AUTONOMÍA EN LAS VENAS. DESCENTRALIZACIÓN EN EL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA Y SUS ACTUALES LÍMITES, DESDE UNA PERSPECTIVA HISTÓRICA

Por

ANDRÉS VARGAS

Estudiante de Doctorado

Universidad del País Vasco

[email protected]

Revista General de Derecho Público Comparado 19 (2016)

RESUMEN: En el presenta artículo se hace una revisión de los hitos más importantes de la lucha por la autonomía regional y la autonomía indígena en el Estado Plurinacional de Bolivia. Para dicho efecto, valora de igual forma tanto la reivindicación por el autogobierno surgida en las regiones administrativas del oriente boliviano, como la reivindicación histórica de los pueblos indígenas por contar con más espacios de poder y autogestión en base a sus características étno-nacionales. A continuación, se expone el entramado constitucional sui generis surgido de la convergencia de ambas corrientes, que en gran medida se explica por la correlación de fuerzas políticas previa y posteriormente a la aprobación de la nueva Constitución boliviana. Una correlación que ha influido en la tendencia re-centralizadora de los últimos gobiernos del MAS a través de diferentes normativas, pero que también ha sido contestada tanto por las entidades regionales y locales, como por los propios pueblos indígenas.

PALABRAS CLAVE: autogobierno, autonomía indígena, autonomía regional, correlación de fuerzas, tendencias re-centralizadoras.

SUMARIO: I. INTRODUCCIÓN.- II. UNA PERSPECTIVA HISTÓRICA DE LA DESCENTRALIZACIÓN ADMINISTRATIVA. 1. Tensiones Regionales en el Siglo XIX y XX. 2. El municipalismo. Atisbos de autogobierno.- III. ¿OTORGAR PODER O RECONOCER DERECHOS? LA LUCHA POR LA AUTONOMÍA INDÍGENA. 1. La colonización interna. 2. La Descentralización como fuente de Empoderamiento. IV. LA TENSIÓN PREVIA AL NUEVO MARCO CONSTITUCIONAL.- V. BOLIVIA, ESTADO PLURINACIONAL CON AUTONOMÍAS. 1. El principio de Autonomía en la Constitución. 2. La Ley de Autonomías y Descentralización Andrés Ibáñez. VI. Proyecto político nacional vs. Proyectos no centrales. 1. El poder re-centralizador. 2. Estatutos y Cartas Orgánicas. 3. Autonomía a Contracorriente.- VII. CONCLUSIONES.- VIII. BIBLIOGRAFÍA.

AUTONOMY IN THE VEINS. THE PLURINATIONAL STATE OF BOLIVIA DECENTRALIZED STRUCTURE AND ITS CURRENT LIMITS, FROM A HISTORICAL POINT OF VIEW

ABSTRACT: This paper reviews the most important moments of the fight for self-government at an administrative/regional level and at an indigenous/ethno-national level in the Plurinational State of Bolivia. In that sense, the article considers both claims have the same value at a historical and political stage. Additionally, there is an explanation of the constitutional framework resulted as a consequences of uniting both tendencies, that can be explained by the balance of power between different political forces before and after the approval of the new Bolivian constitution. Nevertheless, both regional and local institutions and indigenous people have answered the balance that had allowed the MAS party to follow a path to re-centralize power trough different legal instruments.

KEYWORDS: self-government, indigenous autonomy, regional autonomy, balance of power, recentralizing tendencies.

Fecha de recepción: 06/04/2016

Fecha de aceptación: 16/04/2016

I. INTRODUCCIÓN

Como suele suceder en la gran mayoría de los Estados, el avance de la descentralización administrativa en Bolivia responde principalmente a procesos políticos internos influenciados por dinámicas transnacionales, algunos tan antiguos como la colonización, otros surgidos en el marco de la consolidación democrática de los últimos treinta años. Efectivamente, existe una tendencia global hacia la descentralización administrativa, como una forma de hacer la gestión pública más democrática y eficiente. Por ejemplo el Banco Mundial, sugiere que “…las decisiones hechas de manera más participativa, tendrán una mejor información y serán más relevantes para diferentes intereses en la sociedad, que aquellas hechas solamente por las autoridades nacionales”(1). Esta idea, que es parte de un boletín informativo de esa institución, si bien es correcta se queda en la superficie de la cuestión autonómica.

Como es sabido, conceptos trabajados infinitamente como nacionalismo, regionalismo, descentralización, autonomía, federalismo, etc., al final tienen un tronco común, la repartición del poder de manera que las sociedades nacionales y la sociedad internacional puedan funcionar coherentemente. En Europa históricamente se ha utilizado la descentralización como una forma de aminorar los sentimientos nacionalistas, de regiones que por elementos históricos son parte de un Estado que las absorbe(2). No obstante, diferentes variables han hecho resurgir con particular importancia el elemento local-regional en las últimas décadas. En un mundo globalizado y como consecuencia de los patrones de la política y la economía mundial, poderes regionales y locales han empezado a ser reestudiados desde diferentes escuelas académicas, como modelos de desarrollo que sin las competencias y funciones de los Estados Nacionales, han logrado garantizar un importante nivel de bienestar a sus ciudadanos(3). La pregunta que surge entonces en ambos casos es ¿cuáles son las competencias y las capacidades que debe transferir el Estado, o que deben reclamar los gobiernos no centrales, para garantizar una autonomía económica, cultural, o ambas, que generen un bienestar en dichas sociedades?

En el caso boliviano ambas tendencias, étnicas y económicas, han formado un hibrido que tiene como resultado un Estado que puede llegar a tener hasta cuatro gobiernos no centrales, cuyas funciones y competencias aunque legislativamente no tendrían por qué sobreponerse, hacen necesario un trabajo de coordinación y regulación muy preciso. El presente trabajo, además de explicar la estructura autonómica del Estado Plurinacional de Bolivia, una estructura que ha sido producto de un ejercicio de creatividad legislativa y política muy importante, pretende resumir los acontecimientos históricos que desencadenaron en esta situación y señalar las dificultades, compresibles, de la implementación de esta nueva legislación cargada de motivaciones político económicas. Se trata por tanto de llamar a la reflexión sobre una cuestión central en el panorama político boliviano de la última década. ¿Hasta qué punto se pueden armonizar proyectos políticos diferentes, que tienen como base el autogobierno y la disposición territorial? Dicho de otra manera ¿cuánto poder se ha querido repartir con la creación de la estructura autonómica boliviana? Más allá de los acalorados debates que surjan, no deja de ser simbólico que el pluralismo político nacional y el carácter autonómico del Estado, se encuentran recogidos desde el primer artículo de la Constitución(4), lo que implica de por sí un gran avance.

II. UNA PERSPECTIVA HISTÓRICA DE LA DESCENTRALIZACIÓN ADMINISTRATIVA

La lucha por el autogobierno en el territorio boliviano si bien se ha intensificado con el arribo y la consolidación del último periodo democrático, no es para nada un elemento moderno. Se podría decir que el nacimiento en sí del Estado Boliviano post colonial responde a la voluntad de sus élites de formar un gobierno propio en la Audiencia de Charcas. Una entidad que estaría al margen de los dos Virreinatos a los que perteneció, el de Lima y el de Buenos Aires y que durante el proceso independentista no lograron ofrecer un proyecto político común al mencionado territorio(5). La Asamblea que dio origen a Bolivia como República Independiente llegó a discutir someramente el modelo territorial que se quería para la nación, concluyendo que este sería “...concentrado, general y uno, para toda la república y sus departamentos...”(6). Era entendible que el modelo Federal, todavía poco conocido en la región, generara reticencias ante una posible división territorial, pues las rivalidades regionales dentro de la provincia de la Audiencia de Charcas eran ampliamente conocidas.(7)

1. Tensiones regionales en el siglo XIX y XX

El modelo territorial unitario organizó al país prácticamente en base al modelo Francés y con parecida terminología(8), en Departamentos, provincias, cantones (secciones de provincias) y parroquias. Los municipios serían reconocidos más adelante (1838). Durante la primera época republicana la idea del federalismo tomo fuerza desde diferentes vertientes políticas y regiones del país. En la asamblea Constituyente de 1871, a la cabeza del Departamento de Cochabamba y el Dr. Luis Mendoza de la Tapia, se planteó la creación de los Estados Unidos de Bolivia. Dicha propuesta no llegó a salir adelante al perder en una votación(9). A mediados de la misma década, en la ciudad de Santa Cruz a la cabeza del Dr. Andrés Ibáñez, surgió un movimiento cuya reivindicación era principalmente la igualdad de los ciudadanos. El movimiento llamado igualitario, llegó a tomar por la fuerza el poder en la ciudad y por tanto en el departamento. Al proclamar la federación contra la “...tiránica forma de gobierno unitario…”, entre otras medidas de corte social radicales para dicha época, llamó la atención de las autoridades centrales quienes enviaron contingentes militares para detener la revuelta. El saldo fue el fusilamiento de Ibáñez y algunos de sus compañeros; y el restablecimiento del orden(10). Este episodio, no exento de polémica, años más tarde será reconocido como uno de los hitos históricos del movimiento autonomista cruceño, del cual se hablará más adelante.

Pero sin lugar a dudas, el mayor hito en la historia del federalismo en Bolivia, aunque el desenlace no haya sido el establecimiento de dicha doctrina en el país, fue la llamada guerra federal (1899). Ramiro Condarco Morales ha realizado uno de los mejores documentos bibliográficos sobre dicho episodio, pues además de polémico, puso sobre la mesa de manera frontal los intereses de diferentes grupos sociales, el regional y el indígena. No es menester de este trabajo entrar en la polémica sobre dicho periodo histórico, sin embargo en base a los trabajos de diferentes reconocidos autores bolivianos y extranjeros(11) se pueden establecer algunas premisas básicas.

La guerra civil boliviana (federal) tuvo como detonante principalmente tres variables. Primero, la rivalidad entre el partido conservador, en el poder desde 1880, a veces cometiendo fraude, y el partido liberal, cuyas aspiraciones habían sido negadas por la vía de la frágil institucionalidad. Segundo, el auge en la ciudad de La Paz de una élite como consecuencia de las nuevas formas y dinámicas del capitalismo transnacional. Potenciada gracias a la acumulación de tierras, el nacimiento de una incipiente industria y una importante presencia en las actividades mineras ligadas a la explotación del Estaño. A diferencia de esta última, la explotación de plata, con un precio en ese entonces mucho menor al del estaño y vinculada al eje Sucre-Potosí, se encontraba en crisis. La élite de Sucre, la capital constitucional, tenía menos poder de negociación al no encontrarse tan fortalecida como su par paceña. Por último, por esa época, se debatía en el congreso un proyecto de ley que establecería a Sucre como la sede permanente del gobierno boliviano. Durante este periodo, no era extraño ver a los presidentes y sus gabinetes gobernar por largas temporadas en diferentes ciudades, dependiendo de los intereses y los asuntos en juego. Dicho proyecto de ley surgió ante el fundado temor de que la capital sea trasladada a La Paz, pues además de una serie de gobiernos que estuvieron asentados en dicha urbe por largo periodo, se inició un candente debate sobre si debía moverse la capital del país, al que se sumaron historiadores y opinión pública(12). Todo esto fue el caldo de cultivo para una revuelta que tenía la bandera del Federalismo. No obstante, más allá de publicaciones de prensa y aspiraciones simbólicas, no existía una propuesta concreta y seria sobre un modelo alternativo de Estado.

Como se dijo, lo más interesante de este hitó fue la participación activa en los acontecimientos bélicos de la población indígena del altiplano. En el siguiente apartado se mencionan mayores detalles sobre el asunto. La población indígena, inicialmente aliada de los liberales y posteriormente antagónica con todo tipo autoridades de raza blanca, había ganado un poder descomunal en ese periodo. Su papel clave hizo que la balanza se inclinara a favor del recientemente creado ejército federal, contra el ejército constitucional venido de Sucre. A pesar de la victoria de los federalistas, al mando del Gral. Pando, máximo representante del partido liberal, sus proyectos no se concretaron. La necesidad de paz y unidad de la élite boliviana ante un enemigo mayor, los aguerridos pueblos indígenas, sumada a la visión de Pando y los liberales, de que era más importante implantar la agenda liberal en el país que la agenda federal, mermaron las aspiraciones de los insurrectos. Así entonces el proyecto paceño fue relegado. El nuevo presidente pasó a gobernar desde la ciudad de La Paz y con el traslado del congreso a esta urbe, se erigió en sede de gobierno, situación que no se llegó a cuestionar frontalmente hasta la Asamblea Constituyente del siglo XXI.

