea, cit., 342, GORIA, Ricusazione del giudice e iudices electi, cit., 188 nt. 82,;195 nt. 96 y BARBATI, Sugli elenchi degli organi giudiziari, cit., 112, datan la constitución el 20 de febrero del 531.

(156). Sobre la recusación del iudex en esta constitución, vid., BETHMANN-HOLLWWEG, Der Civilprozess, III, cit., 264; 327; COLLINET, La procédure par libelle, cit., 199; ZILLETTI, Studi sul processo civile, cit., 165 y nt. 121; 229 nt. 96; 252 nt. 63; 264 nt. 99; 273 nt. 129, afirma que se trata de excepciones que los maestros medievales designan como exceptiones declinatoriae iudicii; VAN DER WAL, Manuale Novellarum Justiniani, cit., 132 nt. 5; VINCENTI, <<Ante sententiam appellari potest>>, cit., 114 s.; KASER, Das römische Zivilprozessrecht, cit., 532; 548 s.; 595; GORIA, Ricusazione del giudice e iudices electi, cit., 166 nt. 37; 185 nt. 78; 188 ss.; 194 y nt. 93; 196 s.,; 200 nt. 106; 206; 207 nt. 117; ID. La giustizia nell’impero romano d’Oriente, cit., 306 nt. 159; 307 nt. 164; ID. Valori e principi del processo civile, cit., 22 nt. 21; 29 nt. 39, destaca de la constitución la importancia del instituto de la recusación a los efectos de preservar la imparcialidad del juzgador; ARCARIA, Sul potere normativo del prefetto del pretorio, en SDHI, 63 (1997) 340 s.; MIGLIARDI ZINGALE, L’ekbibastes in età giustinianea tra normazione e prassi, cit., 244 s.; BUZZACCHI, L’abuso del processo, cit., 154 nt. 2; LIVA, Ricerche sul iudex pedaneus, cit., 186; especialmente BARBATI, Sugli elenchi degli organi giudiziari, cit., 60 ss.; 106 ss. ID. Studi sui “iudices”, cit., 50 nt. 118; 52 nt. 124; 388 nt. 25; 658 nt. 82; TRISCIUOGLIO, <<… perché gli attori imparino a non giocare con la vita altrui…>>. A propósito di Nov. Iust. 53.1-4, en Princípi generali e tecniche operative del processo civile romano nei secoli IV-VI d.C. Atti del Convegno Parma, 18 e 19 giugno 2009 (Parma 2010) 189 s.

(157). Sobre la expresión “ab imperiali culmine delegati”, vid., ORESTANO, Il <<problema delle persone giuridiche>> in diritto romano. I (Torino 1968) 269 nt. 215 bis, afirma que el valor de la expresión no disminuye por la circunstancia de que en esta constitución y en otras, la cualificación de culmen sea atribuida también a personas distintas del emperador, en cuanto se trata siempre de altos dignatarios qui vice principis (o vice sacra) agunt.

(158). En este sentido, ZILLETTI, Studi sul processo civile, cit., 241; 271 y nt. 120; 273; PADOA SCHIOPPA, Ricerche sull’appello, cit., 62 nt. 61; BASSANELLI SOMMARIVA, La legislazione processuale di Giustino I, cit., 201 nt. 180; 202; 211 nt. 223; LITEWSKI, Die römische Appellation, cit., 245 y nt. 50; VINCENTI, <<Ante sententiam appellari potest>>, cit., 109; 114 s.; GORIA, Ricusazione del giudice e iudices electi, cit., 185 nt. 78; ID. Valori e principi del processo civile, cit., 22 y nt. 21.

(159). GORIA, Ricusazione del giudice e iudices electi, cit., 196 s.

(160). GORIA, Ricusazione del giudice e iudices electi, cit., 196

(161). PERGAMI, L’appello, cit., 348 nt. 107; ID. Sulla impugnabilità del lodo arbitrale nell’esperienza processuale romana, en Studi di diritto romano, cit., 392 nt. 3. Con anterioridad, COLLINET, La procédure par libelle, cit., 199 nt. 1.

(162). Así, ZILLETTI, Studi sul processo civile, cit., 264 nt. 98; FALCHI, Studi sulle relazioni tra la legislazione di Giustiniano (528-534), cit., 69; 95; 104; 120; VOCI, Vicende della legislazione giustinianea, cit., 350. Cfr. BARBATI, Sugli elenchi degli organi giudiziari, cit., 60 y nt. 71, duda de la datación del 531, inclinándose por el 530.

(163). Sobre el significado de éste iudex specialis, vid., GORIA, Ricusazione del giudice e iudices electi, cit., 198 nt. 102; BARBATI, Studi sui “iudices”, cit., 52 nt. 126.

(164). Sobre la recusación del iudex specialis en esta constitución, vid., ZILLETTI, Studi sul processo civile, cit., 253; 254 nt. 66, FALCHI, Studi sulle relazioni tra la legislazione di Giustiniano (528-534), cit., 69; KASER, Das römische Zivilprozessrecht, cit., 529; 532; 547 s., 549; DE BONFILS, Omnes… ad implenda munia teneantur…, cit., 124 nt. 91; especialmente GORIA, Ricusazione del giudice e iudices electi, cit., 166 nt. 37; 172 nt. 48; 181 s. nts. 70 y 72; 190 nt. 85; 194 nt. 91; 197 ss.; 203 nt. 110; 207 nt. 117; ID. La giustizia nell’impero romano d’Oriente, cit., 270 nt. 29; 306 nts. 159 y 161; 307 nt. 163; ROBLES, Magistrados, jueces y árbitros, cit., 130 y nt. 438, afirma que subordinados a los praesides provinciales estaban los magistrados municipales quienes, ya desde tiempos muy antiguos, tenían una jurisdicción limitada y a los que el código justinianeo dedica el breve título en C. 1, 56, de magistratibus municipalibus, a ellos se alude como magistratus o duoviri; LIVA, Ricerche sul iudex pedaneus, cit., 186; MIGLIARDI ZINGALE, L’ekbibastes in età giustinianea tra normazione e prassi, cit., 245; BARBATI, Studi sui “iudices”, cit., 50 nt. 118; 52 nt. 126; 346; 623 nt. 7; 658 y nt. 82; ID. Sugli elenchi degli organi giudiziari, cit., 60 ss., 106 ss.

(165). En este sentido, GORIA, Ricusazione del giudice e iudices electi, cit., 182 nt. 72; 190 nt. 85; 197 ss.; 207 nt. 117; BARBATI, Sugli elenchi degli organi giudiziari, cit., 67; 68 nt. 92; 84; ID. Studi sui “iudices”, cit., 459 nt. 191. Cfr. PADOA SCHIOPPA, Ricerche sull’appello, cit., 26 y nt. 41; 46 nt. 13, afirma que conoce de la apelación de la sentencia emitida por el arbiter nombrado por las partes en sustitución de un iudex datus suspectus, el praeses.

(166). GORIA, Ricusazione del giudice e iudices electi, cit., 198 ss.