El sentimiento federal pasó a segundo plano aunque no murió completamente. A mitad del siglo XX comenzó un periodo que si bien no descentralizaba el poder, se centraba en la diversificación económica y productiva del país. El plan Bohan(13), tenía como objetivo el aprovechamiento de potencialidades agroindustriales y de recursos naturales que se encontraban en el oriente boliviano. Santa Cruz de la Sierra, en eses entonces poco integrada al resto del territorio nacional, se erigió como el centro de dicho proyecto. La denominada Marcha hacia el Oriente comenzó a mediados de los 40 con la creación de la Corporación Boliviana de Fomento, el Banco Agrícola y el diseño de la carretera Cochabamba – Santa Cruz. Si bien este plan data de antes de la revolución nacional de 1952, fue durante este periodo en el que se intensificó su puesta en práctica, a través de una constante transferencia de recursos hacia el oriente boliviano y la apuesta por la industria petrolífera. El resultado fue el crecimiento exponencial de las regiones del oriente y el sur del país, con Santa Cruz como el centro económico más importante de Bolivia hasta nuestros días.(14)

El impacto económico sobre las élites regionales no fue menor. A la cabeza del Comité Pro Santa Cruz creado en 1950, se fue realizado un trabajo de concientización de la importancia de esta región para el país lo cual generaba también tensiones con el poder central(15). Al igual que los reclamos del departamento de La Paz en siglo XIX, se preocuparon por visibilizar los perjuicios de una administración centralizada. Argumentado variables económicas, políticas, sociales y hasta étnicas, el reclamo por el autogobierno fue ganando terreno, aunque no se manifestaría con contundencia hasta el siglo XXI. Pero también se debe indicar que, a lo largo de la última década del siglo XX, durante la primera ola de descentralización institucional en la recuperada democracia, a pesar de que el sentimiento autonomista había ganado un peso importante, prevalecieron más las identidades partidistas que regionales. El Municipalismo fue en ese entonces una válvula de escape que en un giro importante de la historia marcó el inicio del cambio en Bolivia.

2. El municipalismo. Atisbos de autogobierno

Durante los primero 50 turbulentos años de la república de Bolivia no existió la suficiente estabilidad como para que las tendencias descentralizadoras tomaran fuerza. Si bien en 1839 se reconocieron a los concejos municipales conformados por concejales electos, recién la Constitución de 1871 los llegó a consolidar estableciendo “...concejos municipales en las ciudades, juntas municipales en las provincias y agentes municipales en los cantones, definiendo una línea de jerarquía y sujeción de los agentes a las juntas y de éstas a los concejos, es decir una sujeción de las áreas rurales a los centros urbanos”(16). A pesar de los problemas en su funcionamiento los concejos municipales fueron un espacio relativo de autogobierno, al mostrar cierta independencia del gobierno central. No estando sujetos a dicha autoridad, las tensiones fueron comunes y no se lograron aminorar, ni si quiera con el establecimiento de la figura de un alcalde nombrado por el presidente, como cabeza de dicho concejo en 1938. La crisis política de esa época previa a la revolución de 1952, la consolidación de la misma y el periodo de dictaduras que la siguió, no permitieron un retorno de este espacio político autónomo. Entre 1945 y 1985 no se dieron elecciones municipales y los acaldes de los centros urbanos eran nombrados por el gobierno central(17).

Moira Suazo ha realizado uno de los trabajos más profundos sobre el municipalismo en Bolivia y su trascendencia en el panorama político. Para esta autora es precisamente en el espacio local, donde comienzan a configurarse los poderes que posteriormente tendrían alcance nacional(18). Con la llegada de la consolidación de la democracia, las tensiones políticas antes expresadas a veces de manera violenta, empezaron a encontrar eco en las instituciones nacionales. El retorno de las elecciones municipales en los más de 100 municipios existentes a finales de la década de 1980, descentralizó parte de la legitimidad con nuevas autoridades, pero no descentralizó los recursos. Fue en realidad la ley de participación popular (LPP) de 1994 la que dio inicio a este nuevo giro, que se complementaría con la ley de municipalidades, donde se especificaban las nuevas tareas de las entidades locales. La LPP designo a las secciones provinciales como municipios en igual de condiciones y creo el principio de repartición tributaria. Bajo este parámetro las nuevas instituciones tenían un porcentaje de la recaudación tributaria nacional en base al total aportado, aunque posteriormente se cambió al principio de número de personas residentes en un municipio. Así, Bolivia pasó a tener más de 300 municipios en un breve periodo y desde entonces no han parado de crearse nuevas entidades de este tipo(19).

Este fenómeno generó una nueva idea de ciudadanía en la población boliviana, pues por primera vez en la historia las autoridades locales de los municipios, sobre todo rurales, tenían la potestad de manejar recursos directos para proyectos propios(20). Esto creo a su vez un gran desafío para dichas autoridades. Autoridades que en algunos casos ya contaban con legitimidades alternativas vinculadas a sus usos y costumbres, como en el caso de algunas poblaciones indígenas. Al momento de la creación de estos nuevos municipios, muchos no contaban ni siquiera con los elementos materiales mínimos necesarios para su funcionamiento y carecían de la experiencia sobre la democracia liberal y el manejo burocrático necesarios para hacer funcionar una entidad local(21). Está situación no limitó el empoderamiento de nuevos actores que con el tiempo ganarían peso a nivel nacional, entre ellos los pueblos indígenas. La ley de municipalidades profundizó el proceso al establecer competencias específicas en determinadas áreas. Zuazo hace una importante reflexión sobre este proceso. Antes de la LPP, la ley de municipalidades y las normativas que las complementan no se puede hablar de un proceso de descentralización institucional en Bolivia. En un estado que antes de 1952 estaba completamente desestructurado y cuya organización territorial recién se llegó a consolidar a finales de siglo XX, no existían tareas a descentralizar pues algunas no eran ni si quiera prioridad del gobierno central(22). Con los recursos, las competencias legislativas y la legitimidad democrática, los municipios empezaron a trabajar en materia de servicios básicos, infraestructura en salud y educación, promoción del deporte, seguridad, entre otras tantas competencias. Al mismo tiempo un incipiente principio de autonomía tributaria surgió con la posibilidad de cobrar impuestos a los inmuebles y los automóviles. Actualmente la autonomía municipal se encuentra consolidada, aunque al igual las regiones sufre los efectos re-centralizadores de diversas normas emitidas por el gobierno nacional.

III. ¿OTORGAR PODER O RECONOCER DERECHOS? LA LUCHA POR LA AUTONOMÍA INDÍGENA

En una vereda paralela se encuentra la lucha por el autogobierno indígena y los derechos de estas poblaciones. A día de hoy está bastante trabajada la hipótesis de que las revueltas indígenas durante la colonia y la creación de las nuevas repúblicas en América Latina, tenían una complejidad mucho más importante que la simple lucha por el territorio colonizado. Se sabe que algunos líderes indígenas por el contrario, reivindicaban el reconocimiento de su legitimidad y privilegios como autoridades; su soberanía sobre determinados territorios y poblaciones; y su capacidad de gestionar actividades político económicas(23). A pesar de que los indígenas participaron activamente en el proceso de independencia del Estado Boliviano, una participación no reconocida por la mayor parte de la historiografía oficial de los siglos pasados, el establecimiento de la República Independiente trajo pocas alegrías para esta porción de la población. Ahora divididos por nuevas fronteras y teniendo que responder a nuevas legitimidades nacionales, los pueblos indígenas en Bolivia fueron totalmente apartados de las esferas de poder y su explotación por parte de las élites continuó profundizándose.

1. La Colonización Interna

A pesar de que Simón Bolívar, fiel a sus principios liberales decidió eliminar el tributo indígena, este debió ser restablecido por el Mariscal Sucre, al constatar que las arcas del nuevo Estado estaban vacías después de 15 años de guerra y destrucción. Esta medida, que no se eliminó oficialmente hasta principios del siglo XX, se sumaba a otras tantas como el mitaje y el pongueaje que obligaban a trabajar a los indígenas de manera gratuita en las tierras que eran propiedad del patrón, generalmente criollo, o para algunas autoridades locales. La disputa por la propiedad de la tierra fue una constante durante todo el siglo XIX y su corolario sería la revuelta de 1899. “La propiedad comunaria, que había sido parcialmente respetada incluso durante el periodo colonial, se fue convirtiendo poco a poco, en objeto de creciente interés para las minorías dominantes, deseosas de adjudicarse fuentes de riqueza perdurable”(24). Efectivamente muchos Ayllus, Markas, comunidades y otras formas de organización territorial indígena subsistían paralelamente al Estado y a pesar de éste, en una especie de autogobierno sin injerencias, a excepción de las que eran claramente de interés del Estado como la repartición de tierras, el cobro de tributos, etc.(25)

Además de los mecanismos coloniales de desposesión de la tierra que subsistieron, en 1866 a través de un Decreto, el Presiente Melgarejo trató de acelerar este proceso al dar la posibilidad a los indígenas de comprar las tierras de las que eran poseedores. Una vez que no se logró cumplir este requisito y se iniciaron las primeras desposiciones forzosas, comenzaron una serie de revueltas a cargo de líderes indígenas que llegaron a aliarse con el ejército nacional para sacar a Melgarejo del poder, a cambio del respeto de la propiedad comunitaria. Sin embargo una pesadilla mayor cayó sobre dichos pueblos cuando en 1974 a través de las leyes de Ex vinculación se desconoció jurídicamente los conceptos de ayllus y comunidades, convirtiendo a los indígenas en propietarios a título personal y no así a título colectivo como era tradicional. La consecuencia fue la sistemática apropiación de tierras por parte de las élites a cambio de compraventas forzadas, ficticias, o a precios irrisorios. Tras esta medida los reclamos no se dejaron esperar, pero como en anteriores oportunidades las autoridades gubernamentales imponía el orden por la fuerza. Fue durante la guerra Federal que los indígenas vieron una oportunidad. A la cabeza de Pablo Zarate Willka coadyuvaron con el ejército federal a cambio de la devolución de las tierras comunitarias y el respeto de su condición(26). Al finalizar la guerra contrariamente a lo acordado, Pando no cumplió con su palabra. Zarate y otros líderes indígenas, anticipándose a este incumplimiento, durante la guerra, organizaron una revuelta propia que sin distinguir entre federalistas o unitarios trató de recuperar sus territorios por la fuerza. Estas revueltas fueron aplastadas por el nuevo gobierno liberal y Zarate y otros cabecillas fueron enviados a juicio. El caudillo murió asesinado extrajudicialmente años más tarde.(27)

Pero no todos los intentos de recuperar la tierra para los indígenas fueron por la fuerza. Silvia Rivera relata la historia de Santos MarkaT´ula, uno de los caciques apoderados de principios del siglo XX. Este personaje trató sin éxito de hacer ver la ilegalidad de las acciones del gobierno boliviano, haciendo públicos documentos que demostraban el reconocimiento por parte de autoridades coloniales de las propiedades comunitarias(28). Para ese entonces las clases populares insertas en las ciudades y algunos sectores de la élite, notaron los problemas de la desestructuración de la sociedad Boliviana. Influenciados también por ideas que venían de otras partes del mundo se dieron cuenta que el sistema de castas tenía que cambiar. Así, el principio de la tierra es para quien la trabaja fue una de las banderas de los partidos de izquierda y nacionalistas, contra los conservadores(29). La Reforma Agraria de 1953 cumplió en parte esta premisa. Pero si bien esta medida fue ampliamente reconocida y aplaudida, dos efectos negativos se dieron como consecuencia de su mala aplicación. El no reconocimiento de las tierras como comunitarias dividió el territorio recuperado en mini parcelas poco productivas (Minifundio). La otra fue la campesinización del sujeto indígena. Bajo la premisa de crear una identidad nacional común, los pueblos indígenas pasaron a ser denominados como campesinos, elemento que si bien respondía a su fuente de origen y trabajo, no respetaba su identidad particular y por tanto una serie de derechos y prerrogativas que de ella se desprende. Institucionalmente el elemento indígena no pasaría a ser reconocido hasta la década de 1990 después de muchos reclamos populares, aunque la mayoría de los pueblos jamás dejaron de guiarse por sus usos y costumbres no reconocidas por las leyes nacionales(30). Por tanto, la declaración de Plurinacionalidad del Estado no es más que el reconocimiento de una realidad actual e histórica.

2. La Descentralización como fuente de empoderamiento

Paralelamente a la descentralización municipal, otro tipo de descentralización llegó de la mano del sistema electoral. El establecimiento de diputados uninominales (Elección de 1997), eliminaba el clásico sistema de listas cerradas ligadas al candidato presidencial. De esta manera el voto cruzado y el establecimiento de partidos con fuerza local, permitió el arribo de diputados pertenecientes a pueblos indígenas, movimientos sociales y otras fuerzas no ligadas a los partidos tradicionales. Sumado a la elección de autoridades municipales y la trasferencia de recursos, se percibió a nivel general un empoderamiento de las clases y pueblos históricamente discriminados, elemento que luego se tradujo en el reconocimiento de Bolivia como un país Multiétnico y Pluricultural(31). A día de hoy está prácticamente asumido por la gran mayoría de estudios sobre esta etapa, que este complejo proceso de empoderamiento, cuyos detalles no se abordarán al no ser motivo de este trabajo, fue el inicio del cambio en Bolivia(32). Una vez más el Estudio de Zuazo es absolutamente revelador. No solamente se pueden observar los patrones de transferencia de recursos del Estado a los nuevos municipios, sino también el conflicto en el que las nuevas autoridades se colocaron. Pues con el arribo de la institucionalización democrática y por tanto los partidos tradicionales y los recursos económicos, algunos líderes indígenas prefirieron el poder de las alcaldías a su tradicional papel de autoridades indígenas (Caciques, Mallkus, etc.)(33).

A inicios del siglo XXI, como consecuencia de las políticas neoliberales, la corrupción institucionalizada, y la falta de atención de las necesidades de una gran mayoría de bolivianos en situación de pobreza, la legitimidad de los partidos tradicionales se encontraba muy debilitada. De hecho, durante la última etapa democrática ningún partido pudo superar el 50% de los votos válidos, teniendo que gobernar en coalición. El denominado Ciclo Rebelde(34) implicó una serie de protestas contra privatizaciones, planes de exportación de recursos naturales, y otras medidas percibidas como injustas por parte de la población boliviana. A la cabeza de Organizaciones Territoriales de Base, Juntas de Vecinos, movimientos indígenas y movimientos sociales en general, estas revueltas pusieron en evidencia la fragilidad del sistema tradicional de partidos políticos, que en determinados lugares incluían también a autoridades indígenas que se unieron a ellos previamente. Las demandas, que incluían una asamblea constituyente y la revisión general del aparato del Estado y sus políticas, sólo pudieron ser contenidas en un bloque nacional popular a la cabeza de Evo Morales y el MÁS. Con una victoria con más del 54% de los votos válidos, el año 2006 comenzó un gobierno que tenía como una de sus banderas principales el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígena y de sectores de la población históricamente discriminados(35). Para el acometido de dicho objetivo, se hacía necesaria la redacción de una nueva constitución.

IV. LA TENSIÓN PREVIA AL NUEVO MARCO CONSTITUCIONAL

El texto final de Constitución Boliviana aprobado por referéndum el año 2009, paso por un proceso complejo en el que muchas veces se tuvo que forzar la norma, ya que en última instancia se ponían en frente básicamente dos visiones y proyectos de país. A pesar de que esta afirmación puede sonar esencialista, la cadena de eventos que sucedieron entre 2006 y 2009, algunos con consecuencias violentas y trágicas, tenían como actores principales al Gobierno Central a la cabeza del MAS y a los gobiernos regionales de la denominada Media Luna(36), acompañados de una organización que crearon para reivindicar sus intereses llamada Consejo Nacional Democrático (Conalde). Nos encontramos entonces frente a una lucha de legitimidades y legalidades en la que las principales armas eran, por un lado el proceso de cambio y por otro la lucha por la autonomía(37).

Como se dijo, el periodo 2000-2005 fue un periodo de crisis y transición en la democracia Boliviana. Por una parte los partidos políticos tradicionales habían perdido toda legitimidad y las instituciones ya no respondían a los intereses de sectores importantes de la sociedad. Ahora bien, esta lectura si bien es aplicable al caso de los pueblos indígenas y otros sectores de la población históricamente discriminados, también puede aplicarse al movimiento autonomista. Íñigo Errejón en su trabajo La lucha por la hegemonía durante el primer gobierno del MAS en Bolivia (2006-2009): un análisis discursivo”, hace una detallada descripción de cómo, al igual que las instituciones democráticas no pudieron dar cabida a los reclamos de los pueblos indígenas, las mismas no pudieron gestionar el reclamos de los movimientos autonomistas. Con base sobre todo en Santa Cruz, un movimiento que renegaba de las identidades partidistas y buscaba un interlocutor regional, fue ganando legitimidad ante la población de cuatro departamentos en Bolivia. Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija. Hasta el año 2003, cuando Gonzalo Sánchez de Lozada renunció después de los hechos violentos de octubre, los partidos tradicionales contaban con cuadros provenientes de dichas regiones. Durante el Gobierno de Carlos Mesa (2003-2005), que no contaba con el apoyo de los partidos políticos, los reclamos de estos departamentos se radicalizaron al no tener representantes en el poder, buscando espacios de autogobierno mínimos como la descentralización de competencias y la elección de prefectos, antes nombrados por el presidente(38) .

La mayor parte de las reivindicaciones mencionaban la eficiencia administrativa y la equidad en la repartición de recursos, como las principales motivaciones para buscar la autonomía. A pesar de ello, como se insinuó, de la mano de intelectuales, académicos y figuras influyentes de la élite, principalmente cruceña, se empezó a subrayar desde mediados del siglo XX la diferencia étnica de los pobladores del oriente y sur boliviano, frente a sus pares del occidente. Argumento que ganó más notoriedad que los anteriores. Una serie de trabajos bibliográficos entre históricos, antropológicos y políticos, señalaban que además de los criterios de eficiencia, justicia y democracia, la autonomía se tenía que basar en las diferencias étnicas de las poblaciones bolivianas. Eduardo Paz ha logrado diseccionar algunos de estos trabajos sugiriendo que los mismos tienen argumentos muy debatibles, a veces contradictorios y con una clara finalidad política. No obstante, a pesar de tratar de exaltar los rasgos de la identidad Cruceña, diferenciarlos con las de las regiones occidentales del país y legítimamente elaborar una historia común y propia, estos trabajos en última instancia plantean la necesidad de insertar lo cruceño en lo global, económica, política y socialmente(39). Algo que como se mencionó, responde a este nuevo paradigma de potenciar lo regional a nivel global.

Así entonces durante el gobierno Mesa se cambió la constitución para permitir la elección de prefectos. Estos llegaron en el mismos proceso electoral del presidente Morales, institucionalizando la autoridad con la ya contaban cívicos y políticos regionales como Rubén Costas en Santa Cruz. Lo que más tarde llamó García Linera como el empate catastrófico, era precisamente el choque de legitimidades y visiones alternativas de país que se tenían(40). Claramente el MAS no contaba con una agenda específica al iniciar su gobierno, pues era el resultado de una suma de intereses históricamente relegados. Este partido logro captar el voto de indígenas, movimientos obreros, pero también de clases medias casadas con sistema establecido por los partidos tradicionales, lo que le significo una mayoría absoluta indiscutible. Los pocos pasos que el país había dado para salir de un círculo vicioso, eran opacados con las malas prácticas de políticos tradicionales, haciendo difícil distinguir qué y quién representaba lo rescatable y qué y quién no. Por ello, el horizonte del MAS fue fomentar un cambio radical que transformara el sentido común hasta ese momento imperante a todos los niveles. Como señala Errejón se trataba de construir una hegemonía alternativa, basada en un estado fuerte, intervencionista y proveedor de bienestar material(41). Ciertamente también existía un elemento identitario. Siendo las poblaciones indígenas el sector históricamente más discriminado, se propició un relato alternativo, exaltando lo indígena frente lo colonial, con una importante focalización en las poblaciones del occidente del país(42). En contra partida, los intereses de la élite, al no contar con un contrapeso a nivel nacional, se atrincheraron en las regiones, lo que propiciaba aún más el enfrentamiento por la autonomía y el modelo de gobierno(43).

En esas condiciones se llegó a la Asamblea Constituyente (AC) inaugurada el 6 de agosto de 2006. Una institución que a pesar de que trataba de no abrir la caja de pandora, al final se vio envuelta en un sin número de polémicas. No entraremos en todas ellas al no ser trascendentales para este trabajo. Una primera polémica se centró en el sistema de votación. La Asamblea no llegó a ponerse de acuerdo si para la aprobación de artículos en grande y en detalle eran necesarios dos tercios o mayoría absoluta de los votos válidos. Al no contar el MAS con los dos tercios necesarios, forzó el uso de la mayoría absoluta para imponer sus principales medidas. Otra polémica fue la necesidad de reconocer si el poder constituyente era originario y por tanto abría el candado para discutir todo tipo de temáticas; o si era derivado, relevándolo a debatir sólo los aspectos más importantes de aquel momento político(44). De esta disyuntiva se desprendían otras más profundas. La ciudad de Sucre planteó que la sede de gobierno regrese a la capital constitucional del país, lo que terminó por sumar a esa región al Conalde ante la negativa del MAS y las regiones occidentales. Existió también un incipiente movimiento que planteaba la creación de nuevos departamentos al visibilizarse tensiones departamentales internas. Por ejemplo, una de estas está ligada la sub región del Chaco que abarca parte de los departamentos de Santa Cruz, Tarija y Chuquisaca y cuya identidad está ligada a sus tradiciones y cultura. Esta subregión es particularmente importante alencontrarse en su territorio los mayores campos petroleros del país. Así entonces en medio de numerosas polémicas internas pero también nacionales, la AC se vio obstruida en su trabajo. Durante las últimas sesiones en Sucre, los reclamos e impedimentos que planteó parte de su sociedad civil a dicha institución, obligaron a que los asambleístas, mayormente oficialistas, se trasladaran a otra ciudad para trabajar. El 11 de diciembre de 2007, sin la participación de un importante número de asambleístas opositores, se finalizó el primer borrador final de la nueva Constitución(45).

Si bien como se dijo, el instrumento de la élite boliviana para mantener ciertas prerrogativas se fundó en el principio de la autonomía, también el gobierno central subestimó la potencialidad que esta premisa tenía como elemento de movilización social, ignorando los claros beneficios que pueden existir en una administración descentralizada. Cuando Morales llegó al poder, el movimiento autonomista ya trascendía clases y tenía todas las características de un movimiento que generaba cohesión social en los departamentos de la Media Luna y contaba con una alta simpatía de las clases más altas y políticos opositores en el resto del país. Paralelamente al llamado de la AC, los prefectos ahora electos exigieron un referéndum para que las poblaciones de los departamentos decidan sobre establecer o no regímenes autonómicos en sus territorios. Claramente los departamentos que apostaron por este nuevo régimen, aunque en el marco de la nueva Constitución, fueron los cuatro departamentos de la Media Luna. Cabe resaltar que el gobierno hizo campaña para que se votara por el No, lo que inclinó la balanza a favor de esta opción en los 5 restantes departamentos occidentales del país(46).

El año 2008 fue quizá el año más tenso de Bolivia en el siglo XXI. El empate catastrófico fue evidenciado a nivel nacional e internacional a través de sucesos altamente violentos. En realidad ya a finales de 2007 en la última etapa de trabajo de la AC, murieron dos personas en las afueras de Sucre, en las manifestaciones antes señaladas. Con el nuevo texto constitucional acabado, las regiones autonómicas que no veían en dicha normativa sus intereses reflejados, se apresuraron en realizar sus propios estatutos autonómicos. En siguientes apartados se comentarán estos textos, lo importante por ahora es señalar la clara voluntad de optar por una vía paralela a la de la institucionalidad estatal, para la consolidación de la autonomía. Durante mayo en Santa Cruz, y junio en Pando, Beni y Tarija, se celebró un referéndum que legitimaba los Estatutos de dichas regiones. Aunque el acto fue declarado ilegal por el gobierno, era evidente que no se podía hacer mucho más. La estrategia entonces fue continuar con la consolidación de la constitución.

Sin embargo, las grietas se ampliaron cuando el gobierno administrativamente empezó a utilizar algunos recursos de los departamentos para programas nacionales. Lo que hubiera podido solucionarse en una reunión de autoridades, se convirtió al inicio de septiembre de 2008 en una revuelta denominada por el gobierno “Golpe Cívico Prefectural”, con la toma violenta de instituciones del gobierno central y aeropuertos en las regiones autonómicas, por parte de movimientos cívicos autonomistas(47). Prácticamente las autoridades nacionales no tenían control de cinco de los nueve departamentos del país y se estaba tratando de aplicar la autonomía de facto. Afortunadamente, evitando una escalada mayor de violencia la policía se limitó a la contención aunque manifestantes de ambos bandos murieron en dichos sucesos. La gota que derramó el vaso fue la denominada masacre de Porvenir acaecida en el departamento de Pando. Los movimientos sociales y pueblos indígenas de las regiones conflictivas, decidieron actuar en apoyo al gobierno y se movilizaron para restablecer el orden, con la probabilidad de un enfrentamiento mayor. Una marcha de campesinos e indígenas que se dirigían a la ciudad de Cobija en Pando, fue emboscada con armas de fuego en la localidad de Porvenir. La muerte de más de diez personas motivo la movilización del ejército que tomó la ciudad capital y el departamento. El Prefecto de dicha región fue encarcelado al vincularlo con los hechos, otras autoridades fueron procesadas o cruzaron la frontera escapando de la justicia boliviana. Ante lo que parecía ser el inicio de una guerra civil, intervinieron algunos organismos internacionales. Entre estos estuvo la UNASUR, organización que medió entre prefectos y gobierno central. (Caballero, 2014) Una tensa calma regresó a Bolivia, aunque esta espiral de violencia no concluyó hasta abril de 2009, cuando se desarticuló una célula paramilitar que supuestamente tenía la intención de asesinar al presidente Morales y organizar en Santa Cruz un grupo armado que luchara por defender la autonomía departamental y eventualmente la independencia de dicho territorio. Tras la muerte de algunos de los miembros y el encarcelamiento de otros, sumados a los procesos penales que se iniciaron contra personas del movimiento cívico cruceño, que supuestamente apoyaron a dicha célula, el orden retornó al país y las fuerzas de choque de la oposición quedaron diezmadas.

En la arena institucional, quizá motivado por la escalada de violencia que se veía en ese periodo, el oficialismo tuvo que ceder en algunas de sus pretensiones más ambiciosas. Ante la dificultad de emitir una ley de convocatoria de referéndum para aprobar el documento constitucional, pactó la modificación de varios artículos del borrador final presentado por la AC, en una clara violación al espíritu constituyente, pero movido por la necesidad política del momento. Así por ejemplo renunció a una reforma agraria de envergadura, apaciguando una de las preocupaciones centrales de las élites orientales. No se debe olvidar que una porción importante de esta, tiene como principal riqueza y fuente de ingreso la acumulación de tierras en muchos casos ociosas y cuya función social es cuestionable(48). Al mismo tiempo aceptó a regaña dientes la legitimidad de los Estatutos Autonómicos y los referéndums, insertando cláusulas especiales en la CPE. De igual forma el gobierno comprendió que el principio de autonomía podía ser una importante bandera de movilización social pues además de recoger las inquietudes de los departamentos autónomos, promovía el reconocimiento del autogobierno de sectores indígenas y sub regiones. Así, el MAS se apropió discursivamente del proyecto autonómico, usurpando la principal motivación de reivindicación social de las élites regionales y logrando una legitimación nacional de su proyecto político(49). Tras ser pospuesto dos veces finalmente en enero de 2009 la constitución Boliviana fue aprobada en referéndum por más del 61% de la población, iniciando una nueva etapa para el país. En ese mismo proceso electoral, los otros cinco departamentos del Estado, tres municipios del chaco boliviano y más de 10 municipios de origen indígena decidieron también ser autónomos, al amparo de la nueva CPE. Esta vez el MAS hizo campaña por el Sí.

V. BOLIVIA, ESTADO PLURINACIONAL CON AUTONOMÍAS

Como se mencionó en la introducción, uno de los objetivos de este trabajo es señalar cómo las tensiones políticas e históricas descritas, se vieron reflejadas en la normativa. Efectivamente el peso del MAS en la constitución y en la posterior Ley Marco de Autonomías es más que evidente. Por ejemplo los dos primeros artículos de la constitución reconocen al mismo tiempo la unidad del territorio nacional y el principio de autonomía, con especial énfasis en la autonomía indígena (CPE: Art. 2). Aun así, no deja de ser también cierto, que dentro de estas normativas se pueden observar criterios que se aproximan a los principios de eficiencia administrativa y se alejan del elemento político.

1. El Principio de Autonomía en la Constitución

La tercera parte de la constitución “Estructura y organización territorial del Estado” es la que dará forma al principio de autonomía, donde se encuentran también elementos bastante peculiares. Por ejemplo se establece que el Estado se divide en “departamentos, provincias, municipios y territorios indígena originario campesinos” (CPE: Art. 269). De estas entidades sólo las provincias no tendrían capacidad autonómica, su permanencia responde a criterios meramente organizativos. Asimismo se insertan dos nuevos tipos de estructuras que pueden tener carácter autonómico. Los pueblos indígenas y las subregiones, legalmente denominadas autonomías regionales. Así entonces se establecen cuatro niveles de autonomía – Departamental, Regional, Municipal e Indígena Originaria Campesina - que no necesariamente tienen que estar subordinadas entre sí. (CPE. Art. 276)

Como toda legislación constitucional, las disposiciones de esta parte son bastante escuetas y dejan un amplio margen de complementación a una futura ley marco de Autonomías. Eso sí, que deberá aprobarse por dos tercios de votos (Art. 271), quizá a insistencia de los partidos opositores. Esta medida de seguridad no tuvo el efecto deseado, pues el MAS consiguió en la elección de 2009 dos tercios de los representantes nacionales, lo que le permitió utilizar su poder para sacar una Ley de Autonomías a gusto. También la CPE cierra los principios básicos sobre los que funda la autonomía “...la unidad, voluntariedad, solidaridad, equidad, bien común, autogobierno, igualdad, complementariedad, reciprocidad, equidad de género, subsidiariedad, gradualidad, coordinación y lealtad institucional, transparencia, participación y control social, provisión de recursos económicos y preexistencia de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, en los términos establecidos en (la) Constitución” (CPE. Art. 270). Además del necesario principio de unidad, es importante reconocer el principio de voluntariedad. Principio que se ve reflejado en otros artículos y normativas complementarias que indican que depende de cada organización territorial si desea adquirir competencias autonómicas o no, dentro del marco legal posible. Esto permitía encajar el referéndum autonómico previo a la AC, promovido por la Media Luna, pero también dejar la puerta a que un nuevo referéndum pueda otorgar autonomía a otros departamentos, como sucedió el año 2009, sin la necesidad de imponer dicho régimen. Aunque el partido de gobierno podría haber declarado la autonomía en todo el país, debe reconocerse lo acertado que fue dejar esta decisión a la voluntad popular de cada departamento, dando mayor legitimidad al proyecto autonómico oficialista.

Además de los principios, la CPE establece algunas reglas básicas que no se pueden evitar. La autonomía implica “la elección directa de sus autoridades por los ciudadanos, la administración de sus recursos económicos, y el ejercicio de las facultades legislativa, reglamentaria, fiscalizadora y ejecutiva,...” (CPE: Art. 272). Se indican paralelamente reglas para el establecimiento de mancomunidades, las elecciones de autoridades y la elaboración de las cartas orgánicas. (CPE. Arts. 273- 275). En cuando a las organizaciones territoriales más allá de algunas reglas básicas de funcionamiento, típicas de democracias liberales, con órganos ejecutivos y legislativos, no se dan novedades importantes. Sin embargo en el establecimiento de competencias sí se llega a ver con claridad el resultado de las tensiones políticas previas. El artículo 297 establece:

“I. Las competencias definidas en esta Constitución son:

a) Privativas, aquellas cuya legislación, reglamentación y ejecución no se transfieren delega, y están reservadas para el nivel central del Estado.

b) Exclusivas, aquellas en las que un nivel de gobierno tiene sobre una determinada materia las facultades legislativa, reglamentaria y ejecutiva, pudiendo transferir y delegar estas dos últimas.

c) Concurrentes, aquellas en las que la legislación corresponde al nivel central del Estado y los otros niveles ejercen simultáneamente las facultades reglamentaria ejecutiva.

d) Compartidas, aquellas sujetas a una legislación básica de la Asamblea Legislativa Plurinacional cuya legislación de desarrollo corresponde a las entidades territoriales autónomas, de acuerdo a su característica y naturaleza. La reglamentación y ejecución corresponderá a las entidades territoriales autónomas. II. Toda competencia que no esté incluida en esta Constitución será atribuida al nivel central del Estado, que podrá transferirla o delegarla por Ley.”

Entre el artículo 298 y el 305 se desarrollan todas las competencias de las entidades autónomas. Un análisis en su conjunto permite ver que por ejemplo el Estado central es el único que cuenta con competencias privativas. Que sumadas a sus competencias exclusivas, concurrentes y compartidas, dan un total de 83, lo cual no necesariamente es algo negativo, pero si muestra la voluntad de contar con un Estado fuerte y capaz de intervenir si así ameritara el caso. Las competencias de los departamentos y los municipios son bastante parecidas, aunque claramente el alcance territorial es diverso, por ejemplo mantener y construir carreteras es muy diferente a construir y mantener calles, lo que hace necesario también una diversidad de fuentes de ingreso, cuestión que no queda resuelta en la CPE. Asimismo, mientras los municipios ya cuentan con una tradición en autogobierno, para los departamentos la puesta en marcha de esta legislación es un desafío complejo que solo podrá ser analizado en el futuro. En cuanto a los municipios, no deja de ser importante que la CPE deja abierta la posibilidad de crear nuevas entidades (municipios y provincias). Entendiendo que este dinámico proceso no está cerrado en el caso boliviano, dadas las realidades imperantes. No se debe olvidar que la LPP creo municipios de la noche a la mañana, algunos sin fronteras consolidadas. Aunque en Bolivia ni si quiera los departamentos las tienen. En ese entonces tampoco se profundizó sobre la distribución poblacional o el tamaño de los pueblos a ser determinados como sedes de municipios, pues se asumió que las capitales de sección eran las poblaciones más importantes. Más allá de estos problemas entendibles, el proceso de consolidación territorial es parte de una dificultad que ha arrastrado Bolivia desde su creación. Lo positivo de esta última etapa es que finalmente se están dando pasos certeros hacia una solución definitiva.

Otro elemento interesante es el de las regiones. Como se dijo, durante el desarrollo de la AC, se dieron algunos atisbos de división intradepartamental. Esto fue aprovechado por el gobierno central que vio una oportunidad para aminorar el peso de las élites regionales, generalmente asentadas en las capitales de departamento(50). Acertadamente, al no existir uniformidad de reclamos, ni una forma de prever qué otros territorios se unirían a esta tendencia autonómica sub regional, se estableció que las competencias de las regiones a crearse, serán trasferidas o delegadas por otras entidades territoriales. (CPE: Art. 301). Asimismo esta jurisdicción especial contará sólo con una asamblea regional, no existiendo órgano ejecutivo; y se formará solamente de la suma de municipios y/o autonomías indígenas que así lo deseen y que deberán encontrarse contiguas territorialmente. (CPE: Arts. 280-282). En los hechos este articulado implicó un avance importante para la creación de la Autonomía Regional del Chaco Tarijeño(51), región que como se dijo, en la actualidad es de suma trascendencia por los recursos naturales con los que cuenta. Por otra parte, la misma legislación constitucional deja abierta la puerta a la creación de otro tipo de entidades regionales. En estos últimos años, se ha iniciado a debatir la necesidad de contar con instituciones que agrupen las zonas metropolitanas de las ciudades más grandes de Bolivia, con la intención de coordinar tareas en áreas clave como transporte, infraestructura y otras. Así entonces, la misma legislación que dejó abierta la puerta para la creación de regiones intradepartamentales, que por motivos identitarios y políticos reclamaban cierta autonomía, también ha permitido la creación de zonas metropolitanas altamente útiles de cara a los desafíos urbanísticos del siglo XXI. A la fecha existe una de estas zonas que agrupa la ciudad de Cochabamba y sus ciudades colindantes(52), aunque se está deliberando la creación de otras similares.

Un último elemento rescatable de la legislación constitucional, responde a la creación de autonomías indígenas originarias campesinas (IOC). Cabe resaltar que antes de la CPE de 2009 ya existían Tierras comunitarias de Origen, cuyos propietarios son pueblos indígenas y originarios de diversos territorios. La CPE permite reconocer además de dicha condición, un nuevo nivel de gobierno, al otorgarle capacidades ejecutivas y legislativas. Pero conocedores de la realidad imperante en el país, también prevé la conversión de municipios, o mancomunidades de municipios, algunos de ellos con población casi exclusivamente indígena, a autonomías IOC. También se da la posibilidad de que las autonomías IOC puedan guiarse por sus usos y costumbres, respetando las demás leyes nacionales. Esto implica un desafío para el Estado y los pueblos indígenas ya que inevitables tensiones pueden surgir a la hora de entender la aplicación de este principio. Finalmente, de todas las administraciones no centrales, las autonomías IOC son las únicas que cuentan con facultades judiciales. Claramente ligadas más a la resolución de conflictos que la aplicación de un para-sistema judicial (CPE: Arts. 289 – 296, 404). Aun así no dejan de ser medidas muy avanzadas que reconocen realidades imperantes en Bolivia desde la misma creación de la república.

2. La Ley de Autonomías y Descentralización Andrés Ibáñez

La ley de Autonomías y Descentralización (LAD) va a ser el complemento de la CPE sobre esta temática. Como se dijo, al conseguir el MAS dos tercios de los escaños legislativos no tuvo ningún problema en realizar una ley adecuada a sus intereses. Los aspectos más polémicos de la misma se abordarán en el siguiente punto, junto a las otras leyes y normas que a decir de este trabajo recentrlalizan tareas en manos del Estado. A pesar de este escollo político, la ley no deja de ser un avance importante.

En primer lugar amplía y da una definición más concreta de los principios sobre los que se basa la autonomía en Bolivia(53). De entrada en este listado se puede observar la clara voluntad de otorgar autonomía en el marco de una relación fluida con el Estado, intentando evitar los desequilibrios que podrían surgir de esta condición. Así lo sugieren los principios de Solidaridad, Equidad, Complementariedad, Igualdad, Reciprocidad, Subsidiaridad y Coordinación. De este grupo, el principio que más puede llamar la atención es el de Lealtad Institucional, que reza textualmente:

“El nivel central del Estado y las entidades territoriales autónomas tomarán en cuenta el impacto que sus acciones puedan tener sobre el nivel central del Estado y otras entidades territoriales, evitando aquellas que las perjudiquen, promoviendo el diálogo en torno a las medidas susceptibles de afectarles negativamente, y facilitando toda información pública necesaria para su mejor desempeño; respetando el ejercicio legítimo de las competencias del nivel central del Estado y de las entidades territoriales autónomas.” (LAD, Art. 5)

Este principio deja un amplio margen de interpretación a las autoridades competentes, cuando se pretenda demostrar si la acción de un ente autónomo perjudica o no a otro, o al Estado Central. Es difícil establecer en estos momentos los alcances de este y otros principios, sobre todo porque la gran mayoría de autonomías se encuentran en proceso de creación y todavía no se han visto este tipo de conflictos.

Otro principio altamente llamativo es el de Preexistencia de las Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos. Su objetivo es el de visibilizar la necesidad de reconocer la cultura, instituciones y prácticas, pero sobre todo espacios territoriales de autogobierno, de este sector de la población boliviana. En este sentido la ley ha sido muy imaginativa pues ha llegado incluso a permitir que, además de la existencia de regiones y municipios indígenas reconocidos por la constitución, puedan existir distritos municipales que adquieran la categoría de IOC. (LAD, Art. 27-28). También se puede reconocer que antes de la CPE de 2009 y esta ley, existían en Bolivia un sin fin de conflictos limítrofes entre pueblos indígenas, municipios, provincias, y departamentos. Ante esta situación la ley ha previsto un mecanismo de solución de controversias que va por diferentes etapas que incluyen la negociación y/o un referéndum en última instancia. (LAD, Art. 17)

Por lo demás la ley establece los parámetros básicos de funcionamiento de las autonomías y el procedimiento para su creación y toma de decisiones. Particularmente el proceso de creación de los Estatutos y cartas orgánicas de cada autonomía es bastante meticuloso (LAD, Título IV). También amplia la normativa relativa a las competencias de cada entidad en el plano procedimental, competencias ya insertas en la constitución. Finalmente concentra el principio de coparticipación tributaria establecida en los años 90 (LAD Título VI) y deja abierta la posibilidad a la creación de impuestos, aunque con limitaciones (LAD, Disposiciones Adicionales). Si bien en este instrumento se evidencia la hegemonía del gobierno central, la puesta en práctica ha sido una contundente confirmación de este hecho, revelando la conocida pugna por proyectos políticos alternativos a la que se ha venido haciendo referencia anteriormente. A pesar de este conflicto de intereses, no deja de ser muy interesante el hecho de que aun existiendo un férreo control ejercido por la CPE, la LAD, y otras leyes a las que se hará referencia, existen entidades no centrales que han asumido el desafío de la autonomía con astucia, logrando ejercer un gran papel político y administrativo, a través de los pocos recovecos dejados por el gobierno central.

VI. PROYECTO POLÍTICO NACIONAL VS. PROYECTOS NO CENTRALES

Entrada en vigor la LAD el año 2010, el proceso autonómico boliviano entro en una etapa bastante dinámica. No tanto en el ejercicio de la autonomía en sí, sino en la creación de entidades autónomas. De la mano de las recientemente creadas asambleas departamentales y los conocidos concejos municipales, el debate de los Estatutos y las cartas orgánicas ha tenido una intensidad variada. Dos fenómenos han marcado claramente este periodo que todavía tiene un largo recorrido. Primero, se puede observar la fuerza centralizadora del Estado en diferentes normas y actuaciones, algunas no necesariamente ligadas a la autonomía. Pero también, se puede observar que las tensiones por el ejercicio de la autonomía se han focalizado en los departamentos y municipios no controlados por el partido del gobierno central. Control que tiende a variar con cada proceso electoral.

1. El poder recentralizador

Como se vio en el anterior punto, tanto la CPE como la LAD establecen líneas marco sobre las cuales los gobiernos no centrales pueden trabajar. Lo que en la práctica permite que aún sin la necesidad de unos Estatutos aprobados, se puedan realizar una serie de competencias, que van desde la elección de autoridades hasta la ejecución de presupuestos. Pasarían años antes de que los Estatutos de la gran mayoría de las administraciones no centrales sean terminados, muchos de ellos envueltos en polémicas. En este periodo, el gobierno aprovechó su amplio margen de control para restringir aún más el autogobierno establecido en la Constitución. Como se ha manifestado, este trabajo hace hincapié el espacio temporal 2006 – 2015, como el más dinámico en el proceso autonómico, pues es en este periodo en el que se dio el giro radical a nivel político y por tanto legislativo. Al ser el proceso autonómico un fenómeno reciente, se hace difícil vislumbrar sus alcances, pues aún queda mucho camino por recorrer antes de poder realizar un análisis certero sobre el funcionamiento de la autonomía en el país.

Dicho esto, tratando de realizar un balance de los periodos de gobierno del MAS 2006-2009 y 2009 – 2014, las tendencias centralizadoras se pueden observar a dos niveles, el legislativo y el ejecutivo. Es decir, no solamente existen normas que tienden a centralizar competencias en el gobierno nacional, sino que programas específicos no llegan a tener una coordinación clara para su aplicación. Esto no necesariamente resulta negativo, ya que al ciudadano no le interesa si su problema se lo resuelve el gobierno local, departamental o nacional(54). Por ejemplo el programa Bolivia Cambia Evo Cumple, otorga recursos directos a alcaldías, sobre todo en el sector rural, para desarrollar obras específicas, generalmente de infraestructura. Una situación parecida se da con el Fondo Indígena, ahora en liquidación por escándalos de corrupción, cuya intención era otorgar recursos directos del impuesto directo a los hidrocarburos (IDH) también para proyectos específicos(55). En ambos casos la idea fue la de agilizar la burocracia interna y hacer llegar los recursos de manera más directa, sin pasar por el total de los niveles administrativos. Situación que no siempre se dio con éxito. Pero también, aunque se hace necesario un estudio más preciso, se puede percibir que dependiendo de la afinidad de las autoridades administrativas u organizaciones sociales e indígenas, el gobierno ha tenido mayor o menor resistencia a sus proyectos. Algunas veces con mucha lógica, como las resistencias a la carretera por el medio de la reserva natural Tipnis o las rutas del Teleférico en las ciudades de La Paz y El Alto. Situación que revela la reticencia a la coordinación por parte de las autoridades centrales.

En el ámbito legislativo sólo se darán algunos ejemplos de estas fuerzas centralizadoras, aunque se podrían citar muchas normativas de diferente rango. Entre los ejemplos más importantes se encuentra la nueva ley de Educación (N. 070), que eliminó los Servicios Departamentales de Educación (SEDUCAS) dependientes de las Prefecturas (ahora gobernaciones), para crear otra entidades con similares competencias pero dependientes del Ministerio de Educación. Esto a pesar de que dicho Ministerio ya tenía una tuición sobre los SEDUCAS, que de entrada generaban algunos recursos para las gobernaciones. Una segunda ley fue la ley de Clasificación de Impuestos, (N. 145) que también tiene una interesante forma de limitar la voluntad autonómica, al indicar que para la creación de impuestos en las entidades subnacionales es necesario un dictamen técnico del Ministerio de Economía y Finanzas (Art. 19 – 21). Etapa que somete dicho acto administrativo a un doble control, pues ya se cuenta con el Tribunal Constitucional para validar la legalidad o no del mismo(56). Pero sin lugar a dudas uno de los ejemplos más polémicos de estas tendencias es el caso de enjuiciamiento de la Autoridades Electas. El Art. 128 de LAD establece que las autoridades electas serán suspendidas si se hubiera dictado acusación formal en su contra, a diferencia de la CPE que indica que el ejercicio de los derechos políticos se suspende en caso de sentencia ejecutoriada (art. 28). La diferencia está en que la Acusación Formal la dicta el Fiscal del Ministerio Público y se da al finalizar la etapa investigativa, previa al inicio del Juicio que dictará sentencia contra el acusado. En un momento de tensión política los procesos judiciales, sobre todo contra autoridades opositoras no fueron extraños. Así mismo, a pesar de que el Ministerio Público tendría que funcionar con relativa autonomía, es evidente que se encuentra en un grado mayor de sujeción ante las autoridades del Poder Ejecutivo, que los representantes del poder Judicial. La consecuencia fue que muchas Autoridades fueron suspendidas de sus cargos siendo remplazadas en muchos casos por representantes del partido de gobierno o personas afines al mismo.

En una vía paralela, se debe mencionar que este efecto centralizador no sólo ha perjudicado a municipios y regiones. En el caso de los pueblos indígenas, el escollo se ha dado en relación a la consulta previa, un instrumento clave en la noción de autonomía indígena. Reconocido a nivel internacional por organismos como la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y las Naciones Unidas (ONU), entre otros. Al respecto, el gobierno central se ha encontrado con una férrea oposición a ciertos proyectos que afectan sensiblemente los territorios que pertenecen a poblaciones IOC. Carreteras, exploración y explotación hidrocarburífera, instalación de plantas hidroeléctricas, tendido de cables eléctricos, etc., son proyectos que si bien son esenciales para el desarrollo económico del Estado Boliviano, también afectan seriamente a las poblaciones que viven en los espacios en los que se realizan dichas actividades. Este tema se ha convertido en un quebradero de cabeza para el gobierno, pues ralentiza las actividades mencionadas y pone en cuestión su papel de promotor de una lucha contra la destrucción del medio ambiente. La CPE establece que dicha consulta es absolutamente necesaria e inapelable (CPE: Art. 30). Lamentablemente los esfuerzos se han centrado más en debatir si dicha consulta debe o no debe ser vinculante, que en intentar convencer a las poblaciones indígenas de la necesidad de su complacencia.

Así entonces, estos son algunos de los ejemplos de cómo en los periodos antes señalados el Gobierno buscó controlar la mayor cantidad de procesos políticos internos, lo que llevó a algunos dirigentes cruceños, insatisfechos con el desarrollo de los hechos a llamar a este proceso como la autonomía del cangrejo(57). Pero claramente esta situación se da un marco de transición, pues como se dijo los Estatutos autonómicos estaban en plena elaboración. Por este motivo, las tensiones se trasladaron también a los gobiernos no centrales en todos sus niveles.

2. Estatutos y Cartas Orgánicas

En las elecciones de Asambleas departamentales del año 2010, el MAS resultó un claro vencedor. No solamente había conquistado 6 de los 9 puestos de Gobernador, sino que había ganado una presencia importante incluso en las regiones en las que el gobernador era un representante de la oposición. Claramente hay que diferenciar los procesos de elaboración de Estatutos Autonómicos en los diferentes niveles de gobierno. Aunque se mencionan las dinámicas de todos ellos, se hará mayor referencia a los Estatutos de los Departamentos, debido a su connotación nacional y la polémica que surgió alrededor de ellos.

Si bien, todavía no se han hecho públicos estudios contundentes sobre el desarrollo de las Asambleas a nivel local, regional y de pueblos indígenas (IOC), se puede ver que la mayoría de estos niveles no tuvieron problemas para generar sus Cartas Orgánicas, ya que se encontraban controlados por el partido de gobierno o tenían la mayoría suficiente como para avanzar. Situación diferente fue la de algunas grandes ciudades capitales como La Paz, donde la falta de conceso entre el MAS y el partido de gobierno local impidieron un avance fluido. La hegemonía del gobierno central se evidenció aún más al verse como los técnicos del Ministerio de Autonomías incidían en el trabajo de las Asambleas. Un caso particular es el de la conclusión de los Estatutos Autonómicos de la Autonomía Regional del Chaco Tarijeño, que como se dijo fue la primera subregión en lograr el reconocimiento de su autonomía a nivel gubernamental y departamental, por los elementos políticos antes mencionados.

Dada su relevancia nacional y los intereses en juego, el desarrollo del trabajo de las Asambleas Departamentales ha dejado mayores elementos para su estudio. Una valoración sobre el conjunto de Asambleas muestra que ha existido una diferencia importante entre las gobernaciones manejadas por el partido de Gobierno y las demás. Dicho esto, La Paz, Oruro, Potosí, Chuquisaca y Cochabamba, departamentos que accedieron a la autonomía a través del referéndum del 2009, no tuvieron problemas importantes en la redacción de sus Estatutos. Cabe resaltar que las Asambleas de dichos departamentos tenían entre escaños del MAS y escaños Indígenas mayorías absolutas, llegando en algunos casos incluso a dos tercios. Una situación diferente se dio con los departamentos que accedieron a la Autonomía con el referéndum del año 2006 y cuyos estatutos fueron aprobados por un referéndum el año 2008. Acá se pueden observar dos tendencias, en un primer caso se encuentran los departamentos de Pando y Tarija. El primero pasó a manos del MAS en las elecciones de 2010. El segundo quedó en manos del gobierno tras la suspensión del prefecto opositor electo el mismo año. En ambos casos dada la capacidad del Gobierno de modificar los Estatutos y adecuarlos a la Constitución, estos entraron en vigencia el año 2013 y 2015 respectivamente. Caso diferente es el de Santa Cruz y Beni cuya adecuación se tornó más dificultosa, pues dichas regiones están medianamente controladas por la oposición. Habrá que ver el desarrollo de las mismas en estos años, sobre todo en Beni ya que en las elecciones de 2015 pasó a ser gobernada por el MAS.

En las mismas elecciones de 2015, en un giro imprevisible, algunas gobernaciones, municipios y autonomías indígenas pasaron a manos de la oposición. En relación a los Estatutos, la consecuencia fue la puesta en evidencia de las limitaciones excesivas al autogobierno, que las asambleas departamentales y gobernaciones se estaban autoimponiendo en sus estatutos y cartas orgánicas. La mayoría de estos documentos ya habían pasado el control constitucional y estaban esperando una fecha para un referéndum de aprobación, lo que hacía imposible su modificación, generando otra polémica campaña contra el gobierno y los propios Estatutos. El resultado fue que en todas las gobernaciones, incluso en las que gobernaba el MAS, el estatuto fue rechazado por la población, en algunos casos con mayor contundencia, como en Potosí donde un sentimiento federalista surgió a raíz de una serie de protestas del año 2015. Caso similar se dio con algunas poblaciones indígenas como en Totora Marka, o alcaldías como Huanuni. A pesar del esfuerzo del gobierno que apostó por la legitimidad de los estatutos a estos referéndums y que vio su prestigio envuelto, la falta de conocimiento de los mismos, la falta de participación de la población en su redacción, o algunos hechos que evidenciaban de manera clara la intervención directa del gobierno, pesaron más a la hora de la votación. Vanos fueron los intentos por cambiar la balanza a través de la masiva impresión de Estatutos(58), o la campaña a favor que se hizo incluso con la participación activa del ministerio de autonomías y las fuerzas armadas(59). Esta situación deja en un limbo la redacción de Estatutos, pero no el ejercicio de cierta autonomía que como se vio es posible gracias a las normas de la CPE y la LAD. Sin embargo, un análisis coherente mostrará que incluso si dichos instrumentos se hubieran aprobado, la situación en relación al autogobierno no sería muy diferente, pues como han hecho notar varias autoridades opositoras, muchos de los preceptos establecidos en las normas rechazadas se restringían a prácticamente repetir la LAD, incluso limitándose más de lo que la misma ley exige.(60)

Marlene Choque y Eduardo Córdova en su análisis sobre los Estatutos de los nueve departamentos muestran cómo mientras en temas clave como competencias, ingresos, o mecanismos democráticos, entre otros, los Estatutos de la regiones de la Media Luna se muestran muy proactivos, los de las regiones controladas por el MAS simplemente transcriben la LAD o tienen avances muy limitados. Este minucioso análisis resulta muy esclarecedor pues al mismo tiempo se relaciona con el propio funcionamiento de las Asambleas Departamentales, cuyo trabajo a partir del 2010 se ha volcado casi exclusivamente a la elaboración del Estatutos(61). Sólo a manera de ejemplificar se exponen los comportamientos de las Asambleas de La Paz y Santa Cruz.

El caso del Departamento de La Paz resulta muy interesante, pues la Asamblea Departamental y sus asesores se tomaron de inicio muy en serio el trabajo de redacción de unos Estatutos incluyentes y representativos de la realidad regional. Fue una de las pocas instituciones que aprobó el Estatuto en Grande, escogiendo temas clave a ser tratados y consultándolo con organizaciones sociales. El resultado fue un documento de 195 artículos que contaba incluso con cierto beneplácito de la oposición. El problema, como en el caso de otras asambleas, fue el filtro impuesto por el equipo técnico del Ministerio de Autonomías que contó con la complacencia del ejecutivo departamental y los asambleístas del MAS. El resultado de este filtro fue la reducción del texto a 95 artículos, ampliados luego a 107, cortando muchas competencias y planes de descentralización intradepartamental ya consensuados con la región(62). El gobernador Félix Patzi, opositor al gobierno Morales, que en su momento trabajó con el MAS y fue parte de la comisión que comenzó a redactar el documento, señala contundenmente algunos de los muchos problemas del Estatuto rechazado por la población.

De aprobarse el Estatuto, “El primer efecto rápido es que yo voy a ser un rey, porque todo estará bajo mi decisión, no hay subgobernador ni vicegobernador, no hay ninguna autoridad regional, las han hecho desaparecer. Entonces ¿quién es el que va a decidir? Yo. Es muy ventajoso para una autoridad y eso perjudica a la toma de decisiones, lo correcto era descentralizar. El estatuto va a ser un documento para dar mayor poder al gobernador, eso no es conveniente.” Seré un rey sin dinero. Un gobernador con muy poco dinero que tampoco va a poder hacer proyectos de gran envergadura. (...) En recursos estratégicos el estatuto no proyecta ninguna competencia mayor; en la minería (no plantea) exploración (ni) investigación de sus recursos. La implementación de las plantas propias está totalmente anulada en el estatuto, no hay. De aprobarse el estatuto, ¿qué cambiará en la Gobernación de La Paz? No cambiará nada, estamos obligados a vivir eternamente en la miseria; el segundo camino es movilizarnos para cambiar el estatuto. Tenemos 300 millones de bolivianos y todos estarán peleándose por ese dinero, las provincias pelearán, bloquearán, los enfermos saldrán a marchar; cada gobernador estará en esa lucha. Esta es la situación real, vamos a depender del Gobierno central, quien vendrá y dirá: "yo tengo plata, ahora sí puedo hacer hospitales y otros”. Tendremos que estar arrodillados, rogando al Gobierno central.”(63)

El estatuto de Santa Cruz por su parte, aunque fue elaborado por un grupo asambleario menos diverso, en un proceso muy dirigido por la élite local, alcanzó una aprobación del 85,6%. Si bien es verdad que dicho referéndum se realizó bajo serios cuestionamientos a su legalidad y con la participación casi exclusiva de la población más proclive a la autonomía, no se puede negar su alta legitimidad y por tanto su trascendencia en la historia del movimiento autonómico boliviano. La adecuación que ha tenido que sufrir el mismo para adaptarse a la constitución claramente no satisface a la gente vinculada a su redacción y promoción, pues limita mucho las competencias que inicialmente se querían adquirir. No es menester de este trabajo valorar las aspiraciones del Estatuto originalmente aprobado, pero claramente el proyecto enviado a referéndum sobrepasaba por mucho el marco legal vigente en ese entonces, previo a la CPE de 2009. Por ejemplo, entre las competencias más polémicas se encuentran la creación de una nueva policía departamental, la capacidad de regular la migración hacia el Departamento y la creación de una Hacienda Tributaria departamental. También, el artículo 9 tajantemente señala que “El Departamento Autónomo de Santa Cruz no aceptará transferencia de competencias a su favor sin la previa asignación de los recursos fiscales necesarios”. Obviamente no se tocan temas sensibles como el de la reforma agraria, o la autonomía indígena, cuestión que si aborda la CPE, aunque si le dan la potestad al Gobernador de otorgar títulos de propiedad de tierras fiscales, competencia que en la actualidad le pertenece al presidente(64).

Así entonces, como se puede observar la aspiración cruceña chocaba frontalmente no solo con el ordenamiento legal de la época, sino principalmente con el proyecto político nacional del MAS. La cuestión central de este primer documento obliga a preguntarse ¿Hasta qué punto el estatuto representaba la voluntad del pueblo cruceño y/o hasta qué punto representaba un arma arrojadiza, para negociar con el gobierno central controlado por el MAS? Como se comentó en la parte histórica, al final fue el proyecto del MAS el vencedor del choque de legitimidades, disminuyendo en gran medida la capacidad negociadora de la élite cruceña y las demás élites regionales que se abrazaron a la bandera de la autonomía. A pesar de que dicha bandera fue posteriormente abrazada por el partido de gobierno, el reconocimiento histórico por haber iniciado el camino hacia la autonomía departamental de la Bolivia del siglo XXI, será siempre para Santa Cruz y los demás departamentos de la Media Luna.

3. Autonomía a contracorriente

Como muchas veces suele suceder, la realidad cotidiana termina imponiéndose a los debates políticos y las complejas normativas. Aunque el gobierno del MAS, al igual que los anteriores gobierno nacionales, se ha mostrado altamente centralista, la voluntad por gestionar espacios de gobierno importantes de ciertas autoridades no ha sido doblegada. Por ejemplo en temas fiscales, Carlos Rocabado ha señalado que si bien la actitud del Gobierno central ha sido conservadora en este aspecto y deja muchas tareas pendientes para un futuro pacto fiscal, hace notar que en la actualidad las normas dan algunas posibilidades a diferentes entidades. Ante tal situación, el autor señala que pareciera que los departamentos no tienen prisa en asumir sus dominios tributarios, quizá porque los consideran demasiado incipientes. Caso contrario es el de Municipios grandes, que dado su tamaño tienen mayores opciones de generar recursos importantes. No obstante, en este apartado, pareciera que muchos municipios han preferido la comodidad de las transferencias antes que la promoción de políticas propias. Este no es el caso del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (GAMLP), que ha buscado incrementar su recaudación “...ejecutando políticas públicas propias. Se anticipan otras iniciativas, como reformas de la administración municipal para aumentar la eficiencia y mejorar la fiscalización, modificaciones del cálculo de los impuestos, programas de lucha contra la mora y la evasión, etc.”(65)

Pero más allá del aspecto tributario, el GAMLP ha tenido una actitud propositiva en la autogestión. De la mano de buenos gestores ha conseguido crear programas de desarrollo ciudadano y exportarlos a otros países. Si bien a finales del siglo pasado no contaba con ningún prestigio ni para su población ni entidades financieras, dicha situación ha cambiado radicalmente. Es miembro activo de organizaciones nacionales e internacionales, ha incursionado en el fenómeno del branding para dar legitimidad y visibilidad a sus políticas a través de sus slogans “La Paz Líder y La Paz Con fuerza Con Ñeque”, y se ha convertido quizá en la entidad territorial más autónoma de Bolivia a pesar de tener en contra al gobierno central. En esta misma línea de ideas el Departamento de Santa Cruz, si bien en el tema económico todavía se encuentra limitado, su actitud hacia la promoción de la región como un ejemplo de éxito económico y el uso del branding con el slogan “Santa Cruz, Ni te Imaginas” ha dado resultados importantes, ha abierto una oficina de promoción turística en Salta y a día de hoy sigue siendo el polo de desarrollo económico más importante del país. Asimismo la Región tiene una participación activa en espacios internacionales creados para las regiones como al Zona de Integración del Centro Oeste de América del Sur (ZICOSUR), la Organización Latinoamericana de Gobiernos Intermedios (OLAGUI) y la Organización de las Regiones Unidas (ORU/FOGAR)(66).Efectivamente si bien otros gobierno municipales y departamentos han intentado realizar acciones parecidas, el éxito ha sido menor o ha tenido menos impacto.

Por otra parte, si bien a nivel general la LAD establece que futuras leyes determinarán la forma en la que las regiones ejercerán sus relaciones internacionales y la forma en la que podrán acceder al crédito internacional, la situación de crisis económica ha hecho acelerar en parte dichos procesos. Se está debatiendo muy intensamente la posibilidad de que las regiones accedan a créditos internacionales para pagar parte de sus obligaciones en determinados proyectos, además del acceso a un fondo de emergencia que el gobierno ha creado para tal efecto(67). Así entonces, a pesar de que el proyecto político nacional a la cabeza del MAS es altamente centralista, las circunstancias políticas y la correlación de fuerzas ha hecho que se dejen espacios mínimos para el ejercicio del autogobierno. Lamentablemente no todas las administraciones no centrales han aprovechado dichos espacios, lo que ha generado desiguales niveles de autonomía, que se perciben cuando se hace un estudio sobre esta situación en el país. Claramente de cara a la realidad nacional un municipio y un departamento rico, con los correctos incentivos y gestores, tienen la posibilidad de ejercer este autogobierno incluso contra el gobierno central y las ataduras normativas. Situación diferente es la de municipios y departamentos que cuentan con menos recursos, para los que se hace necesario avanzar en una normativa menos centralista, incluyendo un pacto fiscal que como bien señala Rocabado, deberá tratar de discutir menos argumentos relativos a la repartición de recursos y más argumentos referentes a la generación de los mismos(68).

VII. CONCLUSIONES

Una de las hipótesis más importantes sobre el reciente proceso de Descentralización en Bolivia la brinda Íñigo Errejón. Este autor afirma que en un periodo de crisis en el que las fuerzas políticas se estaban reconfigurando, un actor como el MAS, con un proyecto político de alcance nacional se vio en la obligación, y todavía lo hace, de materializarse como actor hegemónico a nivel Nacional(69). El resultado en la práctica es que la mayoría de las Políticas Públicas en el país, ya sea de alcance nacional, regional y/o local están vinculadas de una otra forma al Gobierno Central. Por ello, no es extraño ver al presidente Morales estrenando una planta industrial que tendrá impacto nacional, una carretera regional, o un polideportivo en algún municipio. En contra partida el proyecto político de la oligarquía históricamente en el poder se atrincheró en las regiones y enarboló la bandera de la autonomía, como mecanismo para defender sus intereses muy ligados al neoliberalismo. Intereses ahora desbordados a nivel nacional. A pesar de que ambos proyectos contaban con una alta legitimidad social y una importante capacidad de movilización, por las circunstancias descritas, fue el proyecto del MAS el que salió aventajado de los choque se produjeron entre los años 2008 y 2009. Esta victoria no sólo se tradujo en la aprobación de la CPE, sino también en los resultados electorales de 2009 y 2014 en los que el MAS consiguió dos tercios de los representantes nacionales. Esta ventaja ha sido suficiente para poder diseñar un aparato normativo a medida, con leyes como la LAD, la reforma la Ley de eduación, Los presupuestos generales del Estado, etc. Así entonces, la conclusión a la que llegan la gran mayoría de analistas es que el estado del actual proceso de descentralización, con sus luces y sombras, es una de las consecuencias del choque de proyectos políticos escenificado por diferentes actores sociales entre el 2006-2009.

En contrapartida, se puede ver que el proceso de descentralización municipal de la última década del siglo pasado, si bien también conto con elementos políticos, al encontrarse menos tensionado tuvo resultados más profundos y concretos, en un lapso de tiempo menos extenso. Otra conclusión en la que casi todos los analistas concuerdan es que el proceso de descentralización municipal fue un éxito. El empoderamiento de la población en general, con especial focalización en las clases populares, estuvo acompañado de una legitimidad institucional, a través de elecciones de autoridades, pero también de los recursos necesarios para emprender dicha tarea. A su vez, ésta fue una de las variables que incidió directamente en el cambio radical que se dio en Bolivia de la mano del MAS a partir de 2006, como ya se ha señalado. Sobre estos aspectos, Roberto Barbery claramente señala que el gran error de las élites que formaban la media luna en la etapa previa a la nueva CPE fue presentar el proyecto de autonomía como un particularismo regional. Es decir, como un proyecto que beneficiaría a dichas regiones, por sus condiciones particulares y que quizá no era aplicable a todo el país. Sugiere que por el contrario, los beneficios de la descentralización administrativa son universales y pueden beneficiar en igual de condiciones a todo el país, como ya sucedió en el proceso municipal(70). Con este argumento Barbery señala la esencia positiva del debate de la autonomía, que no se vio reflejada en casi ningún momento durante la tensión previa a la CPE, en el que se veía la reivindicación autonomista como un proyecto de la élite. Cuestión que en gran medida era verdad en ese momento, aunque dicha situación ha cambiado radicalmente.

Durante gran parte del periodo 2007- 2009, impulsados por las pasiones y el amarillismo mediático, no era extraño escuchar a líderes locales y nacionales hablar de guerra civil, independencia, balcanización del país, aymarización, colonización interna, entre otros términos que apelaban al extremismo. En ese contexto, era difícil avanzar hacia una descentralización real a la par del municipalismo. Pasado el momento de tensión no fue difícil para el MAS abrazar el universalismo de la autonomía y promoverlo, por lo menos a nivel discursivo. Así entonces el gobierno se convirtió en un promotor de un tipo de autonomía muy conservadora y alineada a su proyecto nacional. Esta situación no solo se dio a nivel nacional con leyes que recentralizan el poder en gobierno de La Paz, sino también a nivel departamental, municipal y de pueblos indígenas. Como se ha podido observar en las entidades territoriales gobernadas por el MAS el proceso autonómico ha consisto en una sujeción casi absoluta al poder central, mientras que en las entidades que cuentan con un contrapeso de la oposición, el proceso ha sido más lento pero más sustancioso y enriquecedor. Bajo este panorama, un tercer argumento en el que se ponen de acuerdo muchos analistas, es que todavía es demasiado pronto para realizar un balance general sobre el proceso autonómico y habrá que ver en el futuro cómo se desarrolla el mismo.

Pero si bien este argumento es cierto, considero que existen los elementos suficientes como para sugerir algunas de las tendencias que pueden incidir en este proceso. En primer lugar, como se ha sugerido a lo largo del artículo, históricamente en Bolivia la lucha por espacios de autogobierno y autogestión ha sido una constante, no sólo en las últimas décadas. Con mayor razón, al ser Bolivia una sociedad tan heterogénea y plurinacional, la descentralización como mecanismo de eficiencia administrativa y como mecanismo legitimador del proceso político ha tenido y tienen una gran ventaja. Por esa razón no es extraño que tarde o temprano se regrese a dicha senda. Ir contra ella sería anacrónico y contraproducente. En segundo lugar, como se vio con los referéndums autonómicos, el MAS no controla todos los proceso políticos departamentales y locales. Si bien es una fuerza hegemónica nacional, el alto precio de su centralismo ha limitado su potencial local, que depende más de arreglos específicos, a veces clientelares, con movimientos sociales y grupos locales, que de una estructura partidaria organizada. Esto no necesariamente es negativo, pero tiene las consecuencias vistas. Repartir poco poder implicar que también localmente actores vinculados al MAS, tendrán poco poder en comparación a los opositores. Por esta razón un última tendencia que se puede observar y que seguro continuará, es la de la profundización de la autonomía en función a actores locales proactivos y acontecimientos que superen las limitaciones impuestas por el gobierno central. Como se ha señalado, existen entidades territoriales donde han surgido grupos de oposición que han sabido aprovechar los escasos espacios de autonomía ofrecidos por el gobierno, que los ha convertido en referentes nacionales e internacionales, como en el caso de la ciudad de La Paz y el Departamento de Santa Cruz. Al mismo tiempo los acontecimientos no previstos, como la crisis del precio del petróleo, hacen que tanto el gobierno central como entidades territoriales, tengan que actuar velozmente para evitar posibles efectos negativos. Situación que abre las puertas para establecer mecanismos, como la adquisición de créditos internacionales, que inicialmente dado el centralismo del estado nacional estarían negados. Quién sabe si en el futuro ante eventos imprevisibles como catástrofes naturales, u otros no necesariamente negativos, se crearán nuevos espacios de autogobierno.

Finalmente, cabe resaltar que el proyecto político del partido de gobierno claramente trasciende el ámbito de la descentralización. Su apuesta por cambiar el sentido común dentro de la política y la sociedad boliviana tiene muchas más aristas, que el reparto de poder regional. Dicho proyecto fue en su momento puesto en entredicho por las élites regionales. Ahora que no se encuentra en tela de juicio, quizá exista una oportunidad para avanzar en lo que Barbery señalaba como beneficios conjuntos. Se deberá esperar para ver cuánto poder está el MAS dispuesto a ceder. Claramente el No a los estatutos autonómicos en las regiones en las que incluso gobierna, es una fuerte llamada de atención. A pesar de que el gobierno ha querido interpretar dicha negativa como mensaje de la población hacia la preferencia por un gobierno centralista, la realidad es que la gente ha cuestionado la poca transparencia del proceso. Esperemos que nuevos procesos más participativos abran la posibilidad a que los Estatutos reformulados sean aprobados.

Pero si bien al MAS se le puede criticar su actitud hacia la autonomía en la actualidad, no se puede negar que a pesar de todo, es bajo este proceso que se dio inicio al camino hacia el autogobierno. Un proceso que ha tratado de equilibrar la descentralización administrativa con el histórico derecho de los pueblos indígenas al autogobierno. Al mismo tiempo el país está inserto en un desafío del que ningún Estado del mundo puede escapar y tiene que ver con cómo articular los niveles local, regional y nacional, en la medida en que todos los actores sociales se encuentren conformes con su encaje político, económico y normativo. Con ese panorama también se puede decir que el proceso boliviano ha sido muy innovador e imaginativo, ya que además de la clásica descentralización administrativa, se ha buscado reivindicar el autogobierno de los pueblos indígenas, en un proceso que cómo lo reconocía un observador internacional es “inédito e histórico para los pueblos indígenas”(71). Ponerlo en marcha, junto con las autonomías administrativas, trasciende las esferas del partido de gobierno y depende también de todos los bolivianos y bolivianas que se apunten a la tarea.

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NOTAS:

(1). Banco Mundial, Página de Información del Banco Mundial sobre Decentralización Poítica, (Consultada el 15-08-2015) http://www1.worldbank.org/publicsector/decentralization/political.htm.

(2). M. Keting, Nations against the State, London, Palgrave Macmillan, 1996, pp. 11-35.

(3). M. Storper, “The Resurgence of Regional Economies, Ten Years Later The Region as a Nexus of Untraded Interdependencies”, en European Urban and Regional Studies, (July 1995), vol. 2 no. 3, 191-221.

(4). Artículo 1. Bolivia se constituye en un Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario, libre, Independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías. Bolivia se funda en la pluralidad y el pluralismo político, económico, jurídico, cultural y lingüístico, dentro del proceso integrador del país.

(5). Ver J.L. Roca, Ni con Lima ni con Buenos Aires, La Paz, Plural Editores, 2008.

(6). Artículo 2 de la ley de 13 de agosto de 1825, emitida por la Asamblea que declaró a Bolivia independiente. Ver Mesa Gisbert Carlos (et. al.), Historia de Bolivia, La Paz, Editorial Gisbert, 2012, p. 284.

(7). R. Condarco Morales, Zarate el Temible Willka, La Paz, Talleres Gráficos Bolivianos, 1983.

(8). B. Cavero, “Bolivia entre el Constitucionalismo Colonial y el Constitucionalismo Emancipatorio”, en Idón Moisés Chivi Vargas (Coord.) Bolivia. Nueva Constución Polícia del Estado. Conceptos Elementales para su Desarrollo Normativo, La Paz, Vicepresidencia del Estado Plurinacional de Bolivia, 2010.

(9). Ver R. Condarco Morales, Op. Cit., pp. 62 – 63.

(10). C. Mesa Gisbert (et. al), Op. Cit., pp. 368-369.

(11). Entre estos Autores y sus obras tenemos a M. Sarkisyanz con Kollasuyo, historia indígena de la República de Bolivia; Herbert Klein, Parties and Political change in Bolivia: 1880-1952; Carlos Mesa Gisbert (et. al.), Historia de Bolivia, Silvia Rivera, Oprimidos pero no Vencidos, y por supuesto a R. Condarco Morales con Zarate el Temible Willka.

(12). Ver Condarco Morales, Op. Cit., pp. 64 - 70 La guerra formalmente inició cuando la autoproclamada asamblea federal paceña (remplazando al prefecto) decidió convocar ilegalmente a una asamblea nacional que debatiera el modelo territorial propuesto por los paceños. Al no encontrarse entre los mecanismos institucionales previstos por la Constitución, el gobierno nacional se negó, y se vió en la necesidad de usar la fuerza para parar la convulsa revuelta paceña.

(13). Denominado así por el Líder del grupo de asesores norteamericanos que lo diseño Marvin Bohan.

(14). Fundación Milenio, “Plan Bohan una historia de éxito”, Informe Nacional de Coyuntura, N. 280, 19 de junio de 2015.

(15). Dunkerley James, Rebellion in the Veins. Political Struggle in Bolivia 1952-1982, London, Verso Editions, 1984, pp. 93 – 97.

(16). Zuazo Moira (2012), “Bolivia: cuando el Estado llegó al campo Municipalización, democratización y nueva Constitución”, en Moira Zuazo, Jean-Paul Faguet y Gustavo Bonifaz (Ed.), Descentralización y democratización en Bolivia, La Paz, Friedrich Ebert Stiftung, p. 194.

(17). Ibidem, p. 199.

(18). Ibidem, pp 187 – 284.

(19). Ibidem, p. 211.

(20). Perez Martín, “El proceso de descentralización municipal y la construcción de ciudadanía en Bolivia”, en López Valverde (et. al.) Ensayos sobre la autonomía en Bolivia, La Paz, Ministerio de Autonomías, 2012, pp. 131 – 145.

(21). Esta temática es ampliamente abordada en Ayo Diego, Municipalismo, Participación Popular: Apuntes de un Proceso, La Paz, Muela del Diablo, 2002.

(22). Zuazo Moria, Op. Cit., pp. 198-199.

(23). Es una de las ideas que guían el trabajo de Gavira Márquez María Concepción, Minería en Chayanta. Sublevación Indígena y Auge Minero 1775 – 1792, La Paz, Plural Editores, 2013.

(24). R. Condarco Morales, Op. Cit., p. 41.

(25). R. Zabaleta Mercado, Lo nacional Popular en Bolivia, La Paz, Plural, 2008, 1ra Ed. 1986, Siglo XXI Editores, pp. 75-136.

(26). Condarco Morales indica que si bien no se puede establecer con certeza si el Gral. Pando prometió a Pablo Zarate tal cuestión, es muy probable que así haya sido, pues los documentos a los que tuvo acceso dicho autor sumadas las declaraciones del caudillo indígenas tienden a corroborarlo. Condarco Morales Ramiro, Op. Cit., pp. 81-106.

(27). Ibidem, pp. 403 – 414.

(28). Ver el trabajo de Rivera Cusicanqui Silvia (2010), Oprimidos pero no vencidos, La Paz, Impresiones WA – GUI, Primera Ed. Histbol – CSUTCB, 1984.

(29). Klein Herbert, Parties and Political Change in Bolivia 1880-1952, Londres, Cambridge University Press, 1969, pp. 335- 368.

(30). Rivera Silvia, Op. Cit.

(31). Sobre esta referencia se puede ver la constitución de 1997 que adopta la terminología mencionada.

(32). El actual presidente Morales fue Diputado Uninominal y los partidos MAS y MIP fueron claros dominadores en territorios indígenas en las elecciones municipales a principios del siglo XXI. (Suazo, 2012)

(33). Zuazo, Op. Cit., 207 – 215.

(34). M. Cabezas Fernández, Bolivia: “Tiempos rebeldes coyuntura y causas profundas de las movilizaciones indígena-populares”, en AIBR. Revista de Antropología Iberoamericana, Nº 41. Mayo-Junio 2005.

(35). I. Errejón Galván, La lucha por la hegemonía durante el primer gobierno del MAS en Bolivia (2006-2009): un análisis discursivo, Madrid, Universidad Complutense, 2011, pp. 396 – 408.

(36). Se denomina la media luna a los cuatro departamentos del oriente y sur Boliviano. Pando, Beni, Santa Cruz y Tarija que geográficamente parece que forman una media luna, dentro de la extensión territorial de Bolivia.

(37). G. Bonifaz, La emergencia de las autonomías departamentales en el contexto de la brecha entre legalidad y legitimidad, en Moira Zuazo, Jean-Paul Faguet y G. Bonifaz (Ed.), Descentralización y democratización en Bolivia, La Paz, Friedrich Ebert Stiftung, 2011, 343 – 413.

(38). I. Galván, Op. Cit., 464-468.

(39). E. Paz Gonzales, “Exclusividad e Inclusividad del Nacionalismo Camba”, en Revista E, Abril 2012.

(40). A. García Linera, “Empate catastrófico y punto de bifurcación”, en Crítica y emancipación: Revista latinoamericana de Ciencias Sociales, Año 1, no. 1 (jun. 2008).

(41). I. Errejón Galván, Op. Cit., pp. 532 – 559.

(42). Sobre este elemento ver J. Gonzales Pazos, Bolivia: La construcción de un país indígena, Barcelona, Icaria, 2007.

(43). Claramente existían élites contrarias al MAS en las regiones occidentales y movimientos indígenas y sociales afines al gobierno en el oriente. Sin embargo, institucionalmente y también a nivel público, estas posiciones eran marginales.

(44). R. Prada, Descolonización y Transición, Quito, Ediciones Abya-Yala, 2014.

(45). Carrasco Alurralde Inés Valeria y Albó Xavier (2008), “Cronología de la Asamblea Constityente”, en Tinkazos, v. 11, n. 23-24, La Paz, Marzo 2008.

(46). I. Errejón Galván, Op. Cit., p. 402.

(47). I. Errejón Galván, Op. Cit, pp. 404-416.

(48). I. Errejón Galván y M. Canelas, “Las autonomías en Bolivia y su horizonte: un análisis político” en López Valverde (et. al.) Ensayos sobre la autonomía en Bolivia, La Paz, Ministerio de Autonomías, 2012, pp. 21 – 32.

(49). I. Errejón Galván, Op. Cit., pp. 532 – 542.

(50). R. Viciano Pastor E I. Durbán Martín, “El modelo de organización territorial en la constitución boliviana de 2009: origen, estructura y problemática”, en Revista General de Derecho Público Comparado, Num. 17, Julio 2015.

(51). Esta región es una de las más activas a nivel regional, a mediados de 2015 sus Estatutos Autonómicos pasaron el control constitucional. Una revisión de sus actividades se puede ver en su página web institucional (Consultada el 31-08-2015)http://asamblearegional.pagina.gr/.

(52). La ley 553 de 27 de mayo de 2014 creó la región metropolitana de Kanata.

(53). El Art. 5 de la ley establece 18 principios. Unidad, Voluntariedad, Solidaridad, Equidad, Bien Común, Autogobierno, Prexistencia de las naciones originarias y Pueblos indígenas Indígena Originario Campesinos, Igualdad, Complementariedad, Reciprocidad, Equidad de Género, Subsidiariedad, Gradualidad, Coordinación, Lealtad Institucional, Transparencia, Participación y Control Social y Provisión de Recursos Económicos.

(54). R. Barbery, “El proceso de Descentralización en Bolivia, Desarrollo y Prospectiva”, en Metáfora, Boletín del Centro para la Participación y el Desarrollo Humano Sostenible, N. 48, Enero 2007.

(55). El Fondo de Desarrollo para los Pueblos Indígenas Originarios y Comunidades Campesinas pasó a ser liquidado por los escándalos de corrupción que se dieron a mediados del 2015. Como alternativa se creó un programa con iguales objetivos pero mayor control. Agencia Nacional Fides (29-08-2015), “Gobierno liquida Fondo Indígena y nace nuevo Fondo de Desarrollo”, en Los Tiempos, (Consultada el 17-09-2015) http://www.lostiempos.com/diario/actualidad/economia/20150829/gobierno-liquida-fondo-ind%C3%ADgena-y-nace-nuevo-fondo-de_313754_695060.html.

(56). C. Böhrt, “Autonomía departamental: lento inicio de la odisea nacional”, en C. Böhrt, Et. Al., El andar de la autonomía departamental en Bolivia: caminantes y senderos, La Paz, PNUD- Bolivia, 2012, pp. 13 – 39.

(57). J. C. Urenda (20-02-2012), “La Autonomía del Cangrejo”, en El Día, (Consultada el 20-09-2015). http://www.eldia.com.bo/index.php?cat=162&pla=3&id_articulo=85786

(58). Tribunal Supremo Electoral de Bolivia (01-09-2015), “TSE inicia distribución masiva de Estatutos Autonómicos y Cartas Orgánicas”, en Página Web del Tribunal Supremo Electoral de Bolivia (Consultada el 20-09-2015) http://tse.oep.org.bo/index.php/comunicacion/boletines-de-prensa/boletines-de-prensa-2015/marzo/1010-tse-inicia-distribuci%C3%B3n-masiva-de-estatutos-auton%C3%B3micos-y-cartas-org%C3%A1nicas.

(59). Agencia de Noticias Fides (7-09-2015), “Patzi denuncia que junto al texto autonómico se entregó un volante que insta a la aprobación a votar por el si”, en Página Siete. (Consultada el 20-09-2015) http://www.paginasiete.bo/nacional/2015/9/7/patzi-denuncia-junto-texto-autonomico-entrego-volante-insta-aprobacion-69295.html.

(60). Yaksic Fabian (9-9-2015), El estatuto autonómico no activa el ejercicio de la Autonomía, en Página del Gobierno Autónomo Departamental de La Paz. (Consultada el 20-09-2015) http://www.gobernacionlapaz.gob.bo/?p=11512.

(61). M. Choque y E. Córdova, “El camino y el caminante se hacen al andar. Los proyectos de estatuto autonómico en los departamentos” en Böhrt Carlos, Et. Al., El andar de la autonomía departamental en Bolivia: caminantes y senderos, La Paz, PNUD- Bolivia, 2012, pp. 55 – 128.

(62). Ibidem.

(63). W. Pinto (15-09-2015), Entrevista a Felix Patzi Gobernador de La Paz, “Si se aprueba el estatuto, yo seré un rey, pero sin dinero” en Página Siete, (Consultada el 21-09-2015) http://www.paginasiete.bo/nacional/2015/9/15/aprueba-estatuto-sere-rey-pero-dinero-70133.html.

(64). Proyecto de Estatuto Autonómico de Santa Cruz.

(65). Rocabado Carlos, “Régimen fiscal autonómico y autonomía fiscal: un breve balance”, en López Valverde (et. al.) Ensayos sobre la autonomía en Bolivia, La Paz, Ministerio de Autonomías, 2012, pp. 103 – 120.

(66). A. Ugalde, “Las relaciones internacionales de los Gobiernos No Centrales de América Latina en fase de extensión”, en A. Ugalde (Coord.), Diálogos para el estudio de América Latina en el siglo XXI, Leioa, Servicio Editorial de la Universidad del País Vasco, 2014.

(67). La crisis surgió por la bajada de precios del petróleo que redujo los beneficios de las regiones que recibían dinero directamente del Impuesto Directo a los Hidrocarburos. Los presupuestos para el año 2015 asumían un precio de más de 80 dólares por barril de petróleo, y como se evidenció a lo largo de ese año, dicho precio llego a estar incluso a la mitad. Mamani Lidia (17-09-2015), “Regiones accederán a recursos externos ante baja del petróleo”, Página Siete. (Consultada el 22-09-2015) http://www.paginasiete.bo/economia/2015/9/17/regiones-accederan-recursos-externos-ante-baja-petroleo-70375.html.

(68). C. Rocabado, Op. Cit.

(69). I. Errejón Galván, Op. Cit.

(70). R. Barbery, Op. Cit.

(71). Mayta Gladis (21-09-2015) “Autonomías indígenas son un ejemplo para el mundo” en Periódico Cambio, (Consultada el 21-09-2015) http://www.cambio.bo/autonom%C3%ADas-ind%C3%ADgenas-son-un-ejemplo-para-el-mundo.